Felipe Jiménez Páramo

Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
531/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Felipe Jiménez Páramo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III inciso b) del aludido acuerdo, en razón de haberse CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DE PLANO; sin embargo, el mismo es SUSCEPTIBLE DE CONSERVARSE al haberse concedido la medida cautelar solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, consérvese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de septiembre de la presente anualidad, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente del juicio de amparo VIII-531/2021, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-531/2021 promovido por Felipe Jiménez Páramo, contra actos del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Da cuenta con los informes justificados rendidos por: Encargado de la Dirección del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE). Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa y las diversas remitidas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 173/2021 presentado el veintiocho de junio del año en curso. EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictarla correspondiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-531/2021, promovido por Felipe Jiménez Páramo, contra actos del Director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, Felipe Jiménez Páramo promovió demanda de amparo indirecto en contra actos del Director del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 5, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de tres de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la misma, registrándose bajo el número VIII-531/2021; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Ahora bien, en virtud de que en términos de los dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia por contradicción de tesis 67/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 853, del tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL. El párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que en las ausencias del Juez de Distrito superiores a 15 días, el Consejo de la Judicatura Federal autorizará al correspondiente secretario o designará a quien deba sustituirlo durante su ausencia, sin establecer restricción alguna en relación con las facultades que se confieren al secretario designado en tales términos, lo cual encuentra explicación lógica en que las faltas temporales de los titulares de los juzgados que excedan dicho lapso, no deben propiciar que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias quede paralizado indefinidamente. Consecuentemente, dada la amplitud de las atribuciones que la norma confiere al secretario en funciones de Juez de Distrito y, sobre todo, en observancia de la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, el secretario autorizado conforme a la disposición citada está facultado para dictar sentencia aun en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional al cual se encuentre adscrito. En cambio, en los casos en que el secretario queda encargado del despacho durante el periodo vacacional del Juez de Distrito, no es aplicable el mencionado artículo 43, en virtud de que la actuación del secretario que lo supla la regula el párrafo segundo del artículo 161 de la propia Ley Orgánica, que le faculta para resolver única y exclusivamente los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales se hubiesen celebrado en dicho periodo. Conviene hacer dos precisiones más: 1) Sea que se trate de una sustitución con motivo de vacaciones o de una ausencia mayor a 15 días del titular por cualquiera otra razón, el secretario que haga las funciones de Juez de Distrito solamente está facultado para dictar resolución durante el periodo en el que rija la autorización respectiva, de modo que si presidió alguna audiencia y no tuvo oportunidad de dictar sentencia cuando estaba autorizado para ello, ya no podrá hacerlo con posterioridad, ya que sólo corresponderá al titular resolver esos asuntos aunque no hubiera presidido las audiencias respectivas; y 2) Cuando en el Juzgado de Distrito se presente un cambio de titular, basta que en los autos del juicio de amparo obre constancia del aviso de dicha sustitución y que se haga del conocimiento a las partes esa circunstancia, para que el nuevo titular pueda pronunciar las sentencias en los juicios cuyas audiencias se hubieran celebrado con anterioridad al día en que asumió el cargo, para no interrumpir el funcionamiento normal de ese órgano jurisdiccional. Por último, a fin de que exista certidumbre de los términos de la autorización en los cuales los secretarios en funciones de Juez de Distrito asumen el cargo por un lapso superior a 15 días, debe transcribirse en la propia sentencia el contenido de dicho documento y, en su caso, recabarse la copia certificada por el órgano revisor antes de emitir la resolución correspondiente.". Así como la tesis aislada número 1a. II/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 189, del Tomo V, Enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, de rubro y contenido: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCION DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCION DE CERTEZA. Para comprobar que el secretario del Juzgado de Distrito que pronunció la sentencia en funciones de Juez autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, realmente fue facultado para ello, no es indispensable que éste, en cada actuación o en la sentencia que pronuncie, precise el acuerdo o el número de oficio por medio del cual el Consejo de la Judicatura Federal lo autorizó para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, pues la sola mención de esa autorización en la antefirma del acuerdo o de la sentencia, goza de la presunción de certeza, tanto más si ésta fue autorizada por otro secretario de Acuerdos del mismo juzgado, el cual goza de fe pública; en todo caso corresponde al quejoso demostrar lo contrario, pues esta Sala, no puede con su sola afirmación seguir un procedimiento inquisitorio para allegar pruebas en uno u otro sentido, tomando en consideración que conforme al artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para conceder tales autorizaciones a los secretarios de los Juzgados de Distrito, y conforme a los artículos 13 y 19 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sus actuaciones deben ser autorizadas por el secretario, lo que corrobora las facultades con que cuenta el funcionario que dicta la sentencia; además de que ningún precepto legal establece que en cada actuación deba hacerse mención al acuerdo u oficio con que fue facultado para tal efecto."; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto, será resuelto conforme a la ley vigente a partir del día tres de abril del referido año, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a la entrada en vigor de la citada ley. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario. Por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el peticionario de garantías reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: Omisión de suministrar el medicamento "DOLUTEGRAVIR", prescrito en la receta médica serie 044RM00493911.". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Encargado de la Dirección del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE) y Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se advierte que es cierto el acto reclamado, ya que el medicamento en cuestión estaba agotado y había desabasto del mismo. Lo que se corrobora con las documentales exhibidas en autos, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, se advierte que en relación con el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la omisión de suministrarle el medicamento "DOLUTEGRAVIR", prescrito en la receta médica serie 044RM00493911, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo texto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Dicha causal se actualiza en razón de que como ya se precisó, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de suministrarle el medicamento "DOLUTEGRAVIR", prescrito en la receta médica serie 044RM00493911; luego, del propio informe que remitió el encargado de la Dirección del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), en oficio de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se advierte que la responsable en esa propia fecha, entregó a Rubén Jiménez Páramo, hermano del aquí quejoso, el medicamento señalado, quien firmó de recibido. Con vista a lo anterior, es claro que el acto reclamado, atribuido a las responsables, cesó en sus efectos, dado que la autoridad responsable Dirección del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), en oficio de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, informó que se entregó a Rubén Jiménez Páramo, hermano de quejoso, el medicamento señalado, quien firmó de recibido, lo cual era el fin pretendido por el promovente del amparo, de lo cual como se dijo tuvo conocimiento a través de este juicio de garantías; por lo que tal circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de donde se sigue que, sobreviene la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía violada a favor de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado que guardan antes de la violación constitucional, por lo que si en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada, al haber dejado de producir consecuencias legales, por lo que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Ello es así, pues los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y se repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 173048 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Marzo de 2007 Materia(s): Común Tesis: I.16o.A.1 K Página: 1665 DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular. DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 10/2006. Roberto González Valdivia. 23 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretario: Manuel Camargo Serrano. Amparo en revisión 58/2006. Fortino Montano Retureta. 27 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretaria: María Elena Bautista Cuéllar. Nota: Por ejecutoria de fecha 15 de octubre de 2008, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 128/2008-SS en que participó el presente criterio. Por ejecutoria del 22 de agosto de 2018, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 258/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. En consecuencia, procede SOBRESEER en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades precisadas, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Felipe Jiménez Páramo, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisada, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe. Mach

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintiuno. SE RECIBEN INFORMES JUSTIFICADOS. Con vista a las partes, agréguense a los autos los oficios de cuenta, que suscriben el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Delegado de dicho Instituto y el Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia, a través de los cuales rinden informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: SE DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA DE MANERA PERSONAL En consideración a que el Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia, en su informe justificado, manifiesta lo siguiente: ".Por lo que, con fecha 15 de junio de la presente anualidad, se informó que el medicamento denominado DOLUTEGRAVIR, ya se encontraba disponible en la farmacia del Hospital. Por lo que se notificó vía telefónica al familiar del quejoso, y se hizo entrega del medicamento el día de hoy 16 de Junio de la presente anualidad como consta en el acuse de recibido en la receta que en copia certificada anexo." Con lo anterior, se ordena dar vista a la parte quejosa de manera personal para que manifieste lo que a su interés convenga. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza las documentales que el Encargado de la Dirección del Hospital Regional de Morelia remite en apoyo de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en audiencia constitucional. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN FORMULA ALEGATOS. Por otra parte, intégrese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza. Doy fe.

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