Felipe de Jesus Leal Berzunza

Expediente 382/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
382/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Felipe de Jesus Leal Berzunza

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del toca 131/2020 y sus acumulados 203/2017 y 198/2019, y del juicio ejecutivo mercantil 470/2014, mismos que adjuntó a su informe de ley. Ahora bien, en cuanto a la solicitud relativa a la copia autorizada del acuerdo de cuatro de marzo del año en curso; se accede a lo solicitado, por tal motivo, remítasele a la autoridad oficiante la copia autorizada que solicita, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, a través del correo institucional de la citada responsable.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, devuélvase al Magistrado Segundo de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en funciones de presidente por ausencia accidental de la Titular, con fundamento en el artículo 163 de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado, los autos originales del toca 131/2020 y sus acumulados 203/2014 y 198/2019, que remitió a su informe de ley, solicitándole se sirva acusar el recibo de los mismos.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio 1202, de dos de marzo del año en curso, remitido por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con tres anexos. Ahora bien, toda vez que en el oficio de cuenta, el indicado órgano jurisdiccional, mediante resolución dictada el diez de febrero del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la vía directa, por Felipe de Jesús Leal Berzunza, al considerar que el acto reclamado a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y otra autoridad; no constituye una sentencia definitiva o bien, una resolución que ponga fin al juicio, por lo que no se ubica en ninguno de los supuestos previstos para la procedencia del amparo directo, en términos de los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo. En mérito a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 43 y 37 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Juzgadora Federal se avoca al conocimiento del asunto en comento, toda vez que en el caso concreto, se reclama la resolución que confirma, la interlocutoria de siete de octubre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente la excepción de incidente de falta de personalidad, hecha valer por el demandado, aquí quejoso, en autos del juicio de origen. En tal virtud, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes, acusándose el recibo correspondiente vía interconexión. Por tanto, fórmese expediente y regístrese con el número IV-382/2021. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la demanda promovida por Felipe de Jesús Leal Berzunza, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así en el caso, esta Juzgadora Federal advierte que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, debe decirse que la parte quejosa reclama substancialmente, la resolución de segunda instancia de dos de diciembre e dos mil veinte, emitida por la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca de apelación 131/2020, al cual obran acumulados los diversos 198/2019 y 203/2017, interpuesta por el demandado, aquí quejoso Felipe de Jesús leal Berzunza, contra la interlocutoria de siete de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio ejecutivo mercantil 470/2014, promovido por "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, por conducto de su apoderado Marco Antonio Pérez Ricalde, y continuado por "Administradora Fome 1", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como cesionaria de todos los derechos de crédito que le correspondían a la citada institución bancaria; misma resolución de la Sala que confirmó la citada interlocutoria de siete de octubre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente la excepción del incidente de falta de personalidad, hecha valer por el demandado, aquí quejoso, en el mencionado juicio de origen. Ahora bien, del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En el caso concreto, debe señalarse que la cuestión de personalidad es un presupuesto procesal sin el cual no queda integrada debidamente la litis, de ahí que no se afectan los derechos sustantivos de la parte promovente, por lo que conforme a la Ley de Amparo no es un acto de imposible reparación respecto del cual proceda el juicio de amparo indirecto, al no afectar derechos sustantivos de la parte quejosa; motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento. De manera que, se insiste, sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, por lo que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del juicio amparo que se intenta, pues los efectos de este tipo de violaciones, como la resolución reclamada, son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.37/2014 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, página 39, cuyo rubro y texto disponen: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual- a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En tales condiciones con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como sus autorizados, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Por otra parte, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Finalmente, dada la voluminosidad de los anexos remitidos por el Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, fórmese un anexo con cada uno de ellos (siendo tres), para su conservación y facilidad en su manejo, los cuales quedan a disposición de esta Secretaría para su consulta.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio 1202, de dos de marzo del año en curso, remitido por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con tres anexos. Ahora bien, toda vez que en el oficio de cuenta, el indicado órgano jurisdiccional, mediante resolución dictada el diez de febrero del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la vía directa, por Felipe de Jesús Leal Berzunza, al considerar que el acto reclamado a la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y otra autoridad; no constituye una sentencia definitiva o bien, una resolución que ponga fin al juicio, por lo que no se ubica en ninguno de los supuestos previstos para la procedencia del amparo directo, en términos de los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo. En mérito a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 43 y 37 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Juzgadora Federal se avoca al conocimiento del asunto en comento, toda vez que en el caso concreto, se reclama la resolución que confirma, la interlocutoria de siete de octubre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente la excepción de incidente de falta de personalidad, hecha valer por el demandado, aquí quejoso, en autos del juicio de origen. En tal virtud, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes, acusándose el recibo correspondiente vía interconexión. Por tanto, fórmese expediente y regístrese con el número IV-382/2021. Sentado lo anterior, se procede a proveer en relación con la demanda promovida por Felipe de Jesús Leal Berzunza, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así en el caso, esta Juzgadora Federal advierte que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, debe decirse que la parte quejosa reclama substancialmente, la resolución de segunda instancia de dos de diciembre e dos mil veinte, emitida por la Sala Colegiada Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el toca de apelación 131/2020, al cual obran acumulados los diversos 198/2019 y 203/2017, interpuesta por el demandado, aquí quejoso Felipe de Jesús leal Berzunza, contra la interlocutoria de siete de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el juicio ejecutivo mercantil 470/2014, promovido por "Banco Nacional de México", Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, por conducto de su apoderado Marco Antonio Pérez Ricalde, y continuado por "Administradora Fome 1", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como cesionaria de todos los derechos de crédito que le correspondían a la citada institución bancaria; misma resolución de la Sala que confirmó la citada interlocutoria de siete de octubre de dos mil diecinueve, que declaró improcedente la excepción del incidente de falta de personalidad, hecha valer por el demandado, aquí quejoso, en el mencionado juicio de origen. Ahora bien, del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En el caso concreto, debe señalarse que la cuestión de personalidad es un presupuesto procesal sin el cual no queda integrada debidamente la litis, de ahí que no se afectan los derechos sustantivos de la parte promovente, por lo que conforme a la Ley de Amparo no es un acto de imposible reparación respecto del cual proceda el juicio de amparo indirecto, al no afectar derechos sustantivos de la parte quejosa; motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento. De manera que, se insiste, sólo procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendidos éstos como aquellos que afecten derechos sustantivos, por lo que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, lo que confirma la improcedencia del juicio amparo que se intenta, pues los efectos de este tipo de violaciones, como la resolución reclamada, son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.37/2014 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, página 39, cuyo rubro y texto disponen: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual- a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En tales condiciones con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda; y como sus autorizados, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Por otra parte, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. 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