Federico Gallegos Lizárraga

Expediente 467/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
467/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Federico Gallegos Lizárraga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA TERCERA INTERESADA: Visto el estado de autos, específicamente las constancias que como justificación a su informe remitió el Juez de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, así como las que allegó mediante oficio JOFAC/7364/2023 recibido el dieciséis de agosto del año en curso, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, o bien, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la prerrogativa constitucional que se estime violada. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario del amparo. Bajo las consideraciones anteriores, en el caso concreto el suscrito estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, pues a pesar de que aún existe el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de esta ciudad, dentro del juicio oral ordinario ********** de su índice, mediante el cual, entre otras cosas, decretó las siguientes medidas: 1) Separación de cónyuges, a efecto de que **********, saliera del domicilio conyugal, permaneciendo únicamente la actora *********** y los niños de identidad reservada bajo las iniciales ***********; 2) Restricción para que ************* no se acerque a los domicilios de la parte actora a razón de quinientos metros; y 3) Alimentos a razón de cinco salarios mínimos vigentes en el estado, esto es un monto diario de $1,037.20 (mil treinta y siete pesos 20/100 M.N.), por lo que deberá suministrar por concepto de pensión alimenticia la cantidad de $7,260.40 (siete mil doscientos sesenta pesos 40/100M.N.). Se afirma lo anterior, en virtud de que el objeto de dicho proveído esencialmente fue establecer tales medidas y ordenar el emplazamiento del demandado, una vez que la diversa medida de alimentos fuera ejecutada. Sin embargo, de acuerdo con las constancias que remitió la responsable, que fueron anexadas al informe justificado y en cumplimiento a lo solicitado en proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se desprende que: Dentro del juicio ************, en la audiencia preliminar de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, y su reanudación, el Juez Familiar, al pronunciarse en la etapa correspondiente sobre las medidas decretadas en proveído de cuatro de mayo pasado, dejó subsistente la medida de separación de cónyuges; la medida de restricción quedó sin efectos en virtud del convenio celebrado entre las partes; y respecto de los alimentos, las partes se sometieron al convenio celebrado en la referida audiencia; además, se autorizaron las convivencias de los menores de edad con su progenitor, lo cual debía ser con el acompañamiento de actuario. Además, el apoderado legal de la actora solicitó medida de alimentos provisionales en favor de ***********, la cual fue despachada por el tribunal familiar, por la cantidad de $3,111.60 de manera mensual. En la audiencia de juicio celebrada el cuatro de agosto del año en curso, se desahogaron algunas de las probanzas ofertadas por las partes y se ordenó suspender la audiencia hasta que fueran recabados la totalidad de los informes solicitados y los peritajes ofrecidos. Además en dicha audiencia, se sostuvo la medida de alimentos provisionales a favor de la actora por medio salario mínimo. En ese tenor, si bien es cierto que subsiste el auto de referencia (cuatro de mayo de dos mil veintitrés), que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional, también lo es que no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Lo anterior es así, dado que el indicado auto no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, pues como quedó asentado en párrafos precedentes, el juez responsable, en la etapa de revisión de las medidas decretadas el cuatro de mayo del año en curso, dejó subsistente la medida de separación de cónyuges; la de restricción quedó sin efectos en virtud del convenio celebrado entre las partes; y respecto de los alimentos, las partes se sometieron al convenio celebrado en la audiencia preliminar de juicio; además, se autorizaron las convivencias de los menores de edad con su progenitor, lo cual debía ser con el acompañamiento de actuario, fijándose los días y horas de las convivencia; es inconcuso que en la especie dejó de existir la materia del acto reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo la vista otorgada a las partes para que se impongan del contenido de las constancias remitidas por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; por tanto, se difiere la misma y se señalan las diez horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de nueve de los actuales, remite copia certificada en un disco compacto (DVD) que contiene la audiencia preliminar de veintinueve de junio del año en curso, así como la audiencia de juicio de cuatro de agosto pasado, celebradas dentro del juicio ****************; probanza que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio y anexo que remite el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de julio del año en curso, allega copia certificada del acta mínima de la audiencia preliminar de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, sustanciada en el juicio ***************** de su índice, así como un disco compacto en formato DVD, que refirió contener la videograbación de la audiencia citada; en ese sentido, se provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada la documental que allega, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Ahora bien, respeto al disco que adjunta, toda vez que de su contenido se advierte que pertenece al diverso juicio F-1990/2021, y no al F-1019/2023 -materia de estudio en el presente amparo-, se ordena devolverse, haciéndose de su conocimiento que contará con el termino de cinco días legalmente computado para remitir el correcto, esto es, el que contenga la audiencia de veintinueve de junio del año en curso, así como la totalidad de las constancias que le precedieron hasta la fecha del presente acuerdo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, tal como lo prevé el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su complemento del día siguiente.

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