FELIPE GARCIA HERNANDEZ y Otros.
Expediente 666/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 40 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- FELIPE GARCIA HERNANDEZ y Otros.
- Felipe Garcia Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase al Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la copia certificada deducida del expediente 67/2020 de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúe en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y definitiva el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 666/2020 promovido por FELIPE GARCIA HERNANDEZ; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el veintiocho de octubre de dos mil veinte; turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado el veintinueve siguiente; el quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, parte actora en el juicio natural, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de quien reclamó: La audiencia de ocho de octubre de dos mil veinte, llevada a cabo en el expediente de controversias del orden familiar 67/2020, en la que se determinó otorgar a favor de ELIENAI LÓPEZ HERRERA, la guardia y custodia provisional de la menor B.Y.G.L. El auto de fecha trece de octubre de dos mil veinte, dictado en el referido expediente, en el que se determinó que debería de exhibir una pensión alimenticia a favor de la menor B.Y.G.L., y de ELIENAI LÓPEZ HERRERA. La omisión y negativa de administrar e impartir justicia. La violación a la garantía de "no discriminación" e igualdad del hombre y la mujer. Actos que el quejoso señaló como violatorio, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró con el número 666/2020, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la tercera interesada ELIENAI LÓPEZ HERRERA, parte demandada en el juicio de origen, quien se apersonó a este juicio mediante escrito recibido en este juzgado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno (foja 110). Asimismo, se solicitó a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en este municipio la intervención de un representante especial para que asistiera a dicha menor de edad. De igual forma, en proveído de once de enero de dos mil veinte (foja 130), se desechó la prueba documental ofrecida por la tercera interesada ELIANAI LÓPEZ HERRERA; contra dicha determinación, interpuso recurso de queja, que por razón de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y mediante resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja civil 112/2021, declaró fundado dicho recurso. En cumplimiento a dicha ejecutoria, se requirió al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dentro del término de veinticuatro horas remitiera a este juzgado, copia certificada de la carpeta de investigación 1397/FMIA/2018, en la que aparece como víctima la referida tercera interesada y como imputado el aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Previo los trámites correspondientes, mediante oficio sin número, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió copia cotejada de la carpeta de investigación de que se trata. Finalmente, en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, seguido el juicio, se celebró en sus fases de pruebas y alegatos, como consta en el acta de audiencia que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama a la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, los actos dictados en el expediente de controversias del orden familiar 67/2020, relativo a la recuperación, guarda y custodia de la menor B.Y.G.L., promovido por el aquí quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, contra la aquí tercera interesada ELIENAI LÓPEZ HERRERA, consistentes en: La audiencia de ocho de octubre de dos mil veinte, en la que se determinó otorgar a favor de ELIENAI LÓPEZ HERRERA, la guarda y custodia provisional de la menor B.Y.G.L. El auto de fecha trece de octubre de dos mil veinte, dictado en el referido expediente, en el que se determinó que el quejoso debería de exhibir una pensión alimenticia a favor de la menor B.Y.G.L., y de ELIENAI LÓPEZ HERRERA. La omisión y negativa de administrar e impartir justicia. No se considera acto reclamado la violación a la garantía de "no discriminación", ya que es propiamente un concepto de violación. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Se desvirtúa negativa de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, la Secretaria encargada del Juzgado por ministerio de ley, en términos del artículo 36, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, negó los actos reclamados que la atribuye la parte quejosa. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en virtud que de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente familiar 67/2020, relativo a la recuperación, guarda y custodia de la menor B.Y.G.L., promovido por el aquí quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, contra ELIENAI LÓPEZ HERRERA. Documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que son documentos públicos elaborados o expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Apoya lo recién expuesto la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de las referidas documentales se advierte la existencia de los citados actos, pues en la audiencia llevada a cabo a las once horas del ocho de octubre de dos mil veinte, en la que previa las manifestaciones de las partes aquí quejosa y tercera interesada, la referida autoridad responsable determinó decretar la guarda y custodia provisional de la menor B.Y.G.L., a favor de su progenitora ELIENAI LÓPEZ HERRERA, y estableció el régimen de visitas y convivencia de la citada menor y su progenitor. Asimismo, se advierte de dichas constancias, que el trece de octubre de dos mil veinte, se acordó el escrito de la demandada ELIENAI LÓPEZ HERRERA, y dado que los alimentos son de urgente y primera necesidad, determinó fijar por concepto de pensión alimenticia provisional, en forma quincenal, a favor de la citada menor y de la demandada. De ahí que dicha negativa se desvirtúa, y se tiene por cierto los actos que le atribuye la parte quejosa. CUARTO.- Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No obstante lo anterior, en este expediente las partes no invocaron causales de improcedencia, además de que este juzgador federal no advierte de oficio alguna que se actualice, por lo que, lo procedente es analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con la finalidad de tener una mejor comprensión respecto de los actos reclamados, resulta necesario puntualizar algunos antecedentes del expediente familiar 67/2020, del índice de la autoridad responsable, a saber: 1. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, ante la autoridad responsable, el quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, por propio derecho y en representación de la menor B.Y.G.L., promovió la recuperación de su menor hija, así como la guarda y custodia, contra ELIANAI LÓPEZ HERRERA. 2. En atención a dicho escrito, mediante acuerdo de esa fecha (06 de octubre de 2020), se ordenó formar el expediente 67/2020, del índice de dicha autoridad responsable, y se tuvo al quejoso, por propio derecho y en representación de la citada menor, en la vía de controversias del orden familiar, demandando a la aquí tercera interesada ELIENAI LÓPEZ HERRERA, y se señalaron las once horas del día ocho de octubre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de carácter familiar con la presencia del Agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado. 3. Diligencia que se llevó a cabo en la fecha y hora indicada, con la asistencia de las partes actora FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ y demandada ELIANAI LÓPEZ HERRERA, en la que previa las manifestaciones de dichas partes, la autoridad responsable determinó otorgar la guarda y custodia de la menor B.Y.G.L. a favor de su progenitora ELIANAI LÓPEZ HERRERA; audiencia que es uno de los actos reclamados. 4. De igual forma, la referida tercera interesada, en diverso escrito presentado en el nueve de octubre de dos mil veinte (fojas 99 a la 106 del tomo de pruebas) ante la autoridad responsable, solicitó una medida provisional y se fijara una pensión alimenticia para ella y su menor hija. 5. Por lo que, en atención a dicho escrito, el trece de octubre siguiente (fojas 98, 107 y 108, del tomo anexo), se acordó dicha petición y se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional en forma quincenal a favor de la menor B.Y.G.L. y de la demandada ELIANAI LÓPEZ HERRERA, el equivalente a uno y medio salarios mínimos de manera diaria, que el actor deberá exhibir ante el juzgado responsable, dentro de los tres primeros días de cada quincena, la cantidad resultante multiplicadas por uno y medio salario mínimo vigente en el país que es de $123.22 (ciento veintitrés pesos, veintidós centavos), cada salario mínimo, y que por los días de cada quincena, ascienden a la cantidad de $2,772.45 (dos mil setecientos setenta y dos pesos, con cuarenta y cinco centavos, moneda nacional), para que se ponga a disposición de la aquí tercera interesada; acuerdo que es el otro acto reclamado. SEXTO.- Estudio de constitucionalidad del acto reclamado consistente en la parte relativa de la audiencia de ocho de octubre de dos mil veinte. Se puntualiza, que en este considerando se analizarán los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, en esencia, la falta de fundamentación y motivación, en relación a la parte relativa de la audiencia llevada a cabo a las once horas del ocho de octubre de dos mil veinte, en la que previa las manifestaciones de las partes aquí quejosa y tercera interesada, la referida autoridad responsable determinó decretar la guarda y custodia provisional de la menor B.Y.G.L., a favor de su progenitora ELIENAI LÓPEZ HERRERA. Con la precisión apuntada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II, y 76 de la Ley de Amparo, el análisis sistemático y conjunto de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa permiten arribar a la conclusión de que estos son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de la materia. No se trascriben los conceptos de violación, sin que ello implique violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que rigen el actuar del suscrito, tal y como establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En la determinación que origina esta instancia constitucional se involucra a la menor de edad de iniciales B.Y.G.L., quien a la fecha (28 de febrero de 2022) cuenta con CINCO años y SIETE meses de edad; por ende, conforme al apartado de "conceptos" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de una niña (menor de 18 años de edad). Ahora bien, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [...]" Del artículo transcrito se advierte que los actos que emitan las autoridades orientadas a afectar la esfera jurídica de los gobernados deben estar debidamente fundados y motivados; es decir, la fundamentación en un acto de autoridad, es la obligación de ésta de citar la ley que le da facultades para llevar a cabo un acto que se dirige a un particular y la motivación en una actuación, es plasmar en su decisión los motivos, razones y circunstancias que dan lugar a la emisión de ese acto. Lo anterior se estableció en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS MANDAMIENTOS DE LA AUTORIDAD. ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. Por fundar debe entenderse la expresión de los fundamentos legales o de derecho del acto reclamado; en consecuencia, una resolución reclamada no queda debidamente fundada si no contiene la expresión de ningún fundamento legal o de derecho. Por motivar debe entenderse el señalamiento de las causas materiales o de derecho que hayan dado lugar al acto reclamado, sin que pueda admitirse que la motivación consista en la expresión general y abstracta: "por razones de interés público", ya que la mencionada expresión no señala en principio las causas materiales o de hecho que hubieran dado lugar al acto reclamado." Establecido lo anterior, el acto reclamado es constitucional porque cumple con los requisitos de la debida fundamentación y motivación como lo mandata el artículo 16 Constitucional, en virtud de que la Secretaria del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, encargada de dicho Juzgado por ministerio de ley, en términos del artículo 36, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Sin embargo, al no llegar a un acuerdo dichos progenitores, respecto de la guarda y custodia de la menor de edad de iniciales B.Y.G.L., que actualmente ejerce su progenitora ELIENAI LÓPEZ HERRERA, la autoridad responsable, tomó en cuenta el contexto de constancias que existen en el juicio natural, la particularidad del caso, las manifestaciones de los progenitores y sobre todo en aras de una protección integral de la menor para que disfrute sus derechos y conviva con ambos progenitores. Desde luego, fundamentó su determinación en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado Mexicano el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno; los numerales 1, 2 y 3, de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, ratificada por el Estado Mexicano, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno. Asimismo, en el artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 12, párrafos XVII, XIX, XXIV, fracción (sic) b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículos 8, fracción I, y 9 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, que en su parte conducente establecen: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ADOPTADA POR EL ESTADO MEXICANO. Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo 2.- 1. Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADOS LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. ARTÍCULO 12.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. (.) Toda medida o disposición protectoras de la familia y la niñez son de orden público. (.) Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas y promoverá la asistencia privada. (.) Los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, tienen derecho a la vida sana, a la integridad física y emocional, a la identidad, a la protección integral, a una vida libre de violencia, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la diversión y a llevar una vida digna e intercultural, con perspectiva de género, en condiciones de no discriminación, no subordinación y trato igualitario. El Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. (.) b) A que se le proporcione alimentación, a la educación básica, media superior y a la especial, en los casos que se requiera, procurando que ésta sea bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas, a efecto de preservar la lengua materna de su localidad. LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA Artículo 8. Para efectos del artículo 4 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: I. El interés superior de la niñez; Artículo 9. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Se respetarán los usos, costumbres y prácticas culturales, siempre y cuando no vulneren o restrinjan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. Asimismo, el artículo 429, Bis A, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, el cual dispone: Artículo 429 Bis A.- Quien ejerza la guardia y custodia de un niño, niña o adolescente debe procurar el respeto de los menores para ambos ascendientes; en consecuencia, cada uno de los ascendientes o progenitor deberá evitar cualquier acto encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro ascendiente o progenitor. De las citadas disposiciones se desprende, en lo que interesa, que en todas las medidas que dicten los tribunales concernientes a los niños, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores y se tiene que tomar en cuenta los derechos y deberes de sus padres y tutores. De esta manera, se debe velar para que los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, con algunas excepciones, como en los casos en que los progenitores vivan separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño, caso en el que se dará a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en el procedimiento correspondiente y externar sus opiniones. También, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, se debe garantizar a la menor el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, por lo que se tiene que tomar en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. De lo anterior, se confirma que el acto reclamado está debidamente fundado y motivado, pues los preceptos jurídicos en que apoyó su actuación la autoridad responsable, son exactamente aplicables al asunto, al tratarse de una medida provisional de guarda y custodia de una menor de edad, respecto de la cual los progenitores no han logrado convenir; razón por la que dicha responsable, después de realizar un análisis de los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales, para el desarrollo integral de la infante. En igual sentido consideró su personalidad, su formación psíquica y física, sopesando las necesidades de atención, protección, cariño y amor que sus progenitores le pueden proporcionar; de igual forma, como se trata de una niña, estableció que requiere de extremos cuidados, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el ambiente social y familiar que éstos pueden ofrecerle, sus afectos con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación, la edad y capacidad de autoabastecerse del menor, entre otros elementos; tomó la determinación de que, por el momento, no es dable otorgar la guarda y custodia de la menor a su progenitor, parte actora en el juicio natural. Así también, hizo la precisión que las medidas tomadas en materia familiar, por su especial naturaleza, no causan estado, esto es, pueden variar o quedar superadas por una nueva determinación, siempre y cuando las circunstancias que la haya motivado, hayan variado. De la misma forma, la responsable atendió el interés superior de la menor y estableció que, en el momento de la audiencia de ocho de octubre de dos mil veinte, la infante contaba con la edad de cuatro años tres meses de edad, y de acuerdo al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si los progenitores no llegan a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste Se cita en apoyo, la tesis 1a./J. 53/2014 (10a.), registro digital 2006791, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 217, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materias Constitucional y Civil, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]. Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el inciso a), de la fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, que dispone que si no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión, la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más benéfica para el menor". Por ello, se considera acertado que la autoridad responsable tomó las medidas para lograr que se lleve a cabo la convivencia decretada en el juicio en términos del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca y por ende el señalamiento de una audiencia de carácter familiar para establecer el régimen de convivencias, ya que no debe quedar a la potestad de quien ostenta la guarda y custodia, porque por encima de su oposición a que ello acontezca debe prevalecer el interés superior del menor. Sin que dicha responsable haya pasado por alto, que autos del juicio natural no está demostrado que la madre no sea la adecuada para la guarda y custodia de la infante o que ésta sufra actos de violencia o cualquier otra situación que ponga en riesgo su vida e integridad física, psicológica o emocional, por el contrario, guarda mayor grado de identidad con su progenitora. Tampoco debe perderse de vista, que la resolutora del juicio natural en términos del artículo 429 Bis A, del Código Civil del Estado, requirió a la parte demandada para que se abstenga de realizar cualquier acto de alienación parental, encaminado a producir en su rechazo, rencor, odio, miedo, o desprecio a su progenitor, con apercibimiento que, de incurrir en dicha falta, se suspenderá el ejercicio de la guardia y custodia que le fue concedida. Con lo que se demuestra que no asiste la razón al promovente del amparo, porque la resolutora del juicio natural adoptó de oficio las determinaciones respectivas para que el progenitor JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBASTIAN, pueda convivir con su menor hija, sin que exista obstáculo o impedimento para la sana convivencia de que se trata, ya que es un derecho del menor, no así del progenitor. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable la página 401, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003069, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos." En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación que aduce la parte quejosa y toda vez que el acto reclamado no vulnera los derechos fundamentales del quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, por su propio derecho, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita respecto a este acto reclamado. SÉPTIMO. Causa de pedir respecto del diverso acto de trece de octubre de dos mil veinte. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de demanda, son inatendibles, toda vez que se encuentran encaminados a combatir la audiencia que se llevó a cabo a las once horas del ocho de octubre de dos mil veinte, en el expediente de controversias del orden familiar 67/2020, relativo a la recuperación, guarda y custodia de la menor B.Y.G.L., promovido por el aquí quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, contra la aquí tercera interesada ELIENAI LÓPEZ HERRERA. Sin embargo, atendiendo a la causa de pedir, la parte quejosa señaló cuál es la lesión o agravio que estima le causa la resolución recurrida, esto es la falta de fundamentación y motivación del acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio natural de que se trata. Se cita en apoyo la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 7 K (9a.), número de registro digital 160559, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 3769, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, materias Común, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE AFIRMA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE TALES REQUISITOS, ES SUFICIENTE QUE ASÍ SE INVOQUE EN LA DEMANDA PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DETERMINE SI EFECTIVAMENTE SE COMETIÓ ESA INFRACCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 68/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", determinó que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que aparezcan en la demanda, siempre que expresen con claridad la causa de pedir, es decir, que sean argumentos que precisen cuál es la lesión o agravio que causa al quejoso el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio para que el Juez de amparo lo estudie. Así, al aplicar dicho criterio al amparo indirecto en el que el quejoso señala con nitidez que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, se concluye que el Juez de Distrito, en acatamiento al artículo 77 de la Ley de Amparo, debe analizar si la autoridad responsable cumplió con la garantía de legalidad, bajo la cual estaba obligada a fundar y motivar su acto, es decir, cuando se afirma que el acto impugnado carece de tales requisitos, es suficiente que así se invoque en la demanda de garantías para que el juzgador federal determine si efectivamente se cometió esa infracción, sin que para ello deba exigirse al peticionario de garantías que exponga las razones por las que la autoridad responsable no cumplió con la citada garantía, ya que ello constituye una carga excesiva que no encuentra sustento legal alguno y que, por el contrario, llevaría materialmente a una denegación de justicia al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción en contravención al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora, es inexacto que se violen en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, toda vez que de la sola lectura de la resolución reclamada pone de manifiesto que la responsable observó cabalmente los requisitos de fundamentación y motivación que todo fallo de esa naturaleza debe observar. Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [...]" Del artículo transcrito se advierte que los actos que emitan las autoridades orientadas a afectar la esfera jurídica de los gobernados deben estar debidamente fundados y motivados; es decir, la fundamentación en un acto de autoridad, es la obligación de ésta de citar la ley que le da facultades para llevar a cabo un acto que se dirige a un particular y la motivación en una actuación, es plasmar en su decisión los motivos, razones y circunstancias que dan lugar a la emisión de ese acto. Lo anterior se estableció en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS MANDAMIENTOS DE LA AUTORIDAD. ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. Por fundar debe entenderse la expresión de los fundamentos legales o de derecho del acto reclamado; en consecuencia, una resolución reclamada no queda debidamente fundada si no contiene la expresión de ningún fundamento legal o de derecho. Por motivar debe entenderse el señalamiento de las causas materiales o de derecho que hayan dado lugar al acto reclamado, sin que pueda admitirse que la motivación consista en la expresión general y abstracta: "por razones de interés público", ya que la mencionada expresión no señala en principio las causas materiales o de hecho que hubieran dado lugar al acto reclamado." Establecido lo anterior, se advierte que la responsable al emitir el fallo que ahora se analiza, motivó su actuación, pues, en esencia, tomó en consideración la petición de la parte demandada en el juicio natural; también consideró que los alimentos son de urgente y primera necesidad, cuyo aseguramiento provisional tiende a garantizar la subsistencia de quien lo demanda o de aquellos en cuya representación se exige; así como el estado de necesidad tanto de la menor como de la progenitora, conforme a la lógica natural se deduce que la infante se encuentra en desarrollo; asimismo, que le corresponde a los progenitores suministrarle alimentos hasta que se encuentren en aptitud de ejercer un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, razón por la que, fijó por concepto de pensión alimenticia provisional en forma quincenal a favor de la menor B.Y.G.L. y de la demandada ELIANAI LÓPEZ HERRERA, el equivalente a uno y medio salarios mínimos de manera diaria, que el actor deberá exhibir ante el juzgado responsable, dentro de los tres primeros días de cada quincena, la cantidad resultante multiplicadas por uno y medio salario mínimo vigente en el país que es de $123.22 (ciento veintitrés pesos, veintidós centavos), cada salario mínimo, y que por los días de cada quincena, ascienden a la cantidad de $2,772.45 (dos mil setecientos setenta y dos pesos, con cuarenta y cinco centavos, moneda nacional), para que se ponga a disposición de la aquí tercera interesada. Asimismo, dicha autoridad responsable fundamentó su determinación en los artículos 323 del Código Civil Para el Estado de Oaxaca, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. De la interpretación de los reseñados numerales, permite observar que el derecho humano a percibir alimentos, obvio, desde la perspectiva constitucional, excede la legislación civil al proyectar el resguardo y protección de la supervivencia de quien los requiere. Es cierto que todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles aplicables; sin embargo, ha trascendido más allá del campo del derecho civil tradicional, involucrando su percepción como un derecho humano fundamental, que de no ser considerado así, dejaría expuesto al beneficiario de ellos, por no ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4o. constitucional y en diversas disposiciones legales de título universal. Así, los niños y las niñas tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral. En otras palabras, el derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental, de tal manera que los elementos esenciales que integran el derecho a los alimentos se corresponden con varios de los derechos consagrados en el artículo 4o. de la Constitución. Sin que en este punto, se desconozca la obligación existente de proporcionarse los mismos entre los cónyuges. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado es constitucional porque la Secretaria del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, encargada de dicho Juzgado por ministerio de ley, en términos del artículo 36, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, cumplió con los requisitos de la debida fundamentación y motivación como lo mandata el artículo 16 Constitucional, En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, pues no se encuentra dentro de los supuestos para tal efecto, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, por propio derecho y en representación de la menor B.Y.G.L. contra actos de la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, por propio derecho y en representación de la menor B.Y.G.L., contra actos la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en términos de los considerandos sexto y séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Aurelio Olvera Jiménez, secretario que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que la labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 666/2020 promovido por FELIPE GARCIA HERNANDEZ; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el veintiocho de octubre de dos mil veinte; turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido por razón de turno en este Juzgado el veintinueve siguiente; el quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, parte actora en el juicio natural, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de quien reclamó: La audiencia de ocho de octubre de dos mil veinte, llevada a cabo en el expediente de controversias del orden familiar 67/2020, en la que se determinó otorgar a favor de ELIENAI LÓPEZ HERRERA, la guardia y custodia provisional de la menor B.Y.G.L. El auto de fecha trece de octubre de dos mil veinte, dictado en el referido expediente, en el que se determinó que debería de exhibir una pensión alimenticia a favor de la menor B.Y.G.L., y de ELIENAI LÓPEZ HERRERA. La omisión y negativa de administrar e impartir justicia. La violación a la garantía de "no discriminación" e igualdad del hombre y la mujer. Actos que el quejoso señaló como violatorio, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró con el número 666/2020, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la tercera interesada ELIENAI LÓPEZ HERRERA, parte demandada en el juicio de origen, quien se apersonó a este juicio mediante escrito recibido en este juzgado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno (foja 110). Asimismo, se solicitó a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en este municipio la intervención de un representante especial para que asistiera a dicha menor de edad. De igual forma, en proveído de once de enero de dos mil veinte (foja 130), se desechó la prueba documental ofrecida por la tercera interesada ELIANAI LÓPEZ HERRERA; contra dicha determinación, interpuso recurso de queja, que por razón de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y mediante resolución de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja civil 112/2021, declaró fundado dicho recurso. En cumplimiento a dicha ejecutoria, se requirió al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que dentro del término de veinticuatro horas remitiera a este juzgado, copia certificada de la carpeta de investigación 1397/FMIA/2018, en la que aparece como víctima la referida tercera interesada y como imputado el aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar. Previo los trámites correspondientes, mediante oficio sin número, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, remitió copia cotejada de la carpeta de investigación de que se trata. Finalmente, en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, seguido el juicio, se celebró en sus fases de pruebas y alegatos, como consta en el acta de audiencia que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama a la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, los actos dictados en el expediente de controversias del orden familiar 67/2020, relativo a la recuperación, guarda y custodia de la menor B.Y.G.L., promovido por el aquí quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, contra la aquí tercera interesada ELIENAI LÓPEZ HERRERA, consistentes en: La audiencia de ocho de octubre de dos mil veinte, en la que se determinó otorgar a favor de ELIENAI LÓPEZ HERRERA, la guarda y custodia provisional de la menor B.Y.G.L. El auto de fecha trece de octubre de dos mil veinte, dictado en el referido expediente, en el que se determinó que el quejoso debería de exhibir una pensión alimenticia a favor de la menor B.Y.G.L., y de ELIENAI LÓPEZ HERRERA. La omisión y negativa de administrar e impartir justicia. No se considera acto reclamado la violación a la garantía de "no discriminación", ya que es propiamente un concepto de violación. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Se desvirtúa negativa de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, la Secretaria encargada del Juzgado por ministerio de ley, en términos del artículo 36, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, negó los actos reclamados que la atribuye la parte quejosa. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, en virtud que de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente familiar 67/2020, relativo a la recuperación, guarda y custodia de la menor B.Y.G.L., promovido por el aquí quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, contra ELIENAI LÓPEZ HERRERA. Documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que son documentos públicos elaborados o expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Apoya lo recién expuesto la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de las referidas documentales se advierte la existencia de los citados actos, pues en la audiencia llevada a cabo a las once horas del ocho de octubre de dos mil veinte, en la que previa las manifestaciones de las partes aquí quejosa y tercera interesada, la referida autoridad responsable determinó decretar la guarda y custodia provisional de la menor B.Y.G.L., a favor de su progenitora ELIENAI LÓPEZ HERRERA, y estableció el régimen de visitas y convivencia de la citada menor y su progenitor. Asimismo, se advierte de dichas constancias, que el trece de octubre de dos mil veinte, se acordó el escrito de la demandada ELIENAI LÓPEZ HERRERA, y dado que los alimentos son de urgente y primera necesidad, determinó fijar por concepto de pensión alimenticia provisional, en forma quincenal, a favor de la citada menor y de la demandada. De ahí que dicha negativa se desvirtúa, y se tiene por cierto los actos que le atribuye la parte quejosa. CUARTO.- Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No obstante lo anterior, en este expediente las partes no invocaron causales de improcedencia, además de que este juzgador federal no advierte de oficio alguna que se actualice, por lo que, lo procedente es analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con la finalidad de tener una mejor comprensión respecto de los actos reclamados, resulta necesario puntualizar algunos antecedentes del expediente familiar 67/2020, del índice de la autoridad responsable, a saber: 1. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, ante la autoridad responsable, el quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, por propio derecho y en representación de la menor B.Y.G.L., promovió la recuperación de su menor hija, así como la guarda y custodia, contra ELIANAI LÓPEZ HERRERA. 2. En atención a dicho escrito, mediante acuerdo de esa fecha (06 de octubre de 2020), se ordenó formar el expediente 67/2020, del índice de dicha autoridad responsable, y se tuvo al quejoso, por propio derecho y en representación de la citada menor, en la vía de controversias del orden familiar, demandando a la aquí tercera interesada ELIENAI LÓPEZ HERRERA, y se señalaron las once horas del día ocho de octubre de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de carácter familiar con la presencia del Agente del Ministerio Público adscrito a dicho juzgado. 3. Diligencia que se llevó a cabo en la fecha y hora indicada, con la asistencia de las partes actora FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ y demandada ELIANAI LÓPEZ HERRERA, en la que previa las manifestaciones de dichas partes, la autoridad responsable determinó otorgar la guarda y custodia de la menor B.Y.G.L. a favor de su progenitora ELIANAI LÓPEZ HERRERA; audiencia que es uno de los actos reclamados. 4. De igual forma, la referida tercera interesada, en diverso escrito presentado en el nueve de octubre de dos mil veinte (fojas 99 a la 106 del tomo de pruebas) ante la autoridad responsable, solicitó una medida provisional y se fijara una pensión alimenticia para ella y su menor hija. 5. Por lo que, en atención a dicho escrito, el trece de octubre siguiente (fojas 98, 107 y 108, del tomo anexo), se acordó dicha petición y se fijó por concepto de pensión alimenticia provisional en forma quincenal a favor de la menor B.Y.G.L. y de la demandada ELIANAI LÓPEZ HERRERA, el equivalente a uno y medio salarios mínimos de manera diaria, que el actor deberá exhibir ante el juzgado responsable, dentro de los tres primeros días de cada quincena, la cantidad resultante multiplicadas por uno y medio salario mínimo vigente en el país que es de $123.22 (ciento veintitrés pesos, veintidós centavos), cada salario mínimo, y que por los días de cada quincena, ascienden a la cantidad de $2,772.45 (dos mil setecientos setenta y dos pesos, con cuarenta y cinco centavos, moneda nacional), para que se ponga a disposición de la aquí tercera interesada; acuerdo que es el otro acto reclamado. SEXTO.- Estudio de constitucionalidad del acto reclamado consistente en la parte relativa de la audiencia de ocho de octubre de dos mil veinte. Se puntualiza, que en este considerando se analizarán los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, en esencia, la falta de fundamentación y motivación, en relación a la parte relativa de la audiencia llevada a cabo a las once horas del ocho de octubre de dos mil veinte, en la que previa las manifestaciones de las partes aquí quejosa y tercera interesada, la referida autoridad responsable determinó decretar la guarda y custodia provisional de la menor B.Y.G.L., a favor de su progenitora ELIENAI LÓPEZ HERRERA. Con la precisión apuntada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II, y 76 de la Ley de Amparo, el análisis sistemático y conjunto de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa permiten arribar a la conclusión de que estos son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de la materia. No se trascriben los conceptos de violación, sin que ello implique violación a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo que rigen el actuar del suscrito, tal y como establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En la determinación que origina esta instancia constitucional se involucra a la menor de edad de iniciales B.Y.G.L., quien a la fecha (28 de febrero de 2022) cuenta con CINCO años y SIETE meses de edad; por ende, conforme al apartado de "conceptos" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de una niña (menor de 18 años de edad). Ahora bien, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [...]" Del artículo transcrito se advierte que los actos que emitan las autoridades orientadas a afectar la esfera jurídica de los gobernados deben estar debidamente fundados y motivados; es decir, la fundamentación en un acto de autoridad, es la obligación de ésta de citar la ley que le da facultades para llevar a cabo un acto que se dirige a un particular y la motivación en una actuación, es plasmar en su decisión los motivos, razones y circunstancias que dan lugar a la emisión de ese acto. Lo anterior se estableció en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS MANDAMIENTOS DE LA AUTORIDAD. ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. Por fundar debe entenderse la expresión de los fundamentos legales o de derecho del acto reclamado; en consecuencia, una resolución reclamada no queda debidamente fundada si no contiene la expresión de ningún fundamento legal o de derecho. Por motivar debe entenderse el señalamiento de las causas materiales o de derecho que hayan dado lugar al acto reclamado, sin que pueda admitirse que la motivación consista en la expresión general y abstracta: "por razones de interés público", ya que la mencionada expresión no señala en principio las causas materiales o de hecho que hubieran dado lugar al acto reclamado." Establecido lo anterior, el acto reclamado es constitucional porque cumple con los requisitos de la debida fundamentación y motivación como lo mandata el artículo 16 Constitucional, en virtud de que la Secretaria del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, encargada de dicho Juzgado por ministerio de ley, en términos del artículo 36, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Sin embargo, al no llegar a un acuerdo dichos progenitores, respecto de la guarda y custodia de la menor de edad de iniciales B.Y.G.L., que actualmente ejerce su progenitora ELIENAI LÓPEZ HERRERA, la autoridad responsable, tomó en cuenta el contexto de constancias que existen en el juicio natural, la particularidad del caso, las manifestaciones de los progenitores y sobre todo en aras de una protección integral de la menor para que disfrute sus derechos y conviva con ambos progenitores. Desde luego, fundamentó su determinación en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado Mexicano el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de mil novecientos ochenta y uno; los numerales 1, 2 y 3, de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, ratificada por el Estado Mexicano, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno. Asimismo, en el artículo 4º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 12, párrafos XVII, XIX, XXIV, fracción (sic) b), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículos 8, fracción I, y 9 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, que en su parte conducente establecen: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ADOPTADA POR EL ESTADO MEXICANO. Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo 2.- 1. Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADOS LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA. ARTÍCULO 12.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. (.) Toda medida o disposición protectoras de la familia y la niñez son de orden público. (.) Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas y promoverá la asistencia privada. (.) Los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, tienen derecho a la vida sana, a la integridad física y emocional, a la identidad, a la protección integral, a una vida libre de violencia, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la diversión y a llevar una vida digna e intercultural, con perspectiva de género, en condiciones de no discriminación, no subordinación y trato igualitario. El Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. (.) b) A que se le proporcione alimentación, a la educación básica, media superior y a la especial, en los casos que se requiera, procurando que ésta sea bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas, a efecto de preservar la lengua materna de su localidad. LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA Artículo 8. Para efectos del artículo 4 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: I. El interés superior de la niñez; Artículo 9. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Se respetarán los usos, costumbres y prácticas culturales, siempre y cuando no vulneren o restrinjan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. Asimismo, el artículo 429, Bis A, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, el cual dispone: Artículo 429 Bis A.- Quien ejerza la guardia y custodia de un niño, niña o adolescente debe procurar el respeto de los menores para ambos ascendientes; en consecuencia, cada uno de los ascendientes o progenitor deberá evitar cualquier acto encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro ascendiente o progenitor. De las citadas disposiciones se desprende, en lo que interesa, que en todas las medidas que dicten los tribunales concernientes a los niños, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores y se tiene que tomar en cuenta los derechos y deberes de sus padres y tutores. De esta manera, se debe velar para que los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, con algunas excepciones, como en los casos en que los progenitores vivan separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño, caso en el que se dará a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en el procedimiento correspondiente y externar sus opiniones. También, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, se debe garantizar a la menor el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, por lo que se tiene que tomar en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. De lo anterior, se confirma que el acto reclamado está debidamente fundado y motivado, pues los preceptos jurídicos en que apoyó su actuación la autoridad responsable, son exactamente aplicables al asunto, al tratarse de una medida provisional de guarda y custodia de una menor de edad, respecto de la cual los progenitores no han logrado convenir; razón por la que dicha responsable, después de realizar un análisis de los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales, para el desarrollo integral de la infante. En igual sentido consideró su personalidad, su formación psíquica y física, sopesando las necesidades de atención, protección, cariño y amor que sus progenitores le pueden proporcionar; de igual forma, como se trata de una niña, estableció que requiere de extremos cuidados, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el ambiente social y familiar que éstos pueden ofrecerle, sus afectos con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación, la edad y capacidad de autoabastecerse del menor, entre otros elementos; tomó la determinación de que, por el momento, no es dable otorgar la guarda y custodia de la menor a su progenitor, parte actora en el juicio natural. Así también, hizo la precisión que las medidas tomadas en materia familiar, por su especial naturaleza, no causan estado, esto es, pueden variar o quedar superadas por una nueva determinación, siempre y cuando las circunstancias que la haya motivado, hayan variado. De la misma forma, la responsable atendió el interés superior de la menor y estableció que, en el momento de la audiencia de ocho de octubre de dos mil veinte, la infante contaba con la edad de cuatro años tres meses de edad, y de acuerdo al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si los progenitores no llegan a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste Se cita en apoyo, la tesis 1a./J. 53/2014 (10a.), registro digital 2006791, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 217, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materias Constitucional y Civil, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]. Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el inciso a), de la fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, que dispone que si no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión, la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más benéfica para el menor". Por ello, se considera acertado que la autoridad responsable tomó las medidas para lograr que se lleve a cabo la convivencia decretada en el juicio en términos del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca y por ende el señalamiento de una audiencia de carácter familiar para establecer el régimen de convivencias, ya que no debe quedar a la potestad de quien ostenta la guarda y custodia, porque por encima de su oposición a que ello acontezca debe prevalecer el interés superior del menor. Sin que dicha responsable haya pasado por alto, que autos del juicio natural no está demostrado que la madre no sea la adecuada para la guarda y custodia de la infante o que ésta sufra actos de violencia o cualquier otra situación que ponga en riesgo su vida e integridad física, psicológica o emocional, por el contrario, guarda mayor grado de identidad con su progenitora. Tampoco debe perderse de vista, que la resolutora del juicio natural en términos del artículo 429 Bis A, del Código Civil del Estado, requirió a la parte demandada para que se abstenga de realizar cualquier acto de alienación parental, encaminado a producir en su rechazo, rencor, odio, miedo, o desprecio a su progenitor, con apercibimiento que, de incurrir en dicha falta, se suspenderá el ejercicio de la guardia y custodia que le fue concedida. Con lo que se demuestra que no asiste la razón al promovente del amparo, porque la resolutora del juicio natural adoptó de oficio las determinaciones respectivas para que el progenitor JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBASTIAN, pueda convivir con su menor hija, sin que exista obstáculo o impedimento para la sana convivencia de que se trata, ya que es un derecho del menor, no así del progenitor. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable la página 401, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003069, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos." En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación que aduce la parte quejosa y toda vez que el acto reclamado no vulnera los derechos fundamentales del quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, por su propio derecho, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita respecto a este acto reclamado. SÉPTIMO. Causa de pedir respecto del diverso acto de trece de octubre de dos mil veinte. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en su escrito de demanda, son inatendibles, toda vez que se encuentran encaminados a combatir la audiencia que se llevó a cabo a las once horas del ocho de octubre de dos mil veinte, en el expediente de controversias del orden familiar 67/2020, relativo a la recuperación, guarda y custodia de la menor B.Y.G.L., promovido por el aquí quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, contra la aquí tercera interesada ELIENAI LÓPEZ HERRERA. Sin embargo, atendiendo a la causa de pedir, la parte quejosa señaló cuál es la lesión o agravio que estima le causa la resolución recurrida, esto es la falta de fundamentación y motivación del acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio natural de que se trata. Se cita en apoyo la tesis XXVII.1o. (VIII Región) 7 K (9a.), número de registro digital 160559, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 3769, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, materias Común, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CUANDO EN EL AMPARO INDIRECTO SE AFIRMA QUE EL ACTO RECLAMADO CARECE DE TALES REQUISITOS, ES SUFICIENTE QUE ASÍ SE INVOQUE EN LA DEMANDA PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DETERMINE SI EFECTIVAMENTE SE COMETIÓ ESA INFRACCIÓN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 68/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", determinó que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que aparezcan en la demanda, siempre que expresen con claridad la causa de pedir, es decir, que sean argumentos que precisen cuál es la lesión o agravio que causa al quejoso el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio para que el Juez de amparo lo estudie. Así, al aplicar dicho criterio al amparo indirecto en el que el quejoso señala con nitidez que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, se concluye que el Juez de Distrito, en acatamiento al artículo 77 de la Ley de Amparo, debe analizar si la autoridad responsable cumplió con la garantía de legalidad, bajo la cual estaba obligada a fundar y motivar su acto, es decir, cuando se afirma que el acto impugnado carece de tales requisitos, es suficiente que así se invoque en la demanda de garantías para que el juzgador federal determine si efectivamente se cometió esa infracción, sin que para ello deba exigirse al peticionario de garantías que exponga las razones por las que la autoridad responsable no cumplió con la citada garantía, ya que ello constituye una carga excesiva que no encuentra sustento legal alguno y que, por el contrario, llevaría materialmente a una denegación de justicia al erigirse en un obstáculo injustificado al acceso efectivo a la jurisdicción en contravención al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Ahora, es inexacto que se violen en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, toda vez que de la sola lectura de la resolución reclamada pone de manifiesto que la responsable observó cabalmente los requisitos de fundamentación y motivación que todo fallo de esa naturaleza debe observar. Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [...]" Del artículo transcrito se advierte que los actos que emitan las autoridades orientadas a afectar la esfera jurídica de los gobernados deben estar debidamente fundados y motivados; es decir, la fundamentación en un acto de autoridad, es la obligación de ésta de citar la ley que le da facultades para llevar a cabo un acto que se dirige a un particular y la motivación en una actuación, es plasmar en su decisión los motivos, razones y circunstancias que dan lugar a la emisión de ese acto. Lo anterior se estableció en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS MANDAMIENTOS DE LA AUTORIDAD. ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. Por fundar debe entenderse la expresión de los fundamentos legales o de derecho del acto reclamado; en consecuencia, una resolución reclamada no queda debidamente fundada si no contiene la expresión de ningún fundamento legal o de derecho. Por motivar debe entenderse el señalamiento de las causas materiales o de derecho que hayan dado lugar al acto reclamado, sin que pueda admitirse que la motivación consista en la expresión general y abstracta: "por razones de interés público", ya que la mencionada expresión no señala en principio las causas materiales o de hecho que hubieran dado lugar al acto reclamado." Establecido lo anterior, se advierte que la responsable al emitir el fallo que ahora se analiza, motivó su actuación, pues, en esencia, tomó en consideración la petición de la parte demandada en el juicio natural; también consideró que los alimentos son de urgente y primera necesidad, cuyo aseguramiento provisional tiende a garantizar la subsistencia de quien lo demanda o de aquellos en cuya representación se exige; así como el estado de necesidad tanto de la menor como de la progenitora, conforme a la lógica natural se deduce que la infante se encuentra en desarrollo; asimismo, que le corresponde a los progenitores suministrarle alimentos hasta que se encuentren en aptitud de ejercer un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, razón por la que, fijó por concepto de pensión alimenticia provisional en forma quincenal a favor de la menor B.Y.G.L. y de la demandada ELIANAI LÓPEZ HERRERA, el equivalente a uno y medio salarios mínimos de manera diaria, que el actor deberá exhibir ante el juzgado responsable, dentro de los tres primeros días de cada quincena, la cantidad resultante multiplicadas por uno y medio salario mínimo vigente en el país que es de $123.22 (ciento veintitrés pesos, veintidós centavos), cada salario mínimo, y que por los días de cada quincena, ascienden a la cantidad de $2,772.45 (dos mil setecientos setenta y dos pesos, con cuarenta y cinco centavos, moneda nacional), para que se ponga a disposición de la aquí tercera interesada. Asimismo, dicha autoridad responsable fundamentó su determinación en los artículos 323 del Código Civil Para el Estado de Oaxaca, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. De la interpretación de los reseñados numerales, permite observar que el derecho humano a percibir alimentos, obvio, desde la perspectiva constitucional, excede la legislación civil al proyectar el resguardo y protección de la supervivencia de quien los requiere. Es cierto que todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles aplicables; sin embargo, ha trascendido más allá del campo del derecho civil tradicional, involucrando su percepción como un derecho humano fundamental, que de no ser considerado así, dejaría expuesto al beneficiario de ellos, por no ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4o. constitucional y en diversas disposiciones legales de título universal. Así, los niños y las niñas tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral. En otras palabras, el derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental, de tal manera que los elementos esenciales que integran el derecho a los alimentos se corresponden con varios de los derechos consagrados en el artículo 4o. de la Constitución. Sin que en este punto, se desconozca la obligación existente de proporcionarse los mismos entre los cónyuges. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado es constitucional porque la Secretaria del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, encargada de dicho Juzgado por ministerio de ley, en términos del artículo 36, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, cumplió con los requisitos de la debida fundamentación y motivación como lo mandata el artículo 16 Constitucional, En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, pues no se encuentra dentro de los supuestos para tal efecto, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, por propio derecho y en representación de la menor B.Y.G.L. contra actos de la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a FELIPE GARCÍA HERNÁNDEZ, por propio derecho y en representación de la menor B.Y.G.L., contra actos la Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en términos de los considerandos sexto y séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Aurelio Olvera Jiménez, secretario que autoriza y da fe, dándose por concluida la audiencia y levantándose para constancia la presente acta que se firma hoy veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en que la labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
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