Felipe Angel Moldonado Solis

Expediente 301/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
301/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Felipe Angel Moldonado Solis

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el diecisiete de enero del presente año, por ese Cuerpo Colegiado en la queja 78/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Felipe Ángel Maldonado Solís, en contra del auto de dos de abril de dos mil dieciocho, de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto declaró infundado el recurso de queja interpuesto. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo, y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otra parte, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 2863, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado entrada al recurso de queja interpuesto por el promovente del amparo Felipe Ángel Maldonado Solís, en contra del acuerdo de dos de abril del año en curso, formándose por tal motivo, el toca número 78/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA I. Agréguese a estos autos el escrito signado por el promovente Felipe Ángel Maldonado Solís, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de quince de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En tal virtud, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, asimismo remítase el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de la naturaleza del acto que reclama. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA I. Vista la demanda de amparo promovida por FELIPE ÁNGEL MALDONADO SOLIS, contra un acto que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora bien, como ya se dijo de la lectura de dicha demanda, la cual debe ser examinada de oficio, en observancia a lo dispuesto por los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que conduce a su DESECHAMIENTO DE PLANO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En efecto, la parte quejosa reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, el auto de exequendo de fecha veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, en el cual la autoridad responsable tuvo por admitida la demanda en Juicio Ejecutivo Mercantil interpuesta por los ciudadanos MARIO ALBERTO CASTRO ALCOCER y/o ISRAEL ESCALANTE LOMBARD como endosatarios en procuración de ARTURO FRANCISCO VILLANUEVA PÉREZ en contra de la persona moral MDM MÉDICA DIGNOSTICA DEL MAYAB, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, como deudor principal y MANUEL JESÚS DOMÍNGUEZ BENTATA, FELIPE ÁNGEL MALDONADO SOLÍS y JOSÉ MANUEL GARCÍA BOLIO, en el cual ordenó el requerimiento de pago y en su caso, el embargo de bienes suficientes del suscrito para garantizar las prestaciones reclamadas en el juicio ejecutivo mercantil marcado con el número 1933/2017, lo cual, se ejecutó el día seis de marzo del presente año. Con lo anterior se pone de manifiesto que al ser Felipe Ángel Maldonado Solís, es parte en el juicio natural y al tomarse en cuenta que el auto de exequendo de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, y su ejecución efectuada el seis de marzo último, pudo recurrirla ante el tribunal de alzada de la propia autoridad responsable, mediante el recurso de apelación como medio idóneo para combatirlos, de conformidad con los artículos 1345, 1345 bis y 1339 del Código de Comercio Se dice lo anterior, en base a que la Primera Sala de la suprema Corte de justicia de la Nación, se ha pronunciado al respecto, al considerar que el artículo 1339 del código de Comercio, prevé como regla general que el recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones que se dicten en trámite del procedimiento, se admitirá en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva. Sin embargo, respecto del auto de exequendo es aplicable la regla especial, contenida en el último párrafo del artículo 1165 del Código de comercio, así como lo conducente el contenido de los artículos 1345 Bis 8 de la misma ley; por lo que debe aceptarse que estas disposiciones especiales, relativas al auto de ejecución obsequiado en el juicio ejecutivo mercantil, adquieren aplicación directa para esos casos y excluyen la posibilidad de aplicar la regla general, contenida en el diverso numeral 1339. Y, por otro lado, si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la vigente. En consecuencia, si el promovente considera que el auto de exequendo de veintinueve de enero del año dos mil dieciocho, y su ejecución efectuado el seis del mes y año que transcurre, dictados en el juicio ejecutivo mercantil 1933/2017, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual tuvo por admitida dicha demanda, y ordenó el requerimiento de pago de los pagarés cuyas cantidades son de USD $82,812.00, USD $133,458.00 y USD$137,286.00 dólares, y en su caso, el embargo de bienes para garantizar las prestaciones reclamadas en dicho juicio, cabe decirse que a la fecha en que se admitió la demanda el tipo de cambio era de 18.6982, por un dólar, según la página de internet del servicio de Administración Tributaria SAT.GOB.MX., por lo que al efectuar la conversión a pesos mexicanos por la cantidad de $82,812.00, el resultado es de $ 1,533,252.40; por la segunda de $133, 458.00, es 2´495,424.37, y la tercera, de $137,286.00, es por la cantidad de 2´567,001.08, de lo que se advierte que se trata de una cuantía mayor. Cabe citar a lo anterior, la contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." En efecto, los medios de impugnación tienen como finalidad primordial brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto; certidumbre jurídica que, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa sino la certeza dada al individuo que acude ante los órganos jurisdiccionales, por cuanto a que sus derechos procesales no serán objeto de ataques ilegales de parte de la autoridad o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas la protección y reparación, a través de los medios que al efecto el legislador prevea, los cuales se tramitarán ante el mismo Juez que los emita, o bien, ante distinto órgano de mayor jerarquía. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el promovente del amparo debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. En esa línea argumentativa, cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye el auto de exequendo, requerimiento de pago y embargo y en su ejecución, como en el caso, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser nulificado por el tribunal de alzada de la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el recurso de apelación de conformidad con el numeral antes señalado, el cual debe agotarse previamente al intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. En consecuencia, al no haber agotado la parte quejosa el recurso de apelación, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de que se trata, por ser la misma notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado, pues al consistir éste en una determinación emanada de un tribunal judicial, constriñe a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGUN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA.- Ciertamente, conforme a la última parte de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, los quejosos, no están obligados a agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios procedentes en contra del acto reclamado, si éste carece de fundamentación. Sin embargo para la hipótesis prevista en la fracción XIII del artículo 73 en cita, no opera la excepción al principio de definitividad del juicio de garantías antes indicado, pues de esta fracción sólo se infiere que en tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales las leyes de la materia concedan algún recurso o medio de defensa; por los cuales podrán ser revocados, modificados o nulificados, los agraviados deberán agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, dichos medios de impugnación y que a ello no están obligados los terceros extraños a juicio; por ello, se impone considerar, que en la hipótesis en comento no opera la excepción al principio de definitividad antes precisada, al no indicarlo así la disposición de referencia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia; y que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes, y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por FELIPE ÁNGEL MALDONADO SOLIS, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizados para tales efectos a Celso Augusto López Pérez, Johanna de Lourdes Gómez Domínguez y Jonathan Fernando Casanova Solís, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, Fanny Victoria Ballote Hernández, Samantha Georgina Solís Herrera, Rubén Rafael Brizuela Zepeda, Eduardo Alejandro López Novelo, Pablo Yael Romero de Dios, Inés Guadalupe Rodríguez Tuyub, Jeiner Ricardo Martínez Ku, con las limitaciones a que se refiere el precepto legal antes citado, en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a las restantes personas se les autoriza de conformidad al artículo 24 de la Ley de Amparo. De igual forma, como lo solicita, de con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la judicatura Federal, se le autoriza a los nombrados autorizados, para que hagan uso de aparatos como cámaras escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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