Federico Dulcio Alvarado

Expediente 59/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
59/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2018

Partes del expediente

  • Federico Dulcio Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa Federico Dulcio Alvarado, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintidós de enero de dos mil dieciocho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó a la parte quejosa en dicho acuerdo, y con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa Federico Dulcio Alvarado, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el veintidós de enero de dos mil dieciocho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó a la parte quejosa en dicho acuerdo, y con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo signada por Federico Dulcio Alvarado, contra actos de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla, y de otras autoridades; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 59/2018-E. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer respecto a la admisión de la demanda, con apoyo en los artículos 108, fracciones II y III, 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: PRIMERO. Precise cuál es la denominación correcta de las autoridades responsables que señaló como: "Agencia del Ministerio Público de la Zona Sur Primer Turno, Agencia del Ministerio Público de la Zona Sur Segundo Turno, Agencia del Ministerio Público de la Zona Sur Tercer Turno, Agencia del Ministerio Público de la Zona Sur Mesa Uno, Agencia del Ministerio Público de la Zona Sur Mesa Dos, Agencia del Ministerio Público de la Zona Sur Mesa Tres, Agencia del Ministerio Público de la Zona Sur Mesa Adjunta, Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula Turno Matutino, Agencia del Ministerio Público de San Pedro Cholula Turno Vespertino, Agencia del Ministerio Público de San Andrés Cholula Primer Turno, Agencia del Ministerio Público de San Andrés Cholula Segundo Turno, Agencia del Ministerio Público de San Andrés Cholula Tercer Turno, y Agencia del Ministerio Público de San Andrés Cholula Mesa de Trámite Matutino"; pues es un hecho notorio que dichas autoridades ya no existen con esa denominación, con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio en este Distrito Judicial. Por tanto, para estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables sus informes y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales. SEGUNDO. Además, señale con exactitud a qué autoridades responsables en concreto les reclama la omisión de acordar las peticiones del procedimiento que refiere en el capítulo correspondiente a los actos reclamados, y precise cuál es dicho procedimiento. Lo anterior es así, ya que de conformidad a lo establecido en el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, la parte quejosa en su demanda de amparo, debe precisar el acto u omisión que de cada autoridad se reclame; aunado a que de la interpretación sistemática del artículo 108, fracciones III y V, en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, lo anterior a fin de que queden definidos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. TERCERO. Aclare quién es la parte quejosa en el presente juicio de amparo, ya que en el proemio de la demanda de garantías, se indica que quien la promueve es Federico Dulcio Alvarado, aunado a que dicha persona es quien signa la demanda de amparo, y en el apartado relativo al nombre y domicilio del quejoso, se asienta que es José Emiliano Zambrano Aguilar. CUARTO. Indique con exactitud qué carácter tiene en el presente juicio de amparo, el Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec, perteneciente al Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, así como el carácter de David Saavedra López; pues en el capítulo correspondiente al nombre y domicilio de los terceros interesados el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que no existe dicha parte, y con posterioridad mencionó al Comisariado Ejidal de Santa María Malacatepec, perteneciente al Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, y a David Saavedra López. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Así mismo, signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él y no por conducto de la persona que autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo, y por autorizado en términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere, ya que se constató que sí cuenta con cédula profesional de licenciado en Derecho. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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