Felipe Castañeda Casarrubias

Expediente 1706/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1706/2014
Año
2014
Actuaciones
2
Última actuación
05/03/2015

Partes del expediente

  • Felipe Castañeda Casarrubias

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de marzo de dos mil quince. Téngase por recibido, el oficio signado por el Juez Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en el Estado de Nayarit, por medio del cual acusa recibo del oficio y anexos remitidos por este juzgado, e informa que es competente para conocer y resolver el asunto remitido por este juzgado por motivo de la incompetencia declinada. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya a lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1706/2014-I, promovido por Felipe Castañeda Casarrubias, por su propio derecho, contra actos de los Magistrados integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitido por razón de turno en la misma fecha a este Juzgado Federal, Felipe Castañeda Casarrubias solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de los Magistrados integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que hizo consistir en la resolución dictada el dieciocho de junio de dos mil catorce, en el toca penal 234/2013-5, en la cual, confirmaron el auto de formal prisión dictado el cinco de febrero de dos mil doce, dentro de la causa penal 14/2012, como probable responsable del delito de secuestro en agravio de Denise Brito Ocampo, Rubén García García y Adolfo Reynoso Moctezuma, previsto y sancionado por el numeral 140, fracción I, del Código Penal del Estado. SEGUNDO. Por auto de quince de julio de dos mil catorce, este juzgado admitió la demanda de amparo, la quedó registrada bajo el expediente de amparo 1706/2014-I, asimismo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable y a los terceros interesados que son los ofendidos en la causa penal, por último, señaló día y hora para la audiencia constitucional, la que inició en los términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: ÚNICO. COMPETENCIA. Resulta innecesario abordar el estudio del asunto, pues como a continuación se analizará, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se declara incompetente por razón de territorio, para conocer del presente juicio de garantías. El artículo 37 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El citado artículo prevé tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito, los cuales son: I.- La competencia se surtirá a favor del que resida en el lugar donde el acto reclamado va a tener ejecución, en donde trate de ejecutarse, en el que se ejecute o ya se haya ejecutado; II.- Cuando el acto ha empezado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, el Juez competente será aquel que hubiera prevenido, es decir, el que haya conocido primero del libelo constitucional; III.- Se actualiza ante la ausencia de ejecución material de la resolución reclamada, en cuyo caso será competente el Juez Federal que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad emisora de tal resolución. De lo anterior, se desprende que el lugar de ejecución del acto impugnado es preponderante para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, debiendo atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En esa tesitura, de las constancias que obra en autos se advierte que el quejoso Felipe Castañeda Casarrubias, está privado de su libertad personal en el Interior del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con domicilio en el Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, asimismo, la causa penal 14/2012, que se sigue en su contra se encuentra radicada en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit. Luego, en este juicio de amparo, reclama de los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, la resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, pronunciada en los autos del toca penal 234/13-5, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal prisión decretado en su contra y otros inculpados, dentro de la causa penal 14/2012, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, y a través de la cual se confirmó el auto de plazo constitucional. En ese sentido, debe destacarse que, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que las controversias de que habla el artículo 103 de la propia Carta Magna, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ".el amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.". En congruencia con lo anterior, como ya se puntualizó, el arábigo 37 de la Ley de Amparo, dispone que es juez competente para conocer del juicio constitucional, el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Luego, si en el supuesto que nos ocupa, se reclama la resolución de segunda instancia que en vía de apelación confirmó el auto de plazo constitucional pronunciado por una autoridad federal (Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit), en contra del impetrante del amparo, quien como se ha dicho, se encuentra recluido en un centro de reinserción social (Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste"), que se ubica en el mismo lugar donde reside el juez que conoce de la causa penal de origen (El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit), es evidente que, conforme a los preceptos legales invocados, este Juzgado Federal no resulta competente para conocer de dicho acto, a pesar de que la Sala que lo pronunció radique en esta misma ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde este órgano judicial ejerce jurisdicción. Esto es así, porque el proceso penal se sigue ante Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, quien emitió el auto de formal prisión reclamado en causa penal 14/2012 y porque el quejoso se encuentra recluido en un centro de reinserción social de esa ciudad que es el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste". En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 187/2011 y que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.) , como criterio para fijar la competencia el siguiente: "Como fue narrado anteriormente, los casos de los cuales emanaron los conflictos competenciales resueltos por los tribunales contendientes, se caracterizaron por presentar la siguiente peculiaridad: el quejoso que impugnó el auto de formal prisión se encontraba recluido en un ámbito territorial distinto de aquel en el cual residía el Juez que instruía la causa penal. Es decir, en nuestro supuesto de estudio, la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferenciados, a saber: el lugar donde se instruye la causa penal y el lugar donde el inculpado se encuentra recluido. En efecto, de acuerdo al análisis de la naturaleza del auto de formal prisión que fue realizado en párrafos precedentes, es posible concluir que, en términos generales, sus efectos implican (i) dejar al inculpado cautelarmente privado de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva -a menos que se le conceda el beneficio de la libertad provisional bajo caución- y (ii) dejarlo a disposición del Juez de primera instancia. En el caso, estos dos efectos genéricos se manifestaron en dos jurisdicciones distintas. Por ello, la cuestión que generó oposición de criterios entre los tribunales contendientes es precisamente que uno de ellos consideró que debía regir, como único criterio de ejecución material, el del lugar de reclusión del quejoso; mientras que el otro conceptualizó al auto de formal prisión como un acto complejo, generador de múltiples efectos y, en consecuencia, advirtió que éstos se materializaban ante el Juez de la causa. Pues bien, esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera el Juez de amparo competente para conocer del acto en mención, es el que radica en la jurisdicción del Juez de la causa, pues, es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido. En el caso a estudio, atendiendo precisamente a la revisión detallada de la naturaleza del auto de formal prisión y a la de sus efectos, debe entenderse que éstos surten preponderantemente ante el Juez instructor del proceso penal. Apelar aisladamente al criterio del lugar de reclusión permitiría la generación de cierta discordancia entre las resoluciones que dictaran los Jueces de amparo, tratándose de causas acumuladas o en las cuales hubiera dos o más inculpados y éstos se encontraran recluidos en ubicaciones distintas entre sí. Esto es, el hecho de que el lugar de reclusión del quejoso se ubique en un lugar distinto de aquel en el que se tramita su causa, no puede dar lugar a considerar que el primero es el ámbito territorial en el cual tendrá plena ejecución el auto de formal prisión, pues ese criterio -aplicado a la problemática de un conflicto competencial- desfavorece la intención de preservar la unidad, la concentración y, por ende, la seguridad jurídica de los procesos penales. Aunque la privación de la libertad del quejoso es ciertamente un efecto del mismo auto de formal prisión, lo cierto es que cuando se materializa en un ámbito territorial distinto de aquel en el cual se sigue su causa, ello generalmente obedece a una circunstancia excepcional o de urgencia, posiblemente fundada en un exhorto previo, girado por el Juez natural a otro para efectos de solicitar su auxilio en la detención y reclusión del inculpado, tal como ocurrió en una de las ejecutorias que participan en esta contradicción (conflicto competencial **********, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito)." Así las cosas, este juzgador aprecia que al señalar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera que el Juez de amparo competente para conocer de un acto en el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en materia penal como lo es el auto de formal prisión, es el que radica en la jurisdicción del Juez de la causa, pues es ante su potestad, que el procesado se encuentra sometido, ya que atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión y a la de sus efectos, debe entenderse que éstos surten preponderantemente ante el Juez instructor del proceso penal. Por ello, si es el Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, que conoce actualmente de la causa penal 14/2012, de donde deriva el auto de bien preso ahora confirmado por la sala responsable, es que este juzgador de amparo, estima que es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, con jurisdicción en aquél lugar competente para seguir conociendo del presente juicio de amparo. Aún más porque en la ejecutoria de mérito se estableció que tratándose de juicios de amparo en los que se reclame un auto de formal prisión, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado, a saber, en el que coincida con el lugar donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el consejo de la judicatura federal en los acuerdos generales conducentes), como se precia de la siguiente transcripción. "Por tanto, en aquellos casos en los que la causa penal se siga en contra de dos o más inculpados que están internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado, a saber, en el que coincida con el lugar donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el consejo de la judicatura federal en los acuerdos generales conducentes). Con esto se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones que bien podrían ser contradictorias y que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad y mucho menos a los procesados." Lo anterior viene a colación, porque en términos de lo que dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2º, este juzgador invoca como hecho notorio, que en el anexo XI, se aprecia que el diverso coinculpado Domingo Valle Jaimes, promovió juicio de amparo contra el mismo acto reclamado y la misma autoridad responsable que este juicio constitucional, el cual, por razón de turno correspondió conocer a la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en el expediente 1699/2014-E, quien por auto de veintiséis de agosto de dos mil catorce, determinó declararse legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio, y declinó la competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic. Luego, en la página de internet del portal SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes), de los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, la que también se invoca como hecho notorio, conforme a la tesis I.1o.A.14 K (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, materia común, página 1946; aparece que en el juicio de amparo 1699/2014-E, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, se publicó lo siguiente: Núm. de Expediente: 1699/2014 Fecha del Auto: 04/11/2014 Fecha de publicación: 05/11/2014 Síntesis: agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en la ciudad de Tepic. Atento a su contenido, téngase a la autoridad informando que se avocó al conocimiento de dicha contienda constitucional, remitida al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en la ciudad de Tepic, con motivo de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. En ese sentido, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Por lo que, al encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción II, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN. De lo que se aprecia que el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, se avocó al conocimiento del citado juicio de amparo; por ello, este juzgador considera al conocer del presente juicio de garantías, un órgano jurisdiccional que resida en el lugar donde se desahoga el proceso penal de donde deriva el acto reclamado, evitaría una multiplicidad de resoluciones que bien podrían ser contradictorias y que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad y mucho menos a los procesados en esa misma causa penal, amén de que el quejoso puede acudir de manera inmediata ante ese Juzgado para hacer valer su defensa, y así de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que si bien interpreta el artículo 36 de la Ley de Amparo anterior a la vigente, lo cierto es que resulta aplicable porque la redacción de dicho numeral es de contenido similar al actual artículo 37 de la citada ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, declara que carece de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio de amparo, declinando la competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, con competencia y jurisdicción donde el quejoso se encuentra recluido, así como donde reside el Juez de Distrito que conoce la causa penal de donde deriva el fallo confirmado en segunda instancia, remitiéndole el original de los autos que integran este expediente de amparo y once anexos, para que en su caso, para que resuelva sobre la competencia declinada a su favor, dejando en este Juzgado Federal cuaderno de antecedentes respectivo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, promovido por 1706/2014-I, contra los actos y autoridades responsables señalados en el resultando primero de la presente sentencia. SEGUNDO. Se declina competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, para conocer del presente juicio, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando único de la presente resolución. TERCERO. Remítase testimonio de la presente resolución, acompañada de los autos del juicio principal en que se actúa y sus anexos, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, hasta hoy trece de febrero de dos mil quince, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron. DOY FE.

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