Felipe Díaz Pichardo

Expediente 1591/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1591/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Felipe Díaz Pichardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley, en contra del auto de catorce de marzo del presente año, por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer fuera de audiencia en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir el auto de que se trata. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con fecha dieciséis de enero del año en curso, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, emitió el acuerdo correspondiente, en el que se analizó y dio contestación al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por el quejoso Felipe Díaz Pichardo, en el que se le dijo que no había lugar a la ejecución solicitada en los términos a que se refirió su escrito (fojas 14 y 15). Lo que se corrobora con las documentales que anexó como complemento a su informe justificado, consistentes en copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral número 848/2009, del índice de la responsable; mismas que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°. En tales condiciones, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de proveer acuerdo a la solicitud presentada en fecha 22 (sic) de agosto del año en curso en los autos del expediente 848/2009". En efecto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; ello, porque el dieciséis de enero del año en curso, dentro de los autos del expediente laboral 848/2009, se advierte que la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente, en el que se analizó y dio contestación al escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, por el quejoso Felipe Díaz Pichardo, determinación que constituye el acto reclamado en el presente sumario. Lo que evidencia que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por actualizarse de manera manifiesta e indudable, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto en atención a lo siguiente: Establecen los numerales invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la literalidad de los preceptos reproducidos se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. Pues el sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así las cosas, conviene precisar que la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, debe decirse que si el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la omisión de proveer la solicitud presentada mediante escrito de fecha veintidós de agosto del año en curso, en los autos del expediente laboral 848/2009, de ahí que se considere la cesación del acto; lo anterior, se patenta en el comunicado de cuenta los que contiene la transcripción del proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, documental a la cual se concede pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Por tanto, es indudable que ha cesado sus efectos el auto de autoridad demandado en este asunto, por haber sido destruida en forma total la afectación que se podría generar a la parte quejosa, de modo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes del acto autoritario, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada por la promovente del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada número CL/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En consecuencia, al no existir una materia especifica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se dictara y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede, como ya se dijo, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con cuarenta minutos del veintiocho de enero de dos mil diecinueve). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Agréguese a sus antecedentes, con vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga el informe justificado rendidos por la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y dése cuenta en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales aparece que no ha transcurrido aún el término de quince días concedido a la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, para que remita a este juzgado su correspondiente informe justificado, toda vez que se encuentra gozando su periodo vacacional correspondiente al mes de diciembre, por lo cual se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para que tenga verificativo las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Finalmente, toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencias de esta región, se encuentran gozando de su periodo vacacional; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de algún comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano