Felipe de Jesús Sámano Barragán

Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
628/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Felipe de Jesús Sámano Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que no fue impugnado en legal término el auto que decretó el desechamiento de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 1.2.1. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.2.2. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Citlali Linda Fraga Salcedo, quien da fe. JaimeTS EJ-628/2021 OFICIO(S) JaimeTS

  2. Principal

    RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Felipe de Jesús Sámano Barragán, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 628/2021-II-C. DESECHAMIENTO En ese orden, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que del estudio íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama del Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán. La sentencia interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 615/2020, en la cual se declaró improcedente por infundado el incidente de improcedencia de la acción promovido por la parte quejosa. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, XXIII en relación con el 107 fracción V interpretada a contrario sensu y el artículo 172, fracción XII y 171, todos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera directa e inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, resolución que en definitiva substancie la falta de personalidad, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por otra parte, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que éstos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e incidan en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Ciertamente, el acto reclamado analizado en este apartado es la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 615/2020, en el cual se declaró infundado el incidente de improcedencia de la acción y la vía promovido por la parte quejosa; sin embargo, resulta improcedente reclamarlo mediante juicio de amparo biinstancial, pues resulta evidente que tal determinación, no constituye una violación formal procesal que afecte los derechos sustantivos en forma irreparable al aquí promovente, actuación que constituye el planteamiento de una violación procesal que puede y debe impugnarse vía concepto de violación a través del juicio de amparo que en su momento pueda promover en tiempo y forma en contra de la sentencia que se a dictado en definitiva en el juicio de origen, que ha sido trascendente al resultado del procedimiento. Esto es así, pues debe tomarse en consideración que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en donde se condenó a la parte quejosa al pago de la cantidad de $39,100.00 (treinta y nueve mil cien pesos, 00/100 M.N.)., actuación contra la que manifiesta se encuentra en posibilidad de promover el juicio uniinstancial. En ese contexto, el acto reclamado no constituye un acto que tenga ejecución de reparación imposible, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tiene efectos intraprocesales, en la medida que la resolución reclamada, interlocutoria por la que se declaró infundado el planteamiento de improcedencia de la acción y de la vía; por lo que la emisión del acto hoy reclamado, no es de aquellas resoluciones que afecten la esfera jurídica del promovente ya que se trata de una actuación intraprocesal, la cual deberá de ser impugnada a través del juicio de amparo promovido en contra de la sentencia que ponga fin al juicio de origen. Tales consideraciones encuentran sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 108/2005, de la Novena Época, con número de registro 176992, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, en materia común, página 294 la cual establece: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo". Por lo anterior, se insiste que la naturaleza y las consecuencias en sí mismas de los actos reclamados son las que determinan la procedencia o no de la instancia constitucional y no las conductas procesales de las partes, de modo que, en el caso a estudio el acto reclamado no constituye acto de imposible reparación, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, se trata de la resolución que declaró infundado el planteamiento de improcedencia de la acción y la vía opuesta por la parte promovente, lo cual no afecta la esfera jurídica del solicitante del amparo. Sobre todo, que la interlocutoria de la cual se duele el quejoso, solo afecta un aspecto accesorio de procedimiento como resulta el trámite incidental relativo a las excepciones de improcedencia de la acción y vía propuestas. De tal modo que se concluye que la resolución que reclama no incide de manera alguna o bien no representa de suyo una violación sustantiva en su esfera de derechos, sino, sobre un entorno adjetivo-procesal que no impacta de manera grave o preponderante su entorno jurídico. Misma que puede reclamar mediante juicio de amparo directo que promueva en su contra, pues como él mismo lo señala en su escrito de cuenta, la sentencia definitiva fue dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, y ésta se le notificó el veinticinco siguiente, por ende, es evidente que el término para la interposición del amparo directo aún no transcurre -lo cual así lo reconoce-, por ello, no se deja en estado de indefensión al quejoso pues éste se encuentra en posibilidad de involucrar como uno de sus conceptos de violación la interlocutoria que aquí se duele. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al quejoso para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias -desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso-; sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el tres de agosto de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Felipe de Jesús Sámano Barragán, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 628/2021-II-C. DESECHAMIENTO En ese orden, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por lo que del estudio íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama del Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán. La sentencia interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 615/2020, en la cual se declaró improcedente por infundado el incidente de improcedencia de la acción promovido por la parte quejosa. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo intentado, en atención a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, XXIII en relación con el 107 fracción V interpretada a contrario sensu y el artículo 172, fracción XII y 171, todos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, el artículo 107 Constitucional establece como regla general que tratándose de amparo directo éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que de una manera directa e inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, resolución que en definitiva substancie la falta de personalidad, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Por otra parte, son violaciones procesales cuando con los actos se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que éstos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e incidan en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado. Ciertamente, el acto reclamado analizado en este apartado es la resolución interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 615/2020, en el cual se declaró infundado el incidente de improcedencia de la acción y la vía promovido por la parte quejosa; sin embargo, resulta improcedente reclamarlo mediante juicio de amparo biinstancial, pues resulta evidente que tal determinación, no constituye una violación formal procesal que afecte los derechos sustantivos en forma irreparable al aquí promovente, actuación que constituye el planteamiento de una violación procesal que puede y debe impugnarse vía concepto de violación a través del juicio de amparo que en su momento pueda promover en tiempo y forma en contra de la sentencia que se a dictado en definitiva en el juicio de origen, que ha sido trascendente al resultado del procedimiento. Esto es así, pues debe tomarse en consideración que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en donde se condenó a la parte quejosa al pago de la cantidad de $39,100.00 (treinta y nueve mil cien pesos, 00/100 M.N.)., actuación contra la que manifiesta se encuentra en posibilidad de promover el juicio uniinstancial. En ese contexto, el acto reclamado no constituye un acto que tenga ejecución de reparación imposible, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tiene efectos intraprocesales, en la medida que la resolución reclamada, interlocutoria por la que se declaró infundado el planteamiento de improcedencia de la acción y de la vía; por lo que la emisión del acto hoy reclamado, no es de aquellas resoluciones que afecten la esfera jurídica del promovente ya que se trata de una actuación intraprocesal, la cual deberá de ser impugnada a través del juicio de amparo promovido en contra de la sentencia que ponga fin al juicio de origen. Tales consideraciones encuentran sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 108/2005, de la Novena Época, con número de registro 176992, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, en materia común, página 294 la cual establece: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo". Por lo anterior, se insiste que la naturaleza y las consecuencias en sí mismas de los actos reclamados son las que determinan la procedencia o no de la instancia constitucional y no las conductas procesales de las partes, de modo que, en el caso a estudio el acto reclamado no constituye acto de imposible reparación, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, se trata de la resolución que declaró infundado el planteamiento de improcedencia de la acción y la vía opuesta por la parte promovente, lo cual no afecta la esfera jurídica del solicitante del amparo. Sobre todo, que la interlocutoria de la cual se duele el quejoso, solo afecta un aspecto accesorio de procedimiento como resulta el trámite incidental relativo a las excepciones de improcedencia de la acción y vía propuestas. De tal modo que se concluye que la resolución que reclama no incide de manera alguna o bien no representa de suyo una violación sustantiva en su esfera de derechos, sino, sobre un entorno adjetivo-procesal que no impacta de manera grave o preponderante su entorno jurídico. Misma que puede reclamar mediante juicio de amparo directo que promueva en su contra, pues como él mismo lo señala en su escrito de cuenta, la sentencia definitiva fue dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, y ésta se le notificó el veinticinco siguiente, por ende, es evidente que el término para la interposición del amparo directo aún no transcurre -lo cual así lo reconoce-, por ello, no se deja en estado de indefensión al quejoso pues éste se encuentra en posibilidad de involucrar como uno de sus conceptos de violación la interlocutoria que aquí se duele. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al quejoso para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias -desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso-; sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el tres de agosto de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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