Federación Obrera Michoacana

Expediente 778/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
778/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Federación Obrera Michoacana
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Reanudación del procedimiento. Vista la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, así como de la circular SECNO/1/2021 emitida el ocho de enero de dos mil veinte, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal relativa a la "Propuesta de Medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Ahora bien, es necesario destacar que según lo establecido en el punto número 1, de la circular CAP/3/2020 emitida el veinte de diciembre de dos mil veinte, por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", se suspendieron los plazos y términos procesales, con las salvedades ahí expuestas; de modo que, en virtud del regreso al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 20 del citado ordenamiento, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    por este medio se notifica al quejoso y autorizados, el proveído del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Rafael Alzate Núñez, en cuanto Secretario General de la Obrera Michoacana, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veinte. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La violación a su derecho de administración de justicia al no ser llamado como tercero con interés dentro del procedimiento especial 17/2016, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, 61, fracción XI, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Rafael Alzate Núñez, en cuanto Secretario General de la Obrera Michoacana, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. En el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Conviene destacar como hecho notorio, la existencia de diverso expediente que incide de manera directa en la procedencia de la demanda a estudio, a saber, el juicio de amparo 294/2019 del índice de éste propio órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto reclamado. En ese juicio se determinó lo siguiente: El catorce de marzo de dos mil diecinueve, Rafael Alzate Núñez, en cuanto Secretario General de la Obrera Michoacana, presentó demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, en la que reclamó la audiencia de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, donde se le reiteró lo determinado por auto de veintinueve de enero del propio año, esto eso, negar reconocer a la Federación Obrera Michoacana, el carácter de tercera interesada en el procedimiento especial 17/2016, del índice de la autoridad señalada como responsable. Mediante proveído de quince siguiente, este órgano jurisdiccional determinó desechar la demanda de amparo pues se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación directa con el artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos normativos de la Ley de la materia. Inconforme con la referida determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad. Mediante proveído de once de abril de dos mil diecinueve, se tuvo al Tribunal de Alzada informando que desechó por improcedente el recurso de revisión de que se trata. Finalmente, en auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en atención a que causó estado la resolución del Tribunal de Alzada, por lo que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo 294/2019. De lo apuntado se obtiene que el acto reclamado fue materia del diverso juicio de amparo citado, en el que se determinó desechar la demanda, de ahí que constituye una cosa juzgada. De modo que la consideración expuesta en aquél amparo es la que debe regir la situación del acto reclamado. Por tanto, al actualizarse el motivo de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda. Sin que obste a lo anterior la manifestación bajo protesta de decir por el quejoso, en el sentido de le causa perjuicio el convenio celebrado el cinco de abril de dos mil diecinueve, relativo al pago de prestaciones con motivo del procedimiento especial 17/2016, del cual tuvo conocimiento hasta el veintitrés de octubre de dos mil veinte, fecha en que pudo obtener copia certificada de este; en el cual refiere no pudo intervenir en razón de que en audiencia celebrada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, no les reconoció el carácter de terceros con interés. En ese tenor, se advierte que dicho acto lo reclama como consecuencia de que no le fue reconocido carácter de tercero con interés, acto que como ya se dijo fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo 294/2019, lo que hace improcedente su demanda de amparo, pues insiste en reclamar el hecho de que al no haberle sido reconocido ese carácter no pudo intervenir en el convenio de referencia, de ahí que se reitera la improcedencia del juicio de amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." De ahí que por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, debe prevalecer lo resuelto en la resolución que desechó la primer acción constitucional promovida por el ahora quejoso, la que incluso fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, lo contrario, implicaría desconocer la decisión previa adoptada y, más aún, avalar la coexistencia de posibles resoluciones contradictorias. Asumir una posición contraria implicaría que el quejoso pudiera, válidamente, promover tantos amparos como quisieran respecto de un mismo acto reclamado, y señalando idénticas autoridades responsables, lo que iría en total detrimento de la impartición de justicia. Por tanto, al actualizarse el motivo de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Rafael Alzate Núñez, en cuanto Secretario General de la Obrera Michoacana, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de trece de noviembre de dos mil veinte. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: La violación a su derecho de administración de justicia al no ser llamado como tercero con interés dentro del procedimiento especial 17/2016, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, 61, fracción XI, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Rafael Alzate Núñez, en cuanto Secretario General de la Obrera Michoacana, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán. En el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Conviene destacar como hecho notorio, la existencia de diverso expediente que incide de manera directa en la procedencia de la demanda a estudio, a saber, el juicio de amparo 294/2019 del índice de éste propio órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto reclamado. En ese juicio se determinó lo siguiente: El catorce de marzo de dos mil diecinueve, Rafael Alzate Núñez, en cuanto Secretario General de la Obrera Michoacana, presentó demanda de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, en la que reclamó la audiencia de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, donde se le reiteró lo determinado por auto de veintinueve de enero del propio año, esto eso, negar reconocer a la Federación Obrera Michoacana, el carácter de tercera interesada en el procedimiento especial 17/2016, del índice de la autoridad señalada como responsable. Mediante proveído de quince siguiente, este órgano jurisdiccional determinó desechar la demanda de amparo pues se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación directa con el artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos normativos de la Ley de la materia. Inconforme con la referida determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad. Mediante proveído de once de abril de dos mil diecinueve, se tuvo al Tribunal de Alzada informando que desechó por improcedente el recurso de revisión de que se trata. Finalmente, en auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en atención a que causó estado la resolución del Tribunal de Alzada, por lo que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo 294/2019. De lo apuntado se obtiene que el acto reclamado fue materia del diverso juicio de amparo citado, en el que se determinó desechar la demanda, de ahí que constituye una cosa juzgada. De modo que la consideración expuesta en aquél amparo es la que debe regir la situación del acto reclamado. Por tanto, al actualizarse el motivo de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda. Sin que obste a lo anterior la manifestación bajo protesta de decir por el quejoso, en el sentido de le causa perjuicio el convenio celebrado el cinco de abril de dos mil diecinueve, relativo al pago de prestaciones con motivo del procedimiento especial 17/2016, del cual tuvo conocimiento hasta el veintitrés de octubre de dos mil veinte, fecha en que pudo obtener copia certificada de este; en el cual refiere no pudo intervenir en razón de que en audiencia celebrada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, no les reconoció el carácter de terceros con interés. En ese tenor, se advierte que dicho acto lo reclama como consecuencia de que no le fue reconocido carácter de tercero con interés, acto que como ya se dijo fue materia de estudio en el diverso juicio de amparo 294/2019, lo que hace improcedente su demanda de amparo, pues insiste en reclamar el hecho de que al no haberle sido reconocido ese carácter no pudo intervenir en el convenio de referencia, de ahí que se reitera la improcedencia del juicio de amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." De ahí que por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, debe prevalecer lo resuelto en la resolución que desechó la primer acción constitucional promovida por el ahora quejoso, la que incluso fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, lo contrario, implicaría desconocer la decisión previa adoptada y, más aún, avalar la coexistencia de posibles resoluciones contradictorias. Asumir una posición contraria implicaría que el quejoso pudiera, válidamente, promover tantos amparos como quisieran respecto de un mismo acto reclamado, y señalando idénticas autoridades responsables, lo que iría en total detrimento de la impartición de justicia. Por tanto, al actualizarse el motivo de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 778/2020. De conformidad con el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de octubre de dos mil veinte, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese la demanda promovida por Rafael Alzate Núñez en cuanto Secretario General de la Organización Sindical denominada Federación Obrera Michoacana, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como el escrito presentado en esta fecha, a través del cual el promovente acredita con copia coteja el carácter con el que se ostenta; sin que de momento sea posible ordenar la devolución de esa constancia, como lo solicita, en razón de que puede ser objetada conforme con lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 108, fracciones IV y V, así como el 114, fracciones I y IV y relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la parte quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: PRIMERO. Precise el acto reclamado, ello pues en el apartado correspondiente señala: "UNO: De la autoridad señalada como responsable, reclamo VIOLENTAR MI DERECHO FUNDAMENTAL A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ANTE LANEGATIVA DE AUDIENCIA de fecha 22 de febrero de 2019 pese a nuestros ruegos y argumentos jurídicos esta acuerda y en la que posteriormente los terceros con interés acuerdan convenio de fecha 05 de abril de 2019 en el pago de prestaciones sin estar legalmente acreditados para convenir y actuando de mala fe la responsable en no llamarnos como terceros con interés como lo demostraré en los hechos y manifestaciones que más adelante pronunciaré PARA COMBATIR Y DEFENDER NUESTROS INTERESES JURÍDICOS, es por esto que solicitamos la revocación de su acuerdo y convenio que lo conforma." De la anterior transcripción se advierte que lo que el quejoso pretende combatir, en esencia, es el que no se le haya reconocido el carácter de tercero con interés dentro del procedimiento especial que se lleva ante la autoridad responsable. En ese tenor, se le requiere para que señale qué acto de manera específica reclama en esa instancia constitucional; esto es, si lo es la audiencia desahogada el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la que la responsable negó reconocerle el carácter de tercero con interés, la cual ya fue materia de pronunciamiento en el diverso juicio de amparo 294/2019, del índice de este juzgado o, en su caso, si es el diverso emitido el cinco de abril de dos mil diecinueve o algún otro. En el entendido que, si lo que reclama es el convenio de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, indique cuáles fueron los motivos por los que tuvo conocimiento de ese acto, en la fecha que refiere en su escrito de demanda -veintitrés de octubre de dos mil veinte-; ello tomando en cuenta que desde el veintidós de febrero de dos mil diecinueve, acudió ante la responsable a efecto de que le fue reconocida su personalidad como tercero con interés. SEGUNDO.- Señale, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del juicio de origen, esto es, aquellos que estén relacionados con el acto que señale como reclamado en esta instancia constitucional, en cumplimiento al punto de prevención. Es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo conocimiento del mismo, así como las partes que participaron en la realización o en la emisión del acto reclamado. Datos que resultan ineludibles para estar en condiciones de fijar la Litis constitucional. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo acordado en este proveído en el plazo indicado y de no acompañar copias suficientes del documento con el que dé cumplimiento para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada, atento a lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que el requerimiento formulado deberá cumplirse en forma directa por el peticionario, pues los autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guillermo Álvarez Torres, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a la diversa Laura Aguirre Medina, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogada. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese; y personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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