Felipe de Jesus Fuentes Medina
Expediente 512/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Felipe de Jesus Fuentes Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el cinco de abril de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio número 512/2022, en alcance suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y un anexo, de los cuales se aprecian que la responsable remitió copia certificada del proyecto de laudo de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, acuerdo del veintitrés de marzo del año curso, en el que la Junta recibe del auxiliar del proyecto de laudo, acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se señala fecha y hora para la audiencia de discusión y votación del proyecto del laudo, audiencia de discusión y votación del proyecto del laudo, y constancia del uno de abril del dos mil veintidós, en el que se desprende que el proyecto fue elevado a categoría de laudo en el expediente laboral 598/2014. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa Roberto Jesús Pimentel Rodriguez, apoderado legal de Felipe de Jesús Fuentes medina, reclamó en su demanda de amparo, la omisión de la autoridad responsable de dictar laudo en el juicio Laboral 598/2014. En virtud de lo anterior, en atención al acto reclamado y el contenido del informe justificado de cuenta, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de dictar laudo en el juicio Laboral 598/2014. Ahora bien, en el caso del informe justificado, se advierte que la responsable remitió copia certificada del proyecto de laudo de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, acuerdo del veintitrés de marzo del año curso, en el que la Junta recibe del auxiliar del proyecto de laudo, acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se señala fecha y hora para la audiencia de discusión y votación del proyecto del laudo, audiencia de discusión y votación del proyecto del laudo, y constancia del uno de abril del dos mil veintidós, en el que se desprende que el proyecto fue elevado a categoría de laudo en el expediente laboral 598/2014, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que dictó el laudo y el proyecto fue elevado a categoría de laudo en el expediente laboral 598/2014, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsable, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. En base a ello, no obsta que les recaiga el carácter de terceros interesados a las personas morales "SERFINCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" y "FINANCIERA INDEPENDENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA y que no hayan sido emplazados en este juicio de amparo, pues ello no impide a esta juzgadora pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 181/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en su segundo punto petitorio solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, y en el tercero se niegue la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, solicita le sea proporcionada la copia certificada de la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio de amparo, autorizando a que la reciba la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de DAVID ARABA DORANTES CABRERA autorizado en términos amplios de la quejosa CANDY EUNICE CERVANTES AGUILAR, por medio del cual señala, en esencia, que las responsables han sido omisas en dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por este órgano federal, ya que refiere que no se le ha pagado a la quejosa, la pensión relativa a la primera quincena de enero de dos mil veintidós y subsecuentes, y solicita se le requiera a las responsables informen las cantidades pagadas, y se realice la cuantificación que se le adeuda a la parte quejosa. En consecuencia, si bien se otorgó a la parte quejosa, la medida cautelar que solicitó, lo cierto es que no fue para los alcances que pretende la promovente de amparo, ya que la cuantificación de los pagos realizados a la parte quejosa, y el adeudo en su caso derivado de la falta de pago, es materia de reclamo en el juicio de origen de donde derivan los actos que impugna como violatorio de derechos. No obstante a ello, a fin de constatar que las responsables hubieren cumplido con las medidas suspensiones otorgadas, se les requiere, para que en el término de tres días siguientes al en que quede notificado este acuerdo, comuniquen, la forma en que dieron cumplimiento a las medidas suspensionales otorgadas, y manifiesten lo que a su derecho convenga, remitiendo a su vez, las constancias conducentes con las que acrediten haber acatado las mismas. Se apercibe a las responsables que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237m fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Sin perjuicio de que se actualice la responsabilidad penal que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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