Felipe de Jesús Vera Martínez
Expediente 539/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Felipe de Jesús Vera Martínez
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte, que mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por *******, el cual se le notificó de manera electrónica a la parte quejosa el trece de mayo del año en curso; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
"... Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, del Estado de Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 539/2022. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción III, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito. [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El primero de los artículos transcritos hace referencia a la improcedencia del juicio de amparo cuando se esté en presencia de algún dispositivo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, que impidan al juez de Distrito, entrar al estudio de fondo de la demanda por razones que el legislador estimó convenientes para una mejor impartición de justicia. Por su parte, la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo, requiere para la procedencia el juicio que los actos, omisiones o resoluciones, provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que se trate de la última resolución o aquéllos intraprocesales siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento, precisamente porque tal afectación no tenga dependencia con la resolución final del procedimiento. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio obligatorio para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en esta clase de supuestos, en donde determinó que para ser calificados como irreparables, los actos necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, lo que significa que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se obtiene de la jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013...Asimismo, por la información que contiene, resulta orientadora la tesis número 2a. L/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD...En síntesis, para analizar si un acto produce consecuencias de imposible reparación, para efectos de decidir la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario establecer si el acto afecta directa e inmediatamente los derechos sustantivos que materialmente perjudiquen los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y los tratados internacionales, de lo contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Además, no pueden ser considerados como actos que tienen una ejecución de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente procesales y son reparables si el afectado obtiene una resolución favorable, o si le es adversa podrá reclamarla a través del medio de impugnación correspondiente. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente agrario 305/1996., en el cual, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, del Estado de Oaxaca, estableció que no era posible acordar de conformidad su petición que realizó debido a que en autos no consta que la comunidad agraria Santa María Ecatepec, Municipio del mismo nombre, Distrito de Yautepec, Estado de Oaxaca, a quien asesora le haya conferido poder o mandato para actuar o promover en su nombre en términos de lo que señalan los numerales 2546 a 2551, 2557 y demás relativos del Código Civil Federal y 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos de aplicación supletoria a la materia agraria, de lo que se ilustra con lo siguiente: Artículo 2546.- El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Artículo 2547.- El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado cuando es conferido a personas que ofrecen al público el ejercicio de su profesión, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los tres días siguientes. La aceptación puede ser expresa o tácita. Aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato. Artículo 2548.- Pueden ser objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. Artículo 2549.- Solamente será gratuito el mandato cuando así se haya convenido expresamente. Artículo 2550.- El mandato puede ser escrito o verbal. Artículo 2551.- El mandato escrito puede otorgarse: I. En escritura pública; II. En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante Notario Público, Juez de Primera Instancia, Jueces Menores o de Paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos; III. En carta poder sin ratificación de firmas. Artículo 2557.- La omisión de los requisitos establecidos en los artículos que preceden, anula el mandato, y sólo deja subsistentes las obligaciones contraídas entre el tercero que haya procedido de buena fe y el mandatario, como si éste hubiese obrado en negocio propio. ARTICULO 1º.- Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario. Se exceptúan de lo señalado en los párrafos anteriores, cuando el derecho o interés de que se trate sea difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva. En estos casos, se podrá ejercitar en forma colectiva, en términos de lo dispuesto en el Libro Quinto de este Código. Bajo ese contexto, es evidente que el acuerdo que aquí se reclama no puso fin a dicho procedimiento, ni viola los derechos sustantivos de la quejosa, pues en éste la autoridad señalada como responsable, esencialmente estableció que no contaba con facultades para proveer la peticiones contenidas en el escrito que le fue presentado (solicitud de copias) dado que estableció que no era posible acordar de conformidad su petición que realizó debido a que en autos no consta que la comunidad agraria Santa María Ecatepec, Municipio del mismo nombre, Distrito de Yautepec, Estado de Oaxaca, a quien asesora le haya conferido poder o mandato para actuar o promover en su nombre en términos de lo que señalan los numerales 2546 a 2551, 2557 y demás relativos del Código Civil Federal y 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambos de aplicación supletoria a la materia agraria, de ahí, que en todo caso tal determinación pudiese considerarse una violación a los derechos procesales o adjetivos de la impetrante de amparo. Luego, al ser un acto emitido dentro de un procedimiento agrario seguido en forma de juicio y no ser de aquellos considerados como de imposible reparación, ni la resolución definitiva dictada dentro del mismo, al actualizarse los motivos de improcedencia analizadas, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia..."
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