Felipe Chávez Serrano

Expediente 770/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
770/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Felipe Chávez Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que éste órgano jurisdiccional tuvo por no presentada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo de los numerales 21 y 22 del citado Acuerdo General. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 34, del referido acuerdo, hágase constar por el Secretario en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Destruible", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa para cumplir con la prevención realizada en proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, transcurrió del veintisiete de junio al tres de julio del presente año; sin que lo haya hecho. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y de otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 5, 14, 16, 27 y 72 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e integración del expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, el cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 770/2023-VIII. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS CÁMARA DE DIPUTADOS. CÁMARA DE SENADORES. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIALDELA FEDERACIÓN. SECRETARIO DE ECONOMÍA. DIRECTOR GENERAL DE MINAS. DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PROCURADORA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MINERA, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, , DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, Y SU EJECUCIÓN, PUBLICADO EL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Asimismo, refiere reclamar la ejecución de todos y cada uno de los artículos que contiene dicho Reglamento, pues aduce que los combate como un sistema normativo para efectos de este juicio de amparo. Sin embargo, en primer término, resulta preciso mencionar que, tal y como lo refiere en su demanda, al margen de que dicha norma general haya entrado en vigor al día siguiente de su publicación en términos de su primer artículo transitorio, también se estableció en sus diversos artículos transitorios quinto, sexto y noveno, en lo conducente, que hasta en tanto no se emitan las disposiciones reglamentarias al decreto reclamado, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del referido decreto reclamado; de igual forma, que las concesiones de exploración y explotación otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto reclamado tendrán la duración prevista en el título respectivo (que se hubiese otorgado al promovente, en este caso quejoso); que los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las actividades de minería y aguas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto reclamado, se tramitarán y resolverán conforme las disposiciones vigentes en el momento de su inicio y demás disposiciones aplicables en la materia, de manera que no se aprecia qué actos de ejecución reclama a las autoridades responsables. De igual manera, con independencia de que refiera reclamar todo el contenido del decreto por tratarse de un sistema normativo, en el caso resulta necesario que aclare cuál o cuáles porciones normativas en específico reclama, pues se advierten disposiciones que en modo alguno pudieran ocasionarle algún perjuicio y que, incluso, requieren de un acto de aplicación. Ello es así, pues no debe confundirse lo establecido por el Alto Tribunal, en el sentido de que cuando se resuelva un juicio de amparo contra leyes, el juzgador puede analizar normas que en su momento no fueron incorporadas a la litis, siempre y cuando formen una unidad o sistema normativo. No obstante, ello no implica, en consecuencia, que los justiciables puedan impugnar todo un cuerpo normativo sólo por el hecho de tener una misma fuente, sino que, en todo caso, deben impugnarse aquellas que tengan un mismo objeto, con independencia de que se encuentren o no en un solo cuerpo. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 91/2018 (10a.) de la Segunda Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de la Décima Época, con registro 2017869, que indica: AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO. En atención a que la legislación de la materia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que el Juez de amparo debe fijar la pretensión fundamental del quejoso y resolver de manera congruente con ello, se considera que cuando el tema esencial de la litis vincula necesariamente el examen de otras disposiciones legales, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstas, por constituir un sistema normativo, lo conducente es que el estudio de constitucionalidad comprenda las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema de que se trate, aunque no hubieran sido señaladas expresamente por el quejoso en el escrito de demanda, habida cuenta que de ello depende la posibilidad de emitir un pronunciamiento que resuelva de manera íntegra y congruente lo reclamado, pues lo contrario implicaría una violación al derecho fundamental de administración de justicia completa, sin que ello implique que el juzgador federal pueda variar la litis al introducir al estudio normas -no reclamadas- que no correspondan con la pretensión fundamental del quejoso o que no estén vigentes al momento de la presentación de su demanda, ya que la materia de la impugnación es lo que permite sostener la existencia de una conexión entre diversas disposiciones legales, por contener elementos normativos que se complementan entre sí, lo cual justifica la necesidad de realizar un análisis integral de ese articulado que guarda estrecha relación. Este criterio no implica que quede al arbitrio del juzgador incluir actos no reclamados y que no estén vinculados con la litis, ya que cuando se hace referencia a "sistema normativo", se alude al conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que ese sistema no pueda operar sin alguna de ellas. Prevención. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión o rechazo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, dé cumplimiento a lo siguiente: Manifieste cual es la relación que guarda la demanda de amparo que nos ocupa, con la diversa que fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, y registradas con el número ****; lo anterior, dada la similitud que guarda ésta última con la presente demanda, en relación con los actos y autoridades a quienes atribuye los actos reclamados. Indique en particular qué artículo o artículos en concreto reclama del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en Materia de Concesiones para Minería y Agua, pues conforme se indicó con antelación, se desprenden diversas porciones o normas del propio decreto que no irrumpen contra la esfera jurídica del quejoso. Precise el acto o actos de ejecución que reclamada de las autoridades responsables ejecutoras. De igual forma, indique de manera específica si reclama el decreto de que se trata, de manera auto autoaplicativa o heteroaplicativa, en caso de reclamarla conforme el último supuesto indicado, especifique el acto de aplicación que fue dirigido o materializado en contra de la esfera jurídica del ahora justiciable, puesto que fue omiso en indicar dicha circunstancia. Aclare si su demanda de amparo la formula resintiendo una afectación a sus derechos fundamentales, aduciendo un interés jurídico (que tenga un documento formalizado conforme a la ley del que se desprenda el referido interés jurídico), o en su caso aduciendo una afectación al interés legítimo (por el solo hecho de ser miembro de una determinada comunidad o grupo de personas (sin contar con documento idóneo del que se advierta que le revista un interés jurídico), puesto que no es dable que el promovente pretenda instaurar su demanda, aduciendo afectación con la dualidad en cuanto a su afectación al interés jurídico y legítimo, dado que conforme la normativa aplicable y documentos con que cuente la parte quejosa para acreditar la afectación a su esfera de derechos, es que debe aclarar respecto de cuál afectación a su interés formula su demanda. Así como la tesis publicada en la página 102, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo XXII, Quinta Época, página 102, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO OBSCURA E IMPRECISA. Si el Juez de Distrito encuentra que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, deberá mandarla aclarar, pero señalando con precisión las partes que de ella estima obscuras, de acuerdo con lo mandado por la ley reglamentaria para su admisión. En la inteligencia que, además, deberá exhibir doce copias de su escrito aclaratorio a fin de correr traslado a las partes, y una más para ser agregada al cuadernillo incidental, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. En ese tenor, dígasele a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, dentro del término concedido para ello se tendrá por no presentada la demanda, con fundamento en el artículo 114 de la citada ley. En el entendido de que la aclaración, la tendrá que hacer de manera directa la promovente, por escrito, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la aclaración la deberá de hacer con la protesta de decir verdad, al ser los antecedentes de la demanda parte de la misma, pues de hacer la protesta el autorizado, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, página 210, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente, que dice: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en razón de competencia, afirmara hechos falsos u omitiera los que le consten en relación con el acto reclamado, incurriría en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además le sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en los artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del decreto por que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. El presente requerimiento se formula sin perjuicio de que, una vez satisfecho, este órgano jurisdiccional analice la competencia y procedencia del juicio. Intervención de autorizados. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.) que dice: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con los usuarios que indicó en su misiva. Sin que sea dable el proveer de conformidad sobre el domicilio físico señalado en la demanda de amparo, en razón de que se solicitó que las notificaciones se practiquen vía electrónica. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a la parte quejosa. Se exhorta a la promovente para que, de ser posible, continúe la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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