Felipe Cabezas Melgosa
Expediente 1823/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1823/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Felipe Cabezas Melgosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1823/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el seis de febrero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1823/2018-I, promovido por ******************** MELGOSA. ****************************************RESULTANDO:****************************************Primero. Demanda de amparo. Por demanda presentada el nueve de noviembre dos mil dieciocho, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al día hábil siguiente a este Juzgado, que fue el doce de noviembre, ******************** MELGOSA, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Presidente Municipal, Secretario de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Planeación y Administración Urbana, Director de Obras Públicas y Jefe de Licencia de Construcción, todos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos.****************************************Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. ********************Luego, por auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se fijaron las diez horas con diez minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede.**************************************** CONSIDERANDO:****************************************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos.****************************************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; por ello, en este juicio se analizará el acto reclamado consistente:****************************************La orden retiro de la obra de construcción realizada en el área común ubicada en la parte trasera del inmueble sito en ********************, de fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, suscrita por el inspector de la Dirección de Planeación y Administración Urbana del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos y su ejecución. ****************************************TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Presidente Municipal; Secretario de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Director de Planeación y Administración Urbana; Director de Obras Públicas y Jefe de Licencia de Construcción, todos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, ya que así lo admitieron al rendir su informe justificado****************************************Lo anterior se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias del procedimiento administrativo que remitieron las autoridades responsables como justificación de sus actos; que al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º.********************TERCERO. Causales de improcedencia.********************Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.****************************************A juicio de quien resuelve, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que el acto reclamado adolece de definitividad por lo que no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación.********************El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:********************"Artículo 61. ********************(.)********************XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley".********************No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.********************Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.. ************************************************************Conforme a lo trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando:********************a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ********************b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. ********************c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley.********************d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la provisional; y ********************e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.********************Ahora bien, la autoridad responsable en su informe justificado anexó copias certificadas del procedimiento administrativo, que se integra con:****************************************El escrito fechado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por diversos habitantes de la ********************, dirigido al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, mediante el cual, hacen del conocimiento que en el área común que es un canal de desagüe pluvial en la parte de atrás de la ******************** están construyendo, lo que traería como consecuencia la inundación de vecinos colindantes; por lo que solicitan su intervención ante ese problema. ****************************************Orden de retiro de la obra de construcción realizada el veintidós de octubre de dos mil dieciocho por el inspector de la Dirección de Planeación y Administración Urbana del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, en el área común ubicado en la parte trasera del inmueble sito en ********************, por medio de la cual, se hace del conocimiento de ********************, que está violando el artículo 11 del Reglamento de Construcción del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, puesto que toda obra, instalación o construcción que invada la vía pública sin permiso o autorización deberá ser retirada o demolida por el responsable, propietario o poseedor, en caso de omisión lo hará la secretaría con cargo a éstos, por lo que se le invita a remover el material de obstrucción, ya que obstaculiza el paso destinado a vía pública, dándole un plazo de cuarenta y ocho horas para evitar en su perjuicio la imposición de una multa y el retiro de su material por parte del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, en el que aparece al calce una firme ilegible de quien recibe el documento.**************************************** Actuación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo.****************************************El oficio con data de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, signado por el Director de Planeación y Administración Urbana del Ayuntamiento de Emiliano Zapata Morelos, dirigido al Comandante ******************** de Protección Civil de dicho Ayuntamiento, mediante el cual, solicita el Dictamen Técnico de Riesgo de la zona del Conjunto Urbano La Misión, en virtud de que le fue notificada la construcción de una barda sobre los linderos de un canal de aguas pluviales con el posible riesgo de inundaciones, por lo que vecinos manifestaron su inconformidad.************************************************************Minuta de trabajo signada por el Inspector de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, realizada el seis de noviembre de dos mil dieciocho, en la barda perimetral en construcción de aproximadamente un metro de altura ubicada en el área común que tiene como fin mitigar el riesgo de inundación y/o incendio de terreno baldío vecino así como tramo de canal de agua pluvial que divide ambas áreas, en la parte trasera del ********************, en presencia de ********************; teniendo como observaciones que se recomienda el servicio requerido al tramo del canal que corresponde para mitigar algún riesgo.****************************************Acta administrativa realizada el doce de noviembre de dos mil dieciocho, por el ingeniero adscrito a la Secretaría de Planeación y Administración Urbana del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, en el que asienta que se constituyó con personal de la Dirección de Obras Públicas de ese municipio, en el domicilio ubicado en ********************, con quien dijo ser ******************** MELGOZA, previo procedimiento de clausura de la barda perimetral de un metro de altura y tres de largo aproximadamente, construida en un área común entre un predio baldío y un canal pluvial, se procede a demoler la barda ya que el ciudadano ******************** MELGOZA, no acreditó la propiedad donde se construyó, porque es un área común, para tal efecto se insertan cuatro fotografías.****************************************En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra del acto combatido el quejoso no hizo valer de manera previa a acudir al juicio de amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza.********************En efecto, el primer requisito antes descrito para que se actualice la causal de improcedencia apuntada, se encuentra satisfecho ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de diversas autoridades eminentemente administrativas, del Poder Ejecutivo del Estado, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito.********************La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa previsto en una ley formal y materialmente existente por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado.********************En efecto, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en el caso en la fracción XX del invocado artículo 61; texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, ya que de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente.********************Cierto, se advierte que la parte quejosa tiene que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que el acto que reclama en esta contienda pueda ser modificado o revocado mediante el juicio de nulidad, en términos de los numerales 1, 3, y 4 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: ********************"Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.********************Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo.********************En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.****************************************"Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: ********************Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ********************I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; ********************II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; ********************III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; ********************IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y ********************V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.********************De la lectura de los citados preceptos se aprecia que toda persona tiene derecho a controvertir los actos de carácter administrativo emanados de los Ayuntamientos o de sus dependencias, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; lo que en el particular acontece.********************Lo anterior es así, toda vez que como se advierte del escrito inicial de demanda, la parte quejosa reclama la orden retiro de la obra de construcción realizada en el área común en la parte trasera del inmueble sito en ********************, de fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, suscrita por el inspector de la Dirección de Planeación y Administración Urbana del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos y su ejecución, por el que en términos de los artículos 1 y 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante los actos reclamados por la parte aquí quejosa, procede el juicio de nulidad; por lo tanto, resulta evidente que el quejoso tiene la posibilidad de impugnar el acto que reclama, a fin de que pueda ser anulado en términos del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.********************De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal que emita el Ejecutivo Estatal y sus dependencias, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos o intereses legítimos, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.********************De modo que, el acto reclamado al provenir de diversas autoridades eminentemente administrativas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, era obligatorio que previo a promover la demanda de amparo, el quejoso acudiera al Tribunal de Justicia Administrativa del Estadio de Morelos, a promover el juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello dar cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo.********************Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados previsto en una ley formal y material, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de garantías intentado.********************Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y la diversa 2ª./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." ********************De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª-/J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." ********************En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto al Presidente Municipal; Director de Planeación y Administración Urbana; Secretario de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Director de Obras Públicas y Jefe de Licencias de Construcción (por conducto de la Dirección de Planeación y Administración Urbana), todos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. ********************Además de que dicho recurso no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo.****************************************En el caso la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, dispone un capítulo exclusivo en materia de suspensión al tenor de los siguientes numerales: ****************************************"Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda:********************I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes;********************II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral;********************III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada;********************IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad;********************V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y********************VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio.********************Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche.********************Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete.********************Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda.********************La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales.********************Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal.********************Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción.********************El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento.********************Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante.********************Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos:********************I. Que lo solicite el particular actor;********************II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público;********************III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y********************IV. Que no se deje sin materia el juicio.********************Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión:********************a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos;********************b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y********************c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional;********************d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales.********************La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo.********************La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.********************Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda.********************El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo.********************Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento.********************La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento.********************Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas.********************Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias.********************Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio.********************Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía.********************Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable.********************La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada.********************Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley.********************Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia.********************Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes."****************************************En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen:****************************************"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:********************I. Que la solicite el quejoso; y********************II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.********************La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."********************"Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.********************Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía."****************************************De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes:****************************************I. Que lo solicite el particular actor;********************II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público;********************III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y********************IV.- Que no se deje sin materia el juicio.****************************************Así, de la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes.********************De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. ********************En la inteligencia que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo.********************De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. ****************************************Circunstancia que implica que el quejoso está obligado a acudir previamente a la instancia administrativa ordinaria prevista en el artículo 1° de la referida legislación administrativa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva.********************Encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia 2ª./J.19/2015, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con registro 2008807, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."********************Sin que obste a lo anterior que si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también es cierto que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna, supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no la releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto, pues de lo contrario quedaría al arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo que demuestra se repite, que al no agotar el recurso ordinario la promovente del amparo, procede el desechamiento de la demanda.********************Al caso tiene aplicación el criterio jurisprudencial emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 94, del Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD." ****************************************Bajo ese contexto, no se actualiza la excepción de procedencia que contempla el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por tanto, sí existe la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia.****************************************Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis a las diez horas con cuarenta minutos en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."****************************************En conclusión, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto a diversas autoridades eminentemente administrativas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata; habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva.********************En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir el acto reclamado que se impugna a diversas autoridades eminentemente administrativas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías.******************** Por lo que hace a la excepción a que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, tampoco se actualiza, en tanto que el acto reclamado se fundó en el numeral 11 del Reglamento de Construcción del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, es por ello que no se actualiza dicha hipótesis de excepción al principio de definitividad.******************** Por lo que hace a la segunda excepción que establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61, en estudio, la cual precisa que no es necesario observar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa pretende que a través del juicio de amparo se conmine a la responsable a resolver de inmediato a su favor lo relativo a la fundamentación y motivación del acta de veintidós de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, en este asunto se plantea un tema de legalidad.******************** Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, lo cual no releva a la afectada de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.******************** Apoya esta consideración la Jurisprudencia con registro 237480, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, Tercera Parte, Materia: Común, Página 119, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente:******************** "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo destacado es propio).****************************************Finalmente, no se está en el último caso de excepción de no observar el principio de definitividad, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, ya que, como se vio, el juicio de nulidad está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.********************Por tanto, en este estadio procesal resulta evidente que en el particular resultaba necesario, previo a la promoción de juicio de amparo, que el quejoso agotara el juicio de nulidad descrito en acato al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, habida cuenta que resulta incuestionable que en el caso se impugnó un acto de autoridad distinta a los tribunales, que puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia Administrativa por disposición del artículo 4°, no existiendo precepto alguno que restrinja su acceso a la instancia ordinaria indicada; la cual incluso permite otorgar la suspensión de sus efectos y con su agotamiento se puede acceder a la nulidad del acto combatido; pues aun en el caso de estimarlo como causante de afectaciones irreparables, ello no hace procedente la actualización de alguna causa de excepción pues los efectos que éstos pueden producir constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observar para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto.********************Consecuentemente, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal.********************En tales condiciones, resulta innecesario ocuparse de la causal de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, pues no cambiaría el resultado al que se llegó en esta determinación, lo que se apoya en la jurisprudencia 2ª./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA."**************************************** Por lo expuesto, fundado y fundado; se****************************************RESUELVE:********************ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por ******************** MELGOSA, respecto del acto precisado en el segundo considerando y contra las autoridades responsables, por los motivos explicados en la parte considerativa de esta esta sentencia.********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.********************Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy seis de febrero de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, la resolución de seis de febrero de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Vistos los autos del juicio de amparo 1823/2018-I, promovido por ******************** MELGOSA. ****************************************RESULTANDO:****************************************Primero. Demanda de amparo. Por demanda presentada el nueve de noviembre dos mil dieciocho, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al día hábil siguiente a este Juzgado, que fue el doce de noviembre, ******************** MELGOSA, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Presidente Municipal, Secretario de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Director de Planeación y Administración Urbana, Director de Obras Públicas y Jefe de Licencia de Construcción, todos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos.****************************************Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. ********************Luego, por auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se fijaron las diez horas con diez minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede.**************************************** CONSIDERANDO:****************************************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos.****************************************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; por ello, en este juicio se analizará el acto reclamado consistente:****************************************La orden retiro de la obra de construcción realizada en el área común ubicada en la parte trasera del inmueble sito en ********************, de fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, suscrita por el inspector de la Dirección de Planeación y Administración Urbana del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos y su ejecución. ****************************************TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Presidente Municipal; Secretario de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Director de Planeación y Administración Urbana; Director de Obras Públicas y Jefe de Licencia de Construcción, todos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, ya que así lo admitieron al rendir su informe justificado****************************************Lo anterior se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias del procedimiento administrativo que remitieron las autoridades responsables como justificación de sus actos; que al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º.********************TERCERO. Causales de improcedencia.********************Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.****************************************A juicio de quien resuelve, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues se estima que el acto reclamado adolece de definitividad por lo que no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación.********************El referido artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:********************"Artículo 61. ********************(.)********************XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley".********************No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.********************Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.. ************************************************************Conforme a lo trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando:********************a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ********************b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. ********************c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley.********************d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para el otorgamiento de la provisional; y ********************e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.********************Ahora bien, la autoridad responsable en su informe justificado anexó copias certificadas del procedimiento administrativo, que se integra con:****************************************El escrito fechado el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por diversos habitantes de la ********************, dirigido al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, mediante el cual, hacen del conocimiento que en el área común que es un canal de desagüe pluvial en la parte de atrás de la ******************** están construyendo, lo que traería como consecuencia la inundación de vecinos colindantes; por lo que solicitan su intervención ante ese problema. ****************************************Orden de retiro de la obra de construcción realizada el veintidós de octubre de dos mil dieciocho por el inspector de la Dirección de Planeación y Administración Urbana del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, en el área común ubicado en la parte trasera del inmueble sito en ********************, por medio de la cual, se hace del conocimiento de ********************, que está violando el artículo 11 del Reglamento de Construcción del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, puesto que toda obra, instalación o construcción que invada la vía pública sin permiso o autorización deberá ser retirada o demolida por el responsable, propietario o poseedor, en caso de omisión lo hará la secretaría con cargo a éstos, por lo que se le invita a remover el material de obstrucción, ya que obstaculiza el paso destinado a vía pública, dándole un plazo de cuarenta y ocho horas para evitar en su perjuicio la imposición de una multa y el retiro de su material por parte del Ayuntamiento Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, en el que aparece al calce una firme ilegible de quien recibe el documento.**************************************** Actuación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo.****************************************El oficio con data de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, signado por el Director de Planeación y Administración Urbana del Ayuntamiento de Emiliano Zapata Morelos, dirigido al Comandante ******************** de Protección Civil de dicho Ayuntamiento, mediante el cual, solicita el Dictamen Técnico de Riesgo de la zona del Conjunto Urbano La Misión, en virtud de que le fue notificada la construcción de una barda sobre los linderos de un canal de aguas pluviales con el posible riesgo de inundaciones, por lo que vecinos manifestaron su inconformidad.************************************************************Minuta de trabajo signada por el Inspector de la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, realizada el seis de noviembre de dos mil dieciocho, en la barda perimetral en construcción de aproximadamente un metro de altura ubicada en el área común que tiene como fin mitigar el riesgo de inundación y/o incendio de terreno baldío vecino así como tramo de canal de agua pluvial que divide ambas áreas, en la parte trasera del ********************, en presencia de ********************; teniendo como observaciones que se recomienda el servicio requerido al tramo del canal que corresponde para mitigar algún riesgo.****************************************Acta administrativa realizada el doce de noviembre de dos mil dieciocho, por el ingeniero adscrito a la Secretaría de Planeación y Administración Urbana del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, en el que asienta que se constituyó con personal de la Dirección de Obras Públicas de ese municipio, en el domicilio ubicado en ********************, con quien dijo ser ******************** MELGOZA, previo procedimiento de clausura de la barda perimetral de un metro de altura y tres de largo aproximadamente, construida en un área común entre un predio baldío y un canal pluvial, se procede a demoler la barda ya que el ciudadano ******************** MELGOZA, no acreditó la propiedad donde se construyó, porque es un área común, para tal efecto se insertan cuatro fotografías.****************************************En el particular se actualiza la hipótesis normativa invocada, habida cuenta que en contra del acto combatido el quejoso no hizo valer de manera previa a acudir al juicio de amparo, el medio de impugnación ordinario precedente, soslayando el principio de definitividad que lo rige y al cual debe atenderse en casos como el que se analiza.********************En efecto, el primer requisito antes descrito para que se actualice la causal de improcedencia apuntada, se encuentra satisfecho ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de diversas autoridades eminentemente administrativas, del Poder Ejecutivo del Estado, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito.********************La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa previsto en una ley formal y materialmente existente por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado.********************En efecto, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en el caso en la fracción XX del invocado artículo 61; texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, ya que de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente.********************Cierto, se advierte que la parte quejosa tiene que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que el acto que reclama en esta contienda pueda ser modificado o revocado mediante el juicio de nulidad, en términos de los numerales 1, 3, y 4 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, cuyo contenido textual es el siguiente: ********************"Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley.********************Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia (sic) conflicto de intereses considerando la (sic) situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar (sic) el servicio público frente a otro empleo.********************En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones.****************************************"Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: ********************Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: ********************I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; ********************II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; ********************III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; ********************IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y ********************V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.********************De la lectura de los citados preceptos se aprecia que toda persona tiene derecho a controvertir los actos de carácter administrativo emanados de los Ayuntamientos o de sus dependencias, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; lo que en el particular acontece.********************Lo anterior es así, toda vez que como se advierte del escrito inicial de demanda, la parte quejosa reclama la orden retiro de la obra de construcción realizada en el área común en la parte trasera del inmueble sito en ********************, de fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, suscrita por el inspector de la Dirección de Planeación y Administración Urbana del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos y su ejecución, por el que en términos de los artículos 1 y 3 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante los actos reclamados por la parte aquí quejosa, procede el juicio de nulidad; por lo tanto, resulta evidente que el quejoso tiene la posibilidad de impugnar el acto que reclama, a fin de que pueda ser anulado en términos del artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.********************De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal que emita el Ejecutivo Estatal y sus dependencias, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos o intereses legítimos, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.********************De modo que, el acto reclamado al provenir de diversas autoridades eminentemente administrativas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, era obligatorio que previo a promover la demanda de amparo, el quejoso acudiera al Tribunal de Justicia Administrativa del Estadio de Morelos, a promover el juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello dar cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo.********************Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados previsto en una ley formal y material, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de garantías intentado.********************Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y la diversa 2ª./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." ********************De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª-/J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." ********************En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto al Presidente Municipal; Director de Planeación y Administración Urbana; Secretario de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Director de Obras Públicas y Jefe de Licencias de Construcción (por conducto de la Dirección de Planeación y Administración Urbana), todos del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. ********************Además de que dicho recurso no exige mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo.****************************************En el caso la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, dispone un capítulo exclusivo en materia de suspensión al tenor de los siguientes numerales: ****************************************"Artículo 43. El promovente deberá adjuntar a su demanda:********************I. Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes;********************II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral;********************III. El documento en el que conste el acto o resolución impugnada;********************IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad;********************V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada, y********************VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio.********************Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche.********************Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete.********************Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda.********************La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales.********************Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal.********************Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción.********************El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento.********************Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante.********************Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos:********************I. Que lo solicite el particular actor;********************II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público;********************III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y********************IV. Que no se deje sin materia el juicio.********************Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión:********************a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos;********************b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y********************c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional;********************d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales.********************La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo.********************La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.********************Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda.********************El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo.********************Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento.********************La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento.********************Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas.********************Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias.********************Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio.********************Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía.********************Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable.********************La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada.********************Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley.********************Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia.********************Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes."****************************************En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo disponen:****************************************"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:********************I. Que la solicite el quejoso; y********************II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.********************La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."********************"Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.********************Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía."****************************************De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes:****************************************I. Que lo solicite el particular actor;********************II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público;********************III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y********************IV.- Que no se deje sin materia el juicio.****************************************Así, de la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes.********************De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. ********************En la inteligencia que el plazo para otorgar la suspensión conforme al artículo 43 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo.********************De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. ****************************************Circunstancia que implica que el quejoso está obligado a acudir previamente a la instancia administrativa ordinaria prevista en el artículo 1° de la referida legislación administrativa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva.********************Encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia 2ª./J.19/2015, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con registro 2008807, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."********************Sin que obste a lo anterior que si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también es cierto que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna, supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no la releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto, pues de lo contrario quedaría al arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo que demuestra se repite, que al no agotar el recurso ordinario la promovente del amparo, procede el desechamiento de la demanda.********************Al caso tiene aplicación el criterio jurisprudencial emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 94, del Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD." ****************************************Bajo ese contexto, no se actualiza la excepción de procedencia que contempla el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por tanto, sí existe la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia.****************************************Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.27/2016 de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis a las diez horas con cuarenta minutos en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."****************************************En conclusión, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto a diversas autoridades eminentemente administrativas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata; habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva.********************En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir el acto reclamado que se impugna a diversas autoridades eminentemente administrativas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías.******************** Por lo que hace a la excepción a que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, tampoco se actualiza, en tanto que el acto reclamado se fundó en el numeral 11 del Reglamento de Construcción del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, es por ello que no se actualiza dicha hipótesis de excepción al principio de definitividad.******************** Por lo que hace a la segunda excepción que establece el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61, en estudio, la cual precisa que no es necesario observar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa pretende que a través del juicio de amparo se conmine a la responsable a resolver de inmediato a su favor lo relativo a la fundamentación y motivación del acta de veintidós de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, en este asunto se plantea un tema de legalidad.******************** Sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, lo cual no releva a la afectada de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.******************** Apoya esta consideración la Jurisprudencia con registro 237480, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, Tercera Parte, Materia: Común, Página 119, cuyo texto y rubro es del tenor literal siguiente:******************** "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." (Lo destacado es propio).****************************************Finalmente, no se está en el último caso de excepción de no observar el principio de definitividad, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, ya que, como se vio, el juicio de nulidad está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.********************Por tanto, en este estadio procesal resulta evidente que en el particular resultaba necesario, previo a la promoción de juicio de amparo, que el quejoso agotara el juicio de nulidad descrito en acato al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, habida cuenta que resulta incuestionable que en el caso se impugnó un acto de autoridad distinta a los tribunales, que puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia Administrativa por disposición del artículo 4°, no existiendo precepto alguno que restrinja su acceso a la instancia ordinaria indicada; la cual incluso permite otorgar la suspensión de sus efectos y con su agotamiento se puede acceder a la nulidad del acto combatido; pues aun en el caso de estimarlo como causante de afectaciones irreparables, ello no hace procedente la actualización de alguna causa de excepción pues los efectos que éstos pueden producir constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observar para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto.********************Consecuentemente, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal.********************En tales condiciones, resulta innecesario ocuparse de la causal de improcedencia que hacen valer las autoridades responsables, pues no cambiaría el resultado al que se llegó en esta determinación, lo que se apoya en la jurisprudencia 2ª./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA."**************************************** Por lo expuesto, fundado y fundado; se****************************************RESUELVE:********************ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por ******************** MELGOSA, respecto del acto precisado en el segundo considerando y contra las autoridades responsables, por los motivos explicados en la parte considerativa de esta esta sentencia.********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.********************Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy seis de febrero de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este Juzgado, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por las autoridades responsables, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez que autoriza y da fe. Ser*
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