Felipe Fernando Vitela Belmontes
Expediente 1239/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Felipe Fernando Vitela Belmontes
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Acepta competencia. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual informa que ese Juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, quedando registrado con el número 1652/2022, de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Se envían promociones a Juzgado que aceptó competencia declinada. Ahora, toda vez que mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, devolviendo parcialmente diligenciado el exhorto 431/2022, de su estadística, derivado del diverso 578/2022-III y de orden 578/2022-III, del índice de este Juzgado; por tanto, remítanse las constancias relativas al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para los efectos legales que haya lugar; asimismo, remítanse las demás constancias que obran en el presente sumario. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, tres de noviembre de dos mil veintidós. Devuelve exhorto parcialmente diligenciado. Agréguese el oficio recibido electrónicamente signado por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; mediante el cual, devuelve parcialmente diligenciada la comunicación oficial 431/2022, de su estadística, derivado de la diverso 578/2022-III y de orden 578/2022-III, del índice de este Juzgado, deducido del juicio de amparo en que se actúa, mismo que se le remitió para que notificara a los quejosos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, el contenido del auto de veinticuatro de octubre del presente año. Sin que haya lugar a acusar de recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera al momento de recibirlo a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito, y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se reserva proveer lo que corresponda respecto de la imposibilidad de notificar a los quejosos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, el contenido del auto de veinticuatro de octubre del presente año, hasta en tanto se tenga conocimiento de la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Se remite información. Agréguese el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tlaxcala "1", a través del cual informa que la multa que le fue impuesta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepetitla de Lardizábal, Estado de Tlaxcala, quedó registrada con el número AAI871026718 y resolución 12362/2022-JA.851/2021-VII, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Felipe Fernando Vitela Belmontes en representación de Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, de nacional de Chipre, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1239/2021-III. Falta de firma electrónica. Previo a acordar lo conducente, se hace la indicación que si bien la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica y carece de evidencia criptográfica, a la que hace referencia el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, y el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se dará trámite a la misma dado que encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio al mencionado representante social por vía electrónica, a través del usuario FISCFED9, en atención a que así lo solicitó en los oficios que fueron recibidos y acordados en los autos de diez de junio de dos mil veinte y once de marzo de dos mil veintiuno, dictados en los Cuadernos de Varios 2/2020 y 2/2021, respectivamente, de este Juzgado de Distrito, Así también, se tiene informando el correo electrónico hugo.hernandezv@pgr.gob.mx a fin de entablar comunicación no procesal. Actos reclamados Ahora bien, el promovente Felipe Fernando Vitela Belmontes, hace consistir los actos reclamados en perjuicio de los directos quejosos directos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste en: "(.) La INCOMUNICACIÓN de la que están siendo objeto los quejosos NIHAT KARAAGAC, FATIMA SENAY KARAAGAC, NAKSIDIL KARAAGAC Y YAHYA BIRDESTE todos de Nacionalidad CHIPRIOTA (CHIPRE) . La detención sin haber llevado a cabo un procedimiento en el que se ordene de manera fundada y motivada la razón del arresto. La retención en la ESTACIÓN MIGRATORIA UBICADA EN LA TERMINAL UNO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, o lugar de detención del Instituto Nacional de Migración sin haber cometido ninguna acción delictiva. El inminente traslado a cualquier Estación Migratoria fuera del aeropuerto de la ciudad de México. La inminente deportación, expulsión. La negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a que tiene derecho los quejosos NIHAT KARAAGAC, FATIMA SENAY KARAAGAC, NAKSIDIL KARAAGAC Y YAHYA BIRDESTE todos de Nacionalidad CHIPRIOTA (CHIPRE), a sus familiares. La omisión de brindar o proporcionar información (de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra), de los detenidos los quejosos NIHAT KARAAGAC, FATIMA SENAY KARAAGAC, NAKSIDIL KARAAGAC Y YAHYA BIRDESTE todos de Nacionalidad CHIPRIOTA (CHIPRE). La negativa de hacer válido el derecho a solicitar y recibir asilo, el derecho a otorgar la condición de refugiado, autorizarles estancia de visitante por razones humanitarias; y, el derecho a tener representación y asistencia legal. El impedimento de transitar libremente por territorio nacional por los quejosos. La omisión de substanciar de manera legal el procedimiento administrativo migratorio de la quejosa y en consecuencia la negativa de otorgar el oficio de salida del país por propios medios en términos del artículo 137, fracción III de la Ley de Migración, en relación con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Migración. (.)" Consideración previa El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Al respecto, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Precisión de actos por los que se analizará la suspensión de oficio y de plano Como se indicó en párrafos que anteceden, el promovente del amparo señaló como actos reclamados en: "(.) La INCOMUNICACIÓN de la que están siendo objeto los quejosos NIHAT KARAAGAC, FATIMA SENAY KARAAGAC, NAKSIDIL KARAAGAC Y YAHYA BIRDESTE todos de Nacionalidad CHIPRIOTA (CHIPRE). La detención sin haber llevado a cabo un procedimiento en el que se ordene de manera fundada y motivada la razón del arresto. La retención en la ESTACIÓN MIGRATORIA UBICADA EN LA TERMINAL UNO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, o lugar de detención del Instituto Nacional de Migración sin haber cometido ninguna acción delictiva. El inminente traslado a cualquier Estación Migratoria fuera del aeropuerto de la ciudad de México. La inminente deportación, expulsión. La negativa de permitir realizar llamadas telefónicas a que tiene derecho los quejosos NIHAT KARAAGAC, FATIMA SENAY KARAAGAC, NAKSIDIL KARAAGAC Y YAHYA BIRDESTE todos de Nacionalidad CHIPRIOTA (CHIPRE), a sus familiares. La omisión de brindar o proporcionar información (de forma verbal, escrita, impresa o de cualquier otra), de los detenidos los quejosos NIHAT KARAAGAC, FATIMA SENAY KARAAGAC, NAKSIDIL KARAAGAC Y YAHYA BIRDESTE todos de Nacionalidad CHIPRIOTA (CHIPRE). La negativa de hacer válido el derecho a solicitar y recibir asilo, el derecho a otorgar la condición de refugiado, autorizarles estancia de visitante por razones humanitarias; y, el derecho a tener representación y asistencia legal. El impedimento de transitar libremente por territorio nacional por los quejosos. La omisión de substanciar de manera legal el procedimiento administrativo migratorio de la quejosa y en consecuencia la negativa de otorgar el oficio de salida del país por propios medios en términos del artículo 137, fracción III de la Ley de Migración, en relación con el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Migración. (.)" Asimismo, solicita la suspensión de los actos reclamados; sin embargo, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente se proveerá la suspensión de plano del acto que indicó como incomunicación, detención fuera de procedimiento, así como su posible deportación, de manera destacada, como actos reclamados. Se concede suspensión de plano (incomunicación y deportación). Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126, párrafo segundo, y 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a los quejosos directos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, la suspensión de oficio y de plano, para que de inmediato cese la incomunicación de la que se dicen objeto, pues dicho acto, lo prohíbe el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Ley Suprema. Asimismo, para el efecto de que cese cualquier acto de los previstos en el artículo 22 constitucional, que importen peligro a la integridad de los quejosos. Para lo cual las autoridades responsables, deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de los quejosos, a fin de no ser objeto de algún acto prohibido por el precepto ya citado, debiendo comunicar a este juzgado de inmediato las acciones a realizar a fin de cumplir con esta suspensión de plano, debiendo de igual forma la responsable informar de inmediatamente sobre el cumplimiento dado a esta determinación. Dicho en otras palabras, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a los directos quejosos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, para el único efecto de que cese cualquier atentado hacia su persona, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, en caso de que se estén ejecutando; ello, a fin de salvaguardar sus derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución. Ahora bien, respecto a la deportación, con fundamento en los artículos 15, 126, párrafo segundo, y 147, párrafo segundo y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a los directos quejosos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de deportación de los quejosos en mención; asimismo, en caso de que se haya emitido con motivo del ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, los directos quejosos quedarán a disposición del órgano de control constitucional respecto a su libertad personal y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente, ya que, de hacerlo, los actos reclamados quedarían irreparablemente consumados. Asimismo, respecto de la detención fuera de procedimiento de los directos quejosos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades responsables efectúen lo siguiente: a) Si la retención es en relación a la comisión de un delito, sin demora cese la retención, poniendo al quejoso en libertad o a disposición del Ministerio Público. b) Si la retención no tiene relación con la comisión de un delito, el quejoso deberá ser puesto en inmediata libertad. La presente medida cautelar surte efectos de inmediato sin que sea necesario otorgar garantía alguna. Obligación de las autoridades responsables. Por cuanto a la privación de la libertad de los directos quejosos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se encuentran obligadas a velar por la integridad física, psicológica y personal de los impetrantes, a fin de evitar situaciones que conlleven a una posible vulneración al derecho a la vida y a la salud de los mismos; lo anterior, en la inteligencia de que la seguridad y salud integral queda bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una orden para abstenerse a ejecutar los actos inherentes a sus funciones, así como la obligación de poner de inmediato a la quejosa a disposición de la autoridad ministerial o judicial que estime competente, o bien, dejarla en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente determinación no tiene el alcance de impedir que en su caso, el Ministerio Público ejerza la acción penal, en caso de ser procedente. Plazo en el que las autoridades deben rendir informe sobre la suspensión. En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se les apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o nieguen la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítanseles copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo." En otro orden, se advierte que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, carece de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o se esté ejecutando el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que de la lectura integra de la demanda, se aprecia que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que los directos quejosos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, se encuentran privados de su libertad en la terminal Uno del Aeropuerto de la Ciudad de México, por parte de autoridades migratorias, y los actos que reclaman tienen o tendrá efectos de ejecución en ese lugar, es por lo que se estima que este Juzgado carece de competencia legal para resolver este asunto, por razón de territorio, conforme a lo previsto en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual debe atender a si requiere ejecución material o no. Al respecto el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se colige que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado. Tratándose del acto reclamado que pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da una regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competencia el juez de distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda de amparo. Precisado lo anterior, en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél donde tendrá ejecución o se ejecute el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica la terminal Uno del Aeropuerto de la Ciudad de México, donde se encuentran los directos quejos. Po tanto si en la terminal Uno del Aeropuerto de la Ciudad de México, se encuentran los directos quejosos, se ubica en la Ciudad de México, se estima que los actos reclamados tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito cuya residencia se encuentra en la Ciudad de México. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En consecuencia, con fundamento en el numeral 48 primer párrafo y demás relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, carece de competencia legal, para conocer del amparo en que se actúa. Por ello, remítase los autos originales del presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, En turno, a fin de que tenga a bien pronunciarse sobre el particular. En consecuencia, remítanse los presentes autos, al citado juzgado, y fórmese cuaderno de antecedentes; asimismo, solicítese al Juez de Distrito que reciba el juicio de mérito, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva acusar de recibo. Se gira exhorto. Por otra parte, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción II, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300 y 301 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, conforme su artículo 2º., gírese exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda entregue los oficios dirigidos a las autoridades responsables: Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. Estación Migratoria ubicada en la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y les haga saber la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo, haciéndole entrega de una copia de la demanda para que rinda su respectivo informe. Asimismo, se constituya en la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; o bien la Estación Migratoria ubicada en la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, efecto de que proceda a la búsqueda y localización de los directos quejosos Nihat Karaagac, Fátima Senay Karaagac, Naksidil Karaagac y Yahya Birdeste, a fin de requerirles, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten su ratifican o no la demanda de amparo, promovida en su favor por Felipe Fernando Vatela Belmontes, apercibidas que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta la demanda y se dejarán sin efectos las medidas provisionales decretadas. Además, el actuario en dicha diligencia deberá dar fe del lugar y condiciones en que se encuentran los directos quejosos, asimismo manifiesten si es su deseo autorizar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe Fernando Vitela Belmontes. Hecho lo anterior, al Actuario judicial deberá cerciorarse a disposición de qué autoridad se encuentran los quejosos y además asentar dicha información en el acta respectiva. Se requiere al encargado de la custodia de los quejosos, para que permita el acceso del funcionario judicial, al lugar en que se encuentran y los ponga ante su presencia para el debido cumplimiento de lo acordado; apercibido que de no hacerlo se procederá en su contra por el delito de desacato a un mandato judicial, en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que de no encontrar a los quejosos en las instalaciones citadas, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que requiera a las autoridades responsables que informen el lugar donde se encuentren recluidos y, hecho lo anterior, se traslade a ese lugar o a cualquier otro y dé cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. Por otra parte, en atención al principio de economía procesal, se autoriza al Juez exhortado para que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el adecuado despacho del presente asunto. Se autoriza usuario para notificación y consulta de expediente electrónico. En otro aspecto, como lo solicitan los quejosos, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico a través del usuario "fervit", toda vez que se encuentra registrada, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar las notificaciones por la vía electrónica. ( Se tiene por señalado correo. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele a la parte quejosa señalando correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Autorizado. Por otro lado, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe Fernando Vitela Belmontes, en virtud de si cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; vía electrónica al autorizado en términos amplios de los quejosos; y, por exhorto a los directos quejosos. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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