Felipe de Jesus Castillo Perez

Expediente 1869/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1869/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
02/09/2016

Partes del expediente

  • Felipe de Jesus Castillo Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hicieran en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de ocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 58 a 67), por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Felipe de Jesús Castillo Pérez, para los siguientes efectos: "Por lo que, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede conceder la protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Agente del Ministerio Público Tercera Mesa de Trámite, turno vespertino, Delegación Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, tan pronto cause firmeza esta sentencia dicte las providencias necesarias para la obtención del interrogatorio a cargo de Oscar Solís Hernández en la indagatoria número AP-708/2014/SUR. Se hace la precisión que la presente concesión no se hace extensiva para la prueba pericial en materia de avalúo proveída el cuatro de diciembre de dos mil quince, puesto que su desahogo fue ordenado con posterioridad a la instauración del presente juicio de amparo; de la misma forma, la concesión tampoco abarca la consignación de la averiguación previa número AP-708/2014/SUR; debido a que como se estableció al estudiar el concepto de violación de la parte quejosa, la indagatoria se encuentra en etapa de investigación. Máxime que, los alcances por los cuales se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, tomando en consideración la etapa procedimental de dicho acto." (foja 66). Por auto de trece de mayo de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 119). Mediante oficio sin número de veintisiete de junio de dos mil dieciséis (foja 158), se tuvo a la autoridad ministerial responsable, informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria amparadora, exhibiendo copia certificada de las actuaciones que consideró pertinentes relativas a la averiguación previa 705/2014 de su índice, entre las que destacan el proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciséis mediante el cual ordenó girar citatorio a Oscar Solís Hernández para que compareciera ante dicha autoridad (fojas 162 y 163). Asimismo del diverso proveído de esa fecha (veintisiete de junio de dos mil dieciséis), mediante el cual el fiscal responsable del cumplimiento hizo constar que no pudo localizar a Oscar Solís Hernández en el domicilio que se desprende de los datos generales que éste proporcionara, ante la inexistencia de la dirección (foja 164). Y también de esa misma fecha, el proveído en el que consideró que a fin de mejor proveer en la integración de la averiguación previa 705/2014/SUR giraba oficio a diversas dependencias para la obtención del domicilio de Oscar Solís Hernández (165 y 166). Posteriormente por oficio 609 de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis la referida autoridad ministerial informó a este juzgado federal que al no contar con los acuses de recibo de los oficios 430 y 388 dirigidos al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla y al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social con el sello de dichas dependencias, giró nuevamente oficio a las referidas dependencias obteniendo la información solicitada consistente en el domicilio de Oscar Solís Hernández (foja 301). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio y de las cuales se advierte que dicha autoridad efectivamente dictó las providencias necesarias para la obtención del domicilio de Oscar Solís Hernández en la indagatoria A.P.708/2014/SUR. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, y por la otra se negó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Mesa de Trámite Turno Vespertino Delegación Sur de la Fiscalía General del Estado de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y con el oficio 462/2016 recibido el quince de agosto de dos mil dieciséis (foja 269) dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Mesa de Trámite Turno Vespertino Delegación Sur de la Fiscalía General del Estado de Puebla y visto su contenido, téngasele pretendiendo dar cumplimiento al requerimiento de nueve de agosto de dos mil dieciséis, pues al efecto remite diversos oficios que giró a ciertas dependencias para obtener el domicilio de Oscar Solís Hernández, con el objetivo de lograr el interrogatorio dentro de los hechos que dieron origen a la Averiguación Previa 705/2014/SUR. Lo anterior, en virtud de que las constancias que remite la autoridad responsable son idénticas a las que envió por oficio de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, como se advierte de la foja 247 a la 257, esto, sin que pase inadvertido para la Suscrita que acompaña copias certificadas del proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis así como del diverso oficio signado por el apoderado legal de Teléfonos de México S.A. de C.V.; sin embargo, no se advierten los acuses de recibo ni las contestaciones o bien, las gestiones a fin de obtener el desahogo de sus requerimientos, en específico respecto de los oficios oficios 430 y 388 que giró al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla y al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente (visibles a fojas 170 y 249). Por otra parte, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad oficiante informa que se encuentra en espera de que le den contestación al oficio 430 dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla; sin embargo, dígasele que en el oficio IV-A-390-1 se le requirió para que remitiera las constancias con las que acredite la entrega de dichos oficios a las dependencias supracitadas (no las constancias de entrega a la Fiscalía General del Estado de Puebla que acompaña) y que para el caso de que no hubiere recibido la información justificara los trámites realizados para obtenerlos, lo que de ningún modo puede tenerse por satisfecho con dicha manifestación, en virtud de que no acredita fehacientemente cuáles son las gestiones realizadas para lograr lo encomendado. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase requiérase por ultima ocasión al referido Agente del Ministerio Público contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, en el improrrogable término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este juzgado los acuses de recibo de los oficios 430 y 388 en los que consten los sellos por parte del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla y al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social así como la contestación dada por dichas dependencias, lo anterior para que esta autoridad se encuentre en aptitud de determinar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Mesa de Trámite Turno Vespertino Delegación Sur de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de trece de mayo de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público en funciones del Titular de la Mesa de Trámite Turno Vespertino Delegación Sur de la Fiscalía General del Estado de Puebla y visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al proveído de dos de agosto de dos mil dieciséis, pues al efecto informa que ya no llevará a cabo alguna otra diligencia para la obtención del domicilio de Oscar Solís Hernández para lograr el interrogatorio dentro de los hechos que dieron origen a la Averiguación Previa 705/2014/Sur, denunciados por Felipe de Jesús Castillo Pérez por el delito de robo y que queda en espera de recibir la contestación que solicitara a diversas dependencias para obtener dicho domicilio, de lo que toma conocimiento la suscrita juez Federal. Ahora, tomando en cuenta que mediante proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, la suscrita Jueza Federal hizo del conocimiento de la autoridad ministerial oficiante, que quedaba bajo su más estricta responsabilidad vigilar el cumplimiento de los requerimientos que realizó a las diversas dependencias para la obtención de la dirección de Oscar Solís Hernández para estar en aptitud de citarlo para obtener el interrogatorio a su cargo, lo que implicaba, apercibir a las autoridades requeridas con los medios que le otorga la ley para que cumplieran de inmediato lo solicitado. Así mismo, se advierte que la autoridad requerida recibió el oficio correspondiente el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, por lo que a la fecha de la emisión de este acuerdo han transcurrido diez días hábiles, tiempo que esta autoridad considera más que suficiente para haber solicitado y obtenido la información requerida. En consecuencia, a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria amparadora, se le concede al referido agente del Ministerio Público, el improrrogable término de tres días para que remita a este juzgado las constancias con las que acredite la entrega a las diversas dependencias (que faltan de remitir sus informes) los oficios por los cuales les requirió, la contestación que dieron estas; para el caso de no haber recibido la información justifiquen los tramites realizados a fin de obtenerlos. Finalmente, se hace del conocimiento a la referida autoridad, que subsiste el apercibimiento con que fue conminada en auto de trece de mayo del año en curso.

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