Feliciana Alonso Molina
Expediente 842/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Feliciana Alonso Molina
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. I.- Glósense a sus autos para que obren como legalmente corresponden los alegatos suscritos por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por realizadas las manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Respecto de su solicitud de copias certificadas que refiere, dígasele a la ocursante que deberá estarse a lo acordado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se autorizó a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el presente asunto, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. II.- Agréguese a sus autos el escrito que signado por el Director del Hospital General Dr. Pedro Daniel Martínez atento a su contenido, téngasele rindiendo su informe respecto a la suspensión de plano en los términos que indica. Por otra parte refiere que a efecto de cumplir con la medida cautelar otorgada, la quejosa deberá acudir en un horario de 9:00 am a 14:00 horas en las instalaciones del nosocomio responsable, a fin de que se le realice su historial clínico y llevar a cabo la apertura del expediente correspondiente, debiendo llevar consigo copias fotostáticas de los siguientes documentos: Acta de nacimiento. Identificación oficial. CURP. Constancia de no derechohabiente del IMSS e ISSSTE. Comprobante de domicilio NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio OCC/C11/JDM/402/2023, que remite el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el presente asunto se dio de alta como asunto nuevo en la carga de trabajo de este juzgado, y anexa la boleta de turno correspondiente; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
uapan, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda firmada por Feliciana Alonso Molina, por propio derecho, contra los actos reclamados y autoridades que a continuación se precisan: Hospital General de Uruapan, Michoacán. Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Autoridades, de las cuales reclama: "ACTOS RECLAMADOS: de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, reclamo la falta de tratamiento, medicamentos y atención médica necesaria para el debido tratamiento que requiero para vivir, ya que fui diagnosticada de insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, entre otras, requiriendo el tratamiento a base de tres sesiones de hemodiálisis semanales, siendo necesarias por semana, además de la aplicación del medicamento denominado eritropoyetina 4000/Ul/mL, entre otros, por lo que a la fecha estoy recibiendo el tratamiento de hemodiálisis en Clínica particular, con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán, y compro el referido medicamento para aplicármelo, entre otros diversos; toda vez que las autoridades que señalo como responsable me han negado el tratamiento de hemodiálisis que requiero para vivir y el medicamento, manifestando que en el Hospital General de Uruapan, no cuenta con médico Nefrólogo, mucho menos con las maquinas e insumos que requiero para tratar mi padecimiento de insuficiencia renal crónica, que todo caso debía de trasladarme al Hospital de Morelia, Michoacán; por tal motivo y a fin de preservar mi salud y por ende la vida me he visto en la necesidad de acudir al medio privado para que se me brinde el tratamiento de hemodiálisis que requiero por semana para poder vivir, sin embargo a la fecha me es imposible seguir realizando los pagos a dicha clínica privada para que se me siga proporcionando el tratamiento en cita, esto en razón de que debido a mi padecimiento me es imposible trabajar de manera regular por lo que me es imposible obtener los recursos económicos para realizar el pago de las sesiones de hemodiálisis y los medicamentos, ante tal situación mi vida se encuentra en grave peligro, por ello acudo ante esta órgano jurisdiccional a fin de que las autoridades que señalo como responsables me brinden la atención médica y los medicamentos que requiero para mi padecimiento, tienen sustento este dicho en la siguiente jurisprudencia:(.)" Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 842/2023. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO En su demanda de amparo la quejosa manifiesta que no cuenta con servicios médicos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, ni ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, como se advierte de las constancias de no afiliación que anexa a su demanda; que fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica, por lo que acudió en el Hospital General de Uruapan, "Dr. Pedro Daniel Martínez" pero se niegan en proporcionarle el tratamiento que necesita para vivir, toda vez que manifestaron que no cuentan con infraestructura para brindar el tratamiento. Asimismo, la promovente de amparo indica que ha acudido a una clínica particular a fin de que le realicen las sesiones de hemodiálisis, pero a la fecha no cuenta con recursos económicos para sufragar las sesiones de hemodiálisis. En ese contexto, se tiene que el acto que se reclama encuadra en el supuesto normativo del numeral 15 de la Ley de Amparo, como aquellos actos de autoridad que ponen en peligro la vida del quejoso; por tanto, es evidente que ante la omisión de no prestarle la atención médica que requiere la promovente, se pone en riesgo su existencia. En efecto, el derecho a la salud es fundamental para todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Además de que el artículo 126 de la Ley de Amparo refiere que procede la suspensión de oficio y de plano cuando, entre otros actos, importen peligro de privación de la vida de una persona, y en el caso, nos encontramos como lo refiere el promovente que tiene una enfermedad grave que, al no ser atendida, debido a la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, se pone en peligro la vida de la quejosa. Por tanto, ello obliga al Juez de amparo a que aborde la cuestión con plenitud y analice las implicaciones pronta y frontalmente, para exigir a las autoridades responsables las acciones médicas correspondientes relativas al estado de salud de la solicitante del amparo. Sobre este tema, la Primera Sala de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1ª.LXV/2008, visible en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.. Además, el derecho humano a la salud, se encuentra consagrado en el 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 2 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." "Artículo 12 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental." Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad." De lo anterior, permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que toda persona tenga acceso a los servicios de salud, porque ese derecho no se limita a la salud física; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado de salud mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental. En el caso en estudio la parte quejosa, en su demanda de amparo, solicita atención médica al Hospital General de Uruapan, Michoacán y a la Secretaría de Salud de Michoacán, para que le practiquen las hemodiálisis que requiere, luego, de lo asentado en la demanda, la peticionaria de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad que las autoridades no cuentan con las máquinas que se requieren, para realizar sesiones dialíticas, así como médico especialista. Bajo ese tenor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, primer párrafo, 126 y 147 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, para los siguientes efectos: Que la quejosa sea valorada por especialista en nefrología, en atención a su diagnóstico de "insuficiencia renal crónica". A partir de la revisión y de los estudios clínicos que se le realicen a la quejosa, los médicos tratantes valoren si es conveniente para su salud, el que le sean suministradas o no, las hemodiálisis y medicamentos que éste aduce para su padecimiento. Ello, con el consentimiento informado de la paciente. En la inteligencia, que si el servicio médico se proporciona subrogado en Instituciones diversas, debe ser puesto a disposición de la parte quejosa. Además, cabe precisar que la medida cautelar que se concede, no desconoce la autoridad de los médicos tratantes de la quejosa para que conforme a la praxis médica y la lex artis ad hoc, otorguen la atención médica que requiere, atendiendo a su criterio. En todo lo anterior, las autoridades responsables tomarán en cuenta el lugar de residencia del quejoso, su edad y su estado de salud y deberán gestionar las medidas administrativas necesarias para lograr tal objetivo, considerando que de ser necesario deben recurrir de manera coordinada con otras autoridades que puedan auxiliar a su cometido. Asimismo, dada la particularidad del asunto, también requiérase a las autoridades responsables para lo siguiente: 1. Una vez que se remita al quejoso al hospital o centro que lo atenderá y que haya sido efectivamente atendido, informe el estado de salud de la solicitante del amparo. 2. Informe el plan o tratamiento médico para la promovente de que se trata. 3. Indique si la promovente necesita algún o algunos medicamentos; así como si en efecto requiere de la hemodiálisis para la atención de su enfermedad, y de ser así, si ya se los proporcionaron, en caso contrario, expliquen los motivos. REQUERIMIENTO DE INFORMES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase saber la suspensión de oficio a las autoridades responsables, quienes deberán informar dentro del término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Orden que deben obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que, una de las autoridades responsables tienen su sede fuera de esta ciudad, para efectos de notificación urgente del presente acuerdo, se autoriza la expedición de telegramas o correo electrónico institucional con efectos de notificación para las responsables, con independencia del medio empleado, deberán confirmar su recepción; ello, sin perjuicio de ordenar la expedición de oficios por la vía de correo ordinario. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. ADMISIÓN Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II, VII, XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la referida demanda de amparo. Resulta innecesario tramitar por separado incidente de suspensión, toda vez que como se advierte de párrafos anteriores, se está concediendo la suspensión de plano respecto de los actos que reclama la parte quejosa. Respecto al emplazamiento de quién o quiénes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. Requerimiento de informes justificados y audiencia constitucional De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiéraseles INFORME JUSTIFICADO a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe justificado, informen si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación que se realice a las autoridades responsables surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para tenga verificativo la audiencia constitucional. Remite oficio a Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán Por lo anterior, y de conformidad con la certificación secretarial de cuenta, hágase del conocimiento del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, a través de oficio, a fin de respetar el equilibro que debe prevalecer en la distribución aleatoria de las cargas de trabajos a los Juzgado de Distrito con sede en esta localidad, y se realice la regulación de ingresos y la distribución equitativa de los asuntos. Intervención de la fiscalía general de la república. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Pruebas Por otra parte, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales siguientes: a) Copia simple del acta de nacimiento de la quejosa Feliciana Alonso Molina. b) Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral Población de la quejosa Feliciana Alonso Molina. c) Copia de la constancia de no afiliación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. d) Copia de la constancia de no afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social. e) Copia simple de la Clave Unica de Registro de Población de la quejosa Feliciana Alonso Molina. f) Copia simple del recibo del servicio de energía expedido por la Comisión Federal de Electricidad. g) Receta médica expedida por el médico Iván Honorio Chávez González. Autorizados y domicilio procesal Téngasele autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Favio Irving Ortega Hernández, toda vez que no cuenta con cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en ese mismo sentido Marisela Calderón Ruiz, por así haberlo señalado expresamente la parte quejosa. Por otra parte, señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Calzada Benito Juárez número 1779, Lomas del Valle Norte, C.P 60110, interior de la gasolinera "Servicio la Central" (tienda de abarrotes CAVIÑA), Uruapan, Michoacán. Notificación a las autoridades responsables Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Habilitación horas y días inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Expedición de copias. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Datos personales. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Informa integración de expediente electrónico Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones Háganse las anotaciones en el libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). OTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLCO ADSCRITO
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