Feliciano Parra Santiago
Expediente 1520/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1520/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Feliciano Parra Santiago
Actuaciones
- Principal
Mesa IV-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio del titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán, Oaxaca, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho con número de orden 1763/2015 y de origen 674/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, toda vez que como se encomendó notificó personalmente al quejoso Feliciano Parra Santiago, el proveído dictado el nueve de octubre del año en curso; en tales condiciones, regístrese la baja de la citada comunicación oficial en el libro respectivo. Ahora, vistos los autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que la notificación del proveído de nueve de octubre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Feliciano Parra Santiago, se hizo correctamente al promovente el quince de octubre del presente año, notificación que surtió efectos el diciséis siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia en vigor, para interponer el recurso de queja, transcurrió del diecinueve al veintitrés de octubre del actual; sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental. Por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendidos entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA IV-B "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por Feliciano Parra Santiago, contra actos del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, residente en México, Distrito Federal, director general del Centro Federal número Trece CPS-Oaxaca, residente en Miahuatlán, Oaxaca, titular del área de seguridad y custodia, titular del área técnica, titular del área jurídica y encargada de repartir correspondencia oficial de custodia a los internos el veintiséis de septiembre de dos mil quince, todas de dicho centro penitenciario; recibida ayer en la oficina de correspondencia común a los juzgados de distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad y en este juzgado. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de la materia; regístrese con el número 1520/2015 que le correspondió. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que el quejoso reclama de las autoridades responsables, la omisión para entregarle diversos documentos y leyes que vía postal fueron dirigidos al quejoso, precisados en la foja cuatro de su escrito de demanda; asimismo, se le proporcione artículos de higiene personal como desodorante y crema, así como "desinfectante para la celda y taza". Actos, que estima violatorios de sus garantías individuales y elementales por parte del promovente. Ahora bien, se considera conveniente señalar lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En el caso, se estima se actualiza la improcedencia del juicio prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 1° Constitucional en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, ya que los actos de los que se duele el quejoso no tienen una ejecución que sea de imposible reparación, ya que como el mismo lo refiere, recibe todos los servicios, pero no está conforme en la manera con que se le proporciona. Luego, que se instituya en una queja sobre los servicios básicos que le otorgan para garantizar su vida digna y humana al interior del penal, pero ello no genera la procedencia del juicio constitucional, pues aceptarla lo desnaturalizaría. Se estima así, pues la Carta Magna ordena respetar Derechos Humanos en sus expresiones mínimas de los ciudadanos y conforme al principio de progresividad, en la medida de lo posible, atento a los recursos humanos y materiales, ir avanzando gradualmente en la satisfacción de necesidades de los internos siendo prioritario aquéllas básicas para su subsistencia y en el caso las que reclama no cumple tales estándares. Ahora, atento al principio de optimización el Estado está obligado a proporcionar a los internos en un centro de reclusión alimentación, salud, educación, etc., pero de forma básica y suficiente para resguardar la integridad física de los reclusos, mas no para proporcionarles artículos a gusto personal, marcas específicas, comodidades, amenidades o alimentación especial (a menos de que se trate por prescripción médica). En ese orden, los actos reclamados por el promovente del amparo, no tienen efectos de imposible reparación sobre derechos sustantivos, ya que los mismos no se traducen en la afectación a los niveles mínimos esenciales que permitan a los internos subsistir al interior de las prisiones del país de forma digna. Ello, toda vez que no puede dejarse de tomar en consideración que su estatus legal restringe ciertos derechos y libertades, por lo que si bien el Estado debe hacerse cargo de su manutención, esto es acorde a las posibilidades materiales de cumplimiento, sin que nunca pueda dejarse de otorgar el mínimo vital. Máxime que a través de las omisiones reclamadas no se hacen nugatorios sus derechos a la vida, salud y dignidad humana, como lo pretende hacer ver, sino sólo se limita el acceso a los bienes de consumo atento a las capacidades económicas y de operación de los Centros Federales de Readaptación Social, además de las medidas de seguridad propias de un centro de reclusión, que por el contrario garantizan la integridad personal de todas las personas que ahí se encuentran, a fin de prevenir eventualidades entre los internos o de estos con el personal del establecimiento. Luego, que su inconformidad en relación a que se le proporcionen los documentos y leyes que vía postal fueron dirigidos al quejoso, precisados en la foja cuatro de su escrito de demanda y artículos de higiene personal como desodorante y crema, así como "desinfectante para la celda y taza", no son aspectos de los que se pueda ocupar el juicio de amparo, ya que incluso, existiría imposibilidad para materializar una posible concesión de amparo, pues como se ha dicho, los derechos humanos, atienden un estándar mínimo, que progresivamente puede optimizarse, atendiendo a criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad. Por tanto, se concluye que es improcedente el juicio de amparo promovido por Feliciano Parra Santiago, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, y 1° Constitucional con relación al diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata; ordenándose remitir copia certificada de la demanda de amparo a la encargada de la dirección general del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, residente en Miahuatlán, Oaxaca, para que atienda las peticiones del aquí quejoso. En virtud que Feliciano Parra Santiago, quien promueve por su propio derecho, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Miahuatlán, Oaxaca (CEFERESO número 13), con fundamento en los artículos 26, fracción II, de la Ley de Amparo 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con inserción de este proveído notifíquesele este acuerdo mediante comunicación oficial que se gire vía fax y los subsecuentes que surjan, por lo que gírese atento despacho al juez de Ejecución de Sanciones de Miahuatlán, Oaxaca. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a su intimidad al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal reformada, en relación con los artículos 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo vigente; se admite a trámite la referida demanda en sus términos. Notifíquese...
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