Felipe de Jesús Cen Herrera
Expediente 77/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 11 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Felipe de Jesús Cen Herrera
Actuaciones
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Felipe de Jesús Cen Herrera, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con residencia en Mérida, Yucatán, y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 77/2016. Ahora, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del juicio señala como actos reclamados los siguientes: "III.- ACTO RECLAMADO: A).- SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: LA SENTENCIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 405/2008, EN EL CUAL ORDENA EL LANZAMIENTO Y EJECUCIÓN DE SUS DOMICILIOS DE LOS CIUDADANOS HABITANTES DEL POBLADO SAN PEDRO. B).- SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS (sic). SEÑALO COMO ACTO RECLAMADO DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS LA EJECUCIÓN MATERIAL DEL LANZAMIENTO CONTRA LOS HABITANTES DEL POBLADO SAN PEDRO ORDENADO EN LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE 405/2008, SEGUIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.". Asimismo, en la primera página de su escrito de demanda aduce lo siguiente: "QUE VENGO POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS [.]; A SOLICITAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, POR CONSIDERAR QUE SE VIOLA EN MI PERJUICIO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, Y EL PROCEDIMIENTO PREVIAMENTE ESTABLECIDO, POR SER TERCERO EXTRAÑO A JUICIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO.". De las transcripciones que anteceden, así como del análisis íntegro del libelo de demanda, se desprende que los actos reclamados, esencialmente, se hacen consistir en la sentencia emitida en el expediente 405/2008 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, así como su ejecución, determinación en la que, a decir de la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se ordena el lanzamiento y desalojo de éste de su domicilio ubicado en San Pedro, Solidaridad, Quintana Roo, ello partiendo desde la perspectiva de que el quejoso refiere que no fue llamado a juicio, es decir, tercero extraño. Por otra parte, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, ello con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. Al efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sola jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso que nos ocupa, la parte promovente reclama actos que tienen ejecución material, entendida ésta como toda alteración en el mundo fáctico generada en cumplimiento a un acto de autoridad, a saber, la sentencia emitida en el expediente 405/2008 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, así como su ejecución, determinación en la que, a decir de la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se ordena el lanzamiento y desalojo de éste de su domicilio ubicado en San Pedro, Solidaridad, Quintana Roo. De lo hasta aquí señalado se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por el quejoso, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando o se hayan ejecutado los actos reclamados. Ahora, de la manifestación realizada por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que los actos reclamados tendrán ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, esto es, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Por tanto, cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del juez de distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra la sentencia emitida en el expediente 405/2008 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, así como su ejecución, debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, lo que en la especie ocurriría en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Séptima Época, 66 Tercera Parte, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional. La hipótesis legal prevista en el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, se refiere al caso de que el acto reclamado no requiere ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado. No existe analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado no hace variar los motivos que informa la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna, y el que sí la requiere, hipótesis en la que sí se da intervención de tal autoridad-. Finalmente, debe decirse que la aplicación analógica de que se habla contraviene la regla interpretativa que prohíbe al aplicador de la ley distinguir cuando ésta no distingue, y que la ejecución del acto reclamado, así haya quedado totalmente consumada, no implica que la autoridad ejecutora deje de tener participación en el curso del juicio, y aun después de concluido éste, al cumplimentarse la sentencia que otorgue el amparo.". [Énfasis añadido]. Lo anterior, tomando en consideración que el quejoso presenta su escrito de demanda de amparo ostentándose como tercero extraño; además, en el capítulo de conceptos de violación refirió que no se le dio garantía de audiencia y que no fue vencido en juicio, en virtud de que no fue llamado al mismo. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de derechos fundamentales se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en turno, quien ejerce jurisdicción en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en que tendría lugar la ejecución del acto reclamado, por lo que este órgano de distrito carece de competencia legal en términos del primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio con las copias de la demanda al juez de distrito en comento, solicitándose al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado, toda vez que éste no se encuentra entre los previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo ni es de aquéllos de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edmundo García Flores y Teófilo Bello Cervantes, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos a David García Flores, Mariano Martínez Ambrosio y Mateo May Azcorra, quienes no cuentan con cédula profesional registrada en dicho sistema. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones relativas al presente juicio en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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