Feliciano Sánchez Naranjo
Expediente 79/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Feliciano Sánchez Naranjo
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la notificación practicada al quejoso de la que se advierte que le fue notificado el auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, en la por su parte la actuaria narro que el quejoso no se encontraba con golpes, ni lesiones, se encontraba bien orientado en modo, tiempo y lugar; asimismo que el quejoso le manifestó que lo han tratado bien en ese centro de reclusión, que su nombre correcto el Ignacio Quevedo Hernández, que sí ratifica la demanda de amparo únicamente por lo que ve al acto relativo al traslado, esto es, para que no sea trasladado de ese centro de reclusión donde actualmente se encuentra a otro; por tanto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo por lo que ve a los diversos actos reclamados consistentes en la incomunicación y la falta de seguridad a hacia el quejoso. Ahora bien, en atención a lo anterior y a que el acto reclamado lo hace consistir en una posible orden de traslado, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen:... Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:... En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: ... En el caso, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la posible orden de traslado de los peticionarios de amparo Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, en el que actualmente se encuentran recluidos, a uno diverso, es dable inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es así, pues el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Así, resulta necesario destacar que el acto que por esta vía combate, constituye un acto de la autoridad penitenciaria en contra de la cual procede un recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, a través del medio de impugnación denominado controversia judicial, previsto por los artículos 52, último párrafo, 117, fracción III, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De dichos dispositivos legales se tiene que, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, en casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una posible orden de traslado administrativa, lo procedente será que el afectado promueva una controversia judicial, a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Lo anterior, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. El último párrafo, del citado artículo 117, prescribe que los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través del medio legal de defensa antes referido, o bien, a través del recurso de apelación correspondiente. En ese orden, queda de manifiesto que, contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, que, el numeral 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé que dicho medio de impugnación deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Mientras que, el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Como se ve, ante las relatadas circunstancias, en contra de la posible orden de traslado administrativa que pudiera ejecutarse, procede el medio de impugnación denominado controversia judicial; el cual, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto combatido; razón por la cual, no se actualiza la excepción a que se refiere el numeral 61, fracción XX, de dicha legislación; aunado a que, dicho acto reclamado se presume estar fundado y motivado, al encuadrar como una orden de traslado urgente o excepcional en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En suma, previo a promover el juicio de amparo contra la orden de traslado administrativa, el quejoso debió agotar el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, al no haberlo hecho así, con apoyo en el dispositivo 113, en relación con el 61 fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por lo que ve a la orden de traslado que reclama. Similar criterio adoptó la Primera Sala de la Justicia de la Nación al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, en las cuales determinó apartarse del criterio previamente sostenido, para ahora considerar que, en el caso de los traslados administrativos sin control judicial previo, no se está frente a ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, sino que se trata de actos dentro del procedimiento administrativo seguido para el traslado, el cual es susceptible de control a través del recurso ordinario, ante autoridad judicial, de referencia. Asimismo, mediante el comunicado de prensa 100/2021, de diecinueve de abril del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado controversia judicial, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia, quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. Finalmente, tiene apoyo la jurisprudencia siguiente: ... NOTIFÍQUESE; y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA en el lugar de su reclusión.
- Principal
Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponden los oficios remitidos por el Director del Centro Penitenciario de Uruapan, y Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia Centro Penitenciario Uruapan, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales se informan que acatan la suspensión de plano otorgada al quejoso por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, asimismo que las cosas se mantienen en el estado en que se encuentra, es decir que en ningún momento esa autoridad ha ejercido actos que afecten la integridad física o psicológica del quejoso, como son la incomunicación, tortura física o moral, y en lo que respecta a la orden de traslado que reclama, refiere que no es de su competencia determinar traslado alguno; lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a lo que haya lugar. Es necesario precisar que los oficios, de cuenta fueron remitidos por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificada por la Secretaria de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio del suscrito, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales; además, su base legal se encuentra en la aplicación por interpretación extensiva, del concepto "medios magnéticos", que se estima incluye a los electrónicos, a través del cual la autoridad responsable, puede rendir su informe, al tenor del párrafo inicial del artículo 117 de la Ley de Amparo; precepto que se aplica por interpretación analógica al presente caso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibido el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual remite el juicio de amparo 125/2022-IX, de su índice. Lo anterior, toda vez que la Juez oficiante, en el auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Feliciano Sánchez Naranjo, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo, tiene ejecución material dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. REGISTRO. Se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 79/2022. SE ACEPTA DE COMPETENCIA. Estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO del escrito inicial de demanda promovida por Feliciano Sánchez Naranjo, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Uruapan, Michoacán y otras autoridades. Lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral del escrito de demanda de amparo de que se trata, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "IV.-ACTO RECLAMADO.- La Incomunicación y la falta de seguridad hacia el suscrito, violentando el derecho los numerales 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como el traslado involuntario que se presente (sic) hacer al suscrito." Ahora bien, cabe señalar que como se desprende del preámbulo de la demanda de amparo se desprende que comparece Feliciano Sánchez Naranjo, interno del Centro de Reinserción Social de Uruapan, Michoacán, mientras que en el apartado correspondiente al nombre y domicilio del quejoso refiere ser "Ignacio Quevedo Hernández", y finalmente en el apartado correspondiente a la firma se encuentra estampada una firma y el nombre de Feliciano Sánchez Naranjo, asimismo del acto reclamado se desprende que reclama entre otras la incomunicación, falta de seguridad y estar siendo violentado por los numerales 22 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, lo cual resulta confuso para este juzgador, pues como ya se asentó se encuentra estampada una firma con puño y letra de una persona que puede ser Feliciano Sánchez Naranjo y/o Ignacio Quevedo Hernández. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es necesario imponer la siguiente: PREVENCIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108 fracciones III y IV, en relación con el numeral 114 fracciones I y IV de la Ley de Amparo, requiérase a Feliciano Sánchez Naranjo y/o Ignacio Quevedo Hernández, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, o bien en el mismo acto de la notificación, realicen lo siguiente: PRIMERO. Indique el nombre correcto de la persona que promueve la demanda de amparo; es decir sí, comparece a esta contienda constitucional como Feliciano Sánchez Naranjo o como Ignacio Quevedo Hernández, asimismo sí ratifica en su integridad el escrito de demanda de amparo que promovió. Lo anterior, a fin de entablar la litis constitucional, respecto a la parte quejosa; toda vez que del escrito de demanda se desprenden inconsistencias, tal como se deja patente en párrafos que anteceden. Ratificación de la demanda por conducto del Actuario o Actuaria adscrito y notificación. Se comisiona al Actuario o Actuaria Judicial de este Juzgado para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", con sede en esta ciudad, a efecto de que localice a Feliciano Sánchez Naranjo y/o Ignacio Quevedo Hernández, y previo a asentar razón de las condiciones físicas en que las encontrare, en el acto de la notificación del presente auto deberá requerirlo para que manifiesten cuál es su nombre correcto; para el caso, de que se trate de Feliciano Sánchez Naranjo, deberá precisar, si también promueve la demanda a favor Ignacio Quevedo Hernández, de ser así, deberá de requerir a este último, para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada; o bien, lo haga por escrito dentro del término de tres días; apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor, ésta se tendrá por no presentada. De igual manera, para el caso de que no ratifique la demanda, la actuaria o actuario debe hacerle saber al quejoso los alcances y consecuencias que trae aparejada, el no ratificar el escrito de demanda de amparo. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa autorizando a las personas que se nombran en la demanda, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como toda clase de documentos, por así haberlo solicitado expresamente. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, es necesario precisar que la suspensión de plano, decretada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós; sigue subsistiendo. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental2 , hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFIQUESE; y personalmente al quejoso en el lugar de reclusión de esta ciudad y por oficio acúsese recibo de la competencia planteada.
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