Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga
Expediente 132/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio 1111-II, signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se le tiene comunicando que aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo, registrándola en el libro de gobierno con el número 134/2018; asimismo, se le tiene acusando recibo del oficio 373, mediante el cual se remitió por incompetencia el juicio de amparo 132/2018, formado con motivo de la demanda promovida por Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, contra actos de los Magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad, así como copia certificada, del Toca Penal 48/2017, del índice de la Sala de Justicia Indígena citada, así como los autos originales de la causa penal número 03/2016, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca y original y duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), con registro 2009916, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.". Notifíquese. IV-A
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