Felipe de Jesús Espinoza Guzman

Expediente 399/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
399/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Espinoza Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica mediante lista de acuerdos a la parte quejosa, el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, que a la letra dice: "... Visto el estado de autos, se aprecia que la parte quejosa reclama del presidente ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral J.32/0642/2012, de su índice, por la que se declaró la prescripción de la ejecución del laudo dictado en dicho asunto. Ahora, contra tal acto de autoridad, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro de procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interpone dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la Ley de Amparo vigente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la Promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". (Jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I página 8, con registro digital 2017117). "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional."(Jurisprudencia VI.1o. J/85, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 51, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 67, Julio de 1993, Octava Época, Materia Común). El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. En efecto, el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, previstas en una ley formal y material, que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le ocasiona afectación. Ahora, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, dispone expresamente que contra los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Para mayor claridad se transcribe el numeral en cita: "CAPITULO XIV De la revisión de los actos de ejecución Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. (.) De donde se obtiene, que previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso tiene la obligación de agotar el principio de definitividad a través del recurso de revisión, al controvertir un acto emitido por el presidente ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, esto es, la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral J.32/0642/2012, de su índice, por la que se declaró la prescripción de la ejecución del laudo dictado en dicho asunto. De ahí, que a través de dicho medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Registro digital: 186133, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 95/2002, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, página 374, Tipo: Jurisprudencia). En consecuencia, conforme al diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora que se tenía programada para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; pues resulta innecesario esperar su llegada, pues el sentido de esta determinación sería el mismo..."

  2. Principal

    MESA II-A "... Agréguese el oficio suscrito por la presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual rinde informe justificado aceptando parcialmente el acto reclamado, ... dése vista a las partes por el plazo de ocho días. *** se tiene por anunciada la documental pública que anexa, consistente en el expediente original del juicio laboral de origen; sin perjuicio de que este órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia constitucional; con la que, a efecto de facilitar su manejo, se ordena formar un tomo de pruebas por separado, quedando a disposición de las partes en esta secretaría para su consulta ..."

  3. Principal

    MESA 2 A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *******, por conducto de su apoderado legal ******** contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. De conformidad con el numeral 11 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida la personalidad del promovente con la copia que anexa, consistente en la audiencia de catorce de mayo de dos mil diecinueve, celebrada dentro del expediente J.32/0642/12, del índice de la responsable. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 399/2021. En consecuencia, se admite la demanda de amparo promovida, y tramítese sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado... pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita .. Se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para celebrar la audiencia constitucional... no se genera la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" a que se refiere el numeral 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.... se aprecia que les resulta el carácter de terceros interesados a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Servicio Postal Mexicano, en términos del artículo 5º fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, fracción II; inciso b) de la ley de la materia, mediante oficio emplácese al primero de los señalados (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), al que se deberá anexar una copia simple de la demanda de amparo, para el traslado, requiriéndolo para que si a sus intereses conviene se apersone al presente juicio de amparo. Con relación al diverso de los mencionados (Servicio Postal Mexicano), se ordena al fedatario público llevador de este expediente, realice lo siguiente: Notifique el presente proveído por conducto de quien resulte ser apoderado legal de la parte tercera interesada. Corra traslado con copia simple de la demanda de amparo. Lo emplace al presente juicio de amparo, en el domicilio ubicado en: Carretera Internacional, kilómetro 6.5, Oaxaca-Istmo, colonia Bosque, Santa Lucía del Camino, Oaxaca (domicilio que se aprecia de la documental anexa). Haga de su conocimiento la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Lo requiera para que comparezca ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ubicado en Privada de Aldama número 106, código postal 71256, Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; con la finalidad de que, si a sus intereses conviene, se apersone en el presente asunto; y Para que en el acto de la diligencia o en plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta localidad o en un municipio conurbado; bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal... téngase por anunciadas las pruebas documentales que refiere y anexa a su escrito de demanda de amparo, así como, la instrumental de actuaciones, la presuncional y humana en su doble aspecto; sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizada para tal efecto a la persona que menciona. Ahora, tomando en consideración que el espíritu del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país; se le tiene señalando correo electrónico nestorfco_gomez@hotmail.com y el número de teléfono celular 951 54 43 335, para oír y recibir notificaciones...desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."

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