Federico Bedolla Pérez
Expediente 425/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 425/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Federico Bedolla Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de junio del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al quejoso en auto de veintidós de mayo del año en curso, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al quejoso en auto de veintidós de mayo del año en curso, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 425/2019-II. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108 -fracciones IV y V-, ambos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: A) La primera irregularidad surge de la fracción IV del aludido numeral 108 de la ley de la materia estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." En tal virtud, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo a las autoridades responsables y acto reclamado señaló como tales: Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital. Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito, con sede en Guanajuato, capital. Director de Seguridad Pública Municipal de Yuriria, Guanajuato. Agencia de Investigación en Tramitación Común de Yuriria, Guanajuato. Director de Justicia Alternativa de la ciudad de Uriangato, Guanajuato. Juez de Control de Oralidad Penal de la ciudad de Moroleón, Guanajuato. Juez de Control de Oralidad Penal de la ciudad de Uriangato, Guanajuato. Y como acto reclamado: "NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAME.- De las primeras tres Autoridades mencionadas, todo lo actuado y sus consecuencias legales, dentro del expediente agrario número 584/2013 del cual conoció el Tribunal Unitario Agrario del XI Distrito en Guanajuato, Gto. Del resto de las autoridades de la carpeta de investigación **********, causa penal 1P4119-10 de la cual conoció en primera instancia la AGENCIA DE INVESTIGACIÓN EN TRAMITACIÓN COMUN DE YURIRIA GUANAJUATO y que afectan mis derechos por no haber sido llamado, oído y vencido en juicio, en ese sentido, también se reclaman las ordenes o acuerdos que haya girado o pretenda girar, para ejecutar sentencia o resolución mediante la cual se me pretende despojar de la posesión de la parcela número ********** ubicada en el ejido de ********** del municipio de YURIRIA Guanajuato de los cual el suscrito soy dueño y poseedor de la misma, como lo acredito con la documental consistente en ENAJENACION DE DERECHOS PARCELARIOS de fecha 09 de Diciembre del año 2003, documental que anexo al presente." De lo anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención del promovente del amparo, dado que realiza diversas manifestaciones tendientes a evidenciar actos genéricos sin especificar cuáles son los que le agravian, esto es, refiere que trastoca su esfera jurídica el procedimiento agrario número 584/2013; sin embargo no especifica qué acto de dicho procedimiento le agravia, si es un auto que ordena el desposeimiento del bien inmueble que arguye de su propiedad, o bien, su falta de emplazamiento a dicho controvertido, o la falta de llamamiento a juicio y como consecuencia de ello la sentencia y la ejecución de la misma que se traduce en el auto de fecha tal que ordena el desposeimiento del bien inmueble de su propiedad. De igual manera ocurre con lo relativo a la carpeta de investigación ********** y la causa penal 1P4119-10, toda vez que no señala que actuaciones en especificó desea incluir como actos reclamados, y sí las reclama por ser parte en dicha contienda, esto es, si tiene alguna calidad como inculpado, víctima u ofendido. Además de no precisar a quién, o a quienes les atribuye los actos que desea sean parte en este juicio constitucional. Por ello, ante las imprecisiones aludidas sobre los actos que reclama del procedimiento agrario número 584/2013, de la carpeta de investigación ********** y la causa penal 1P4119-10, es necesario prevenirlo para que señale con toda claridad, cuál es el acto en especificó que pretende sea tomado como el reclamado de cada uno de los procedimientos mencionados y a que autoridad o autoridades se los atribuye; pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que las autoridades no rindan su informe correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. Asimismo, deberá señalar bajo protesta de decir verdad, cuales son los antecedentes de cada uno de los procedimientos de los que arguye emanan los actos reclamados, dado que de las manifestaciones vertidas en su demanda de amparo no se logró establecer cuál fue el motivo que los originó ni qué hechos se ventilan o se ventilaron en cada uno de ellos. B) La segunda irregularidad surge de lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En tal virtud en el caso concreto, el suscrito estima que si bien es cierto, que el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que, omitió expresar: El motivo por el cual señaló como terceros interesados a **********, ********** y **********, es decir, porque les reviste tal carácter para los efectos del presente juicio de amparo. Lo anterior es así, dado que el quejoso sólo se limitó a atribuirles el carácter de terceros interesados, omitiendo el relatar la relación que guardan con el acto reclamado, circunstancia que hace que la demanda que se estudia sea imprecisa, dado que no expresó con claridad los hechos que acontecieron al mismo. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108 -fracciones IV y V-, en relación con el diverso 114 -fracciones II y IV-, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Precise el o los actos que le atribuye a cada una de las autoridades que señaló como responsables, tal y como se estableció en el apartado A de la presente. Manifieste bajo protesta de decir verdad, el motivo por el cual señala como terceros interesados a **********, ********** y **********, es decir, porque les reviste tal carácter para los efectos del presente juicio de amparo. Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente del amparo, es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan José Salvador Márquez Ruiz y Antonio Martínez Mendoza, por tratarse de un asunto en materia agraria. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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