Felipe Galvez López (Representante)

Expediente 20/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
20/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
24/01/2017

Partes del expediente

  • Felipe Galvez López (Representante)

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de doce de enero, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ********, quien se ostentó como apoderado legal de ********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Visto el escrito presentado por ***********, quien se ostenta como apoderado legal de ************, ocurso a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 20/2017. Ahora bien, con relación al libelo constitucional, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese contexto, de la lectura íntegra del libelo constitucional, así como de los anexos exhibidos por la parte quejosa, se advierte que reclama el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el juicio laboral número 2851/2015/L1/CF/IND, por el que tuvo exhibiendo a la aquí quejosa - con carácter de parte patronal demandada - la suma de cuatrocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de pago parcial del convenio ejecutorio celebrado en dicho controvertido con la parte ahí actora. Ahora bien, quien esto provee considera que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.[.]". De conformidad tal disposición, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia; en relación con el diverso precepto 17 del mismo cuerpo normativo que establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Así como con apoyo en el diverso 18 de la legislación en comento, que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. La parte quejosa tilda de inconstitucional, como se puntualizó en parágrafos que anteceden, el auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente del tribunal laboral en el juicio número 2851/2015/L1/CF/IND, en el que se tuvo por exhibiendo a la impetrante la suma de cuatrocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de pago parcial del convenio celebrado en el juicio subyacente. Proveído que según la propia manifestación del promovente, con valor probatorio pleno en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que se corrobora con la copia simple exhibida de su intención del auto reclamado, le fue notificada por estrados el treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Ahora, el precepto 18 de la Ley de Amparo, prevé tres supuestos a partir de los cuales se computará el plazo de quince días para la promoción del juicio constitucional; tales supuestos se excluyen entre sí, por lo que dependerá de cada caso, la hipótesis aplicable. En el que nos ocupa, es el primer supuesto, es decir, el que se refiere al en que la parte quejosa fue notificada del acto o resolución que reclame, esto es, se actualiza el supuesto de que el plazo corre a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto reclamado. Sentada la premisa normativa, nos avocamos a la premisa fáctica y, en esta, destacamos el hecho de que la parte aquí quejosa, tuvo conocimiento del acto reclamado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en que le fue practicada la notificación relativa (foja 9 vuelta). Conviene destacar que el ordinal 747 de la Ley Federal del Trabajo - codificación que rige el acto reclamado por emanar de un procedimiento laboral - dispone que las notificaciones practicadas mediante boletín o por estrados surten efectos al día siguiente de su publicación y conforme al diverso numeral 733 del ordenamiento legal invocado, los términos correrán al día siguiente al en que surtan efectos éstas. En ese contexto, si el treinta de noviembre de dos mil dieciséis la parte quejosa tuvo conocimiento del proveído reclamado, el plazo de quince días con que contaba para interponer el juicio de amparo conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación a la ahora agraviada del acto reclamado. Entonces, el plazo para interponer el juicio constitucional corrió a partir del día siguiente hábil de aquél en que surtió efectos legales la notificación, es decir, a partir del dos de diciembre de dos mil dieciséis y concluyó el veintitrés de ese mismo mes y año (excluyendo los días inhábiles, entre los que se encuentran el tres, cuatro, diez y once - correspondientes a sábados y domingos - así como el doce de diciembre del mes y año en comento, día inhábil del que gozó la autoridad responsable). Luego, si la demanda fue presentada hasta el once de enero de dos mil diecisiete, según se advierte de la boleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común, así como del matasellos que ahí obra (foja 1), entonces resulta claramente extemporánea, aún y cuando se considere que la autoridad responsable gozó de su periodo vacacional del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis al nueve de enero del actual año, puesto que el plazo de quince días del que gozaba la parte quejosa para promover su juicio constitucional concluyó antes de que dicha dependencia accediera a ese periodo vacacional. En las relatadas condiciones, al haberse presentado de forma extemporánea la demanda de amparo, se actualiza en forma clara y absoluta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de la materia. A mayor abundamiento, el suscrito estima que en la especie se actualiza también de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las anteriores consideraciones, se reitera que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el juicio laboral número 2851/2015/L1/CF/IND - en etapa de ejecución de convenio elevado a categoría de laudo -, por el que tuvo exhibiendo a la aquí quejosa la suma de cuatrocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de pago parcial del convenio celebrado en dicho controvertido. Asimismo, de las documentales anexadas por la parte quejosa a su libelo constitucional, se advierte que tiene la calidad de parte demandada dentro del expediente laboral fuente del acto reclamado. Atento a tal consideración, el suscrito considera que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que contra el acto que aquí se reclama, y al ser parte demandada en el juicio de origen, la quejosa se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa correspondiente. En efecto, respecto del acto reclamado se tiene que la parte impetrante se encontraba obligada a agotar el recurso de revisión de conformidad con el artículo 849, de la Ley Federal del Trabajo, que estatuye: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. " En mérito de lo expuesto, de conformidad con el numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo, se estima que el medio de defensa ordinario e ideal para combatir el auto reclamado es el recurso de revisión. Pues de lo anterior se colige que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar las determinaciones dictadas por el presidente del tribunal obrero en el periodo de ejecución de laudo o convenio. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado el auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente del tribunal laboral en el juicio número 2851/2015/L1/CF/IND, en el que se tuvo por exhibiendo a la impetrante la suma de cuatrocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de pago parcial del convenio celebrado en el juicio subyacente, es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso de revisión aludido para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) El acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como lo manifestó es parte demandada y apersonada en el mismo. Por ello, se afirma que la impetrante previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -revisión-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Por tanto, al actualizarse en el caso las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda planteada por **********, quien se ostenta como apoderado legal de ***********. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por último, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en los estrados de este tribunal federal, por así haberlo solicitado expresamente el promovente.

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