Felipe Cuevas Curiel
Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Francisco Maximino Bustamante Ruiz
- Felipe Cuevas Curiel y Otros.
- Felipe Cuevas Curiel
- Presidente Ejecutor de la H. Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en el juicio ha causado ejecutoria. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó en el juicio, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. VI. Conforme a lo acordado en líneas precedentes, carece de objeto que este órgano jurisdiccional continúe resguardando la copia certificada, deducida del expediente laboral 563/2015 (4) Bis, que en apoyo a su informe justificado remitió el presidente ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo que se ordena devolver a su lugar de origen, para los efectos legales consiguientes. No es necesario acusar recibo. Notifíquese.
- Principal
". . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 629/2023, promovido por ********************y ********************, en contra de del acto reclamado a la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la autoridad señalada como responsable, en el ámbito de su competencia, ha sido omisa en iniciar la ejecución forzosa del laudo, dictar las medidas para proceder al cumplimiento del laudo y dar el acato respectivo. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintiuno de junio del año en curso. Dicho libelo constitucional se turnó al día siguiente a este Juzgado Federal, donde quedó registrado con el progresivo 629/2023; en proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés se: i) admitió a trámite, previo cumplimiento a la prevención; ii) solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; iii) otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; iv) emplazó a la parte tercera interesada y v) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de parte de la autoridad responsable lo siguiente: Presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La ejecución forzosa del laudo dictado en el expediente laboral número 563/2015(4) Bis, en contra del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dictando la medidas necesarias hasta lograr su debido cumplimiento. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aceptó el acto atribuido. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" En primer lugar, resulta menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, analizó los preceptos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo -previo a las reformas de noviembre de dos mil doce (en tanto la demanda laboral se presentó el veintitrés de marzo de dos mil quince)- y estableció que, tratándose del juicio de amparo en los que se reclama la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, éste es improcedente en términos de los numerales 73, fracción XVIII, en relación con el 74, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (actualmente 61, fracción XXIII, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente). Lo anterior, en razón que el procedimiento de ejecución forzosa establecido en la legislación laboral, una vez concluido el término para el cumplimiento voluntario, no solamente requiere la solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, al advertirse la necesaria participación de la parte vencedora en las diversas actuaciones para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio. Por esa razón, de reclamarse un acto u omisión concreta verificada en la etapa de ejecución del laudo, tanto el análisis de la procedencia del juicio de amparo, como la eventual concesión de la protección constitucional, deben ceñirse a los actos señalados por la parte quejosa y no abarcar aquellos futuros de incierta realización, pues al requerir impulso del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. En apoyo de lo expuesto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, con registro digital 2000011, que indica: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.) de la propia Segunda Sala de la Corte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, Diciembre de 2011, tomo 4, página 2772, con registro 2000025, que precisa: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Expuesto lo anterior, conviene traer a colación los antecedentes del asunto, acorde a las constancias allegadas al juicio de amparo, documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su numeral 2°, puesto que se trata de actuaciones judiciales emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, de donde se desprende lo siguiente: El veintitrés de marzo de dos mil quince, los actores ********************y ******************** demandaron al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, diversas prestaciones de carácter laboral, juicio que quedó radicado con el número 563/2015 (4) Bis, del índice de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Seguida la secuela del juicio, el nueve de julio de dos mil veintiuno, la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca dictó laudo en el expediente laboral de origen, ello en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo de número 215/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, promovido por ********************y ********************, cuya ejecutoria fue dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. En dicho fallo, la mencionada junta sostuvo que resultaba procedente condenar al demandado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al reconocimiento de su salario real, al pago de las diferencias salariales y diferencias de pago de aguinaldo del año dos mil catorce. El treinta de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable -en atención al escrito signado por el apoderado legal de la parte quejosa- requirió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que exhibiera la cantidad de $1,343,401.20 (un millón trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N); asimismo, ordenó enviar oficio a la Secretaria de Finanzas Administración y de la Contraloría, a fin de hacerles del conocimiento la condena de la demandada perdidosa Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. De igual forma, con fundamento en el artículo 12 fracción VII y artículo 15 fracción IV, del Acuerdo de Sectorización de las Entidades de la Administración Publica Paraestatales del Estado de Oaxaca, ordenó enviar oficio al titular del ejecutivo, quien preside la Junta Directiva máxima autoridad del instituto demandado, así como al titular del Gobierno del Estado, como dependencia al cual se encuentra sectorizada la demandada perdidosa, para que dentro del ámbito de sus atribuciones tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de lo condenado en dicho juicio, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en vigor, con relación al diverso 5 primer párrafo, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca. El veinte de febrero de dos mil veintitrés, la junta responsable de nueva cuenta requirió al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para que dentro del término de tres días hábiles le reconociera a los ahí actores, como su último salario real el percibido en el año dos mil catorce, por la cantidad de $8,128.76 [ocho mil ciento veintiocho pesos 76/100 moneda nacional] en relación a Felipe Cuevas Curiel y Francisco Maximino Bustamante Ruiz y de $8,115.26 [ocho mil ciento quince pesos 26/100 moneda nacional] respecto de ********************. Asimismo, en atención al escrito suscrito por la apoderada legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por el que manifestó su imposibilidad jurídica y material para exhibir ante dicha autoridad laboral la cantidad de $1,343,401.20 (un millón trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos un pesos 20/100 M.N) la junta le requirió para que informara el seguimiento dado al memorándum número IEEPO/DDJ/JL/189/2023, en que solicitó a la directora financiera de dicho instituto, le autorizara la cantidad por la cual fue condenada. El veinte de abril de dos mil veintitrés, la apoderada legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó a la autoridad responsable que su representado generó el memorándum IEEPO/DDJ/JL/955/2023, por el que solicitó al jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Pago del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca remitiera la información de si los quejosos recibían su salario real a partir de la primera quince de enero de dos mil quince, por lo que de nueva cuenta la responsable requirió a la demandada perdidosa informara la respuesta o seguimiento otorgado al memorándum IEEPO/DDJ/JL/955/2023 así como del IEEPO/DDJ/JL/954/2023. El dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, la demandada perdidosa informó la respuesta realizada al memorándum IEEPO/DDJ/JL/955/2023, por lo que con dichas documentales la responsable ordenó dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, asimismo, en dicho proveído se tuvo informando al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que no ha recibido respuesta alguna respecto del memorándum IEEPO/DDJ/JL/954/2023, por lo que manifestó que por diverso memorándum IEEPO/DDJ/JL/1766/2023 realizó atento recordatorio; mismo que la junta le requirió para que en el término de tres días informara la respuesta dada a los citados memorándum. De lo antes expuesto se pone de relieve la inexistencia del acto atribuido al Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para la fecha en que se presentó la demanda; ello al tomar en consideración que de las constancias, resulta patente que la omisión de ejecutar el laudo condenatorio resulta ser de carácter genérica, en razón de que, para la fecha de la presentación de la demanda de amparo, veintiuno de junio del actual, se habían realizado las gestiones que refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, es decir se tomaron las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento eficaz del laudo, ya que se enviaron los oficios respectivos a las instituciones competentes. Luego, si bien de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el operario realizó la petición específica de que se diera cumplimiento total al laudo decretado en su favor; lo cierto es que para el cinco de julio de dos mil veintitrés en que se admitió a trámite la demanda, no existía solicitud del operario, encaminada a impulsar la ejecución del fallo, por lo que es indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, puesto que como ha quedado visto, dicha etapa de ejecución forzosa del laudo, no corresponde a un periodo que deba o pueda seguirse oficiosamente, máxime que en ella se generan gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas, prescriben en dos años. Así, al reclamarse en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir totalmente el laudo, el juicio de amparo deviene improcedente, en tanto aquella omisión era jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo, ya que se reitera, para el cinco de julio de dos mil veintitrés en que se admitió a trámite la demanda, no existía acuerdo alguno de la presidenta Ejecutora responsable, recaído a la solicitud del operario, encaminada a impulsar la ejecución del fallo. Así, en términos generales un acto futuro es aquél que en el tiempo presente aún no ha sucedido. En ese contexto, el juicio de amparo deviene procedente contra actos presentes y ciertos, positivos o negativos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en razón de que el juicio de garantías no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, en el entendido de que este concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe verse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan. Estos elementos permiten diferenciar los actos futuros de los inminentes, es decir, los que aun cuando no se han materializado se tiene la certeza de que se producirán. En ese sentido, partiendo del supuesto legal de que para la ejecución forzosa del laudo se requiere la petición de la parte que obtuvo fallo favorable, a efecto de lograr el cumplimiento cabal del laudo y considerando la circunstancia de que el derecho a la ejecución de la condena está sujeta al término prescriptivo, ello conduce a estimar que cuando una demanda de amparo indirecto se señale como acto reclamado la omisión genérica del presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, de desplegar medidas eficaces, como en el caso acontece, sobreviene la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón de que mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, no podría constreñirse a la citada autoridad para que, de manera genérica, oficiosamente y dentro de los términos legales, ordene proveer lo conducente en el procedimiento de ejecución a fin de cumplir el laudo, pues ese impulso corresponde a quien obtuvo laudo favorable a sus intereses, por lo que se estaría en presencia de un acto inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, por estar supeditado a la solicitud respectiva, razón por la cual no podría tenerse por actualizada una omisión genérica atribuida al presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, señalado como responsable. Además, ante el reclamo de una omisión en términos generales, no puede considerarse que los actos reclamados tienen el carácter de inminentes por corresponder de oficio la prosecución del procedimiento de ejecución a la autoridad responsable, ya que dichos actos deben considerarse de realización futura e incierta, al encontrarse su existencia, sujeta a la voluntad del ejecutante. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la parte quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Además, no existe la abstención atribuida al presidente ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en tanto que se advierte que está realizado actos tendentes al cumplimiento del laudo, asimismo, la perdidosa Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en cumplimiento a lo condenado ha informado a la responsable las acciones que se encuentra realizando a fin de acatar y cumplir a la condenada establecida en el laudo de nueve de julio de dos mil veintiuno, supuesto en el cual tampoco se concreta el incumplimiento total alegado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, la cual indica: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demanda y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." Precisado lo anterior y tomando en cuenta que en la fase de ejecución de laudo, la parte actora está obligada a promover lo conducente, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que se desarrolle de manera oficiosa y por ello, por el momento, no puede constreñirse al presidente ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, señalado como responsable, para que de modo genérico, mediante la concesión del amparo y protección de la justicia Federal, provea lo conducente, de forma diligente y dentro de los términos legales correspondientes a la ejecución forzosa del laudo, pues es el propio ejecutante quien tiene la obligación de proseguir con dicha etapa; entonces, su actuar no puede ser suplido por la autoridad laboral, puesto que corresponde a la parte vencedora su continuación. De ahí que el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable presidente ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, resulta inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo y por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión a los quejosos, puesto que se encuentran en aptitud de acudir ante el tribunal laboral responsable a solicitar el cumplimiento del laudo dictado a su favor. Similar criterio lo sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del décimo Tercer Circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ********************de su estadística. Finalmente, en razón de que el sobreseimiento impide el estudio del fondo del asunto y por consiguiente, el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, no se examinarán los conceptos de violación planteados. Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte tercera interesada, puesto que atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en razón de que conforme a la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205449, del contenido siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************y ********************, respecto del acto reclamado que atribuye a la autoridad señalada como responsable, por los argumentos que se esgrimen en el apartado V de este fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta y se tiene como prueba del presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, las documentales que exhibe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional; en consecuencia, dese vista a las partes. Por otra parte, ante la voluminosidad de las constancias, se ordena formar tomo I de pruebas, el cual quedará a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurre el plazo de ocho días previsto por el arábigo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por lo que dicha circunstancia impide la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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- Felipe Amador Romero1799/2016
- Felipe Cruz López760/2016
- Felipe Daniel Revilla Gutiérrez703/2023
- Felipe de Jesús Arias Flores120/2021
- Felipe de Jesús García Gómez1765/2016
- Felipe de Jesús García Gómez1787/2016
- Felipe de Jesús Hernández García749/2021
- Felipe de Jesús Martínez Pérez664/2022