Felipe Hernandez Santiago
Expediente 200/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felipe Hernandez Santiago
- Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos del Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que las partes quedaron notificadas de la resolución de veinticuatro de octubre del año en curso y del auto de ocho del mes actual, que tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, contra dicha resolución. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en dicho proveído, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, vía oficio remítase el original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que deberá acompañarse el escrito original por el que se interpone dicho medio de impugnación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por el quejoso Felipe Hernández Santiago; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la resolución en la que se sobreseyó en el juicio. Por tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítanse los autos al Tribunal de Alzada competente, para su substanciación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes copia del escrito de agravios. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 200/2022 promovido por Felipe Hernández Santiago, contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; y, R(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, seguido ante una autoridad de esa índole con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama: Autoridad responsable Actos reclamados Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. La emisión de la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Acuerdo de dos de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual se ordena notificar dicho auto y los subsecuentes a través de lista. Notificación por lista de los acuerdos de veintinueve de octubre y trece de noviembre de dos mil diecinueve. Las consecuencias derivadas de la emisión y notificación por lista de la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Actuaciones dictadas en el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad administrativa resarcitoria ASE/UAJ/P.R./004/2017. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. SON CIERTOS los actos reclamados a la autoridad responsable, ya que así lo manifestó en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, así como en los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, de donde se advierte lo siguiente: El aquí quejoso fungió como Tesorero Municipal de San Juan Lachigalla, Ejutla, Oaxaca, durante el ejercicio fiscal dos mil catorce. En la cuenta pública municipal correspondiente al ejercicio fiscal dos mil catorce, del Municipio de San Juan Lachigalla, Ejutla, Oaxaca, se practicó la auditoría ASE/OAS/SAF/DACF/0281/2015. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la entonces Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, determinó iniciar Procedimiento para el fincamiento de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria, radicado bajo el número de expediente ASE/UAJ/P.R./004/2017, en contra del aquí quejoso y otros, por los daños causados a la Hacienda Pública Municipal de San Juan Lachigalla, distrito de Ejutla, Oaxaca, durante el ejercicio fiscal dos mil catorce, temporalidad en que el aquí quejoso fungió como Tesorero Municipal. En dicho acuerdo se ordenó emplazar y correr traslado al aquí quejoso para que diera contestación al inicio del procedimiento resarcitorio incoado en su contra, haciendo de su conocimiento que en su primer escrito debería señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y acuerdos en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, sede de la entonces Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, apercibido que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se harían mediante lista en el tablero de avisos de dicha auditoría de conformidad con los artículos 108, 112, 116, 124, 125, 258, 260 y 261 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Toda vez que el aquí quejoso en su escrito de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, recibido en la Oficialía de Partes de la entonces Auditoria Superior del Estado de Oaxaca, en la misma fecha dio respuesta al inicio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad administrativa resarcitoria, pero no señaló domicilio en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, para oír y recibir notificaciones, por lo que mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil diecisiete, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó notificar el referido acuerdo, así como las actuaciones subsecuentes por lista. Derivado de lo anterior y seguido el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad administrativa resarcitoria en todas sus etapas, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se emitió resolución dentro del procedimiento de responsabilidad de origen, en el que se fijó pliego definitivo de responsabilidad al aquí quejoso a título de indemnización por la cantidad de $174,000.00 (ciento setenta y cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por los daños causados a la Hacienda Pública Municipal de San Juan Lachigalla, Ejutla, Oaxaca, durante la temporalidad en que fungió como tesorero municipal. Resolución que fue notificada el trece de noviembre de dos mil diecinueve, mediante lista de acuerdos del órgano de fiscalizador responsable, y que en su resolutivo cuatro hace del conocimiento del quejoso que dicha resolución podría ser impugnada dentro del plazo de quince días a través del recurso de reconsideración ante la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca. El veintiuno de julio de dos mil veintiuno, el quejoso promovió recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el cual fue desechado mediante acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, debido a que el medio de impugnación procedente era el de reconsideración. El quejoso solicitó la caducidad y prescripción del expediente, por lo que mediante oficio OSFE/UAJ/00832/2021 de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable se declaró impedida para declarar la caducidad y prescripción dentro del expediente ASE/UAJ/P.R./004/2017, por lo que no acordó a su favor dichas peticiones. Contra dicho oficio, el aquí quejoso promovió el juicio de amparo, 1427/2021 del índice de este Juzgado -en el cual, resulta un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que se sobreseyó en el juicio de amparo mediante resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, y que tiene pendiente de resolución el recurso de revisión 105/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito-. El aquí quejoso promovió juicio de inconformidad 52/2021 ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, contra los actos consistentes en: "1. La nulidad del acuerdo de fecha dos de agosto del año dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ASE/UAJ/P.R/004/2017. 2. Falta de notificación de la resolución de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve, dictada en el expediente ASE/UAJ/P.R./004/2017". El cual fue sobreseído mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós, en atención a que el quejoso tramitó ante dicha Sala diverso juicio de inconformidad el doce de mayo de dos mil veintidós, registrado con el número JI/018/2022 en la que el quejoso reclamó los mismos actos que en este juicio de amparo. Es decir, el doce de mayo de dos mil veintidós (fecha anterior a la admisión de la demanda de amparo dieciocho de agosto pasado), se recibió en la Oficialía de Partes Común y en la Secretaría General de Acuerdos de dicho Tribunal el escrito presentado por el quejoso en el juicio de inconformidad JI/0018/2022, en el que señaló como acto impugnado: "La resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente ASE/UAJ/P.R/004/2017 a través del cual se finca responsabilidad administrativa resarcitoria en contra del aquí quejoso en cantidad de $174,000.00, emitida por la unidad de asuntos jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, sus constancias de notificación, así como el acuerdo de dos de mayo de dos mil diecisiete y razón de ocho siguiente.". En el aludido juicio de inconformidad 18/2022, por determinación de seis de junio de dos mil veintidós, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, declaró improcedente el juicio de informidad de mérito, al no haberse agotado previamente el recurso de reconsideración ante el órgano superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, autoridad emisora de la resolución impugnada. De los antecedentes narrados con antelación se infiere que en esencia el quejoso reclama la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que se fincó pliego de responsabilidad al quejoso con una sanción económica de $174,000.00 (ciento setenta y cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional) y su notificación. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Atento a lo anterior, y de las constancias que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, se advierte una causal de improcedencia. En ese sentido, se advierte que resulta extemporánea la demanda de amparo, lo que ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, mismos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De lo anterior, se advierte que la referida improcedencia deriva del consentimiento tácito para promover la acción constitucional; es decir, cuando la presentación de la demanda se realiza fuera del plazo que la ley establece. Así, en el caso, el acto reclamado se ubica dentro de la regla genérica de quince días, pues no se refiere a alguna de las excepciones establecidas en las fracciones del citado artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, el acuerdo reclamado, no se trata de una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, el quejoso impugna esencialmente la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente ASE/UAJ/P.R./004/2017 y su notificación. Sin embargo, de las constancias digitales que remitió la autoridad responsable, específicamente en el tomo III (foja 50), obra un escrito del quejoso de ocho de julio de dos mil veintiuno (presentado el veintiuno de julio de esa anualidad ante la autoridad señalada como responsable en el procedimiento administrativo de origen), por medio del cual interpuso recurso de revisión, y en el que bajo protesta de decir verdad manifiesta: " (.) Fue hasta el día de hoy que verbalmente fui informado de la existencia de una resolución determinante a través del cual se me impone una multa en cantidad total de $174,000.00.". De lo anterior se colige que el impetrante del amparo, desde el ocho de julio de dos mil veintiuno, se hizo sabedor de la resolución de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en que se fincó pliego de responsabilidad al quejoso con una sanción económica de $174,000.00 (ciento setenta y cuatro mil pesos, cero centavos, moneda nacional) y que reclama en esta instancia. Por tanto, se concluye que el juicio de amparo fue promovido de forma extemporánea, pues del veintiuno de julio de dos mil veintiuno (fecha de la presentación del citado escrito en que se hizo sabedor de la determinación reclamada), a la fecha de la presentación del escrito de demanda (catorce de febrero de dos mil veintidós), transcurrieron en exceso los quince días para promover el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ... contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, por las razones apuntadas en el considerando quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad de Oaxaca, por el cual, atento al requerimiento formulado en proveído de seis del mes actual, remite el original del juicio de inconformidad 18/2022 -constante de cincuenta fojas-. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas dichas constancias, las cuales se admiten y desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Con tales constancias dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
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