Federico Antonio Santiago Ruiz

Expediente 1891/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1891/2016
Año
2016
Actuaciones
25
Última actuación
09/01/2017

Partes del expediente

  • Federico Antonio Santiago Ruiz
  • Juez Primero del Ramo Penal Especializado para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial Tuxtla Cintalapa, Chiapas
  • José Arturo Torres Vera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, se establece que los efectos y alcances de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ..., fueron los siguientes: Obligaciones básicas: ".a) Deje sin efecto la orden de aprehensión de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 23/2016 únicamente por lo que hace al aquí quejoso; y, Obligaciones complementarias: En su lugar, con plenitud de jurisdicción, subsanando los vicios de indebida motivación se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público, evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de agrimensura, croquis ilustrativo y fotografía, emitido por el perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. Lo anterior, en el entendido de que dicho medio de convicción presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento, inclusive, de negarse la orden de aprehensión, al perfeccionarse el ejercicio de la acción penal..". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla y Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se advierte que el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de incoación de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, y en su lugar dictó una nueva resolución; en la que determinó que los medios de prueba aportados por el Ministerio Público en la averiguación previa no fueron suficientes para acreditar el cuerpo del delito de despojo, razón por la cual negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Federico Antonio Santiago Ruiz, al no considerarlo probable responsable del citado delito. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a su particularidad es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se trata de un juicio en el que se sobreseyó por una parte y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión por otra; por lo que una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento en concordancia con la fracción IV del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé; ello, tomando en consideración que no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Además, depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. También, destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena devolver las copias certificadas de la Causa Penal número 23/2016 (un tomo), al Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, las cuales remitió en apoyo a su informe justificado Notifíquese.Así lo proveyó y firma José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza y da fe Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas nueve de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, se establece que los efectos y alcances de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ¨*****, fueron los siguientes: Obligaciones básicas: ".a) Deje sin efecto la orden de aprehensión de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 23/2016 únicamente por lo que hace al aquí quejoso; y, Obligaciones complementarias: b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, subsanando los vicios de indebida motivación se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público, evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de agrimensura, croquis ilustrativo y fotografía, emitido por el perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. Lo anterior, en el entendido de que dicho medio de convicción presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento, inclusive, de negarse la orden de aprehensión, al perfeccionarse el ejercicio de la acción penal..". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla y Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se advierte que el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de incoación de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, y en su lugar dictó una nueva resolución; en la que determinó que los medios de prueba aportados por el Ministerio Público en la averiguación previa no fueron suficientes para acreditar el cuerpo del delito de despojo, razón por la cual negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Federico Antonio Santiago Ruiz, al no considerarlo probable responsable del citado delito. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a su particularidad es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se trata de un juicio en el que se sobreseyó por una parte y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión por otra; por lo que una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento en concordancia con la fracción IV del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé; ello, tomando en consideración que no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Además, depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. También, destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena devolver las copias certificadas de la Causa Penal número 23/2016 (un tomo), al Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, las cuales remitió en apoyo a su informe justificado Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO JOSÉ ARTURO TORRES VEGA, EL AUTO DE NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, se establece que los efectos y alcances de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ..., fueron los siguientes: Obligaciones básicas: ".a) Deje sin efecto la orden de aprehensión de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 23/2016 únicamente por lo que hace al aquí quejoso; y, Obligaciones complementarias: En su lugar, con plenitud de jurisdicción, subsanando los vicios de indebida motivación se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público, evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de agrimensura, croquis ilustrativo y fotografía, emitido por el perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. Lo anterior, en el entendido de que dicho medio de convicción presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento, inclusive, de negarse la orden de aprehensión, al perfeccionarse el ejercicio de la acción penal..". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla y Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se advierte que el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, dejó insubsistente el auto de incoación de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, y en su lugar dictó una nueva resolución; en la que determinó que los medios de prueba aportados por el Ministerio Público en la averiguación previa no fueron suficientes para acreditar el cuerpo del delito de despojo, razón por la cual negó la orden de aprehensión solicitada en contra de Federico Antonio Santiago Ruiz, al no considerarlo probable responsable del citado delito. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a su particularidad es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se trata de un juicio en el que se sobreseyó por una parte y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión por otra; por lo que una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento en concordancia con la fracción IV del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé; ello, tomando en consideración que no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Además, depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado y concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. También, destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena devolver las copias certificadas de la Causa Penal número 23/2016 (un tomo), al Juzgado Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, las cuales remitió en apoyo a su informe justificado Notifíquese.Así lo proveyó y firma José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza y da fe Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero en Materia Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Tuxtla, Cintalapa y Chiapa, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y anexo, mediante el cual informa los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese personalmente.

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