Felipe Durán García
Expediente 1685/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1685/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Felipe Durán García
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Estado de Tlaxcala, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, del cual se advierte lo resuelto en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 1366/2023 de este índice, y al efecto remite el escrito de ampliación de demanda promovida por Felipe Durán García, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de San Gerónimo Zacualpan Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1685/2023-II-D. Acto reclamado. Ahora bien, de un análisis al escrito de ampliación de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Presidente Municipal de San Gerónimo Zacualpan, Tlaxcala, reclama:...Desechamiento respecto a los actos reclamados al Presidente Municipal de San Gerónimo Zacualpan, Tlaxcala -litispendencia-. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el siguiente criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."(Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de 2001, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."(Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) En ese orden de ideas, tenemos que en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La lectura del precepto legal trascrito revela que el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan las hipótesis siguientes: a) Que la norma general o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva del hecho de que con antelación presentó otra demanda de amparo contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, la cual se encuentra pendiente de resolución. En efecto, en la presente demanda de amparo el promovente Felipe Duran García, señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Presidente Municipal de San Gerónimo Zacualpan, Tlaxcala, reclama: Ahora, constituye un hecho notorio para este Juzgado la existencia del diverso juicio de amparo 1366/2023 radicado en este Órgano Jurisdiccional, promovido por el propio quejoso Felipe Duran García, en el cual señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Cabe señalar que el juicio de amparo 1366/2023 se admitió a trámite mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés y se encuentra pendiente de resolución, de ahí que al reclamarse en ambos amparos el mismo acto a la misma autoridad, se actualiza la causa de improcedencia examinada. Por su contenido resulta aplicable la jurisprudencia 235, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del apéndice 2000, tomo VI, común, página 193, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por Felipe Duran García. Desechamiento respecto actos reclamados al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala -no es autoridad para efectos del juicio de amparo-. Por otra parte, respecto de los actos reclamados al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de amparo. Por disposición expresa de los mencionados preceptos 1º, fracción I, y 5º, fracción II , el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, tienen el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso concreto, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, no tiene la calidad de autoridad responsable en la fase de revisión y fiscalización de la cuenta pública, previsto en los artículos 1º, último párrafo, 2º, fracciones I, X y XXXIII, 3º, 5º, 35, 46, 51 y 59 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 1. (.) Para efectos de este artículo, el Órgano de Fiscalización Superior revisará y fiscalizará las operaciones que involucren recursos públicos o participaciones a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica, y por el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de los entes fiscalizables, entre otras operaciones". "Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: I. Auditoría: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones de carácter presupuestal, programático, financiero y administrativo llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión, se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública eficiente, eficaz y transparente; (.) X. Cuenta pública: La documentación e información que los entes fiscalizables rinden de manera consolidada respecto de los resultados de su gestión financiera a efecto de comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos públicos durante un ejercicio fiscal se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables y con base en los programas aprobados. La documentación e información original comprobatoria y justificativa a que hace referencia el artículo 11 de esta Ley, también forma parte de la cuenta pública; XXXIII. Revisión: El examen a que se somete la actividad de los entes fiscalizables durante la gestión financiera, a efecto de que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, se ejerzan en término de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base a los programas aprobados;" "Artículo 3. La revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estará a cargo del Congreso del Estado, a través del OFS, mismo que en el desempeño de sus funciones tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones de conformidad con la Ley". "Artículo 5. La revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública comprende : I. La revisión de la gestión financiera de los entes fiscalizables y la práctica de auditorías para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que los entes fiscalizables deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables, y II. La práctica de auditorías o evaluaciones sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas y proyectos". "Artículo 35. El OFS una vez concluida la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de acuerdo a los periodos de revisión que se trate, que se haga constar en acta de cierre parcial o final, notificará en el término de treinta días naturales a los entes fiscalizables las cédulas de resultados que contengan las observaciones y recomendaciones. Los entes fiscalizables tendrán un término improrrogable de treinta días naturales contados a partir de su notificación, para presentar su propuesta de solventación 27 de las observaciones y recomendaciones que deriven de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de acuerdo a los periodos de revisión. Independientemente de las cédulas de resultados realizados durante el ejercicio fiscal, el OFS, a más tardar el treinta de abril posterior al ejercicio fiscal auditado y con base en las disposiciones de esta Ley, formulará y notificará a los entes fiscalizables las cédulas de resultados anuales, derivado (sic) de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, otorgando un término improrrogable de treinta días naturales contados a partir de su notificación, para presentar su propuesta de solventación. Los entes fiscalizables deberán presentar por escrito su propuesta de solventación. Los entes fiscalizables deberán presentar por escrito su propuesta de solventación acompañado de la documentación certificada, justificaciones, aclaraciones e información que estimen pertinentes para subsanar las irregularidades detectadas a los mismos. Una vez que el OFS valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores, emitirá los Resultados de Solventación y notificará dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas de solventación a los entes fiscalizables correspondientes. Si el día del vencimiento del plazo señalado, corresponde a un día inhábil, se podrá presentar al día hábil inmediato siguiente. Las observaciones y recomendaciones que no sean solventadas, serán incluidas en los Informes Individuales, sin perjuicio de la promoción de las acciones en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes aplicables. El OFS remitirá los Informes Individuales a la Comisión para su dictaminación y posterior aprobación o no por el Pleno del Congreso". "Artículo 46. El OFS, entregará los Informes Individuales de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública de los entes fiscalizables al Congreso, a través de la Comisión, a más tardar el día quince de julio del año siguiente al ejercicio fiscalizado". "Artículo 51. La Comisión realizará un análisis de los informes individuales, a efecto de someter a votación del Pleno del Congreso el dictamen correspondiente. La dictaminación deberá efectuarse en términos del artículo 54 fracción XVII inciso b) de la Constitución Local. La dictaminación de los Informes individuales no suspende el trámite de las acciones promovidas por el OFS, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley. La Comisión no podrá dar por solventada ninguna observación ni recomendación emitida por el OFS". "Artículo 59. Si de la fiscalización superior que realice el OFS se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, el OFS procederá a: I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas; II. Dar vista a los Órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando determine posibles responsabilidades administrativas no graves. En caso de que el OFS determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes fiscalizables, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado (sic) de sus auditorías; IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. El OFS podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o suspensión del procedimiento, y V. Presentar las denuncias de juicio político ante el Congreso del Estado que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables. Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte del OFS cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias. Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por el OFS, cuando lo considere pertinente, en términos de la legislación aplicable". De las disposiciones antes transcritas se advierte la existencia de tres etapas relacionadas con la rendición de la cuenta pública, que son las siguientes: I. La revisión y fiscalización que se realiza al ente fiscalizable; II. La aprobación por parte del Congreso Local de los informes individuales derivadas de las auditorías practicadas a la cuenta pública de los entes fiscalizables, para que en el caso de que existan irregularidades se investigue y sancione al responsable; y III. El procedimiento administrativo que proceda, incluso la denuncia penal. Ahora bien, en la primera etapa se revisa la actividad de los entes fiscalizables durante la gestión financiera, a efecto de que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, se ejerzan en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base a los programas aprobados; asimismo, practicar auditorías para evaluar si las acciones de carácter presupuestal, programático, financiero y administrativo llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión, se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública eficiente, eficaz y transparente. Esto es, la fase de la revisión y fiscalización comprende la revisión de la gestión financiera de los entes fiscalizables y la práctica de auditorías para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, deuda pública, manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos. Luego, en esta fase el Órgano de Fiscalización Superior sólo cumple con el mandato legal de revisar y fiscalizar el manejo y aplicación de la cuenta pública, el cual concluye con la emisión de un informe, mismo que se somete a la aprobación o desaprobación del Congreso del Estado. En ese sentido, todas aquellas actuaciones que emita en esa fase de revisión y fiscalización, con excepción de aquéllas donde se impone una multa, carecen de vinculación alguna porque no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria para algún servidor público, pues únicamente hace patente la existencia de irregularidades en la cuenta pública, pero sin que se le atribuya responsabilidad o se le imponga sanción alguna, lo cual será materia, en todo caso, del dictamen que emita el Congreso del Estado, una vez sometidos a su aprobación los informes rendidos por el Órgano de Fiscalización Superior. Ahora bien, la parte quejosa Felipe Durán García, señaló como autoridad responsable al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y le atribuyó los actos reclamados siguientes: Al respecto, dichos actos reclamados, al corresponder a la fase de revisión y fiscalización de la cuenta pública, es evidente que no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pues tan sólo está dirigido a informar las observaciones que se advirtieron en la auditoría y no fueron solventadas, sin atribuirle responsabilidad alguna. De manera que los actos reclamados carecen de efectos vinculatorios. En estas condiciones, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando sólo se reclaman actos inherentes a la fase de revisión y fiscalización de la cuenta pública, ya que sólo es un órgano auxiliar del Congreso del Estado para vigilar la aplicación correcta de los recursos públicos y detectar posibles irregularidades. Es aplicable, en lo sustancial y de forma análoga, la tesis 2a. XIV/2012 (9a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del contenido siguiente: "CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). ALCANCE DE LOS ACTOS REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el procedimiento de revisión de la cuenta pública municipal es diverso y autónomo del procedimiento de responsabilidades administrativas que pueda instaurarse en contra de servidores públicos del Municipio, por irregularidades detectadas durante dicha revisión que hayan dado lugar a la elaboración de pliegos de observaciones que no hubiesen sido solventadas, pues si bien ambos son realizados por la Auditoría Superior de Fiscalización, cada uno tiene sus propias reglas y etapas de desenvolvimiento y persiguen finalidades diversas. En este sentido, en el pliego de observaciones derivado de la revisión de la cuenta pública municipal, sólo se determinan "presuntas" responsabilidades, derivadas de las irregularidades detectadas por la Auditoría, las cuales pueden ser solventadas por el sujeto fiscalizado en la forma por ésta señalada, o bien, desvirtuadas por aquél, haciendo las aclaraciones correspondientes y presentando la documentación que sirva de sustento a sus afirmaciones; sin que se determinen responsabilidades, ni se impongan sanciones a integrantes del Ayuntamiento y funcionarios municipales, pues esto tiene lugar, en todo caso, hasta que se dicta la resolución con la que concluye el procedimiento de responsabilidad administrativa que se ordena iniciar con motivo de las observaciones que, en el informe del resultado, se determinen como no solventadas. De este modo, mediante el informe del resultado, no se instruye el inicio de un procedimiento de responsabilidad diverso, sino el inicio propiamente del procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que se determina la existencia o no de responsabilidades derivadas de los actos de fiscalización a los recursos humanos, materiales y financieros, plan o planes y programas, en el caso, del erario público municipal, que causen daños y perjuicios estimables en dinero a la hacienda pública municipal y la aplicación de las multas y sanciones a que haya lugar". Por consiguiente, como el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Criterio orientador. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante ejecutoria pronunciada el catorce de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de queja 144/2022, derivado del juicio de amparo 634/2022, del índice de este Juzgado de Distrito. Domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; no obstante lo designó de esa forma, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Yaneli del Razo Enríquez, por no contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Consulta de expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario Heydi, toda vez que se encuentra registrado. Habilitan días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Medios electrónicos Se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Supresión de datos. Asimismo, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa. Doy fe.
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