Felicitas Pártida Rivas

Expediente 990/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
990/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Felicitas Pártida Rivas
  • Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    - En la Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "2" del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual, solicita se le informe el importe en pesos de la multa impuesta el veinticinco de marzo de dos mil veintidós a Laura Ángeles Gómez, quien ocupaba el cargo de Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México así mismo, solicita se le remita el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, Clave Única de Población y fecha de nacimiento de la persona sancionada. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, se hace de su conocimiento que mediante proveído de trece de julio del año en curso ya se aclaró el monto al cual asciende la multa impuesta en autos, no obstante, se reitera que mediante el comunicado de prensa número 10/22 de siete de enero de dos mil veintidós, consultable en la dirección electrónica https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boleti nes/2022/uma/uma2022.pdf, el cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y conforme al tesis de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL."; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al dos mil veintidós es de $***, de manera que el importe de la multa de quinientas veces la unidad de medida y actualización vigente asciende a la cantidad de $***, tal como se advierte de la siguiente operación aritmética: *** x 500 = *** Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y el 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, atento a su solicitud, y tomando en consideración la imposibilidad manifestada por la?????? Subdirectora de Seguimiento Normativo de la Secretaría Técnica Normativa, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, todos del Instituto Nacional Electoral y por el Administrador de Cobro Persuasivo y Garantías "1" del Servicio de Administración Tributaria, para proporcionar los datos de localización de L.A.G., en los oficios registrados con números de correspondencia 19413 y 19637, con apoyo en el artículo 297, fracción II del citado código adjetivo, requiérase al Titular de la Administración Central de Operación de Padrones de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria y a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS y dentro del ámbito de sus facultades proporcionen el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población, fecha de nacimiento y el domicilio particular de L.A.G., Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a fin de realizar el cobro de la multa impuesta en autos. Apercibidas que de no hacerlo así, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las autoridades requerida, una multa por cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; con independencia de que se procederá a requerir al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto Nacional Electoral, a la Secretaría de Gobernación y a la autoridad que se estime competente, con el objeto de allegarse de dicha información. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que establece: DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. NO LO VULNERA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL DOMICILIO PARTICULAR DE UN FUNCIONARIO, POR UN JUEZ FEDERAL, A FIN DE HACER EFECTIVA LA MULTA QUE LE IMPUSO. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 18, fracción II,(1) establece los supuestos de información confidencial y prevé los datos personales que requieren el consentimiento expreso de los individuos para su difusión, distribución o comercialización; ahora bien, cuando un Juez Federal solicita la información del domicilio particular de un funcionario, a fin de hacer efectiva la multa que le impuso por incumplimiento a las obligaciones derivadas del ejercicio de sus funciones en un juicio de amparo donde fue señalado como autoridad responsable, no vulnera el derecho a la protección de datos personales, porque deriva de una orden judicial, lo cual es una excepción a ese derecho humano, que tiene su fundamento en los artículos 22, fracción IV, de la ley federal en cita,(2) 21, numeral 1, inciso d) y 22, numeral 1, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,(3) que faculta al órgano jurisdiccional a recabar la información de mérito sin necesidad de anuencia expresa; además, el correctivo incide en la esfera jurídica del funcionario como persona física, no en su calidad de ente dotado de poder público, de ahí que no interfiera con las facultades o afecte el peculio de la persona moral oficial. (Registro digital: 2011455, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: III.1o.C.8 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2239, Tipo: Aislada). Notifíquese

  2. Principal

    En la Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual, interpone recurso de inconformidad en contra del auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la inconformidad, distribúyase entre las partes copia del oficio que se atiende y, una vez que obren las constancias de notificación, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, para la substanciación del mismo, conforme con el Acuerdo General 5/2013, punto octavo y noveno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución y envió de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Es aplicable analógicamente en lo conducente la tesis IV.2º.A.7 K, que es del rubro siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO POR EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO. ÚNICAMENTE PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA EJECUTORIA. (Novena Época, Registro: 187118, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Tesis: IV.2o.A.7 K, Página: 1330). Sin que haya lugar a formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, en razón que mediante proveído de dieciséis de los actuales, se ordenó su integración con motivo del diverso recurso de inconformidad interpuesto por la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta por medio del cual la Directora Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y la Subdirectora de Pensiones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desahogan el requerimiento formulado en el auto de doce de julio de dos mil veintidós, para lo cual remiten el comprobante de pago digital correspondiente al mes de junio de dos mil veintidós, de la pensión número 255826, de la aquí quejosa Felicitas Partida Rivas, con el cual acreditan que en ese mes se realizó el pago de la cantidad de *****, por concepto de pensión retroactiva. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de la constancia remitida por las autoridades oficiantes, se advierte que ya fue pagada a la quejosa la cantidad que aduce, la Sala responsable no verificó que se pagara; por lo tanto, existen elementos para determinar si con las constancias que obran en autos se acredita de manera manifiesta e indudable la actualización de una causa de improcedencia respecto de ese acto. Al respecto, se impone destacar que los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De acuerdo con la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, el suscrito Juzgador Federal advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas características (manifiesta e indudable), que hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, se dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; consultable en la página 366, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Puntualizado lo anterior, se impone destacar que en el presente juicio de amparo únicamente se reclama: De la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: ? El acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, en el cual se declaró cumplida la sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 13382/18-17-03-5. Así, en relación con dicho acto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" Dicho precepto prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando subsistiendo materialmente el acto de autoridad impugnado, éste no se ha concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretará, porque su objeto o materia dejó de existir, es decir, se modifica sin dejar alguna huella en los derechos que el quejoso estimó vulnerados con su emisión. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; en caso de que se declarará la inconstitucionalidad de un acto cuyo objeto o materia ha desaparecido, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo a la anterior consideración, por el criterio jurídico que contiene, la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando el mundo factico que rodea al acto reclamado se ha modificado, de tal manera que hace imposible que éste surta sus efectos en la esfera jurídica del gobernado y, por ende, deje de agraviarlo. Con la finalidad de evidenciar la actualización de la referida causal de improcedencia, resulta conveniente destacar que, la parte quejosa reclamó el citado acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, porque considera que fue incorrecto que la Sala responsable declarara cumplida la sentencia de nulidad, sin estarlo en todos sus efectos. Así es, en la demanda, la quejosa aduce que la autoridad demandada no acreditó en el juicio de nulidad el total cumplimiento del fallo de nulidad, pues si bien demostró que emitió la resolución número SP/RES/951/2022, de cinco de abril de dos mil veintidós, en la cual, ajustó su cuota pensionaria de $xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a $xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) y determinó una diferencia a favor de dicha quejosa por el monto de $xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; lo cierto es que en esa resolución se determinó que el ajuste de su pensión y esa cantidad a su favor, serían pagadas en la nómina de junio de dos mil veintidós; no obstante, no acreditó ese hecho, es decir, que se haya materializado tal pago; sin embargo, aun así la Sala declaró cumplida al sentencia de mérito sin esperar a que ello ocurriera. Entonces, en este juicio de amparo, de lo único que se duele la quejosa, es de que la Sala no exigió a la autoridad demandada que acreditara que la materialización del pago de los $xxxxxxxxxxxxx) y la aplicación del ajuste a su cuota pensionaria, en la nómina de junio de dos mil veintidós; sin que controvierta los montos determinados por el Instituto demandado. Al respecto, como quedó precisado al inicio de este acuerdo, en el oficio de cuenta las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exhibieron el comprobante de pago digital correspondiente al mes de junio de dos mil veintidós, de la pensión número 255826, de la aquí quejosa Felicitas Partida Rivas, con el cual acreditan que en ese mes se realizó el pago de la cantidad de $xxxxxxxxxxxxxxxxx , por concepto de pensión retroactiva y se advierte una cuota de pensión de $xxxxxxxxx. Constancia a la cual se le otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con la cual se acredita que, en la nómina de junio de dos mil veintidós, de la pensión de la quejosa se pagó la cantidad determinada en la resolución SP/RES/951/2022, de cinco de abril de dos mil veintidós, esto es, $xxxxxxxxxx , por concepto de pensión retroactiva y se pagó su pensión conforme a su cuota pensionaria. Corolario de lo anterior se determina que si bien es cierto que el acuerdo reclamado en este juicio, aún subsiste materialmente, es decir, que la Sala que la emitió no lo ha dejado insubsistente; también es verdad que surgió una modificación en el mundo factico que rodea a ese acto reclamado, pues sus efectos legales o materiales dejaron de existir en perjuicio de la aquí quejosa, ya que, con posterioridad a su emisión, la autoridad demandada acreditó el total cumplimiento de la sentencia de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de nulidad 13382/18-17- 03-5; y, por ende, ya no se podrían concretar los efectos del fallo protector, pues resultaría improcedente ordenar a la Sala responsable que ordenará a la autoridad demandada realizar el pago que ya fue materializado en la nómina de junio de dos mil veintidós de la pensión de la quejosa. En virtud de las consideraciones expuestas, se impone decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y, por lo tanto, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio para las doce horas con cincuenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. Conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que continuar con el trámite del presente juicio hasta el dictado de la sentencia, a nada jurídicamente práctico llevaría, pues la improcedencia de la acción de amparo se actualiza fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento de esa situación y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, máxime que, en su caso, desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos. Notifíquese; y personalmente a ***... Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2743/2022, signado por la Secretaría Técnica de Comisión Permanente e la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 22/JUL/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.

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