Felipe Arellano Rodríguez

Expediente 1157/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1157/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Felipe Arellano Rodríguez
  • Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual por criterio de este órgano jurisdiccional por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió la protección constitucional, no es de relevancia documental, y es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General; y dentro de los noventa días siguientes al haber transcurrido dicho término. Debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído en que se acordó su archivo como asunto concluido, y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Ahora bien, toda vez que el quejoso Felipe Arellano Rodríguez se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el diverso 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y en relación con lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a Felipe Arellano Rodríguez y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1157/2021; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo y le corra traslado con copia autorizada del mismo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para la constancia relativa; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Notifíquese personalmente -vía despacho- al quejoso; por lista a su defensora pública; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Aída Araceli Ramírez Lozano, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Marisol (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) "San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual por criterio de este órgano jurisdiccional por una parte se sobreseyó, y por otra, se concedió la protección constitucional, no es de relevancia documental, y es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General; y dentro de los noventa días siguientes al haber transcurrido dicho término. Debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído en que se acordó su archivo como asunto concluido, y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Ahora bien, toda vez que el quejoso Felipe Arellano Rodríguez se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el diverso 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y en relación con lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a Felipe Arellano Rodríguez y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 1157/2021; d) Notifique al quejoso el presente acuerdo y le corra traslado con copia autorizada del mismo; y, e) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para la constancia relativa; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; queda a cargo de la secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Notifíquese personalmente -vía despacho- al quejoso; por lista a su defensora pública; y, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio 539 del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 106/2022 (orden 170/2022), de este índice, pues se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se notificó al quejoso Felipe Arellano Rodríguez, el auto de nueve de marzo del año en curso -mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo-; de lo que toma conocimiento este juzgado federal. Dese de baja la aludida comunicación oficial en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021; Que el Acuerdo General 20/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de enero de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1157/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Felipe Arellano Rodríguez, contra el acto reclamado al 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales. VISTA MINISTERIAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VIENTIUNO. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; remitiéndole para tal efecto copia de la demanda y escrito aclaratorio. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del(los) acto(s) reclamado(s), y remitirá(n), copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días.Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) responsable(s) que podrá(n) remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá(n) cierto(s) el(los) acto(s) reclamado(s), salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho(s) acto(s) no sea(n) en sí mismo(s) violatorio(s) de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación de los acto(s) reclamado(s), ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo(s), salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita(n) referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercera(s) interesada(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". PARTE TERCERA INTERESADA. Resérvese proveer lo que en derecho corresponda respecto de dicha parte procesal, hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables y este órgano de control constitucional esté en aptitud de determinar a quién le recae tal carácter. Sin perjuicio a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el inciso e), de la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo, se tiene como autoridad tercera interesada al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, toda vez que no fue señalada como responsable en este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a dicho agente del Ministerio Público, al presente sumario constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo y del presente proveído. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita y no se está en los supuestos en que éste deba abrirse de oficio. Toda vez que el quejoso manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. AUTORIZADOS. Se hace constar que la parte quejosa no designó autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE DESIGNA DEFENSOR PÚBLICO. Ahora bien, tomando en consideración: 1) que el quejoso se encuentra privado de su libertad; y, 2) que no autorizó a persona alguna en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6, fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, se nombra como representante del quejoso Felipe Arellano Rodríguez, para que intervenga en este juicio de amparo a un Defensor Público Estatal adscrito a la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, en virtud que el peticionario de amparo pertenece a un grupo vulnerable por su condición de interno y a efecto de que se potencialice su derecho humano a una defensa adecuada, requiérase a la Directora General de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que dentro de los tres días siguientes a que sea notificada de este auto, designe un defensor público que asesore jurídicamente a la parte quejosa en esta instancia, quien deberá ser notificado por su conducto (y le deberá entregar copia autorizada de la demanda de amparo), para aceptar y protestar el cargo conferido, mediante diligencia que se llevará a cabo por videoconferencia, a través del servicio de mensajería instantánea WhatsApp. Por lo que el referido defensor se deberá comunicar dentro del mismo término concedido, al teléfono particular de la secretaria encargada de este asunto Maribel Pereda Corvera, 222 355 1924, debiendo mostrar en ese acto una identificación oficial y vigente para acreditar su identidad. En la inteligencia que, de no realizar dicho contacto tecnológico, se certificará tal omisión y se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sustenta lo la siguiente tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso." NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA VÍA DESPACHO. Toda vez que el quejoso manifestó estar recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí promovente Felipe Arellano Rodríguez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 1157/2021; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Actuario Judicial adscrito encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA -VÍA DESPACHO; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, A LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA, A LA DIRECTORA GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA -AUTORIDAD NO RESPONSABLE-; ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN.

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