Felipe de Jesus Marrufo Kuc
Expediente 510/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Felipe de Jesus Marrufo Kuc
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el uno de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, por haberse desechado la demanda de amparo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el contenido de la resolución de fecha uno de julio de dos mil veintidós que dice: Chetumal, Quintana Roo, uno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta **** del licenciado Ignacio Pérez Gómez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, emitido en autos del juicio de amparo 431/2022-II, del índice de este Juzgado, mediante el cual, adjunta el escrito de ampliación de demanda promovida por ****, por su propio derecho y, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto que atribuye al Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 510/2022-IV-A. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113, en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito2, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. En el caso concreto, el quejoso, hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO- EI auto de fecha 16 DE JUNIO DE 2022, notificado 21 de junio de 2022, la autoridad responsable Juzgado Primero de Distrito, ORDENA QUE EL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE DEMANDADA Y DEPOSITARIO DEL BIEN INDEBIDAMENTE EMBARGADO, haga entrega del mismo, con apercibimiento de MULTA en caso de omisión, tal acto me irroga un perjuicio, debido a que NO TENGO DICHO VEHICULO AMEN DE QUE EL ACTO RECLAMADO ES PRECISAMENTE EL EMBARGO DE UN BIEN QUE NO EXISTE NI SE TUVO JAMAS A LA VISTA Y QUE TAMPOCO FUE TRABADO POR EL MINISTRO EJECUTOR DEL JUZGADO CITADO, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil No *****, seguido en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado y con residencia en esta ciudad de Chetumal, Q. Roo, en contra del suscrito y promovido por el ahora tercero perjudicado Esto es, de la interpretación integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa en la presente instancia constitucional se hace consistir en: - El acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 30/2018-IV, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, de esta ciudad, mediante el cual, ordenó al demandado, aquí quejoso, en su carácter de depositario en el citado juicio de origen, poner a disposición el automotor embargado de la marca ****, con número de serie *****, placas de circulación ****, a efecto de realizar el avalúo solicitado por la parte actora. Ahora, en el caso particular se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que, el acto reclamado no se encuentra dentro de los actos que son susceptibles de examen en el juicio constitucional, toda vez que del contenido de la demanda, se advierte que el juicio ejecutivo mercantil 30/2018-IV, se encuentra en etapa de ejecución. Lo anterior, toda vez que el acuerdo que reclama el aquí quejoso, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, la cual, en el caso del procedimiento de remate, lo constituye el auto mediante el cual se ordena la entrega del bien inmueble o en su caso la escrituración de este, por lo que el amparo indirecto solo se puede promover contra la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, los invocados numerales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Del artículo y fracciones transcritos, se advierte que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Además, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo procede cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado. Y tratándose del procedimiento de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, hipótesis en la cual también podrán hacerse valer las violaciones consumadas en dicha etapa de ejecución. De ahí que -en el último supuesto de la norma- el juicio de amparo indirecto será procedente cuando se haya emitido alguna de esas órdenes [escritura de adjudicación o entrega de bienes rematados]. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011474, de rubro: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; la que sin duda no lo constituye el auto que reclama, pues dicho auto únicamente decretó la puesta a disposición de ese Juzgado Federal el automotor embargado en autos marca ****, número de serie *****, placas de circulación *****, para el único efecto de realizar el avalúo solicitado por la parte actor en ese expediente, mismo que no se trata del proveído que ordene la entrega definitiva del bien embargado. En ese sentido, para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En consecuencia, la última resolución será, entonces, la impugnable en amparo, y no las que se dicten durante el procedimiento de ejecución, tendientes a hacer efectiva una sentencia; por tanto, la reparación de los posibles agravios que se le pudieran cometer al sentenciado se debe reservar hasta que recaiga en la última resolución, es decir, cuando se le requiera al aquí quejoso la entrega del bien embargado. En ese orden de ideas, es evidente que la determinación que en el presente juicio de amparo se combate, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, ya que no se ha emitido orden de escrituración ni de entrega del bien embargado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la Jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito4, cuyo contenido es el siguiente: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla.". Máxime que los autos reclamados no vulneran un derecho sustantivo reconocido por la Constitución Federal, o en los tratados internacionales en los que México sea parte, pues dichos actos reclamados no son de los llamados de imposible reparación, dictados en la etapa de ejecución, al no resultar ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis I.4o.C.18 K, Época: Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Tomo XXV, Marzo de 2007, de rubro siguiente: "ACTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, POR TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. SÓLO EN PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O REMATE DEBE ESPERARSE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN PARA PROMOVER AMPARO." Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. De igual forma, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a *****, y *****, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos limitados del citado numeral a *****, toda vez que no cuenta con registro. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,5 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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