Fausto Francisco Domínguez Aguilar

Expediente 968/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
968/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Fausto Francisco Domínguez Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve (fojas 33 a la 37), en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que en proveídos de ocho y veintidós de agosto del año en curso (fojas 27 y 33), se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades responsables Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas y de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales remitieron diversas actuaciones relativas al acto reclamado en este juicio (fojas 21-25 y 31-32), respectivamente. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: a) Del C. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se señala como acto reclamado la omisión de proveer lo conducente a efecto de que se inscriba el bien inmueble embargado en el juicio laboral expediente número **** en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Comitán de Dominguéz, Chiapas. b) Del C. Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, se señala como acto reclamado la omisión de inscribir el bien inmueble embargado en el juicio laboral expediente número ****, no obstante que al efecto ha sido oficiado por el Presidente ejecutor desde el 23 de abril de 2019." (foja 3). Sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro electrónico 192097, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se colige que, ****tiene el carácter de parte actora en el juicio laboral****, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y reclama en esta vía constitucional lo siguiente: - La omisión de la Junta responsable de proveer lo conducente a efecto de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, el bien inmueble embargado en el juicio laboral ****. - De la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, la omisión de inscribir el bien inmueble embargado en el juicio laboral **** Lo anterior en virtud de que no obstante que el oficio **** de veintidós de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, fue oficiado por la Junta responsable a la oficina registradora desde el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, había transcurrido más de tres meses sin que se proveyera en los autos de origen nada relacionado con lo solicitado. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de otorgar la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 3. Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; y, 4. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Así, como se indicó con antelación, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de proveer lo conducente a efecto de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, el bien inmueble embargado en el juicio laboral ****; y de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, la omisión de inscribir el citado bien inmueble. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, se advierte que en atención al oficio **** de veintidós de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad (fojas 21-22), el ocho de mayo de dos mil diecinueve, emitió el diverso oficio ****, por el cual informó a la Junta en mención que el bien inmueble del cual se pretendía hacer la inscripción, había sido donado a favor de ****, de acuerdo al folio real ****, con número de registro **** de siete de julio de dos mil diecisiete (fojas 23-24). Por otra parte, en atención al oficio emitido por la autoridad registral, la junta responsable, emitió el acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, en el cual tuvo por recibida la citada comunicación, y en atención a la imposibilidad que informó de realizar la inscripción de embargo solicitado, dejó a la vista de la parte actora en el juicio laboral ****, aquí quejoso, el contenido de dicho oficio. Lo anterior evidencia, que los actos que se reclaman de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, se subsanó totalmente las omisiones que se les reclamaban. Toda vez que la junta responsable el diecinueve de agosto del año en curso, informó al quejoso la imposibilidad por parte de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, de realizar la inscripción del embargo decretado en los autos de origen, pues ordenó darle vista con el oficio ****. En ese sentido, deviene inconcuso que los actos reclamados consistentes en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de proveer lo conducente a efecto de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, el bien inmueble embargado en el juicio laboral ****, y de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, la omisión de inscribir el citado bien inmueble, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y por otra parte resultó que o existía el acto omisivo por parte de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con los fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento; así como al haberse establecido que en la especie se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del propio precepto 63, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA FAUSTO FRANCISCO DOMINGUEZ AGUILAR, EL ACUERDO DE TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que en proveídos de ocho y veintidós de agosto del año en curso (fojas 27 y 33), se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades responsables Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas y de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales remitieron diversas actuaciones relativas al acto reclamado en este juicio (fojas 21-25 y 31-32), respectivamente. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: a) Del C. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se señala como acto reclamado la omisión de proveer lo conducente a efecto de que se inscriba el bien inmueble embargado en el juicio laboral expediente número **** en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Comitán de Dominguéz, Chiapas. b) Del C. Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, se señala como acto reclamado la omisión de inscribir el bien inmueble embargado en el juicio laboral expediente número ****, no obstante que al efecto ha sido oficiado por el Presidente ejecutor desde el 23 de abril de 2019." (foja 3). Sin embargo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquéllos, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro electrónico 192097, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo, se colige que, ****tiene el carácter de parte actora en el juicio laboral****, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y reclama en esta vía constitucional lo siguiente: - La omisión de la Junta responsable de proveer lo conducente a efecto de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, el bien inmueble embargado en el juicio laboral ****. - De la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, la omisión de inscribir el bien inmueble embargado en el juicio laboral **** Lo anterior en virtud de que no obstante que el oficio **** de veintidós de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, fue oficiado por la Junta responsable a la oficina registradora desde el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, había transcurrido más de tres meses sin que se proveyera en los autos de origen nada relacionado con lo solicitado. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de otorgar la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; 3. Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; y, 4. Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Así, como se indicó con antelación, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de proveer lo conducente a efecto de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, el bien inmueble embargado en el juicio laboral ****; y de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, la omisión de inscribir el citado bien inmueble. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, se advierte que en atención al oficio **** de veintidós de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad (fojas 21-22), el ocho de mayo de dos mil diecinueve, emitió el diverso oficio ****, por el cual informó a la Junta en mención que el bien inmueble del cual se pretendía hacer la inscripción, había sido donado a favor de ****, de acuerdo al folio real ****, con número de registro **** de siete de julio de dos mil diecisiete (fojas 23-24). Por otra parte, en atención al oficio emitido por la autoridad registral, la junta responsable, emitió el acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, en el cual tuvo por recibida la citada comunicación, y en atención a la imposibilidad que informó de realizar la inscripción de embargo solicitado, dejó a la vista de la parte actora en el juicio laboral ****, aquí quejoso, el contenido de dicho oficio. Lo anterior evidencia, que los actos que se reclaman de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, se subsanó totalmente las omisiones que se les reclamaban. Toda vez que la junta responsable el diecinueve de agosto del año en curso, informó al quejoso la imposibilidad por parte de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, de realizar la inscripción del embargo decretado en los autos de origen, pues ordenó darle vista con el oficio ****. En ese sentido, deviene inconcuso que los actos reclamados consistentes en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de proveer lo conducente a efecto de que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, el bien inmueble embargado en el juicio laboral ****, y de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, la omisión de inscribir el citado bien inmueble, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y por otra parte resultó que o existía el acto omisivo por parte de la Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con los fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento; así como al haberse establecido que en la especie se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del propio precepto 63, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, a través de su Presidente y Auxiliar de Amparos; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copias certificadas remite, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

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