Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga.

Expediente 249/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
249/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2017

Partes del expediente

  • Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 59-64), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo general citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Agréguense a los autos para que surtan sus efectos, los oficios 22596 y 22868, firmados por el secretario y juez del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, respectivamente, mediante los cuales, con el primer oficio, se tiene a la referida autoridad acusando recibo del exhorto 336/2017 con número de orden 753/2017; y con el segundo, devuelve la citada comunicación debidamente diligenciada; en consecuencia, dése de baja dicha comunicación oficial y acúsese el recibo de estilo. Asimismo, se ordena agregar a los autos el escrito firmado por el quejoso Felipe Gonzalo Cárdenas Ziga, con el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de trece de junio del año en curso (fojas 39 y 40). Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente , este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. El citado precepto legal autoriza a la suscrita a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En ese orden, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado consistente en la resolución de doce de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 118/2017, del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual se confirma el auto de formal prisión de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el juez Mixto de Primera Instancia de San Pedro Pochutla, Oaxaca, contra el aquí quejoso por el delito equiparado a la retención agravada cometido en perjuicio patrimonial de Lucas Ramírez García. En esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente tales actos reclamados, en razón de que no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días. El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Ahora bien, el quejoso en su escrito aclaratorio de demanda, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, lo que se valora en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2° de este último ordenamiento. Ello, porque constituye una confesión expresa; medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriormente citados. La afirmación anterior se sustenta en que, si bien, el artículo 119 de la Ley de Amparo establece que "son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones", resulta claro que no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. De ahí que la confesión expresa que se hace en su escrito aclaratorio de demanda sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados por el código adjetivo civil federal, por ser aplicable supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por consiguiente, lo anterior es apto para demostrar que la parte quejosa conoció plenamente de la existencia del acto que ahora impugna en el presente juicio de amparo, así como la identidad de la autoridad que lo emitió, el número de juicio natural y el nombre de las partes, desde el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. En ese sentido, el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo, empezó a correr para la parte quejosa al día siguiente hábil en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, del diecisiete de mayo, al seis de junio del año en curso; sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho de junio pasado, tres y cuatro del actual, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 del mismo ordenamiento. Luego, si la acción constitucional se instó el siete de junio de dos mil diecisiete, pues con tal fecha se presentó la demanda de amparo origen de este juicio ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, según se desprende del sello impreso en la parte superior del escrito inicial de amparo, entonces, es evidente que la acción constitucional fue interpuesta de manera extemporánea. En el caso, es importante destacar, que con lo determinado en el presente acuerdo, no se viola en perjuicio de la parte quejosa, alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Ello, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, porque su razonabilidad se justifica en el derecho fundamental a recibir justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, en la medida en que evita que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el citado derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Asimismo, debe destacarse que la causa de improcedencia en análisis, no es de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco es discriminatoria, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. Por estas razones, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento jurídico. Criterios jurisprudenciales aplicables de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su ocurso de cuenta; y por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a María del Carmen Vásquez Cabrera y Justino García Hernández, al haberse encontrado registro a su nombre en el Módulo de Cedulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente para imponerse de autos a Verónica Fernández Ahumada, José Carlos García Cruz, Jesús Manuel Hernández Espinoza y Amador Alfonso Olivera, de quienes no fue encontrada registrada cedula profesional a su nombre en el citado módulo, ni en los libros de registro de cédula profesional con que cuenta este juzgado. Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta determinación, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará por lo que ve a las resoluciones y sentencias a las que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

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