Felicito Olan Palma

Expediente 425/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 44 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
425/2018
Año
2018
Actuaciones
44
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Felicito Olan Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Incidental

    mesa 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Subdirectora de Garantías "B" de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 38510/2022, con el que se le remitió el billete de depósito N-********************, que ampara la cantidad de $******************** (********************centavos moneda nacional), así también, se le tiene comunicando que dicho importe fue concentrado en la cuenta respectiva del Erario Federal. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que obra en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional, el billete de depósito N-827282, que ampara la cantidad de $1,200.00 (mil doscientos pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió el quejoso Felicito Olán Palma, para garantizar la suspensión provisional en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 425/2018-5. Ahora, el término de dos años que prevé el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para obtener la devolución de dicho certificado de depósito, transcurrió del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve al tres de junio de dos mil veintidós, sin que el demandante de amparo hubiese comparecido ante este Juzgado de Distrito a recibir el referido certificado de depósito. Lo anterior en virtud, de que del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se suspendieron los términos procesales con motivo de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con el Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y los similares que ampliaron dicha suspensión. Así como del dos al seis de octubre, treinta de octubre y del nueve al trece de noviembre, todos de dos mil veinte, dado que por oficios 002/2020-CM, 004/2020-CM, 006/2020-CM y 007/2020-CM, de dos de octubre, treinta de octubre, ocho y diez de noviembre de esa anualidad, respectivamente, el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, incluyendo los pertenecientes al Centro de Justicia Penal de esta ciudad y en representación de la Coordinación de Jueces de Distrito, comunicó la suspensión de labores en esos días, al considerar que se actualizó en esta ciudad, el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo cual se suspendieron los efectos del cómputo de los términos y plazos procesales. Adicionalmente, del uno al nueve de agosto de dos mil veinte no podrían programarse citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales, éstas iniciarían a partir del lunes diez de agosto de dos mil veinte, para permitir que el personal jurisdiccional retorne a las labores presenciales antes de que deba atender a las personas justiciables que acudan físicamente, en términos del artículo 2 fracción VII, del Acuerdo General 21/2020, mencionado. De igual modo, el periodo acontecido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, debido a la suspensión de plazos y términos en los asuntos distintos a casos urgentes o esquema de juicio en línea, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020; este último cuya vigencia fue ampliada en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, reanudándose los plazos y términos procesales a partir del doce de enero pasado. Entonces, con apoyo en el numeral de la Ley de Tesorería de la Federación, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, de la suma que ampara el citado billete de depósito; por tanto, con trascripción de este proveído, remítase dicho documento debidamente transferido a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ilustra lo anterior, la tesis II.3o.P.32 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Tomo III, febrero 2021, página 2882, registro digital 2022723, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. EL CÓMPUTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES PARA SU PROMOCIÓN RESPECTO DE ASUNTOS TRAMITADOS FÍSICAMENTE DE MANERA PREVIA A LA SUSPENSIÓN DE LABORES DECRETADA A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19, SE REANUDÓ EL 3 DE AGOSTO SIGUIENTE. De la interpretación conjunta y sistemática de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que a raíz de la pandemia global de salud derivada de la propagación del virus COVID-19, dicho órgano colegiado estableció la suspensión total de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte y, como consecuencia, se determinó que no correrían plazos y términos procesales. Normativa que, a su vez, tuvo como objetivo la implementación de esquemas de trabajo y medidas de contingencia para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y no así para la reanudación de los plazos y términos suspendidos en el Acuerdo General 4/2020; esto, con la salvedad de que si bien se vislumbró la viabilidad de la tramitación y continuación de asuntos en los órganos jurisdiccionales, lo cierto es que se establecieron las siguientes limitantes: a) los casos nuevos que se calificaran como urgentes, promovidos físicamente o en línea; b) la resolución de casos tramitados físicamente (previamente a la contingencia) en los que únicamente se encontraba pendiente la emisión de la sentencia o resolución final; y, c) la reanudación del trámite y resolución de los juicios que se hubiesen gestionado en línea con anterioridad al periodo de la contingencia, con excepción de los que requirieran la presencia física de las partes en audiencias o diligencias pendientes por desahogarse. La suspensión antedicha fue prorrogada como medida de protección para el personal del Poder Judicial de la Federación en diversas ocasiones; sin embargo, ésta culminó material y jurídicamente a partir del 3 de agosto de 2020. De ahí que deba tomarse dicha fecha como el momento procesal en que se reanudó el cómputo de plazos y términos legales para la promoción del juicio de amparo en todos aquellos asuntos que fueron tramitados físicamente, de manera previa a la suspensión del 18 de marzo anterior." Asimismo, la tesis XVII.2o.8 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, Tomo II, diciembre 2020, página 1726, registro digital 2022536, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO. Una interpretación sistemática, teleológica y funcional del acuerdo general citado -reformado mediante el diverso Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con su periodo de vigencia- y relevantemente de sus artículos 1 y 4, conduce a este tribunal a sostener que los plazos para la presentación de las demandas de amparo permanecieron suspendidos en el periodo comprendido del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte, inclusive en los asuntos de naturaleza urgente. La anterior conclusión se sustenta en la intención expresada en dicho acuerdo, de suspenderlos durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social dirigidas a evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), las cuales inhibieron la afluencia de los servidores públicos a los centros laborales y redujeron notablemente la capacidad para la atención del trámite de los asuntos jurisdiccionales, así como en sus objetivos inmediatos de salvaguardar tanto la salud de los servidores públicos y usuarios del sistema de Justicia Federal, como el derecho de acceso a la justicia de los gobernados y la subsistencia de sus derechos procesales frente a la crisis sanitaria. En este contexto, vinculó a los órganos jurisdiccionales a brindar atención inmediata e ininterrumpida a los asuntos que deban ser calificados por el juzgador como urgentes, con la finalidad de garantizar en beneficio de los agraviados una tutela judicial efectiva para los casos que no admitan una espera prolongada, por la entidad de los derechos humanos involucrados. Por esa razón, el acuerdo mencionado, en lo relativo a la suspensión del plazo para presentar la demanda, no distinguió entre casos urgentes y los que no lo son, ni tuvo como objetivo someter a dicho plazo únicamente la acción de amparo en los casos urgentes, en virtud de que estos objetivos no corresponden a los fines perseguidos por el aludido instrumento normativo. De donde se sigue que para el inicio del cómputo del plazo para la presentación de las demandas de amparo, debe considerarse la suspensión de plazos durante el periodo de vigencia del referido acuerdo general 8/2020, independientemente de que se trate de asuntos urgentes o no, porque esta conceptualización se desarrolló con el solo objetivo de garantizar el trámite de los asuntos nuevos de atención inmediata y continua durante la etapa de contingencia y no para someter a los quejosos en los casos urgentes al plazo para pedir amparo, excluyéndolos de aquella suspensión. Estimar lo contrario vulneraría el principio de tutela judicial efectiva, que engloba el derecho de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la calificación de un caso como "urgente" requiere de un análisis cuidadoso, bajo los principios y postulados que son propios de una decisión jurisdiccional, conforme al artículo 4 del mencionado acuerdo general. Por tanto, sería excesivo, por desproporcionado, exigir que los justiciables deban anticipar esa decisión antes de presentar su demanda para determinar si se está o no en el supuesto de suspensión de los plazos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo durante el periodo de referencia. Situación que resulta jurídicamente inadmisible, por la incertidumbre jurídica que se generaría en perjuicio de los gobernados. En el mismo sentido, se arriesgaría la racionalidad de las medidas instauradas por el Consejo de la Judicatura Federal si, por una parte, para garantizar el acceso a la justicia en asuntos urgentes se dispone y facilita el trámite del amparo pero, por otra, para ejercer ese derecho se somete al agraviado al plazo fatal para interponer la demanda, a pesar de las condiciones de confinamiento y medidas sanitarias impuestas en el contexto sanitario grave de una pandemia, en desproporción y desventaja frente a los casos no urgentes, en donde ese término fue suspendido." Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 5.VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión penal 238/2019 y el original del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo. Por cuanto hace a la ejecutoria, se advierte que el Tribunal revisor, en sus puntos resolutivos determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO: Se sobresee el juicio de amparo promovido por Felícito Olán Palma, respecto de los actos reclamados al Fiscal del Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de la sentencia recurrida. TERCERO: La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Felícito Olán Palma, contra los actos reclamados a la Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco y Comandante de la Policía de Investigación adscrito al Centro de Procuración de Justicia del aludido municipio, por las razones y fundamentos precisados en el considerando sexto de la resolución recurrida." En consecuencia, intégrese a los autos el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, únicamente con las constancias originales, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Luego, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido del presente acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco, un disco en forma de DVD de audio y video, que contiene la audiencia privada de ocho de marzo de dos mil dieciocho y al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco, la copia certificada de la Carpeta de Investigación CI-CAR-740/2018, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada, constante de un tomo.

  4. Incidental

    MESA 5.VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciséis de enero del año actual, designó al suscrito Carlos Calderón Espíndola, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve. Por otra parte, toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación.

Quedan 40 actuaciones en este expediente

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