Felipe Chávez Serrano

Expediente 772/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
772/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Felipe Chávez Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de veinte de junio del presente año. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con párrafo segundo del artículo 28 del referido acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Colima, Colima, veinte de junio de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por******************** por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y de otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 5º, 14, 16, 27 y 72 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente ********************Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa comparece a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: III AUTORIDADES RESPONSABLES: a) La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Se reclama por considerar inconstitucional la discusión, aprobación y expedición (Como parte de las Irregularidades del proceso legislativo) del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan. Con domicilio conocido en Avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia del Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15969, Ciudad de México. CDMX b) De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: Se reclama por inconstitucional la discusión, aprobación y expedición (Como parte de las Irregularidades del proceso legislativo) del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan. Con domicilio conocido en Av. Paseo de la Reforma 135, esquina Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, CDMX. c) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: Se reclama por inconstitucional la promulgación y orden de publicación (Como parte del Proceso Legislativo) del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan. Con domicilio conocido en el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal de México. Ubicado al oriente de la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la alcaldía o demarcación Cuauhtémoc, Centro, Cuauhtémoc, 06066 Ciudad de México CDMX d) Del C. Secretario de Gobernación: Se reclama por inconstitucional el refrendo y la orden de publicación (Como parte del proceso legislativo y actos administrativos relacionados) del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan. Con domicilio conocido en la Calle Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Ciudad de México, CDMX. e) Del C. Director del Diario Oficial de la Federación: Se reclama por inconstitucional la publicación (Como parte del proceso legislativo) del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan Con domicilio conocido en Calle Río Amazonas Número 62, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX. f) Del C. Secretario de Economía del Gobierno Federal Se reclama por ser quien la ejecutará, puesto que la aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía respecto del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan. Con domicilio conocido en Calle Pachuca 189 Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México CDMX. g) Del C. Director General de Minas de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Se reclama por ser quien ejecutará el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan. Con domicilio conocido en Calle Puente de Tecamachalco número 6, piso 3, Colonia Lomas de Tecamachalco, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53950 h) Del C. Director General de la Comisión Nacional del Agua, Se reclama por ser quien ejecutará el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan. Con domicilio conocido en Avenida Insurgentes Sur 2416 Copilco El Bajo CP04340 Ciudad de México i) Del C. Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Gobierno Federal, Se reclama por ser quien ejecutará el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan. Con domicilio conocido en la Avenida de Ejército Nacional número 223, Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México j) De la C. Procuradora Federal de Protección al Ambiente de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Se reclama por ser quien ejecutará el DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY MINERA, de la LEY DE AGUAS NACIONALES, de la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, particularmente en los artículos que más adelante se precisan. Con domicilio conocido en Avenida Félix Cuevas #6 Tlacoquemécatl del Valle, Alcaldía Benito Juárez CP 03200 Ciudad de México. k) De todas y cada una de las autoridades responsables desde este momento se les reclaman las consecuencias legales que los actos reclamados produzcan en la esfera de derechos e intereses legítimos de quien aquí suscribe. IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: El núcleo esencial que se reclama consiste en las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 8 ocho de mayo de 2023 dos mil veintitrés, en el que se publicó el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MINERA, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE y de la LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA. Normas Generales que se reclaman desde este momento por tratarse de leyes federales autoaplicativas, además los actos y reclamaciones vertidas en el punto anterior, las cuales en obvio de evitar mayores repeticiones, se pide se tengan aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen respecto de cada una de las autoridades señaladas como responsables, a quienes se les reclaman, ya sea por su participación en el proceso legislativo el cual incluso se considera no se llevó a cabo cumpliendo con las formalidades que la Ley de leyes exige para tan honorable encargo, o por ser las que lo ejecutarán por la responsabilidad que la propia ley les otorga y agregando la Norma General que de ese DECRETO se desprende y que a continuación se plasma, precisando que el texto de los artículos que se transcribe es el que se considera violatorio de nuestra Carta Magna, y que en consecuencia se combaten por inconstitucionales LOS CUALES SE RECLAMAN A TODAS LAS AUOTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, ASÍ COMO POR SU EJECUCIÓN, EFECTOS Y CONSECUENCIAS, ATENDIENDO Y CONCATENÁNDOLOS CON LOS HECHOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE HAGO VALER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO Desechamiento de la demanda. Bajo tal aspecto, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de amparo de que se trata, en atención a lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano El citado precepto autoriza a este órgano de control constitucional a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios Del precepto transcrito, en lo conducente, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra: 1. Un acto materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolver; 2. Que haya sido promovido por el mismo quejoso; y, 3. Contras las mismas autoridades y acto reclamado. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en el proceso legislativo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de mayo de dos mil veintitrés. Por su parte, como se advierte de la certificación de cuenta, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que la parte quejosa presentó previamente diversa demanda de amparo contra las mismas autoridades y actos reclamados, la cual fue radicada y registrada bajo el estadístico ******************** del índice de este órgano jurisdiccional; asunto que se encuentra en trámite pendiente de resolución. Debido a lo anterior, la acción constitucional es improcedente porque el acto reclamado en el presente juicio es materia de otro juicio ******************** el cual fue promovido por la misma parte quejosa y contra las mismas autoridades y actos reclamados; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis XXII. J/12 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, con número de registro 199531, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento En consecuencia, al existir identidad de actos y autoridades responsables, ello implica que existe imposibilidad jurídica para analizar dos veces los actos aquí reclamados, porque la causa de improcedencia en comento, como se mencionó, tiene como finalidad evitar la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, además, de impedir la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; de ahí la improcedencia de este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación de la Séptima Época, con registro 232137, que indica: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.) del Tribunal Pleno, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2006145, de contenido: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten No se soslaya que el criterio antes citado señala que para efectos de que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, la litispendencia, es necesario que ambas demandas de amparo se encuentren admitidas. Sin embargo, atendiendo a las razones decisorias expuestas en la contradicción de tesis 307/2012 de la que se originó la jurisprudencia en cita, a partir de una interpretación funcional de la norma, este juzgador estima que debe entenderse que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, es necesario cerciorarse de que una de las demandas ha sido tramitada para obviar la situación de que una de ellas nunca se tramite. En el entendido que ese criterio partió de la premisa de que las demandas estaban en órganos jurisdiccionales distintos, lo que aquí no ocurre. Ello es así, porque el acto reclamado en el presente juicio es materia de otro juicio de amparo, al que le correspondió el número ******************** mismo que fue radicado el día de hoy veinte de junio de dos mil veintitrés, es decir, se encuentra en trámite, respecto de la misma persona, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades responsables; situación que tiene por consecuencia la actualización de la causa de improcedencia consistente en la litispendencia a fin de salvaguardar la certeza jurídica de la quejosa. Además, no se desatiende la jurisprudencia referida, ya que la Suprema Corte estableció que no debía desecharse o sobreseerse bajo el tópico de litispendencia, hasta en tanto uno de los jueces que conocía la controversia la admitiera, lo que en el caso no acontece, primero, porque este juzgado conoce de ambos asuntos, y resulta un hecho notorio que en el diverso ******************** en esta fecha se emitió una determinación de prevención, con la cual se le otorgó su derecho de defensa; aunado a que está en posibilidad de cumplirla y que sea admitida a trámite; en segundo lugar, no se puede llegar al extremo de admitir la presente demanda, porque entonces se emitiría una resolución contradictoria a la primera resolución. Por tanto, se repite, no se desatiende el referido criterio jurisprudencial, aunado que en la presente instancia al ser promovido por la misma persona, contra las mismas autoridades responsables y ser el acto reclamado idéntico jurídicamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 113 de la ley en cita. No es óbice a lo anterior el hecho de se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función" Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Domicilio procesal e intervención de autorizados Notificaciones y acceso a expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con los usuarios ******************** y ******************** Intervención de autorizados. Se tiene a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************,********************,********************y********************, toda vez que señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal que se encuentra inscrito en el "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Por otra parte, se tiene a ******************** únicamente como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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