Felipa Pacifuentes Zavaleta

Expediente 403/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
403/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Rafael Gonzalez Pacifuentes
  • Felipa Pacifuentes Zavaleta
  • Felipa Pacifuentes Zavaleta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaria Técnica de comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 23/jun/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo de tres días, concedido el treinta y uno de mayo del año en curso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la probable actualización de una causa de improcedencia, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. Ahora bien, este juzgado estima que en el presente asunto, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, cuyo estudio es de orden público y estudio preferente; por lo tanto, se procede a su estudio al tenor de las siguientes consideraciones: El quejoso señaló como acto reclamado en el presente asunto el siguiente: En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma ley, que establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características.??? Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. (Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse el contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Sentado lo anterior, éste Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, de rubro y datos de localización siguientes: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. (Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P. J/23, Página: 991.) Precisado lo anterior, de oficio se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. De lo transcrito se desprende la causa de improcedencia del juicio de amparo, en los casos que subsistiendo el acto reclamado durante el juicio y aún????? concluido este, no pueda surtir efecto legal o material, pues el objeto o materia del mismo dejó de existir. Bajo tales condiciones, cabe recordar que el acto reclamado, es el siguiente: En ese sentido, del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, mismo que se tiene a la vista como hecho notorio, se advierte que mediante resolución interlocutoria de trece de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar la orden de suspensión provisional por quince días, contenida en el oficio de veinte de febrero de dos mil veinte, y le permitan asistir a clases durante el ciclo escolar respectivo. Asimismo, se impone destacar que del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, a través de los Acuerdos Generales números 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales; como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado del virus COVID-19. Por lo tanto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en ese Acuerdo General, en consecuencia, el catorce de agosto de dos mil veinte, se reanudaron dichos plazos y términos en el presente juicio; no obstante, atendiendo a que el día veinte de marzo de dos mil veinte, se publicó el "ACUERDO POR EL QUE SUSPENDEN LOS PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO EN LA UNIDERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO" en la Gaceta Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se determinó que no correrían plazos y términos de todos los procedimientos y trámites de carácter escolar, académico, académico-administrativo, procesos electorales, procedimientos disciplinarios, así como de naturaleza administrativa, hasta en tanto, la autoridad universitaria así lo ordenara, y toda vez que la Directora de la Escuela Nacional Preparatoria número dos (2) de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante oficio registrado con número de correspondencia 8047, hizo constar la imposibilidad de continuar con el trámite del presente asunto, en razón que no se encontraba laborando la citada institución, se suspendió el procedimiento en el mismo auto de catorce de agosto de dos mil veinte, hasta en tanto reanudara sus actividades la referida autoridad universitaria. Ahora bien, mediante auto de diecisiete de mayo del año en curso, se requirió a la Directora de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que informara si Rafael González Pacifuentes, se encuentra inscrito en el ciclo escolar dos mil veintiuno a dos mil veintidós (2021-2022) en la institución citada, e informara 1) el grado o semestre que cursa, 2) el tiempo estimado para finalizar dicho curso y 3) el estado que guarda la suspensión temporal que le fue impuesta mediante oficio de veinte de febrero de dos mil. Por lo que mediante oficio recibido el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este juzgado, el Director del Plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto" de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que el menor quejoso estuvo inscrito en el ciclo escolar dos mil veintiuno a dos mi veintidós (2021-2022) mismo que inició el nueve de agosto de dos mil veintiuno, y finalizó el ocho de abril del año en curso; asimismo, informa que estuvo inscrito en el tercer año, grupo trescientos cinco (305), de iniciación universitaria, aprobando todas sus materias, e informa que la suspensión temporal impuesta al menor quejoso Rafael González Pacifuentes, fue interrumpida desde el cuatro de marzo de dos mil veinte, y que a la fecha, guarda el mismo estado; por lo que, en la misma fecha, ante la posible actualización de una causa de improcedencia, se reanudó el procedimiento, y se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hubiera realizado manifestación alguna. En ese tenor, es innegable que aun subsistiendo la suspensión temporal impuesta al menor quejoso Rafael González Pacifuentes, ya no puede surtir efecto alguno por sí misma, pues el citado menor finalizó el ocho de abril del año en curso, su tercer grado de secundaria, por lo que culminó sus estudios en dicha institución educativa. Por ende, se estima que se extinguió el objeto del acto reclamado, razón por la cual, al dejar de existir la materia sobre la cual versaba, es decir, la ejecución de la suspensión temporal impuesta al menor quejoso, resulta innegable que el acto reclamado ya no puede surtir efecto legal o material alguno. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. (Registro: 173,858, Novena Época, Instancia: Segunda? Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Diciembre de 2006, Página: 189) En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión temporal impuesta al menor quejoso, lo procedente es sobreseer en el juicio. Consiguientemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y personalmente al tercero interesado Manuel Rodríguez Rodriguez. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de Ramiro Betancourt Olmos, actuario judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual, informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por los argumentos expuestos en ésta. Como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la citada notificación, así como las subsecuentes, por medio de lista electrónica de este juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, que es del rubro y datos de localización siguiente: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. (No. Registro: 169,843, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, página: 238). Notifíquese y por lista electrónica a la parte quejosa, así como el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano