Felipe Angel Maldonado Solis
Expediente 1443/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1443/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Felipe Angel Maldonado Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional dictada el veintinueve de septiembre del año en curso; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que en su único punto resolutivo sobresee en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se tramitó incidente de suspensión, ES DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 1443/2021, promovido por Felipe Ángel Maldonado Solís, por sí y como representante de sus hijos menores de edad Ángel Emilio y Felipe, ambos de apellidos Maldonado Castillo, contra el acto que reclama de la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaria hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; d) Auto por el que se tiene por presentado a William Leonel Rosales Cachón, defensor público federal, en su carácter de representante especial de los menores; e) Emplazamiento de la tercero interesada Margarita Castillo Laviada; y, f) Proveídos mediante los cuales se tuvo por rendido el informe justificado de la Juez responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera; así como del auto en que se agregaron las constancias que la propia Juez responsable remitió en alcance á su informe de ley, y del auto por el que éstas se pusieron a la vista. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable, respecto del acto reclamado. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede abrir el período probatorio, y se da cuenta con las documentales que exhibieron la parte quejosa, la tercera interesada, y las remitidas por la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe justificado, en relación al acto primigenio de demanda, así como de la ampliación, consistentes en copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 319/2019, de su índice, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Margarita Castillo Laviada contra el quejoso, al cual se encuentra acumulado el diverso 469/2019. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten la probanzas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica; y no habiendo ninguna otra por desahogar, se cierra dicho periodo. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, se da cuenta con el alegato ministerial 410/2021, firmado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; alegatos vertidos por el Representante especial de los menores Ángel Emilio y Felipe, ambos de apellidos Maldonado Castillo; así como los formulados por la tercero interesada Castillo Laviada; a lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tómense en consideración los alegatos antes mencionados al momento de dictar la correspondiente sentencia; enseguida, se declara cerrado dicho período. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que en virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, y no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1443/2021-IV; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Mérida, Felipe Ángel Maldonado Solís, por sí y como representante de sus hijos menores de edad Ángel Emilio y Felipe, ambos de apellidos Maldonado Castillo, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14,16 y17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; asimismo, se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, lo que se hizo oportunamente; se tuvo como representante especial de los menores a William Leonel Cachón Rosales, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Primero. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que derivan del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: - La resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, emitida con motivo del recurso de revocación que hizo valer en los autos del expediente que se sigue en el Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, bajo el número 319/2019 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Margarita Castillo Laviada, contra el quejoso, al cual se encuentra acumulado el diverso expediente 469/2019, en la cual, la responsable se negó a fijar una pensión alimenticia a favor de los menores de edad quejosos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, de la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, pues así lo manifestó al rendir sus correspondiente informe justificado, por lo que se tiene por cierto dicho acto reclamado. Lo que se corrobora incluso con la copia certificada que remitió la Jueza responsable al rendir su informe justificado, del expediente 319/2019, derivado del procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Margarita Castillo Laviada, contra el quejoso, al cual se encuentra acumulado el diverso expediente 469/2019. Documentales que por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, deben analizarse las causas de improcedencia que propongan las partes o se adviertan de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, registro 222780, de la Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VII, mayo de 1991, página: 95, materia(s): Común, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese orden de ideas, cabe mencionar que esta Juzgadora advierte que en relación con el acto reclamado (resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, en el que la Juez responsable se negó a fijar pensión alimenticia a favor de los menores de edad quejosos en este asunto), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) En este sentido, a fin de explicar cómo opera la causa de improcedencia anunciada, es oportuno mencionar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada, tales como el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 31 a 71), cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 3387/97 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38), que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En estas resoluciones se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En este orden de ideas y a mayor abundamiento es oportuno hacer notar que, la propia Sala ha definido el criterio en el sentido de que no es necesario que el acto reclamado sea dejado sin efectos por la autoridad responsable para que opere la improcedencia del juicio que se viene analizando, sino que basta con que sea substituida por otra resolución que derogue la que se impugna, al momento en que se emita la sentencia en el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1492, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO.El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos. En esta tesitura, es evidente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación y b) por sustitución -como en el caso acontece-. En efecto, en el primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. El segundo opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del primer acto reclamado, porque la situación jurídica a que estaba sujeto el quejoso respecto a dicho acto reclamado, ya no está regida por éste, sino por una nueva determinación. Motivo por el que ésta determinación sustituye procesalmente el auto controvertido primigeniamente, y por ende, para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente, de ahí que, será la nueva determinación, la que podría ser materia del juicio constitucional. Se dice que se actualiza dicha causal de improcedencia, ello, toda vez que de las constancias que remitió la Jueza responsable, relativas al expediente 319/2019, derivado del procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Margarita Castillo Laviada, contra el quejoso, al cual se encuentra acumulado el diverso expediente 469/2019, se advierte que en acuerdo de veinte de agosto de dos mil veintiuno, la responsable fijó como pensión alimenticia a favor de los menores de edad A.E.M.C y F.M.C, aquí quejosos, representados por Felipe Ángel Maldonado Solís y a cargo de Margarita Castillo Laviada, la cantidad de Dos mil pesos, sin centavos, moneda nacional, de manera mensual, las cuales deberán ser cubiertas por adelantado dentro de los tres primeros días de cada mes, a excepción del primer depósito, cuyo pago fijó dentro de los tres días siguientes al en que quede debidamente notificada, entre otras cuestiones. Por tanto, de la anterior narrativa claramente se advierte que la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, impugnado por esta vía, fue sustituido procesalmente por el diverso veinte de agosto de esta anualidad; lo que materializa el motivo de improcedencia en estudio dado que las consecuencias jurídicas del auto primeramente combatido fueron sustituidas por la determinación en la que ya se fijó pensión alimenticia a favor de los menores y a cargo de su progenitora, aquí tercera interesada, motivo por el cual, respecto de dicha resolución debe de sobreseerse en el presente juicio de amparo. Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, esta Juzgadora no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto reclamado; ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos del 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Felipe Ángel Maldonado Solís, por sí y como representante de sus hijos menores de edad Ángel Emilio y Felipe, ambos de apellidos Maldonado Castillo, contra el acto que reclamaron de la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, consistente en la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 319/2019, derivado del procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Margarita Castillo Laviada, contra el quejoso; por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino, con sede en esta ciudad, adjunto al cual, remite copia certificada de diversas constancias en alcance a su informe justificado, relativas al expediente 319/2019, de su índice, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Margarita Castillo Laviada contra el quejoso, al cual se encuentra acumulado el diverso 460/2019; en tal virtud, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, dese vista a las partes en este juicio por el término de tres días, y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el pedimento ministerial signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual, por los motivos que manifiesta, solicita por una parte, que se sobresea en el presente juicio de amparo y por la otra que se niegue al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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