Federico Coronado Enríquez

Expediente 397/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
397/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2018

Partes del expediente

  • Federico Coronado Enríquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Federico Coronado Enríquez, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.

  2. Principal

    AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO AL QUEJOSO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Federico Coronado Enríquez, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese, y personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Federico Coronado Enríquez, contra actos que reclama del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 397/2018-l. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que aquí reclama el promovente del amparo: consiste en: "Se reclama a la responsable la omisión o falta de co0mntestación al escrito de fecha 3 de octubre del año en curso recibido el mismo día en las oficinas de cada una de las Autoridades Responsables." En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Se expone tal aserto, en razón de que el acto reclamado en esencia, se hace consistir en la omisión de las autoridades responsables Oficial Mayor, Contralor Interno Municipal y Director de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, de dar contestación a su escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciocho; sin que a la fecha de la presentación de la demanda se haya dado respuesta. Ahora, si bien es cierto, que en atención al requerimiento que se realizó en el escrito de petición, a efecto de dar una respuesta congruente a la solicitud, se requiere de un tiempo prudente para que las responsables puedan dar contestación y además notificarle. Por ende, si el escrito presentado ante las responsables donde solicita se le reincorpore al puesto de Autoridad Substanciadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas dependiente de la Contraloría Interna Municipal, el cual tiene sello de recepción de tres de octubre de dos mil dieciocho, y la demanda de amparo en estudio se recibió en este juzgado el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, ello hace patente a la improcedencia del juicio de amparo, pues únicamente habían transcurrido doce días hábiles completos para atender su solicitud y realizar la notificación respectiva; por ende, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda, aún no existe perjuicio alguno que ocasione a la parte quejosa violación a los artículos 8 constitucional. Lo anterior, atendiendo a que no ha pasado un plazo razonable para que se dé respuesta a su escrito y se realice la notificación, ya que se requiere de cierto tiempo a efecto de atender las cuestiones solicitadas, para así estar en posibilidad de darle contestación a su petición y notificarle. En ese sentido, primeramente debe decirse que el derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Por tanto, debe precisarse que si bien es cierto el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito y hacerlo conocer en breve término al gobernado, dicho término debe comprender el relativo a los trámites burocráticos de rigor, esto es, a los plazos que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan; por tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica, dado que la garantía que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga a la brevedad el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Situación que en el caso acontece, pues tomando en consideración la fecha de la solicitud dirigida a las autoridades señaladas como responsable (tres de octubre de dos mil dieciocho) y el momento de la presentación de la demanda de garantías (diecinueve de octubre de dos mil dieciocho), han mediado solo doce días hábiles; por lo que este juzgador estima que no ha transcurrido un tiempo razonable para que la referida funcionaria pueda dar contestación a su petición, aunado a que dada la trascendencia de lo peticionado en el referido libelo (se le reincorpore al puesto de Autoridad Substanciadora de la Unidad de Responsabilidades Administrativas dependiente de la Contraloría Interna Municipal), es necesario que las autoridades responsables deban tener un tiempo prudente para poder emitir el acuerdo que en derecho estimen conveniente. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trecientos treinta y un, Tomo XI, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, marzo de mil novecientos noventa y tres, cuyo rubro y texto dicen: "PETICION, DERECHO DE. TERMINO. Si bien es cierto que el artículo 8 constitucional establece que la autoridad debe dictar un acuerdo escrito y hacerlo conocer en breve término al peticionario, ese breve término a que se refiere dicho precepto debe comprender el plazo relativo a los trámites burocráticos de rigor, esto es, a los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios para dar cuenta con las promociones que se les turnan; por lo tanto, el retardo por el trámite propio que se le debe dar a un escrito no tiene relevancia jurídica para conceder la protección constitucional, dado que la garantía que consagra el precepto en comento, consiste en que a toda petición hecha a la autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga en breve término el acuerdo respectivo, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo o resolución que proceda. Además, la garantía consagrada en favor de los particulares en el precepto de referencia no implica que en una sola resolución se decida en definitiva sobre lo pedido, pues si para ello se requiere de un trámite especial, éste debe de cubrirse previamente a resolver en definitiva la petición formulada por el particular." Por tanto, cuando el acto reclamado consiste en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, como en el caso acontece, es improcedente el juicio de amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución. De tal manera que el retardo de que se duele el quejoso no transgrede de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución; máxime que como ya se mencionó si se toma en consideración la fecha en que la parte quejosa presentó el escrito de petición ante las autoridades responsables y al momento de la presentación de la demanda de amparo el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, no ha mediado el tiempo razonable para la emisión de la respuesta a su petición; lo anterior es así, en virtud de que al contabilizar el término se aprecia que mediaron los días seis, siete, doce, trece y catorce de octubre del año en curso, que fueron inhábiles; por lo que -se insiste- este juzgador estima que no ha transcurrido un plazo razonable para que las citadas responsables estén en aptitud de dictarlo. Apoya a lo anterior la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2003, Libro Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia Constitucional, Décima Época, de testo y rubro siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito." De ahí que resulta evidente que el acto que por esta vía reclama el promovente no le causa agravio alguno de imposible reparación dado el corto plazo que ha mediado (doce días hábiles) entre su petición y la presentación de la demanda de amparo, por lo que se procede desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata, con fundamento en los numerales 113, 61, fracción XXIII, en relación de con el 107, fracción V de la Ley Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Lo anterior, sin perjuicio de que superado un plazo razonable, pueda la parte promovente ante ello, intentar de nueva cuenta la acción de amparo en tutela de sus derechos humanos. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Jesusita número 816, entre Julieta y Elvira del fraccionamiento El Consuelo, código postal 79010, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Asimismo, se tiene como autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yuridia Santiago Hernández, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir y recibir notificaciones y documentos a Nancy García Castro, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente incidente; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Lo proveyó y firma Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Juez de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/1603/2018 de diez de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Guido Pérez Ramírez, Secretario quien autoriza y da fe.GPR/rgg

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