Felipe Díaz Trujillo

Expediente 166/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
166/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Felipe Díaz Trujillo
  • Comisario, Director o Encargado de la cárcel pública municipal de Salina Cruz, Oaxaca
  • Uriel Díaz Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la normativa de la materia, sin que los impetrantes, hubieren interpuesto recurso de revisión contra el proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo 166/2022; con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 81, fracción I, inciso e), de la legislación aplicable, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicha determinación para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, no obstante que se trata de un asunto sobreseído, que de conformidad a lo previsto en el arábigo 21, inciso A, sería destruible; sin embargo, al haberse decretado la suspensión de plano, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. En tal virtud, con fundamento en el citado dispositivo 18, fracción II, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta signado por Abiud Hernández Mijangos, autorizado en términos amplios de los quejosos Felipe Díaz Trujillo y Uriel Díaz Trujillo, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veinticinco de marzo del año en curso, manifiesta que los nombres correctos de los aquí impetrantes son aquellos con los que se promovió la demanda; y que, efectivamente como lo informó la autoridad responsable fueron puestos en libertad en la fecha que se aludió; por lo que se provee: El autorizado de los impetrantes de amparo aclara que los nombres correctos de los quejosos, siendo Felipe Díaz Trujillo y Uriel Díaz Trujillo, por lo que, así se tendrá para efectos del presente juicio de amparo. Ahora, al haber emitido la responsable la resolución respecto de la cual la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de forma notoria, manifiesta e indudable, misma que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que no son las sentencias dictadas en dicha audiencia. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: "***." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que del análisis íntegro de la demanda revela que la parte quejosa acudió a este juicio de amparo reclamando: "4.- ACTO RECLAMADO: Lo hacemos consistir en la orden e ilegal detención de nuestras personas, manteniéndonos privados de nuestra libertad personal fuera de todo procedimiento judicial en las instalaciones que ocupa la cárcel pública municipal de ésta Ciudad sin que medie ninguna orden de autoridad judicial competente desde el día de ayer y sin que hayamos cometido delito alguno de tránsito o bando de policía y buen gobierno bajo el supuesto de haber recibido una llamada telefónica en el que al decir de la responsable nos encontramos consumiendo en mi domicilio cigarrillo de mariguana, sin omitir ante esta autoridad que los suscritos somos consumidores eventuales de la misma por adicción, allanando el domicilio de los suscritos, elementos de la policía municipal y manteniéndonos hasta el día y hora de hoy privados de nuestra libertad personal". Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es oficioso y preferente en términos de los artículos 61 y 62, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553 del tomo VI, segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que del análisis íntegro de la demanda revela que la parte quejosa acudió a este juicio de amparo señalando esencialmente: la orden e ilegal detención de su persona, al mantenerlos privados de su libertad personal fuera de todo procedimiento judicial en las instalaciones de la cárcel pública municipal de esta Ciudad, sin mandamiento de orden de autoridad judicial ni existencia de delito alguno de tránsito o bando de policía, bajo el supuesto de haber recibido una llamada telefónica en el que a decir de la responsable se encontraban consumiendo cigarrillos de mariguana, allanando su domicilio. La porción normativa transcrita prevé como causal de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de dichos actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí que sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la aludida legislación, que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de aquéllos, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado en un fallo protector es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Aplica la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el particular, como se dijo, el acto reclamado consiste esencialmente en la orden e ilegal detención de su persona, al mantenerlos privados de su libertad personal fuera de todo procedimiento judicial en las instalaciones de la cárcel pública municipal de esta Ciudad, sin mandamiento de orden de autoridad judicial ni existencia de delito alguno de tránsito o bando de policía, bajo el supuesto de haber recibido una llamada telefónica en el que a decir de la responsable se encontraban consumiendo cigarrillos de mariguana, allanando su domicilio. En efecto, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) Que la propia autoridad responsable dicte un acto con posterioridad al acto reclamado. b) Que dicho acto se haya emitido durante la tramitación del juicio de amparo. c) Que con motivo del nuevo acto, el reclamado haya quedado destruido, absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, es evidente que en este juicio se acreditan los tres requisitos para que se actualice una cesación de efectos, por lo siguiente. a) La propia autoridad responsable, al informar el acatamiento de la suspensión de plano concedida a los directos quejosos Felipe Díaz Trujillo y Uriel Díaz Trujillo, correlacionada con las actuaciones acordadas el ocho de marzo actual, se advirtió que los antes nombrados fueron liberados el veintitrés de febrero de este año. b) El acto se emitió durante la tramitación del juicio de amparo, pues la demanda se presentó el veintitrés de febrero de dos mil veintidós; asimismo, que de los informes rendidos por la responsable en cumplimiento a la suspensión de plano concedida a los impetrantes, confirmada por el autorizado en términos amplios de aquéllos, se aprecia que la responsable puso en inmediata libertad a los aquí quejosos; y, c) El acto reclamado quedó destruido absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, pues al cesar los efectos de la omisión reclamada, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, conlleva a establecer que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, al haber emitido resolución que determinó desaparecido totalmente las consecuencias generadas por la orden de detención, al poner en inmediata libertad a los promoventes del amparo. Es así, pues al haber emitido la determinación la responsable en los términos precisados, torna improcedente la acción constitucional al carecer de materia para analizar el acto motivo de reclamo, pues a ningún fin práctico conduciría ocuparse de su examen cuando sus efectos ya no están vigentes en su esfera jurídica, ni lo estarán, precisamente por haberse materializado la pretensión final del justiciable -dar respuesta a la petición que presentó-. Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación por los motivos expuestos. Orienta la tesis aislada P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, página 71, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por ende, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, Constitucionales; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional fuera de audiencia. Asimismo, cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, como ya se analizó, la causa de improcedencia que se actualiza en el presente asunto es manifiesta e indudable; y, en cambio, esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, provocaría el retraso de la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, en cuanto a la celeridad procesal; máxime que prueba alguna variaría el sentido de la presente determinación. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinticinco minutos del quince de abril de dos mil veintidós. Notifíquese, al autorizado de la parte quejosa en el domicilio que se tiene señalado en autos.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que los quejosos Felipe Díaz Trujillo y Uriel Díaz Trujillo, no hicieron manifestación respecto del requerimiento formulado en proveído de ocho de marzo del año en curso, relativo a que si Felipe Hernández y Uriel Ríos Trujillo, se trata de las mismas personas, o aclararan el nombre de los promoventes; de igual forma, deberían informar si fueron puestos en libertad, en los términos descritos en actuaciones que como soporte probatorio adjuntó la autoridad responsable 1. Encargado de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, al rendir su informe justificado; en consecuencia, se provee: A efecto de tener certeza de los datos de quienes promovieron el presente juicio, así como de los que estuvieron detenidos y fueron liberados por la prenombrada autoridad responsable; en consecuencia, se requiere por ultima ocasión a Abiud Hernández Mijangos, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para que en el momento de la notificación del presente proveído, o bien, dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computado, desahogue en los términos precisados lo acordado el ocho de marzo de este año, es decir, manifieste si se trata de las mismas personas, y en su caso, aclaren el nombre de los promoventes e informen si los directos quejosos fueron puestos en libertad, como se desprende de los oficios aludidos. Ahora, como de actuaciones de autos, se advierte que Yeyli Hernández Gordillo, acudió ante la autoridad municipal realizando los trámites correspondientes para la liberación del menor Uriel Ríos Trujillo, y de quien se advierte tiene como domicilio el ubicado en Avenida Boca del Río, sin número, colonia La Soledad en esta Ciudad, también se le requiere en términos descritos en párrafo que antecede, para que indique o manifieste en el momento de la notificación los nombres correctos de los directos quejosos. Con apercibimiento que de no desahogar el requerimiento se impondrá a cada uno de los mencionados, una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, así como de conformidad de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y se proveerá lo que en derecho corresponda. Finalmente, se indica al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, que deberá de realizar la notificación del presente auto a la brevedad y en los términos indicados en los párrafos que anteceden. Notifíquese, al autorizado de la parte quejosa en el domicilio que se tiene señalado en autos y a Uriel Ríos Trujillo, en Avenida Boca del Río, sin número, colonia La Soledad en esta Ciudad.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a los quejosos Felipe Díaz Trujillo y Uriel Díaz Trujillo, en proveído de ocho de marzo del año en curso, relativo a que manifiesten si las personas Felipe Hernández y Uriel Ríos Trujillo, de quienes las responsables han rendido información, dato que también fue asentado por el actuario judicial de esta adscripción, en razón de veintitrés de febrero pasado, se trata de dichos impetrantes, y en su caso, aclaren el nombre de los promoventes. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A efecto de dar margen a lo anterior, y no irrogar perjuicio a las partes, se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su celebración las nueve horas con veinticinco minutos del quince de abril de dos mil veintidós, siendo factible que se lleve a cabo sin su asistencia, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes virtualmente. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano