Felipe Ibarra Esquivel

Expediente 316/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
316/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2018

Partes del expediente

  • Felipe Ibarra Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que a la fecha feneció el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por Felipe Ibarra Esquivel, en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo SE ORDENA SU ARCHIVO Y DESTRUCCIÓN Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, notifico a la parte promovente...el siguiente acuerdo: Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. PARTE QUEJOSA CUMPLE CON REQUERIMIENTO Visto el escrito de cuenta que suscribe el apoderado de la parte quejosa Felipe Ibarra Esquivel, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de doce de abril de dos mil dieciocho y el efecto precisa que el juicio ordinario civil número 494/2016 de donde deriva el acto reclamado se encuentra en etapa de alegatos. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA En consecuencia, de la demanda de amparo promovida por el apoderado del quejoso Felipe Ibarra Esquivel y de su respectiva aclaración, se desprende que en esencia la parte quejosa pretende reclamar del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, la ilegal notificación y emplazamiento llevados a cabo dentro del juicio ordinario civil número 494/2016, promovido por Esther Cortés Lara, a través del exhorto número 171/2017 turnado al juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Uruapan, diligenciado por el Actuario adscrito a éste, así como todas las actuaciones judiciales realizadas en el juicio de origen; bajo ese contexto, corresponde proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo relativa. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Por su parte, el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Del contenido de la demanda, se colige, que en el caso particular y respecto del acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, la ilegal notificación y emplazamiento llevados a cabo dentro del juicio ordinario civil número 494/2016, promovido por Esther Cortés Lara, a través del exhorto número 171/2017 turnado al juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Uruapan, ejecutado por el Actuario adscrito a este último, así como todas las actuaciones judicial realizadas en el juicio de origen, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa consistente en el incidente de nulidad a través del cual podría lograrse la anulación de esa diligencia de notificación, según se verá a continuación: El artículo 94, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece: "Las notificaciones que se hicieren en forma distinta a la prevenida en este capítulo, serán nulas.". En tanto que el diverso artículo 98, del código adjetivo invocado, determina: "La nulidad de actuaciones y notificaciones se substanciará en la forma y términos que determine este código para los incidentes." De lo anterior, se colige que, en el caso particular si la parte quejosa como refiere en el capítulo de antecedentes el día doce de marzo del año en curso, se enteró que ante el Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, se tramita el juicio ordinario civil número 494/2016 sobre nulidad de escrituras, promovido por Esther Cortés Lara en contra del aquí quejoso, procedimiento que refiere jamás le fue notificado personalmente, y que en su escrito aclaratorio manifiesta el mismo se encuentra en trámite (etapa de alegatos); ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los 94 y 98, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, procede el incidente de nulidad, medio de defensa a través del cual puede lograse la anulación de la referida notificación y emplazamiento; de manera que, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte promovente debió hacer valer el incidente de nulidad de notificaciones. En consecuencia, como la parte impetrante, previo a acudir a esta vía constitucional, debió hacer valer el recurso ordinario que la ley contempla, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y no lo hizo, es claro que su demanda deviene improcedente; además de que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción, previstos por los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de amparo, pues el quejosa no es extraño al procedimiento de origen y el incidente referido no está sujeto a interpretación adicional, pues el fundamento legal de dicho medio de impugnación es suficiente para determinar la procedencia de cada uno de ellos. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.6o.C. J/37, localizable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, sustenta la determinación a que se arriba, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.3o.C. J/39, página 1214, tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, el contenido de la jurisprudencia 603, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA."; sin embargo, no es el caso de proceder en los términos que plantea ese criterio, pues como ha quedado de manifiesto, en contra de los actos reclamados existen recursos ordinarios, y de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si al substanciarse el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, contenido en la tesis VI.3º.C.J/62, página 1665, XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por el apoderado del quejoso EDUARDO SÁNCHEZ CÁRDENAS, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg

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