Feliciana Cadenas Bedolla

Expediente 846/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 31 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
846/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Feliciana Cadenas Bedolla
  • Tribunal Unitario Agrario Distrito XVII y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL Agréguese a los presentes autos la razón actuarial levantada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual refiere la imposibilidad que tuvo para notificar al tercero interesado Atenedoro Flores Bedolla la sentencia con engrose de fecha veintiuno de septiembre de este año. En tal virtud, realícense mediante lista las notificaciones, aún las de carácter personal ordenadas a la citada parte; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número III-846/2021, promovido por Feliciana Cadenas Bedolla, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito en esa fecha, Feliciana Cadenas Bedolla promovió demanda de amparo indirecto en contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda que se registró bajo el número III-846/2021; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto, será resuelto conforme a la ley vigente a partir del tres de abril del referido año, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en razón de que la parte quejosa reclama actos atribuidos a una autoridad agraria con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce su competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la peticionaria de garantías, como tercera extraña en estricto sentido, reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: ? Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, la violación a la garantía de audiencia al pretender privarla de la posesión de la parcela que ampara el certificado número 000000098369, identificada con el número 59 Z-1 P1/2, ubicada en el Ejido Los Puentes, Municipio de Ario, del Estado de Michoacán, sin haber sido oída y vencida en el juicio agrario 176/2018. No pasa inadvertido a este juzgado constitucional que el acto expresamente reclamado por la quejosa lo fue la falta de emplazamiento al juicio natural. Sin embargo, Feliciana Cadenas Bedolla no fue parte material en el expediente de origen, a más de que en el particular lo que 1 Publicada en la página 17, Tomo VI, Materia: Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice 2000. pretende defender es, precisamente, la posesión que dice tener sobre la parcela antes referida. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado, al tramitarse ante dicho tribunal el juicio agrario 176/2018. Lo que se corrobora con las documentales exhibidas en autos, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada y actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 622 de la Ley de Amparo. En la especie, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta 2 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". ciudad, manifiesta que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, al señalar que no existe afectación a los derechos de la aquí quejosa. Dicho argumento resulta acertado atento a las siguientes consideraciones y a lo dispuesto por los artículos que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" De los anteriores preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley en cita. De igual forma, se aprecia que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo y que el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, sólo se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo, la parte a quien perjudique la norma, acto u omisión que se reclame de la autoridad, es decir, el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. De modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Primera Sala Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, del rubro que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el caso, el acto reclamado consiste en la violación a la garantía de audiencia derivada del juicio agrario 176/2018, ya que aduce la quejosa se le pretende privar de la posesión de la parcela que ampara el certificado número 000000098369, identificada con el número 59 Z-1 P1/2, ubicada en el Ejido Los Puentes, Municipio de Ario, del Estado de Michoacán, sin haber sido oída y vencida en dicho controvertido. En esa tesitura, si la quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento, y reclama la ejecución de la sentencia -por considerar que afecta su derecho de posesión sobre un bien inmueble- emitida en el juicio de origen, para acreditar su interés jurídico debe demostrar con fundamento en un justo título de fecha cierta, ser poseedora del inmueble afectado por virtud del juicio natural, lo que constituiría la causa generadora de su posesión. Esta última afirmación tiene sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo, es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 5, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Lo expuesto implica que la parte quejosa debe acreditar que es propietaria o poseedora jurídica de determinado bien, de lo contrario, no demostrará que su derecho subjetivo público de propiedad o posesión se ha transgredido. En el presente caso, se considera que la quejosa no demostró de manera fehaciente su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional. En efecto, la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la ejecución de la sentencia emitida dentro del juicio agrario, pues no acreditó que por virtud de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de la legislación secundaria, con anterioridad al inicio del juicio de origen, tuviera la propiedad y/o posesión jurídica de la parcela materia de la afectación en el juicio de origen, esto es, el solar 5, manzana 24, zona 1, con superficie de 1569.937 metros cuadrados, situada en el ejido "Los Puentes", Municipio de Ario de Rosales, Michoacán. Es así, ya que para acreditar su interés, la inconforme ofreció el siguiente medio de prueba: 1. Copia cotejada del acta de matrimonio celebrada entre la aquí quejosa Feliciana Cadenas Bedolla y Atenedoro Flores Bedolla. Documento del que no se aprecia el régimen patrimonial sobre el que celebraron matrimonio los contrayentes. 2. Copia cotejada del recibo de pago por concepto de una copia certificada del acta de matrimonio. No obstante, dichas probanzas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico que refiere le asiste, ello en razón de que tales documentos solo acreditan el vínculo matrimonial que la une con el demandado (sin precisar el régimen patrimonial con que lo celebraron) y actor reconventor en el juicio agrario de origen, así como el pago por la expedición de la copia certificada de dicho documento. Mas no así el derecho que dice le asiste respecto del solar 5, manzana 24, zona 1, con superficie de 1569.937 metros cuadrados, 1967 ZSILVIA 2 P1/1, con superficie de 0-48-12.650 hectáreas materia del juicio agrario. No pasa inadvertido para quien suscribe que la quejosa refiere en su demanda de garantías que en los autos del juicio agrario 176/2018, obra el certificado parcelario número 000000098369, relativo a la parcela identificada con el número 59 Z-1 P1/2, ubicada en el Ejido Los Puentes, Municipio de Ario, del Estado de Michoacán, lo cual resulta correcto, ya que obra a foja 166 del primer tomo del cuaderno de pruebas; sin embargo, resulta evidente que dicho certificado corresponde a una parcela distinta, de ahí que no tiene vinculación con lo aquí planteado, ya que incluso sus medidas y colindancias son distintas. Tanto es así que acorde al citado certificado parcelario, la parcela identificada con el número 59 Z-1 P1/2 aún está sujeta al régimen agrario; mientras que el solar urbano materia del certificado de origen, de inicio, ya no se ubica dentro del marco regulatorio del citado régimen. Máxime si se tiene en consideración que no obra medio de prueba alguno que acredite que la parcela que pretende defender la quejosa esté comprendida o inmersa en la que es materia del controvertido, o que exista alguna identidad entre el inmueble referido en el certificado parcelario y el que pretende defender la aquí quejosa. Y aun cuando al efecto se hubiera desahogado la prueba pericial, ésta no puede constituir prueba fehaciente sobre un derecho de posesión susceptible de tutelarse a través del juicio de amparo, ya que previo a acreditar la supuesta afectación al quedar inmerso un solar en otro, la peticionaria de derechos fundamentales debía probar el acto jurídico o título que generó su posesión. De tal modo que aunque se hubiera desahogado la prueba pericial, resultaría ineficaz para acreditar que la causa generadora de la posesión haya emanado de una figura jurídica. De ahí que la quejosa no acreditó que la posesión que ostenta, derive de la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, lo cual constituye un requisito indispensable para acreditar el interés jurídico en esta instancia constitucional. En efecto, de las pruebas que obran en autos no puede obtenerse que la parte promovente tenga una base objetiva y apta para producir la convicción de que tiene derecho a poseer el bien que defiende, pues no constituye prueba sobre la existencia de un justo título que respalde la posesión que ostenta, es decir, las pruebas aportadas no acreditan que la causa generadora de la posesión haya emanado de una figura jurídica; presupuesto que era indispensable para justificar su interés para ser oída en defensa de sus derechos a través del juicio de amparo indirecto. Es aplicable al caso la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Novena Época Registro: 190785 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: II.2o.C. J/10 Página: 1341 TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, si la parte quejosa no demostró con prueba idónea la titularidad del derecho de posesión que refiere, es inconcuso que no acreditó la afectación de un interés legítimamente tutelado. No es obstáculo para lo anterior el hecho de que en el presente asunto se involucren derechos agrarios y que por ello proceda la suplencia de la deficiencia de la queja; sin embargo, tal figura se dirige a subsanar defectos o la inexistencia de conceptos de violación, mas no llega al extremo de tener por acreditado el interés jurídico de quien promueve el presente juicio de amparo, pues primero debe superarse el tema de la procedencia de la acción constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Feliciana Cadenas Bedolla, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MA. ANTONIETA GUILLERMINA GARMENDIA RAMÍREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA PINOSA S. DE R.L. DE C.V., POR SÍ O A TRAVÉS DE SU APODERADA CYNTHIA BETZABET SILVA QUIROZ, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número III-846/2021, promovido por Feliciana Cadenas Bedolla, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Feliciana Cadenas Bedolla, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ATENEDORO FLORES BEDOLLA, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número III-846/2021, promovido por Feliciana Cadenas Bedolla, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, y recibido en este Juzgado Tercero de Distrito en esa fecha, Feliciana Cadenas Bedolla promovió demanda de amparo indirecto en contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda que se registró bajo el número III-846/2021; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se dio la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. En términos de lo señalando en los artículos primero y quinto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el presente asunto, será resuelto conforme a la ley vigente a partir del tres de abril del referido año, al haberse presentado la demanda de amparo con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, cuyo contenido no se oponga a lo que la ley vigente de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la citada ley. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en razón de que la parte quejosa reclama actos atribuidos a una autoridad agraria con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce su competencia mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado"., es necesario precisar el reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente sumario, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la peticionaria de garantías, como tercera extraña en estricto sentido, reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: ? Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, la violación a la garantía de audiencia al pretender privarla de la posesión de la parcela que ampara el certificado número 000000098369, identificada con el número 59 Z-1 P1/2, ubicada en el Ejido Los Puentes, Municipio de Ario, del Estado de Michoacán, sin haber sido oída y vencida en el juicio agrario 176/2018. No pasa inadvertido a este juzgado constitucional que el acto expresamente reclamado por la quejosa lo fue la falta de emplazamiento al juicio natural. Sin embargo, Feliciana Cadenas Bedolla no fue parte material en el expediente de origen, a más de que en el particular lo que 1 Publicada en la página 17, Tomo VI, Materia: Común, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice 2000. pretende defender es, precisamente, la posesión que dice tener sobre la parcela antes referida. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que aceptó la existencia del acto reclamado, al tramitarse ante dicho tribunal el juicio agrario 176/2018. Lo que se corrobora con las documentales exhibidas en autos, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de copia certificada y actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 622 de la Ley de Amparo. En la especie, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con sede en esta 2 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". ciudad, manifiesta que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, al señalar que no existe afectación a los derechos de la aquí quejosa. Dicho argumento resulta acertado atento a las siguientes consideraciones y a lo dispuesto por los artículos que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" De los anteriores preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley en cita. De igual forma, se aprecia que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo y que el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, sólo se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo, la parte a quien perjudique la norma, acto u omisión que se reclame de la autoridad, es decir, el titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. De modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Primera Sala Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, del rubro que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el caso, el acto reclamado consiste en la violación a la garantía de audiencia derivada del juicio agrario 176/2018, ya que aduce la quejosa se le pretende privar de la posesión de la parcela que ampara el certificado número 000000098369, identificada con el número 59 Z-1 P1/2, ubicada en el Ejido Los Puentes, Municipio de Ario, del Estado de Michoacán, sin haber sido oída y vencida en dicho controvertido. En esa tesitura, si la quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento, y reclama la ejecución de la sentencia -por considerar que afecta su derecho de posesión sobre un bien inmueble- emitida en el juicio de origen, para acreditar su interés jurídico debe demostrar con fundamento en un justo título de fecha cierta, ser poseedora del inmueble afectado por virtud del juicio natural, lo que constituiría la causa generadora de su posesión. Esta última afirmación tiene sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo, es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 5, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Lo expuesto implica que la parte quejosa debe acreditar que es propietaria o poseedora jurídica de determinado bien, de lo contrario, no demostrará que su derecho subjetivo público de propiedad o posesión se ha transgredido. En el presente caso, se considera que la quejosa no demostró de manera fehaciente su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional. En efecto, la quejosa carece de interés jurídico para reclamar la ejecución de la sentencia emitida dentro del juicio agrario, pues no acreditó que por virtud de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de la legislación secundaria, con anterioridad al inicio del juicio de origen, tuviera la propiedad y/o posesión jurídica de la parcela materia de la afectación en el juicio de origen, esto es, el solar 5, manzana 24, zona 1, con superficie de 1569.937 metros cuadrados, situada en el ejido "Los Puentes", Municipio de Ario de Rosales, Michoacán. Es así, ya que para acreditar su interés, la inconforme ofreció el siguiente medio de prueba: 1. Copia cotejada del acta de matrimonio celebrada entre la aquí quejosa Feliciana Cadenas Bedolla y Atenedoro Flores Bedolla. Documento del que no se aprecia el régimen patrimonial sobre el que celebraron matrimonio los contrayentes. 2. Copia cotejada del recibo de pago por concepto de una copia certificada del acta de matrimonio. No obstante, dichas probanzas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico que refiere le asiste, ello en razón de que tales documentos solo acreditan el vínculo matrimonial que la une con el demandado (sin precisar el régimen patrimonial con que lo celebraron) y actor reconventor en el juicio agrario de origen, así como el pago por la expedición de la copia certificada de dicho documento. Mas no así el derecho que dice le asiste respecto del solar 5, manzana 24, zona 1, con superficie de 1569.937 metros cuadrados, 1967 ZSILVIA 2 P1/1, con superficie de 0-48-12.650 hectáreas materia del juicio agrario. No pasa inadvertido para quien suscribe que la quejosa refiere en su demanda de garantías que en los autos del juicio agrario 176/2018, obra el certificado parcelario número 000000098369, relativo a la parcela identificada con el número 59 Z-1 P1/2, ubicada en el Ejido Los Puentes, Municipio de Ario, del Estado de Michoacán, lo cual resulta correcto, ya que obra a foja 166 del primer tomo del cuaderno de pruebas; sin embargo, resulta evidente que dicho certificado corresponde a una parcela distinta, de ahí que no tiene vinculación con lo aquí planteado, ya que incluso sus medidas y colindancias son distintas. Tanto es así que acorde al citado certificado parcelario, la parcela identificada con el número 59 Z-1 P1/2 aún está sujeta al régimen agrario; mientras que el solar urbano materia del certificado de origen, de inicio, ya no se ubica dentro del marco regulatorio del citado régimen. Máxime si se tiene en consideración que no obra medio de prueba alguno que acredite que la parcela que pretende defender la quejosa esté comprendida o inmersa en la que es materia del controvertido, o que exista alguna identidad entre el inmueble referido en el certificado parcelario y el que pretende defender la aquí quejosa. Y aun cuando al efecto se hubiera desahogado la prueba pericial, ésta no puede constituir prueba fehaciente sobre un derecho de posesión susceptible de tutelarse a través del juicio de amparo, ya que previo a acreditar la supuesta afectación al quedar inmerso un solar en otro, la peticionaria de derechos fundamentales debía probar el acto jurídico o título que generó su posesión. De tal modo que aunque se hubiera desahogado la prueba pericial, resultaría ineficaz para acreditar que la causa generadora de la posesión haya emanado de una figura jurídica. De ahí que la quejosa no acreditó que la posesión que ostenta, derive de la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, lo cual constituye un requisito indispensable para acreditar el interés jurídico en esta instancia constitucional. En efecto, de las pruebas que obran en autos no puede obtenerse que la parte promovente tenga una base objetiva y apta para producir la convicción de que tiene derecho a poseer el bien que defiende, pues no constituye prueba sobre la existencia de un justo título que respalde la posesión que ostenta, es decir, las pruebas aportadas no acreditan que la causa generadora de la posesión haya emanado de una figura jurídica; presupuesto que era indispensable para justificar su interés para ser oída en defensa de sus derechos a través del juicio de amparo indirecto. Es aplicable al caso la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: Época: Novena Época Registro: 190785 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: II.2o.C. J/10 Página: 1341 TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por tanto, si la parte quejosa no demostró con prueba idónea la titularidad del derecho de posesión que refiere, es inconcuso que no acreditó la afectación de un interés legítimamente tutelado. No es obstáculo para lo anterior el hecho de que en el presente asunto se involucren derechos agrarios y que por ello proceda la suplencia de la deficiencia de la queja; sin embargo, tal figura se dirige a subsanar defectos o la inexistencia de conceptos de violación, mas no llega al extremo de tener por acreditado el interés jurídico de quien promueve el presente juicio de amparo, pues primero debe superarse el tema de la procedencia de la acción constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Feliciana Cadenas Bedolla, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

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