Federico Sarabia Pozo
Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Federico Sarabia Pozo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto treinta de marzo de dos mil veintitrés mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintitrés.********************SE TIENE POR NO PRESENTADA.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de dieciséis de marzo del año que transcurre, ha transcurrido sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.******************** Notifíquese personalmente.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.********************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo de cuenta, con apoyo en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que se les notifique el presente acuerdo, por escrito, aclare su demanda sobre los siguientes puntos: 1.-Para que, en vía de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, deberá indicar si en todas y cada una de las ciudades donde señala la residencia de las responsables: a) Tiene domicilio particular, fiscal o comercial; b) Ha residido o transitado por los mismos o establecido algún negocio o relación comercial. Lo anterior, a fin de concluir en cierto grado de certeza que todas las autoridades judiciales que señala en su demanda pudieran haber emitido los actos reclamados. 2.- Teniendo en consideración la aclaración que realice en el apartado que antecede, deberá manifestar si insiste en señalar a la totalidad de autoridades o únicamente aquellas en donde refiere tener su domicilio personal o donde aduce se han presentado policías ministeriales (antecedente marcado con el número uno), debiendo indicar al efecto cuáles son las mismas. La anterior aclaración se estima necesaria, pues el trámite en el juicio de amparo que intenta el quejoso, con el número excesivo de autoridades que se señala como responsables y sin que el promovente del amparo manifieste expresamente haber residido o realizado alguna conducta en todas y cada uno de las ciudades donde radican las responsables, para de esa forma justificar el señalamiento de autoridades y que se pudiere haber calificado como delito, implicaría una contravención a lo establecido en los artículos 4° y 17 Constitucionales, según se verá a continuación: El artículo 4º, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: ".Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.". De dicho dispositivo, se sigue que es obligación de todo órgano de Estado, como lo son los Tribunales, particularmente este Juzgado de Distrito, respetar el medio ambiente y, es de conocimiento común que las actuaciones se redactan en papel, cuyo material de confeccionamiento es la celulosa, proveniente de las plantas, mismas que producen oxígeno, de orden vital para todos los seres vivos, por tanto, mientras más papel se dispendie, menor posibilidad de vida. Con ello se evidencia que a mayor gasto de papel, menor cuidado al medio ambiente, lo cual pugna con el contenido del referido precepto Constitucional. De ello se colige que los tribunales, para el trámite de los asuntos que son sometidos a su potestad, deben observar el principio Constitucional de respeto al medio ambiente, debiendo redactar el documento con la menor cantidad de papel que sea indispensable, para evitar el daño ecológico. Por su parte, el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Carta Magna, implica que las resoluciones de los tribunales deben dictarse de forma ágil, lo que acoge el principio de economía procesal, que preconiza el ahorro de tiempo, materiales y esfuerzo del tribunal -economía de tiempo y esfuerzo del resolutor y de los auxiliares- y, con un juicio con el número excesivo de autoridades como el que propone el quejoso, sin tener cierto grado de certeza sobre la probabilidad de la existencia del acto reclamado a la totalidad de las responsables, implicaría el empleo estéril de recursos humanos y materiales, esto es, erogaciones económicas por el gasto de papel, luz y demás implementos necesarios para desplegar la labor jurisdiccional, lo que además impacta en beneficio de la hacienda pública y vulnera los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las restantes partes. Además de lo anterior, el número de autoridades que señale podrá constituir, en un momento dado, uno de los elementos a tomarse en cuenta para fijar la garantía con motivo de la suspensión provisional solicitada por el quejoso, pues dependiendo del número de éstas, circunscritas en una mayor amplitud del territorio nacional, puede servir de base para determinar la mayor o menor posibilidad de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia. Hágase saber al promovente que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda y aclaratorio afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, como los datos que se le solicitan con antelación, esa conducta se encuentra tipificada como delito por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual refiere lo siguiente: "Capítulo III Delitos Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la visa, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y; [.]".. 3.- En atención a que comparece a esta instancia constitucional pretendiendo reclamar de las autoridades responsables administrativas lo siguiente: la orden de aprehensión; y teniendo en consideración que conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, la facultad de dictar órdenes de aprehensión, está reservada a las autoridades judiciales; asimismo, que de acuerdo al quinto párrafo, del citado precepto constitucional, es atribución del ministerio público ordenar la detención del indiciado en los términos precisados en ese apartado y conforme al artículo 21 Constitucional, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público; se deberá precisar atendiendo a las facultades que constitucionalmente reviste cada una de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: a) Si insiste en reclamar una orden de aprehensión a las autoridades administrativas que menciona en su demanda, pese a no contar con facultades constitucionales para emitir ese mandamiento, como quedó evidenciado; o bien, que acto en concreto reclama de ellas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, contenido en la Tesis XX.57 K, localizable en la Página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda" 4.- Toda vez que en el capítulo relativo a la competencia realiza la manifestación: ".Lo anterior en virtud de que conforme a lo que ha sido narrado, el acto señalado como reclamado se está tratando de ejecutar en un domicilio ubicado en el Estado de Hidalgo." De igual manera, deberá manifestar si tiene domicilio particular, fiscal o comercial, o bien, ha residido o transitado por el mismo o establecido algún negocio o relación comercial, y en caso afirmativo, si es ahí donde trataron de llevar a cabo la orden de aprehensión reclamada, o si bien, esto se trata de un error. 5.-Además, bajo protesta de decir verdad, informe si ha promovido diverso juicio de amparo contra alguna o todas las autoridades señaladas como responsables; y, contra el propio acto reclamado. 6.- Para que de ser posible, de su escrito aclaratorio exhiba las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, una para cada tercero interesado, dos para el incidente de suspensión y otra más para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo anteriormente requerido, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. CONSULTA ELECTRONICA Como lo solicita con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, con usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación "FEDERICOSARABIAP". En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Sin que haya lugar a tener como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales, en los estrados de este Juzgado de Distrito, dado que dicha circunstancia no la prevé ni la ley de la materia, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica supletoriamente por disposición expresa de su numeral 2°; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban hacerse a la parte quejosa, aún las de carácter personal, se le deberán practicar por lista. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a********************sin la plenitud de atribuciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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