Fausto Rojas Mejia
Expediente 991/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fausto Rojas Mejia
- FAUSTO ROJAS MEJIA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. ....AUTORIDADES RESPONSABLES OF. D.90.1 Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa de Trámite 7 de Violencia Familiar y Delitos de Género, en nombre de 1. Ana Rosa Rosas Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género. OF. D.90.2 Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa de Trámite 7 de Violencia Familiar y Delitos de Género, en nombre de 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Violencia Familiar adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violencia de Género contra las Mujeres. OF. D.90.3 Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género OF. D.90.4 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. FISCAL ADSCRITO OF. D.90.MPF Agente del Ministerio Público de la Federación. EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 991/2020-D PROMOVIDO POR FAUSTO ROJAS MEJÍA Y TERESA MATA ALONSO, EL DÍA DE HOY SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: "San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. I. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Que atento a la Circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), esto implica que se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia; Que esta medida tendría vigencia del 1 al 9 de febrero de 2021; período durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades ya indicadas. Que atento a la Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, se prorrogó esa suspensión de plazos y términos procesales del 10 al 15 de febrero de 2021, siendo aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así mismo, que atento al punto II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, el 16 y 17 de febrero de 2021, se declararon inhábiles pero laborales, en los cuales sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual, se suspendieron los plazos y términos procesales, y a partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 -reactivación de plazos y términos procesales-. Y, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. En consecuencia, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. SENTENCIA CAUSA ESTADO. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 991/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Fausto Rojas Mejía y Teresa Mata Alonso; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado mediante buzón judicial el diez de diciembre de dos mil veinte, y remitida en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; Fausto Rojas Mejía y Teresa Mata Alonso solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Ana Rosa Rosas Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género, y otras autoridades. Los quejosos narraron, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 14, 16, 17, 20, Apartado B, y 21 Constitucionales. Segundo. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el catorce de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 991/2020; asimismo, se admitió a trámite, y se aperturó incidente de suspensión por cuerda separada; requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Suspensión por contingencia sanitaria. Mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo cual implicó: ( El trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( El trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Cuarto. Reanudación del procedimiento. 1. Mediante Circular SECNO/1/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" del 12 al 18 de enero de 2021; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales diversos al Primero, Segundo, Decimoctavo y Decimoquinto, se determinó: ( Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, ( Que como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. 2. En ese sentido, el doce de enero de dos mil veintiuno, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, se ordenó notificar la citada reanudación a las partes. Quinto. Cita para audiencia. En acuerdo de dieciocho de enero del actual, se señalaron las once horas con diez minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos privativos de la libertad atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que los quejosos Fausto Rojas Mejía y Teresa Mata Alonso reclaman: 1. Las órdenes de detención y/o aprehensión giradas en su contra, dentro del NUAT-721/2020/UVFYDG; y, 2. Su ejecución. Tercero. Exclusión de autoridades de la litis. Previa vista otorgada al quejoso por auto de trece de enero de dos mil veintiuno, sin que aquél la haya desahogado, mediante diverso proveído de veintiuno de enero del año en curso, se tuvo por inexistente a la autoridad que se denominó como "5. Director de la Agencia Estatal de Investigación de San Pablo del Monte, Tlaxcala"; por tanto, la referida autoridad se excluye de la materia de este juicio de amparo. Cuarto. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, los quejosos atribuyen los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa de Trámite 7 de Violencia Familiar y Delitos de Género, en nombre de 1. Ana Rosa Rosas Rodríguez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género. Niega. 2 Agente del Ministerio Público Titular adscrito a la Mesa de Trámite 7 de Violencia Familiar y Delitos de Género, en nombre de 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Violencia Familiar adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violencia de Género contra las Mujeres. Niega. 3 3. Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género -denominación correcta-. Niega. 4 4. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a través de quien legalmente lo representa. Niega. Tabla única. Las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les reclama, consistentes en las órdenes de detención y/o aprehensión giradas en contra de la parte quejosa, dentro del NUAT-721/2020/UVFYDG; y su ejecución, sin que en autos exista prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos que ahora reclama la parte quejosa. Por tanto, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos; esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que los actos sí existen y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. No es suficiente la existencia de la indagatoria NUAT-721/2020/UVFYDG, iniciada en contra de los aquí quejosos, pues aun y cuando se inicia una carpeta de investigación, su contenido en todo caso, serviría para establecer si a quien es sujeto de la investigación se le violó algún derecho en el desarrollo de la indagatoria, pero no puede considerarse lo mismo respecto de las órdenes combatidas, cuya existencia hasta la fecha no se encuentra acreditada, puesto que éstas no derivan necesariamente de la existencia de una indagatoria, ni siquiera podría establecerse una presunción de certeza del acto reclamado a través de la documental respectiva. Asimismo, no pasa desapercibido que, dentro de la citada indagatoria, mediante registro de actuación de cuatro de diciembre de dos mil veinte se citó a los ahora quejosos para que comparecieran ante la representación social a fin de que se les recabara su entrevista en calidad de imputados. Al respecto, debe decirse que dicha actuación en modo alguno puede equipararse a la orden de detención que puede emitir un agente del ministerio público en términos del artículo 16 Constitucional. En efecto, la naturaleza del citatorio, emitido dentro de una carpeta de investigación, no se puede considerar como un acto que restrinja la libertad personal, pues ese no es su objeto, sino lograr la comparecencia para la realización de un acto procesal. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, conforme a lo previsto por los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con la excepción que los mismos preceptos establecen. De igual forma, es de destacarse que una vez terminada la diligencia, el citado podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar su carpeta de investigación, misma que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la representación social ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales, destaca el derecho a la libertad personal. Sin embargo, como todo derecho humano, éste no es absoluto, por lo que la citada norma fundamental también delimita exhaustivamente diversas hipótesis para su afectación, a saber: a) la orden de aprehensión; b) las detenciones en flagrancia; y, c) el caso urgente. En tratándose de la flagrancia, la misma constituye una protección a la libertad personal, cuyo control judicial ex post debe ser especialmente cuidadoso, ya que quien afirma la legalidad y constitucionalidad de una detención, debe poder defenderla ante el juez respectivo. Por ende, cuando se aduzca flagrancia, debe acreditarse que hubo elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad y seguridad personal. En cambio, la detención por caso urgente impone una serie de condicionantes que requieren la intervención inmediata y jurídicamente justificada por parte del Ministerio Público, pues se parte de la base de la excepcionalidad de la orden de detención judicial, motivada fundamentalmente por un riesgo inminente de sustracción del inculpado, es decir, su procedencia se basa en el cumplimiento de los requisitos genéricos previstos en el artículo 16 constitucional, esto es, que se trate de un delito grave, exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue y por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. En ese sentido, el citatorio dirigido a los quejosos dentro de la indagatoria de origen no tiene los mismos efectos jurídicos y materiales que tiene la detención que reclaman en el presente juicio de amparo, por lo que la existencia de dicho citatorio no es idónea para acreditar la del referido acto. Consecuentemente, al no cumplir con la carga procesal de integrar al juicio de amparo prueba alguna que por su idoneidad pudiese desvirtuar las negativas de las autoridades responsables y acreditar que, como lo afirman, existe un acto de autoridad que le genera perjuicio en su esfera jurídica, no obstante que se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades responsables y los actos reclamados. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 74, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Fausto Rojas Mejía y Teresa Mata Alonso, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del ministerio público federal adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que ha fenecido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta de la autoridad que señaló como "5. Director de la Agencia Estatal de Investigación de San Pablo del Monte, Tlaxcala", sin que hubiera presentado promoción alguna para desahogar tal requerimiento; por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de trece de enero de dos mil veintiuno y se tiene por inexistente a la autoridad señalada, por lo que se ordena suspender cualquier comunicación procesal con ella. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el pedimento 11/2021 del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se decrete el sobreseimiento en el juicio; y, 3. Copia de la sentencia correspondiente y del auto que la declare ejecutoriada. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°; téngasele por hechas las manifestaciones vertidas, vía alegatos; y, en su momento, expídase a su costa copia autorizada de las constancias que indica. Notifíquese por lista a las partes.
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