Federico Castillo Azúa
Expediente 67/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Federico Castillo Azúa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a seis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta de la que se advierte, que mediante proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 93 y 94), se concedió a la parte quejosa el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este Juzgado Federal a recoger los documentos exhibidos por esta en el presente sumario Constitucional, esto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dichos documentos serían depurados con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que el plazo otorgado mediante el proveído de referencia ha fenecido, sin que la parte quejosa acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los documentos exhibidos serán depurados con el presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa y terceros interesados se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 83 a 85), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Por otra parte, devuélvase al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en el duplicado del juicio laboral número 556/2017/JE1-2, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, toda vez que existe documento original exhibido en la demanda de amparo, se ordena notificar personalmente a la parte promovente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger el documento original que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dicho documento será depurado con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, y personalmente al quejoso.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diez de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso y terceros interesados, mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 66 a 70), para que manifestaran lo que a sus interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, sin que realizaran manifestación dentro de dicho lapso; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha diez de abril de dos mil dieciocho, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 38 a 51). Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".para que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Valles, San Luis Potosí dicte las providencias que conforme a derecho estime pertinentes, dirigidas a la elaboración inmediata del proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral de origen, para luego entregar copia del mismo a sus integrantes, con el objeto de que éstos procedan en términos de lo previsto por los artículos 886 a 890 de la Ley Federal del Trabajo y dicten el laudo respectivo, en los plazos marcados por la legislación aplicable." En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número STPS-JECA-1-714/2018/1 de veintitrés de abril de dos mil dieciocho (foja 58), el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copia autógrafa del laudo de diecisiete de abril del año en curso, dictado en el Juicio Laboral número 556/2017-JE1-2 de su índice (fojas 59 a 64), del que se desprende que la responsable emitió el laudo correspondiente en términos de lo previsto por los artículos 886 a 890 de la Ley Federal del Trabajo. Constancias que anexó dicha responsable, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. En consecuencia, la autoridad responsable emitió el laudo correspondiente en términos de lo previsto por los artículos 886 a 890 de la Ley Federal del Trabajo. Sin que obste el hecho de que la Junta responsable no acompañó las constancias de notificación correspondientes a dicha resolución; sin embargo, de autos se advierte que en proveído de veintisiete de abril del año en curso, se puso a la vista del quejoso y terceros interesados el cumplimiento dado por dicha autoridad, razón por la cual debe entenderse ya son sabedores del mismo -dictado del laudo-, según consta de las notificaciones practicadas en este sumario. Acorde con lo anterior, es procedente declarar que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, restituyendo así en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados al quejoso Federico Castillo Azua; por lo que ha lugar a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso y terceros interesados para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente al quejoso, así como a los terceros interesados.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria de la adscripción para notificar a Martin Nolasco Reyes, Héctor Castillo Zavala y a Construcar Inmobiliaria Sociedad Anónima de Capital Variable -terceros interesados-, el proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por las razones que en la misma expone. En tal virtud, hágase a los citados terceros interesados la notificación del acuerdo en comento, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, sin perjuicio que los mismos posteriormente señalen domicilio para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Abril de 2006, página 1058, cuyo tenor literal y rubor son los siguientes: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista." Notifíquese. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS EL AUTO DE VEINTISIETE DEABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia de diez de abril de dos mil dieciocho (fojas 38 a 51), en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al peticionario de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo para las autoridades responsables, toda vez que, carecen de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia número P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para los efectos siguientes: ".para que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Valles, San Luis Potosí dicte las providencias que conforme a derecho estime pertinentes, dirigidas a la elaboración inmediata del proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral de origen, para luego entregar copia del mismo a sus integrantes, con el objeto de que éstos procedan en términos de lo previsto por los artículos 886 a 890 de la Ley Federal del Trabajo y dicten el laudo respectivo, en los plazos marcados por la legislación aplicable." Ahora, del análisis de las constancias que integran el presente sumario constitucional, se desprende que el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad -autoridad responsable- mediante oficio STPS-JECA-1-714/2018/1 recibido en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el veinticuatro de abril del presente año, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto (fojas 58 a 64); en virtud de lo anterior, resulta innecesario requerir a la referida autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso y terceros interesados para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto a la forma en que la responsable informó haber dado cumplimiento a la sentencia dictada por este juzgado federal; apercibidos que en caso de ser omisos al respecto, en su oportunidad se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida autoridad. ...Notifíquese y personalmente.
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