Felipe de Jesús Contreras Correa
Expediente 1231/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Felipe de Jesús Contreras Correa
- Felipe de Jesús Contreras Correa y Otros.
- Ángel Alejandro Maya Posada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de destrucción. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de siete de enero de dos mil veintidós, por una parte se negó la suspensión definitiva y, por otra, se concedió dicha medida suspensiva. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 4. Documentos exhibidos por la parte quejosa. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 4.1. Trámite de devolución. Ahora bien, a efecto de materializar la entrega de la documental que se solicite, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con la licenciada Cristina García Maya, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico de este órgano jurisdiccional 44 33 22 69 60 extensión 1162, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de destrucción. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de siete de enero de dos mil veintidós, por una parte se negó la suspensión definitiva y, por otra, se concedió dicha medida suspensiva. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 4. Documentos exhibidos por la parte quejosa. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que adjuntó a la demanda de amparo, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. 4.1. Trámite de devolución. Ahora bien, a efecto de materializar la entrega de la documental que se solicite, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con la licenciada Cristina García Maya, secretaria encargada del trámite de este asunto, al número telefónico de este órgano jurisdiccional 44 33 22 69 60 extensión 1162, a fin de coordinarse para tal efecto; asimismo, para que, una vez ocurrido lo anterior, agende cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", y genere el código QR a su nombre, debiendo confirmar, la autorización y QR brindados. Se precisa que en la hora y fecha que se le programe deberá presentar electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, el mencionado código QR, a fin de que pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, para la recepción de los documentos a devolver.
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SENTENCIA Visto, para resolver, el juicio de amparo 1231/2021, promovido por Felipe de Jesús Contreras Correa y Ángel Alejandro Maya Posada, por alegada violación de los artículos 1°, 14, 16, 21, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del Congreso del Estado de Michoacán, Gobernador Constitucional y Director del Periódico Oficial del Estado, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus atribuciones. 1) La aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del artículo 58, fracción III, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo y 56, fracción III del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo. Del Director de Tránsito y Movilidad y Agente de Tránsito Mario Molina Santoyo y Grúas Express: 2) El acto de aplicación consistente en la retención y arrastre del vehículo automotor Sedan, marca Chevrolet, tipo Chevy, color Rojo, modelo 2008, con número de placas UKG-533-L, y número de serie 3G1SE51X48S141024, contenido en la boleta de infracción 08706 de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, punto primero, fracción XI, en relación con el punto cuarto, fracción XI, párrafo segundo, en virtud de que, en el caso, se reclama una norma general de carácter local, con ejecución dentro del municipio de esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial. TERCERO. Norma general, actos u omisiones cuya existencia no quedaron acreditadas. No es cierto el acto reclamado al Director de Tránsito y Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad, pues así lo informó al rendir su informe de ley; lo que además se corrobora con la boleta de infracción folio 008706, de la que se advierte que no participó en su emisión; sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado dicha inexistencia. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto del acto reclamado a dicha autoridad. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, todos con sede en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir su informe de ley. Aunado a lo anterior, la certeza mencionada se encuentra probada con la publicación de la ley y reglamento referidos, lo cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Igualmente, son ciertos los actos reclamados al Agente de la Dirección de Tránsito y Movilidad de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, pues así lo informó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la boleta de infracción 008706 de la que se advierte que con motivo de diversas faltas a la Ley de Tránsito y del Reglamento correspondiente, retuvo el vehículo en cuestión. Documentales que tienen valor probatorio en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al análisis de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Improcedencia del acto reclamado a Grúas y Pensiones Express. La persona moral denominada Grúas y Pensiones Express, aduce que respecto del acto que se le reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por no tener el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional. Lo anterior es fundado. En efecto, uno de los aspectos de mayor importancia en la reforma constitucional en materia de juicio de amparo, acaecida por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, fue la apertura que se dio al tipo de actos que podrían ser materia del control de regularidad constitucional, incorporándose en el artículo 5o, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los actos realizados por los particulares, cuando estos pudieran equipararse a los de autoridad; incorporación que se realizó de la forma siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Sin embargo, para que un acto emitido o ejecutado por un particular pueda equipararse al de autoridad, es necesario que cumpla los siguientes requisitos: Debe ser emitido de forma unilateral, con base en una atribución prevista en una norma general. Debe crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma obligatoria. Y en el caso no se cumple ninguna de estos requisitos, porque del estudio integral de la demanda de amparo, de la boleta de infracción así como de los informes justificados rendidos por las demás autoridades responsables, se advierte que la participación de la empresa Grúas y Pensiones Express, no fue de manera unilateral, sino por virtud del mandato emitido por el Agente de Tránsito responsable. Entonces, no fue la persona moral la que por sí y ante sí decidió ejecutar el arrastre y resguardo del vehículo automotor Sedan, marca Chevrolet, tipo Chevy, color Rojo, modelo 2008, con número de placas UKG-533-L, y número de serie 3G1SE51X48S141024, de ahí que los actos que realizó no reúnen el carácter de unilateralidad y, por ende, no pueden reputarse en derecho como actos equivalentes a los de autoridad. En virtud de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia que se integra de la interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que si el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen o vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o las garantías que ésta otorga para su protección, si el acto reclamado, aunque existente, no puede reputarse como de autoridad, el juicio de amparo es improcedente; por tanto, con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio por lo que a dicho acto se refiere. Improcedencia de los restantes actos reclamados. Ahora, este Juzgado Federal considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, respecto de la retención del vehículo automotor Sedan, marca Chevrolet, tipo Chevy, color Rojo, modelo 2008, con número de placas UKG-533-L, y número de serie 3G1SE51X48S141024. En efecto, los artículos 61, fracción XII y 5o fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los artículos transcritos, se desprende esencialmente que para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico o legítimo. Así, debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; 3) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ostente la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de forma personal y directa. En correlación con lo anterior, los artículos 5o, fracción I, y 6o, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual se traduce en que no basta que los actos de autoridad existan para que proceda el juicio de amparo, sino que es imprescindible que afecten un derecho fundamental o subjetivo público del quejoso, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en un tratado o convenio internacional y que éste justifique fehacientemente tal circunstancia. Luego, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es infringido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para exigir -demandar- ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el cese de esa transgresión; por ende, ese derecho salvaguardado por el orden legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo valora para la procedencia del juicio. Por tanto, tiene interés jurídico quien es titular de los derechos vulnerados por el acto reclamado; de ahí que, el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Lo anterior se sustenta en la siguiente jurisprudencia: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial". Por consiguiente, la persona que estime se le ha vulnerado algún derecho protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenio o tratado internacional, deberá acreditar plenamente esa afectación. Encuentra sustento lo anterior en la siguiente jurisprudencia. "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Ahora, el impetrante de amparo reclama la retención del vehículo automotor Sedan, marca Chevrolet, tipo Chevy, color Rojo, modelo 2008, con número de placas UKG-533-L, y número de serie 3G1SE51X48S141024, del cual aduce ser propietario, derivada de la boleta de infracción 008706. Por tanto, dicho acto implica afectación o menoscabo al derecho de propiedad o posesión, resulta lógico que, para comprobar el interés jurídico, deben demostrarse tales derechos de propiedad o posesión respecto de dicho bien de manera fehaciente. En la especie, con la finalidad de demostrar la titularidad del derecho de propiedad del vehículo, los quejosos ofrecieron las documentales siguientes: Impresión electrónica de dos cédulas profesionales. Factura 13723 expedida en favor de Nicolás Medrano Hernández, respecto de un vehículo marca Chevrolet, línea Chevy C2, modelo 2008, en cuyo reverso obran tres endosos; el primero, a nombre Rogelio Pérez Ambriz; el segundo, a nombre de Jesús García Robledo; y, el tercero, a nombre de Jesús Contreras Correa, de fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis. Boleta de infracción 008706 levantada a Ángel Alejandro Maya Posada. Inventario de depósito de Grúas Express respecto del vehículo automotor Sedan, marca Chevrolet, tipo Chevy, color Rojo, modelo 2008, con número de placas UKG-533-L, y número de serie 3G1SE51X48S141024. No obstante, las documentales exhibidas son ineficaces para acreditar la titularidad del derecho sobre el vehículo cuya retención reclama, por lo siguiente. En cuanto a las documentales referidas en el apartado 1 que antecede, lo único que demuestran son los datos ahí contenidos de los profesionistas a cuyo favor se expidieron, que en nada abonan a evidenciar la titularidad del derecho que defienden los quejosos. Respecto de la factura referida en el número 2 precedente, su alcance probatorio es insuficiente para acreditar la propiedad del vehículo, ya que es un documento de fecha incierta. Ello, en virtud que si bien es verdad que conforme al artículo 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, como en el caso, en la celebración de un acto jurídico de transmisión de la propiedad, también lo es que esto no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. En ese orden de ideas, el endoso contenido en la documental en cuestión es incierta en cuanto a que no se tiene el conocimiento pleno de la fecha en que fue suscrita, ya que en relación con ella ningún fedatario o funcionario público dio fe o certificó la fecha de su celebración, aunado a que tampoco está justificada su incorporación o inscripción en un registro público, o bien, la muerte de alguno de los firmantes, pues los promoventes de amparo no ofrecieron prueba alguna para tales efectos, por lo que el instrumento contractual referido no es apto ni suficiente para que demuestre la legitimidad de la propiedad que Felipe de Jesús Contreras Correa aduce tener del vehículo materia de la controversia de origen. Lo expuesto, porque no existe base legal alguna para que esta autoridad tenga real conocimiento del momento en el que fue celebrado el pacto contractual mencionado, por virtud del cual los quejosos pretenden demostrar la existencia de su interés jurídico en relación con los actos que combaten, para que de esa manera sea dable determinar, con veracidad, la legalidad de la propiedad ejercida sobre el vehículo del cual se ordenó su retención; además de que tampoco es posible demostrar con el documento señalado, si el acto del que se duelen es previo o posterior a la celebración del contrato de compraventa en él contenido; determinándose tal circunstancia con el hecho de que, además, no le fueron adminiculados al consenso de voluntades señalado otros medios de convicción que fueran idóneos, para así dar firmeza y credibilidad de la existencia y época de su suscripción. Así pues, resulta evidente que con independencia de que en el reverso de la factura se haya apuntado el endoso, ello es insuficiente para acreditar que el quejoso en cuyo favor se realizó, sea titular del derecho que ostenta, en tanto que, el acto jurídico de traslación de dominio del vehículo ahí descrito, carece de fecha cierta, por ende, se estima que no acredita la propiedad que aduce y, en consecuencia, carece de interés jurídico para impugnar el acto administrativo reclamado. Esto último porque, es sabido, que el carácter esencial del derecho es la certeza, y la labor de la autoridad judicial en la calificación del derecho que se pretende sea protegido con el amparo, debe entonces participar de elementos suficientes que hagan concluir en el acreditamiento de un interés jurídico. Sustenta lo anterior, las tesis siguientes: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." "FACTURAS DE VEHÍCULOS. FECHA CIERTA DEL "ENDOSO" CONTENIDO EN ELLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 111 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León establece las reglas para la recaudación del impuesto sobre enajenación de automóviles, camiones y demás vehículos de motor, y precisamente en su fracción II indica que la oficina recaudadora, al efectuar el cobro del impuesto, expedirá el comprobante respectivo y sellará la factura o comprobante que ampare la propiedad del vehículo materia de la operación; de donde se sigue que para el pago de ese impuesto es necesario presentar la factura o el comprobante de propiedad respectivo. Ahora bien, si en autos aparece un recibo de pago identificado con determinado número, en el que se lee la denominación de la autoridad recaudadora, así como la declaración de diversos gravámenes, y de ese documento aparece que en determinada fecha la ahora quejosa realizó ante esa dependencia, en relación con el automotor descrito en la factura que obra en autos, el pago de esos gravámenes y el del impuesto sobre enajenación de automóviles, camiones y demás vehículos de motor, resulta inconcuso que desde el día en que se realizó dicho pago de impuestos, el endoso contenido en la factura de que se trata, hecho en favor de la quejosa, adquirió fecha cierta; máxime que enseguida de dicho endoso aparece puesto el sello de la mencionada autoridad, lo que corrobora la presentación de tal documento ante un funcionario público por razón de su oficio. "ENDOSO AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN AUTOMÓVIL. SU PRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS TRÁMITES EN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, LE OTORGA FECHA CIERTA. Tratándose de bienes muebles como los automotores, los trámites relacionados con el status del vehículo que se realizan ante las autoridades administrativas como es la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, puede considerarse como un registro público. En términos del artículo 56, incisos a) y b) del Código Fiscal del Distrito Federal, son obligaciones de los contribuyentes inscribirse o dar aviso de las modificaciones de los datos en los padrones del Distrito Federal en un plazo que no excederá de quince días a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del crédito fiscal, utilizando las formas oficiales que apruebe la secretaría de acuerdo con el procedimiento que determine mediante reglas de carácter general, con base en lo cual los avisos surten efectos en la fecha de su presentación. El artículo 160, fracción I, del mismo ordenamiento legal señala que las personas físicas o morales, tenedoras o usuarias de los vehículos automotores están obligadas al pago del impuesto (pago de tenencia). Los artículos 2o., fracciones VIII, X, XV, XXV, 4o., fracciones X y XI, 11, 12, 14 del Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de septiembre de dos mil siete, relativos a los trámites que se efectúan ante la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, en torno a los datos de los propietarios de los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la circulación, así como a las cualidades, condiciones, características y modalidades de los vehículos que circulan en el Distrito Federal, permiten considerar que constituye un registro público idóneo en cuanto a que la presentación ante dicha autoridad del documento en el que consta la transmisión de la propiedad, como es el endoso, es suficiente para otorgarle fecha cierta, con la finalidad de que surta efecto contra terceros. Eso, porque ante la autoridad referida se realizan actos de comprobación respecto de la propiedad del bien mueble, en el que deben presentarse documentos relativos a la factura, tarjeta de circulación y del documento en el que consta la transmisión de la propiedad, la identidad de quien realiza el cambio de propietario, comprobante de domicilio, comprobante de pago de tenencias y tarjeta de circulación del automotor. Asimismo, se impone la obligación tanto al adquirente como al anterior propietario, de dar aviso de la transmisión, dentro del plazo de quince días. Esto no prejuzga ni sobre la facultad de la autoridad administrativa correspondiente para calificar la idoneidad del documento con el cual se pretende demostrar la propiedad del bien de que se trate, ni tampoco sobre el derecho de un tercero, para que en un juicio controvertido, impugne la falsedad del documento con base en el cual se transmitió la propiedad del vehículo." Asimismo, la boleta de infracción que anexan, referida en el número 3, sólo es apta para acreditar que al quejoso Ángel Alejandro Maya Posada, por no utilizar cinturón de seguridad, conducir con licencia vencida y o presentar tarjeta de circulación, se le infraccionó y se le retuvo el vehículo que conducía, no obstante, con ello no se puede presumir que dicha persona tenga la titularidad del derecho de posesión o propiedad de éste, por lo que ser la persona que se encontraba conduciéndolo, no es suficiente para que pueda protegérsele algún derecho de posesión. Finalmente, respecto de la documental referida en el punto 4, tampoco es apta para acreditar el derecho que defiende respecto del citado vehículo, sino únicamente demuestra que éste fue depositado por Grúas Express el vehículo retenido a Ángel Alejandro Maya Posada, sin que dicho documento acredite su propiedad o de diversa persona. Por consiguiente, al no probar los quejosos un derecho tutelado y protegido por el orden jurídico, debe concluirse que no justifican el interés jurídico rector del juicio de amparo, en razón de que, para la procedencia de esta acción constitucional es menester que el accionante acredite plenamente la titularidad sobre el derecho que las autoridades responsables según violentan con su actuar, para que así quede puntualizada su lesión (perjuicio) sobre un derecho fundamental legítimo o subjetivo público; por ello, se colige que este juicio de amparo es improcedente. Por lo que, al actualizarse la causal de improcedencia relacionada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo respecto de la retención del vehículo automotor Sedan, marca Chevrolet, tipo Chevy, color Rojo, modelo 2008, con número de placas UKG-533-L, y número de serie 3G1SE51X48S141024. Dicho sobreseimiento se hace extensivo respecto de los preceptos reclamados, al no poder desvincular el estudio de las disposiciones impugnadas del que concierne a su acto de aplicación (respecto del cual la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnarlo). Robustece lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En esa condición, lo procedente es hacer extensivo el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del artículo 58, fracción III, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo y 56, fracción III del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo. Al imponerse el sobreseimiento en esta causa constitucional, no procede entrar al estudio de los conceptos de violación esbozados en contra de dichos actos; esto con base en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, de rubro "SOBRESEIMIENTO IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Felipe de Jesús Contreras Correa y Ángel Alejandro Maya Posada, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando primero, en términos del considerando tercero y quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente, el diez de marzo de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, la siguiente sentencia: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Felipe de Jesús Contreras Correa y Ángel Alejandro Maya Posada, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando primero, en términos del considerando tercero y quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente, el diez de marzo de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
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