Fátima Gabriela Hitrón Esquivel

Expediente 1273/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1273/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Fátima Gabriela Hitrón Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De los autos se desprende que mediante sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Ayala Bedolla, para los efectos siguientes: "a) Notifiquen y entreguen la constancia de vigencia de derechos número ********************, al quejoso José Ayala Bedolla. Con la precisión de que la autoridad responsable deberá remitir copia certificada, completa y legible de las constancias que acrediten que cumplió con los efectos de la sentencia." Misma que causó ejecutoria el dieciocho de abril de este año. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento del fallo protector. Luego de los requerimientos formulados a la responsables mediante proveídos de dieciocho de abril, dieciocho de mayo y veinte de junio del presente año, en auto de seis de julio siguiente, se tuvo al Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, solicitando a este órgano federal dar vista a la quejosa para que compareciera ante las instalaciones de esa autoridad, a las doce horas del trece de julio del presente año, a efecto de hacerle entrega de la constancia de vigencia de derechos correspondiente; lo que se ordenó notificar al peticionario para que asistiera en la hora y fecha señalada para tal efecto. El cuatro de agosto siguiente, la responsable informó que el quejoso no acudió a la cita programada a efecto de recibir el certificado correspondiente, por lo que señaló una nueva cita a las doce horas del dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, para realizar la entrega de la constancia de vigencia de derechos número ********************; por lo que de nueva cuenta se le requirió al quejoso para que acudiera en la fecha antes precisada a recibir el certificado correspondiente o en su caso el impedimento que tuviera para ello. El once de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que ni la responsable ni la parte quejosa informaron respecto a la entrega del certificado en cuestión, se le requirió nuevamente a dicha autoridad para que en el término de tres días contado al momento de su notificación informaran lo relativo; fue entonces que por auto de diecinueve de septiembre de este año, se tuvo a la autoridad responsable informando que hasta esa data la parte quejosa no se había presentado a la cita programada a recoger la constancia correspondiente; ante ello, se determinó que la responsable no tenía impedimento alguno de cumplir con la ejecutoria, puesto que, la entrega/recepción del certificado era sólo atribuible al impetrante, por esta razón, se ordenó dar vista con cumplimiento para que en el término de tres días contado al momento de su notificación manifestaran lo que su interés legal conviniera, sin que el justiciable hubiera realizado alguna manifestación estando debidamente notificado mediante lista el veintidós de septiembre anterior. 3. Conclusión. De la anterior relación de constancias, este órgano jurisdiccional advierte que no obstante de que la responsable realizó los trámites necesarios para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con ello restituir al quejoso en el pleno goce de los derechos violados; lo cierto es que éste ha mostrado un completo desinterés en que la ejecución se materialice. Se afirma de esa manera, porque desde el mes de julio de este año, la autoridad señaló fecha y hora para que el quejoso acudiera a sus instalaciones a recibir la constancia de vigencia de derechos derivada de su petición sin que éste se hubiera presentado. Lo mismo sucedió respecto de las fechas informadas en autos de cuatro y siete de agosto, así como diecinueve de septiembre de este año; las cuales fueron debidamente notificadas al justiciable por parte de este órgano jurisdiccional como se desprende de autos, a fin de que se presentara sólo a recibir el documento en cuestión sin que lo haya hecho. Lo anterior, pone de manifiesto que el quejoso se ha negado a cumplimentar el fallo protector, ante el claro desinterés de su parte de acudir a las oficinas de la autoridad responsable a recibir la constancia de vigencia de derechos número ********************, puesto que como quedó comprobado el disconforme fue requerido en al menos tres ocasiones, sin que existiera una conducta afirmativa que relevara el deseo de acogerse el beneficio constitucional otorgado en sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Por ello, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que no existe materia para la ejecución. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 7. Original del incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Quejosa interpone queja. Agréguese a los autos el escrito signado por la defensora pública federal de la quejosa Fátima Gabriel Huitrón Esquivel, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la parte recurrente, y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de Alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de queja en mención. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles Cortés Segundo, defensora pública federal de Fátima Gabriela Huitron Esquivel, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1273/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión del acto reclamado. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: -La omisión de dar respuesta al ocurso presentado el cuatro de abril de dos mil veintitrés en el expediente de solicitud de traslado ********************, derivado del SIPE 159/2023 relativo a la causa penal ********************, del índice de la responsable, a través del cual solicita el traslado de la quejosa directa del centro de reclusión donde se encuentra, al diverso Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán. 3. Improcedencia. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la demanda de amparo deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese orden, debe decirse que, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Conforme a lo establecido por el citado numeral se aprecia que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el mismo debe ser agotado. Cabe recordar que en el presente la parte quejosa reclama del juez responsable la omisión de dar respuesta al ocurso presentado el cuatro de abril de dos mil veintitrés en el expediente de solicitud de traslado ********************, derivado del SIPE 159/2023 relativo a la causa penal ********************, del índice de la responsable, a través del cual solicita el traslado de la quejosa directa del centro de reclusión donde se encuentra, al diverso Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán. El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que en contra de las omisiones de los jueces Penales de no realizar un acto procesal, las partes tienen a su alcance el recurso de queja, medio ordinario de defensa que no fue hecho valer por la parte quejosa, dado que, acudió directamente al juicio de amparo indirecto en contra de la omisión reclamada. El numeral citado en el párrafo que precede, establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido. " Bajo ese contexto, si el acto reclamado lo es que el Juez responsable, omitió dar contestación al escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintitrés en el expediente de solicitud de traslado ********************, derivado de la causa penal ********************, de su índice, ello puede ser impugnado ante el mismo Juez de Ejecución Penal, a través del recurso de queja. Es así, toda vez que en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible en el que el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/4 P (11a.), con registro digital 2025770, emitida en la Undécima Época en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 21, Enero de 2023, Tomo V, página 4642, con rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de "Recursos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado "Jueces y Magistrados". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de "Recursos" del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de "interpretación" el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido. Por tanto, se actualiza, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y por ende, lo conducente es desechar de plano la demanda que nos ocupa. 4. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda. 5. Correo electrónico y teléfono. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y teléfono a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.UBB

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