Felipe Lezama Peralta
Expediente 968/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Felipe Lezama Peralta
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
A sus autos el escrito signado por el quejoso *************, mediante el cual cumple con la prevención formulada en auto de dieciséis de los corrientes, lo que hace al precisar la información que le fue solicitada, por lo que se acuerda lo siguiente: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada por *************, contra actos del Juez Único Civil de Salvatierra, Guanajuato, resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, debe precisarse de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor , el juicio biinstancial es improcedente cuando se reclaman actos pronunciados en la etapa de ejecución de sentencia. De los antecedentes narrados en el escrito de cuenta, se desprende que: a) El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el aquí quejoso promovió un juicio ordinario civil sobre terminación de la copropiedad contra ************* (a quien le atribuye el carácter de tercero interesado); tal asunto fue radicado por el Juez Único de Partido de Civil de Salvatierra, Guanajuato, bajo el número de expediente *************. b) El treinta de junio del año pasado, se dictó sentencia en la que se decretó la terminación de la copropiedad, la venta judicial y repartición entre los copropietarios. c) El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, ************* presentó un escrito ante el juez responsable, mediante el cual exhibió un certificado de depósito realizado a favor del aquí quejoso, con la finalidad de adquirir el inmueble en su totalidad. d) El veintiocho de agosto siguiente, el juez tuvo por recibido dicho certificado y dio vista al quejoso para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. e) Mediante escrito de treinta y uno de agosto del año en curso, el promovente declinó la suma ofrecida por su contrario y en ejercicio del derecho de tanto, manifestó su deseo de comprar el inmueble materia del juicio subyacente, por lo que solicitó un certificado de depósito a fin pagar la cantidad correspondiente, para que con ello se diera vista a *************. f) El seis de septiembre del año que transcurre, se tuvo al quejoso exhibiendo el certificado de depósito correspondiente y se ordenó dar vista a su parte contraria. g) En la misma fecha, *************, presentó un escrito en el cual no aceptó la oferta del quejoso y manifestó su deseo de hacer uso de su derecho de tanto al ser coheredero mayoritario y ya haber exhibido la cantidad correspondiente para liquidar el inmueble en cuestión. h) El siete de septiembre siguiente, se dictó un auto en el que se ordenó la adjudicación a favor de Rafael Lezama Peralta, en virtud de el juez consideró que su derecho era preferente, no obstante que ambas partes invocaron su derecho al tanto, el nombrado representaba 5/6 de la totalidad de los derechos sobre el inmueble. i) Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación. j) El veintiséis de septiembre del año en curso, se confirmó el auto recurrido. Este es el acto reclamado. Ahora bien, tratándose de actos de ejecución de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo bi-instancial, sólo puede promoverse en contra de la última resolución que se dicte en esa etapa, lo que implica que no debe entorpecerse la ejecución de una sentencia. Debe entenderse por "última resolución" que se dicta en un procedimiento de ejecución de sentencia, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, es decir, es aquélla resolución culminatoria del período de ejecución. Es de apoyo a lo anterior, el criterio establecido en la tesis P/J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII. Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Lo anterior, pone de manifiesto que la resolución que confirmó el auto en el que se ordena la adjudicación en favor de *************, (acto reclamado), ocurrió después de concluido el juicio, específicamente en la etapa de ejecución de sentencia y que no constituye la última resolución en dicho periodo. En todo caso, aun se encuentra pendiente la escrituración y entrega material del bien, así como el proveído que aprueba o reconoce el cumplimiento de lo sentenciado. De modo que se trata de una conducta intermedia en la fase de ejecución de sentencia, respecto la cual se torna improcedente el juicio constitucional intentado. En esa medida, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, del artículo 107, de dicho Ordenamiento Legal, se desecha de plano la demanda que dio origen a este juicio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, presentada por *************. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez Único Civil de Salvatierra, Guanajuato, por violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales. Regístrese en el libro de gobierno con el número 968/2017. Ahora bien, previamente al pronunciamiento en relación a su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108 fracción V, 110 y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, subsane y aclare su demanda, conforme a lo siguiente: Relate "bajo protesta de decir verdad", de manera cronológica y detallada la totalidad de los antecedentes que tengan relación con el acto reclamado, no obstante que en el escrito de demanda el promovente aperturó un capítulo intitulado "HECHOS", en él, únicamente destacó lo sucedido en relación con el recurso de revocación que señala como acto reclamado. De lo que se desprende que no realizó una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes; y Precise de manera destacada, si en el juicio ordinario civil C300/2016 se dictó algún auto en el que se haya culminado el procedimiento de ejecución de manera definitiva, es decir, si se aprobó o reconoció el cumplimiento de lo sentenciado o se ordenó el archivo de ese procedimiento. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio quejoso, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dado la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Deberá, también, exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes y formar el expediente. Apercíbasele que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley en cita. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Toda vez que el quejoso señaló los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, hágase esta notificación y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Martínez Hernández, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, asistido del licenciado Antonio Guiza Cabrera, Secretario que autoriza y da fe.
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