Felicita Colorado Maldonado
Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Felicita Colorado Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Felicita Colorado Maldonado, hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger el documento original que aportó al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, estando en audiencia Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa debidamente asistida de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 241/2021-7 promovido por Felicita Colorado Maldonado. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de jueza de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con: 1. El Recibo de pago correspondiente a la primera quincena de enero de dos mil veintiuno, que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda; y 2. Copia certificada del oficio 520 de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, signado por el licenciado Jesús Vázquez Torres, Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco; de la Octava Sesión Ordinaria del primer periodo de labores, celebrada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en lo que respecta a la hoy quejosa; y, de la comunicación correspondiente. En consecuencia, la secretaria en funciones de jueza de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de jueza de distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 241/2021-7, promovido por Felicita Colorado Maldonado, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 3, 4, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de marzo de dos mil veintiuno (fojas 1 a 21), a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Felicita Colorado Maldonado solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de cambio de adscripción sin pago del viático correspondiente. 2 La abstención de efectuar el proceso de cambio de adscripción establecido en el artículo 97, fracción I, incisos del a) al f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 3 La orden verbal de reanudación laboral, por medio de llamada telefónica, para su reincorporación física al nuevo centro de trabajo el uno de marzo de dos mil veintiuno, en el horario previsto para esa nueva adscripción. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de doce de marzo de dos mil veintiuno (fojas 23 a 27), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 241/2021-7; se solicitó a la autoridad responsable rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. VISTA PARA AMPLIACIÓN DE DECMANDA. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno (foja 60), se dio vista a la parte quejosa con el acuerdo de quince de abril pasado, en el que se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, al que anexó el acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso. Lo anterior para que, en el término de quince días hábiles, manifestara si deseaba ampliar su demanda en relación a dicho acuerdo, apercibida que de no hacerlo el juicio continuaría con los actos y autoridad planteados en la demanda de amparo. Auto que le fue notificado a la impetrante de amparo el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación alguna, por lo que en proveído de veintiuno de julio del precitado año, se le hizo efectivo el apercibimiento. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917 septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La orden de cambio de adscripción sin pago del viatico correspondiente. La abstención de efectuar el proceso de cambio de adscripción establecido en el artículo 97, fracción I, incisos del a) al f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. La orden verbal de reanudación laboral, por medio de llamada telefónica, para su reincorporación física al nuevo centro de trabajo el uno de marzo de dos mil veintiuno, en el horario previsto para esa nueva adscripción. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados aun cuando los haya negado la autoridad responsable en el informe justificado (fojas 35 a 45), lo que se corrobora con la copia certificada que remitió de los antecedentes relacionados con los mismos, esto es, (1) del oficio 520 de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco; y (2) del acuerdo relativo a la Octava Sesión Ordinaria de Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, correspondiente al primer periodo de labores, celebrada el veinticinco siguiente. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, adujo que en el caso se actualiza una causa de improcedencia en términos de los artículos 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el 1 fracción I y 5 fracción II del mismo ordenamiento jurídico y el numeral 103, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, sustancialmente refiere que no tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque considera que, de acuerdo con los ordinales 36, fracciones XIX, XX y XXI, 56 y 64, fracción XII, de la Constitución del Estado de Tabasco, en relación con los numerales 2, 94 y 282, de la Ley Orgánica del Poder Judicial local, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 18 y 104, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, la relación jurídica de la que deriva el acto reclamado es de coordinación, por tener su representada la calidad de patrón y la quejosa de trabajadora. Sobre el particular, se apoya en las tesis de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, NOTAS DISTINTIVAS"; "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN"; "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO"; y, "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSION DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO". Asimismo, la aludida autoridad arguye que la quejosa no se ubica en los casos de excepción, como lo podrían ser los jueces y magistrados, y tampoco en los supuestos previstos en la fracción XIII, apartado IB, del artículo 123 constitucional, que excluye a cinco trabajadores respecto de los que sí procede el juicio de amparo, como militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público, peritos y miembros de instituciones policiales. Es infundada la aludida causa de improcedencia. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, del mismo ordenamiento legal, a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como se puede advertir de la transcripción realizada, la Ley de Amparo sigue manteniendo, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable. Además, como cuestión novedosa, prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo; pero condiciona tal situación al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, con base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Partiendo de tales premisas, se tiene que la jurisprudencia 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" sigue siendo aplicable, pues en ella se prevén supuestos similares a los de la Ley de Amparo vigente. Así es, en principio, la jurisprudencia exige para considerar a un ente como autoridad para los efectos del juicio de amparo, que se trate de una relación de supra a subordinación, lo que, conforme a la Ley de Amparo vigente, conlleva a que los actos realizados sean equivalentes a los de una autoridad (unilaterales y obligatorios). Asimismo, la jurisprudencia contempla que esa relación tenga nacimiento en la ley, lo que equivale en la Ley vigente, a que sus funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: La existencia de un ente, de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que, con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, la redacción del actual precepto que prevé y define quiénes son las partes en el juicio de amparo, no abrió la posibilidad de hacer procedente el juicio contra cualquier acto de particulares y, por ende, no se traduce en que, a partir de la iniciación de su vigencia, el amparo sea procedente contra actos emitidos por cualquier persona. De ahí, los actos que emanan de las relaciones de supraordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso, la responsable alega que no le reviste el carácter de autoridad para efectos del presente juicio de amparo, porque el acto reclamado fue emitido dentro de una relación jurídica laboral entre patrón-trabajador, lo que resulta incorrecto. Se afirma lo anterior, pues la autoridad señalada como responsable, al emitir el acto reclamado, actuó en el marco de una ley, esto es, con su facultad de imperio y de manera unilateral. En efecto, de lo expuesto por la quejosa en su demanda de amparo, lo cual fue corroborado por la autoridad en cuestión, se desprende que ostenta el cargo de Proyectista de Juez adscrita al Juzgado Penal de Cárdenas, Tabasco. Circunstancia que se corrobora con la copia certificada del acta relativa a la Octava Sesión Ordinaria de Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, correspondiente al primer periodo de labores, celebrada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en donde se determinó comisionarla en apoyo al Juzgado Primero Penal de Centro, en funciones de Secretaria Judicial, por el periodo de tres meses, contados del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno. Ahora bien, en el precitado acuerdo, la autoridad responsable se apoyó, entre otros, en los artículos 56 de la Constitución Política local y 94, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, los que instituyen: "ARTÍCULO 56.- los Magistrados Numerarías del Tribunal Superior de Justicia, conforme las necesidades de administración en el ramo, se elegirán en la forma siguiente: El Consejo de la Judicatura, encabezado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. siguiendo el procedimiento de selección que su propia ley Orgánica establezca, propondrá cinco candidatos al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien de entre ellos, formulará una terna la cual enviará al Congreso. para que previa comparecencia de estos ante la comisión correspondiente, designe a un Magistrado con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes. En un término de quince días hábiles, el Congreso deberá resolver y elegir entre los propuestos de la terna y lo comunicará al Consejo de la Judicatura. De no hacerlo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, elegirá al Magistrado dentro de los de la terna, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes de número. Los Jueces de Primera Instancia, de Paz y para Adolescente, así como los servidores públicos que conforme las | y en términos de las previsiones presupuestales, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley, la cual habrá de considerar el concurso de oposición y la carrera judicial. Los Jueces que en los términos de esta Constitución y de la ley en la materia fueren designados, protestaran en su orden, ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura". "Artículo 94. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica de gestión y de resolución, en el ámbito de su competencia; tendrá a su cargo la administración, capacitación, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones; en los términos que señalan la Constitución del Estado, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.". Conforme al primero de los aludidos numerales, además de los Jueces de Primera Instancia, de Paz y para Adolescente, los servidores públicos que conforme las estructuras orgánicas se requieran, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con la segunda disposición normativa precitada, el Consejo de la Judicatura tendrá a su cargo la administración, capacitación, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones. Con motivo de lo anterior, se puede establecer que la autoridad en cuestión está facultada para nombrar y adscribir, además de los Jueces de Primera Instancia, de Paz y para Adolescente, a los servidores públicos que conforme las estructuras orgánicas se requieran en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, en donde quedan comprendidos los Proyectistas de Juzgado. Circunstancias que en la especie conllevan a considerar que el cambio de adscripción reclamado fue determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, ejerciendo el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Si bien sus actos se encaminan a afectar una relación laboral, lo realizó en su carácter de superior jerárquico (no en un plan de coordinación) y de manera unilateral; de lo que se concluye que es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto es, las actuaciones reclamadas fueron realizadas en un plano de supra a subordinación, ya que se encuentran revestidas de imperio como una entidad pública, pues la autoridad responsable actuó con base en una ley. Por las anteriores consideraciones, no le asiste la razón a la autoridad responsable y devienen inaplicables en el sentido que pretende, las tesis que cita. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTA JUZGADORA FEDERAL. Como quedó establecido en el considerando relativo, la parte quejosa reclama esencialmente: La orden de cambio de adscripción sin pago del viatico correspondiente; La abstención de efectuar el proceso de cambio de adscripción establecido en el artículo 97, fracción I, incisos del a) al f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco; y, La orden verbal de reanudación laboral, por medio de llamada telefónica, para su reincorporación física al nuevo centro de trabajo el uno de marzo de dos mil veintiuno, en el horario previsto para esa nueva adscripción. Al respecto, aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 1, 3, 4, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formuló los conceptos de violación correspondientes, mismos que se dejan de transcribir en términos de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, de los motivos de inconformidad planteados se obtiene que la impetrante esencialmente establece que: La orden y ejecución del cambio de adscripción a través de una llamada telefónica, violan su derecho a una vida digna libre de cualquier tipo de violencia y discriminación, así como las garantías constitucionales otorgadas para su protección, como son: de audiencia; de legalidad; de seguridad y certeza jurídica, de fundamentación y motivación adecuados. La llamada telefónica que contiene la orden y ejecución de cambio de adscripción, se efectuó sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento y de sus elementos a considerar, a que se refiere el artículo 97, fracción I, incisos del a) al f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, porque se omitió darle oportunidad de alegar lo que a sus intereses conviniera, lo que debía hacer dentro de determinado tiempo, pudiera ofrecer pruebas, desahogarlas y presentar alegatos. Los aludidos conceptos de violación son infundados. En efecto, no le asiste la razón a la quejosa, al aducir que el acto reclamado debió observar las formalidades esenciales del procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 14 constitucional. Lo anterior es así, porque la orden de cambio de adscripción reclamada es un acto de molestia, al no restringir derechos de manera inmediata y definitiva. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la distinción entre los actos privativos y los de molestia radica en que los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, se autorizan solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos, precisados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Y, los segundos, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, por lo que pueden realizarse conforme al artículo 16 constitucional, siempre y cuando preceda mandamiento escrito de una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Las anteriores consideraciones, fueron plasmadas en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, con número de registro 200080, del siguiente rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". Con base en lo expuesto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se obtiene que la orden de cambio de adscripción reclamada constituye una restricción de carácter provisional. Circunstancia que se corrobora con la copia certificada del acta relativa a la Octava Sesión Ordinaria de Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, correspondiente al primer periodo de labores, celebrada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en donde se determinó comisionar a la quejosa en apoyo al Juzgado Primero Penal de Centro, en funciones de Secretaria Judicial, por el periodo de tres meses, contados del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno. Por lo anterior, en el caso la autoridad responsable no estaba obligada a actuar conforme a los lineamientos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cambio, sí de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la referida Ley Fundamental, que instituye: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer a través del mismo. Tal presupuesto tiene su origen en el principio de legalidad que, en su aspecto imperativo, consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por su parte, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. No obstante sus diferencias, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales que invoque al caso de que se trate. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia número 204, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 166, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". También la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Resulta importante distinguir entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación y motivación ocurre, respecto de la primera, cuando la autoridad invoca el precepto legal, pero éste resulta inaplicable al caso; mientras que en relación a la segunda, se actualiza cuando expresa razones para emitir su acto, sin embargo, éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo establecido en la jurisprudencia I.3o.C. J/47, visible en la página 1964, del tomo XXVII, de febrero de 2008, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR". En el caso particular, la suscrita considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. Así es; del acta relativa a la Octava Sesión Ordinaria de Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, correspondiente al primer periodo de labores, celebrada el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en donde se determinó comisionar a la quejosa con categoría de Proyectista de Juez, adscrita al Juzgado Penal de Cárdenas, Tabasco, en apoyo al Juzgado Primero Penal de Centro, en funciones de Secretaria Judicial, por el periodo de tres meses, contados del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno. Se obtiene que la autoridad responsable se apoyó, entre otros, en los artículos 56 de la Constitución Política local y 94, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, los que instituyen: "ARTÍCULO 56.- los Magistrados Numerarías del Tribunal Superior de Justicia, conforme las necesidades de administración en el ramo, se elegirán en la forma siguiente: El Consejo de la Judicatura, encabezado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. siguiendo el procedimiento de selección que su propia ley Orgánica establezca, propondrá cinco candidatos al titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien de entre ellos, formulará una terna la cual enviará al Congreso. para que previa comparecencia de estos ante la comisión correspondiente, designe a un Magistrado con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes. En un término de quince días hábiles, el Congreso deberá resolver y elegir entre los propuestos de la terna y lo comunicará al Consejo de la Judicatura. De no hacerlo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, elegirá al Magistrado dentro de los de la terna, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes de número. Los Jueces de Primera Instancia, de Paz y para Adolescente, así como los servidores públicos que conforme las estructuras orgánicas se requieran y en términos de las previsiones presupuestales, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley, la cual habrá de considerar el concurso de oposición y la carrera judicial. Los Jueces que en los términos de esta Constitución y de la ley en la materia fueren designados, protestaran en su orden, ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura". "Artículo 94. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica de gestión y de resolución, en el ámbito de su competencia; tendrá a su cargo la administración, capacitación, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones; en los términos que señalan la Constitución del Estado, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.". Conforme al primero de los aludidos numerales, se obtiene que, además de los Jueces de Primera Instancia, de Paz y para Adolescente, los servidores públicos que conforme las estructuras orgánicas se requieran, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura. De acuerdo con la segunda disposición normativa precitada, el Consejo de la Judicatura tendrá a su cargo la administración, capacitación, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, así como del personal de apoyo de estas adscripciones. Con motivo de lo anterior, se puede establecer que la autoridad en cuestión está facultada para nombrar y adscribir, además de los Jueces de Primera Instancia, de Paz y para Adolescente, a los servidores públicos que conforme las estructuras orgánicas se requieran en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, en donde quedan comprendidos los Proyectistas de Juzgado. Aunado a ello, en el acuerdo plenario, el Consejo de la Judicatura local estableció que el cambio de adscripción de la aquí quejosa se debía a las necesidades del servicio, con motivo del oficio 520 de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, signado por el Juez Primero Penal de Centro, Tabasco a través del cual informó que era indispensable contar con el personal necesario para favorecer la adecuada administración de justicia, la emisión de los acuerdos respectivos, el decreto de las sentencias correspondientes y verificar su notificación en los plazos que la ley disponga; haciéndoles del conocimiento que de los meses de enero y febrero, existen en trámite cerca de noventa causas penales, divididas en las dos secretarías judiciales; aunado a los expedientes que se regresaron para efectuarse la audiencia de derecho con motivo del cambio de titular el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que en su mayoría son de varios tomos, en delitos de alto impacto, los cuales requieren mayor efectividad en una resolución final apegada a derecho, y de la participación de personal con experiencia en el procedimiento para la revisión de las constancias y los escritos de las partes con motivo de sus pretensiones. Asimismo, se destacó la integración del personal de cada uno de los juzgados en cuestión y la experiencia laboral de la impetrante de amparo, lo cual hizo la autoridad en los siguientes términos: ". con su experiencia se avoca al apoyo a las labores de los secretarios judiciales de dicho Juzgado, quien ingresó al poder judicial el 08 de febrero de 1999,de lo que resulta que cuenta con 21 años de antigüedad en esta institución, marcando con ello una experiencia en las labores jurisdiccionales, además de ello, se indica que la categoría que ostentó desde el ingreso fue de secretaria judicial, cargo que desempeñó hasta el 2008, cuando ascendió como proyectista, siendo evidente que cuenta con experiencia y conocimientos suficientes para que el apoyo que actualmente viene otorgando en el Juzgado Penal de Cárdenas, se traslade al Jugado Primero Penal de Centro y así poder lograr que las labores del servicio en dicho juzgado, no se vean denostadas.- - - - El desempeño de las funciones de secretaria judicial de Felicita Colorado Maldonado, ha sido de gran aporte para el juzgado en el que hasta el momento se encuentra adscrita, ello gracias a su desarrollo profesional, conocimientos y experiencias los cuales en conjunto implican que su determinación en las labores sea objetiva y justa, por lo que al ser necesario su apoyo para el buen funcionamiento y desempeño de las funciones jurisdiccionales en el Juzgado Primero Penal de Centro, es preciso que por el momento realice dichas funciones en auxilio y colaboración a las labores del citado juzgado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - Además, no se deja de observar que la vocación al servicio que Felicita Colorado Maldonado le ha otorgado a este Poder Judicial comprende su compromiso con el cual constantemente presta sus labores en las funciones de secretario judicial, lo que genera no solo un aporte si no un aprendizaje para los servidores judiciales que la rodean, pues la citada servidora judicial ha participado en diversos cursos, talleres y foros, relacionados con la materia con la cual se desempeña, como control de convencionalidad, formación judicial, las reformas en materia penal, teoría del delito entre otras, y quien se encuentra actualizada con temas jurisdiccionales que aportan un gran avance al desarrollo de los juzgados a los cuales se adscribe, ello demuestra su interés en los conocimientos jurídicos que ayudan a la impartición de justicia.- - - - - - Además de lo anterior, de la revisión a los libros de gobierno de actas administrativas, de quejas. del índice de Registro de Servidores Públicos Sancionados y libro de índice de Servidores Judiciales Inhabilitados de las Entidades Federativas y de la Federación, así como del expediente personal que obra en el área de recursos humanos, se observó que Felicita Colorado Maldonado no cuenta con antecedentes administrativos.- - - - - - - - - - - - - - - - - La funcionaria judicial indicada, actualmente ocupa el cargo de Proyectista de Juez en apoyo a las funciones de secretaria judicial adscrita al Juzgado Penal de Cárdenas; por lo que en el caso de enviarse de apoyo a las labores del Juzgado Primero Penal de Centro seguiría ocupando el mismo cargo, las mismas funciones, pero en diferente Distrito Judicial, sin que esto implique ascenso, descenso, o promoción; por tanto, sería el mismo salario y prestaciones que ostenta actualmente, no afectaría la estructura orgánica y funcional de los juzgados de Primera Instancia, así como su categoría.": Consideraciones que, en la especie, resultan suficientes para estimar debidamente fundado y motivado el acto reclamado, mismo que, además, consta por escrito y fue emitido por autoridad competente. Si bien, la notificación del acuerdo relativo fue realizada mediante llamada telefónica el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, según la constancia levantada por la Secretaria General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Lo anterior no trasciende en la esfera jurídica de la quejosa, porque, además de que fue corroborada en la demanda de amparo, dada la actual contingencia sanitaria, constituye uno de los medios por los que pueden realizarse las notificaciones de esta naturaleza, siempre que se deje constancias de ello y sin menoscabo que con posterioridad se cumpla con la formalidad debida. Sobre todo, porque a través del acto reclamado, la autoridad en cuestión busca salvaguardar y garantizar el derecho de los justificables a que se les imparta justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, lo que se considera una cuestión de orden público e interés social. Al respecto, sirven de apoyo las consideraciones expuestas en la tesis de jurisprudencia PC.III.A. J/87 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 77, agosto de 2020, Tomo VI, página 5746, con número de registro 2022041, del siguiente rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE READSCRIPCIÓN DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, POR NECESIDADES DEL SERVICIO. Del análisis sistemático y armónico de los artículos 17 y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que, por regla general, es improcedente conceder la suspensión provisional contra la determinación del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco que ordena la readscripción de Jueces de primera instancia por necesidades del servicio. En efecto, ese tipo de medida, cuyo procedimiento se encuentra previsto en los artículos 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 189 y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad, busca salvaguardar un bien de gran entidad, en el que se involucran disposiciones de orden público y el interés social, como es la impartición adecuada de justicia. Es por ello que el citado artículo 189 dota al Pleno del Consejo de la Judicatura Local de la facultad de readscribir a los juzgadores a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello. Consecuentemente, por regla general, es improcedente decretar la medida cautelar en el amparo promovido contra el cambio de adscripción de un Juez de primera instancia, debido a que, de concederse, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, cuenta habida que como dichos juzgadores tienen la encomienda de impartir justicia de manera, pronta, completa, imparcial y gratuita en términos del artículo 17 Constitucional, es claro que su labor está dirigida a la sociedad y, por ende, es ésta a quien le interesa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda concederse la suspensión atendiendo a las particularidades del caso, a la naturaleza de los derechos que se aducen violentados y a su irreparabilidad, así como al peligro en la demora, siempre y cuando los documentos y datos adjuntos a la demanda generen indicios suficientes al respecto". Aunado a ello, en el trámite del presente asunto se dio vista a la impetrante con el informe justificado y el acuerdo emitido por la autoridad responsable en relación al cambio de adscripción provisional, sin que se manifestara al respecto, no obstante haber sido notificada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno. No pasa inadvertido que la quejosa hace referencia a su estado de salud emocional y física, como la de sus familiares; sin embargo, no obra en autos prueba alguna que corrobore tales circunstancias, por lo que no pueden ser materia de ponderación en el presente análisis. Tampoco se observa que el acto reclamado sea discriminatorio o atente contra su condición de mujer; por el contrario, en las consideraciones expuestas por la responsable se destacan cualidades de la impetrante de amparo, relacionadas con su experiencia laboral, capacidad profesional y ausencia de procedimiento administrativo en su contra. Por lo antes expuesto, se niega a la quejosa el amparo y protección de la justifica federal. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Felicita Colorado Maldonado respecto de los actos reclamados y la autoridad referida en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 111 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa Felicita Colorado Maldonado, manifestara a este órgano de control constitucional si era su deseo ampliar la demanda y señalar como acto reclamado el diverso acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso, que anexó a su informe justificado el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Sin que a la fecha haya hecho lo propio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticuatro de mayo del actual, y no se tiene como acto reclamado al citado en líneas que anteceden, debiendo continuarse el trámite de este asunto únicamente con los que precisó en su demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veinticuatro de mayo pasado, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días hábiles, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo en relación al acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso, emitido por la autoridad responsable, plazo que transcurre del veintinueve de junio al diecinueve de los actuales, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado. En tal virtud, a efecto de dar tiempo a lo anterior y de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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