Felipe Díaz Pichardo
Expediente 137/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Felipe Díaz Pichardo
- Presidente de la Junta Local de Conciliación Y Arbitraje de la Ciudad de Torreón, Coahuila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se notifica auto a quejoso. Oficio. Visto el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual hace manifestaciones tendientes al cumplimiento del fallo protector; agréguese sin mayor proveído toda vez que el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la cual se determinó sobreseer en el juicio. Aviso cambio titular. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 146 y 147, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del oficio SEADS/235/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, el licenciado... Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO Téngase por recibido el informe justificado que rinde la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, del que se advierte que el veintidós de febrero del año en curso, dio contestación al escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por el quejoso Felipe Díaz Pichardo, dentro de los autos del expediente 848/2009-SAIV. Lo que se corrobora con las documentales que anexó como complemento a su informe justificado, consistentes en copia certificada del proveído de veintidós de febrero del año en curso, emitido dentro de los autos del expediente 848/2009-SAIV del índice de la responsable; mismas que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°. En tales condiciones, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de proveer acuerdo a la solicitud presentada en fecha el pasado día 18 de enero dentro de los autos del expediente 848/2009". En efecto, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; ello, porque el veintidós de febrero del año en curso, dentro de los autos del expediente laboral 848/2009, se advierte que la autoridad responsable emitió el acuerdo correspondiente, en el que dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa Felipe Díaz Pichardo, determinación que constituye el acto reclamado en el presente sumario. Lo que evidencia que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, por actualizarse de manera manifiesta e indudable, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto en atención a lo siguiente: Establecen los numerales invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De la literalidad de los preceptos reproducidos se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. Pues el sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Así las cosas, conviene precisar que la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, debe decirse que si el acto reclamado se hizo consistir esencialmente en la omisión de proveer la solicitud presentada mediante escrito de fecha dieciocho de enero del año en curso, en los autos del expediente laboral 848/2009, de ahí que se considere la cesación del acto; lo anterior, se patenta en el comunicado de cuenta los que contiene la transcripción del proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, documental a la cual se concede pleno valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2°, de la Ley de Amparo. Por tanto, es indudable que han cesado sus efectos el auto de autoridad demandado en este asunto, por haber sido destruida en forma total la afectación que se podría generar a la parte quejosa, de modo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes del acto autoritario, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada por el peticionario del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual manera, tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada número CL/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En consecuencia, al no existir una materia especifica en la que pudiera recaer la sentencia protectora que se dictara y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede, como ya se dijo, decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (once horas con diez minutos del once de marzo de dos mil diecinueve). No es inadvertido para quien resuelve, que no ha trascurrido el plazo de ocho días con que cuentan las partes para imponerse del informe justificado de la autoridad responsable; sin embargp, en observancia al principio de expeditez en la administración de justicia se considera más benéfico para las partes resolver en esta fecha y no sigan con el estado de incertidumbre en que se encuentran, lo anterior, máxime que la queja se hace consistir en el retraso por parte de la responsable en la administración de justicia y, que las partes no solicitaron el diferimiento o suspensión de la audiencia, como los faculta el numeral 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente. De igual manera, el hecho de que no obre en autos el emplazamiento del tercero interesado; sin embargo, en el presente asunto en esencia se reclama una dilación procesal en contravención al derecho humano tutelado por el artículo 17 constitucional; por tanto, aunque se llegase a conceder la protección constitucional a la parte quejosa en el presente asunto, a éstos no les causaría perjuicio; de ahí que al no tener intereses contrarios al quejoso, resulta innecesario su llamamiento a juicio. Tiene aplicación por analogía, la tesis aislada VI.1o.T.5 K (10a) del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito,, consultable en la página 2637, libro 33, agosto de 2016, tomo IV, materia común, Décima época que dispone lo siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECEN DE ÉSTA LOS TERCEROS INTERESADOS RESPECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE SE RESPETE EL DERECHO HUMANO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CUYA VIOLACIÓN RECLAMÓ EL QUEJOSO, AL NO CAUSARLES PERJUICIO. Los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, instituyen el principio de instancia de parte agraviada, como requisito para promover el juicio de amparo, el cual prevalece para la interposición del recurso de revisión, según se regula en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 88, primer párrafo, de la ley citada. Por tanto, si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto está relacionado con la dilación procesal en que incurre alguna autoridad jurisdiccional, la concesión de la protección constitucional al quejoso para que se observen los plazos legales establecidos y se respete su derecho humano a la administración de justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal, no causa perjuicio alguno a los terceros interesados y, por ende, éstos carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia relativa". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa;
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA ALTERCERO INTERESADO SINDICATO DE VENEDORES DE REFRESCOS Y CONEXOS EN ESPECTACULOS TAURINOS DEPORTICOS U ARTISTICOS DE LA REGIÓN LAGUNERA POR CONDUCTO DE QUEIN LEGALMENTE LO REPRESENTA Se agrega a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de proveído de dieciocho de febrero del año en curso, y proporciona el domicilio donde puede ser emplazado a juicio el tercero interesado ********************, por lo que, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que se constituya en el domicilio ubicado en ********************, a fin de que lo emplace a juicio y le corra traslado con copia del escrito de demanda, escrito aclaratorio, el auto admisorio de trece de febrero del año en curso, así como del presente proveído. Ahora bien, una vez que se tengan noticias en relación al emplazamiento ya mencionado, se proveerá respecto a las diversas manifestaciones que realiza el quejoso en el sentido de que carece de medios económicos para sufragar el pago de edictos.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de los mismos que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que en el término de tres días, contados a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, remita la constancia en copia certificada que acredite fehacientemente que expidió y entregó el cheque a favor de la parte quejosa asimismo, que desincorporó de la esfera jurídica los artículos 79, fracción II y 79-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el entendido que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.
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