Faviola Infante Delgado

Expediente 1897/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1897/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
03/04/2018

Partes del expediente

  • Faviola Infante Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1897/2017 promovido por FAVIOLA INFANTE DELGADO, constante de ochenta fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo actual, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comunica a las partes que el Titular del Juzgado a partir del uno de abril de dos mil dieciocho, es el Juez Jorge Isaac Lagunes Leano. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1897/2017-IV del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 142/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Faviola Infante Delgado, en contra de actos de la directora general del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Rio, Morelos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 2 y 3), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Faviola Infante Delgado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "IV.- ACTO RECLAMADO: -.TRATO CRUEL E INHUMANO SEGREGACIÓN AISLAMIENTO DE LA POBLACIÓN A PUERTA CERRADA LAS (24 HRS) AISLAMIENTO SOCIAL SIN ACTIVIDADES NI REINSERCIÓN SOCIAL. III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- DIRECTORA DEL CENTRO FEDERAL 'CPS 16 MORELOS'. 2. DIRECTORA O TITULAR DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL 'CPS 16 MORELOS'. 3. TITULAR DE ÁREA TÉCNICA DE EL (sic) 'CPS 16 MORELOS'." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1o., 4o., 16, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, manifestó que no existe tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 5 a 10), la registró bajo el número 1897/2017-IV; la admitió a trámite; decretó la suspensión de plano de los actos reclamados que pudieran constituir alguno de los previstos en el artículo 22 constitucional; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual inició a las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del doce de enero de dos mil dieciocho, al tenor del acta que obra a foja 61 del expediente de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 62), el juzgado auxiliado ordenó la remisión del expediente 1897/2017-IV, al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en cumplimiento al punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir del uno de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 142/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de doce de enero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales, 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos con efectos de ejecución en el municipio de Coatlán del Rio, Morelos, esto es, donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que prevé: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, en el presente juicio los actos reclamados de las autoridades responsables, son los siguientes: a. Trato cruel e inhumano, aislamiento o segregación a puerta cerrada las veinticuatro horas, sin actividades de reinserción social, de que aduce la quejosa es objeto. b. La reubicación de celda al módulo de 2, pabellón 4, procedente del módulo 10, pabellón 3. Actos reclamados de las siguientes autoridades: 1. Directora general del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Rio, Morelos. 2. Directora técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", con sede en Coatlán del Rio, Morelos 3. Directora de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Rio, Morelos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La directora general, la directora técnica y la directora de Seguridad, todas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Rio, Morelos (fojas 20 y 21), al rendir en conjunto su informe justificado negaron el acto que se les atribuye, consistente en el trato cruel e inhumano, aislamiento o segregación a puerta cerrada las veinticuatro horas, sin actividades de reinserción social. Sin que la quejosa desvirtuara dichas negativas; a más de que de autos no existe constancia alguna de la que se ponga de relieve que se propinan tales actos o que se le tenga en su persona en las condiciones que refiere. Máxime que las autoridades responsables, allegaron a este juicio copias certificadas del expediente administrativo de la inconforme, documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. De dichas constancias se advierte, en concreto, las listas de asistencia con firma de la quejosa a la oficina de psicología (fojas 48 a 54), así como que acude a los talleres de papiroflexia (foja 27), a manualidades (foja 29), al propedéutico para su ingreso al nivel medio superior (fojas 31 a 34), al servicio bibliotecario (fojas 35 y 36), a diversas actividades físicas de deporte, tales como activación física, yoga, aerobics, pilates, entrenamiento de futbol, voleibol, basquetbol, zumba, carreras de relevos y deporte dirigido (fojas 37 a 41), a actividades de ludoteca, misa, de culto religioso, misa y estudios bíblicos (fojas 42 y 43); actividades que le son impartidas y lo cual demuestran que, contrario a lo que se afirma, no sufre trato cruel e inhumano, aislamiento o segregación a puerta cerrada las veinticuatro horas, sin actividades de reinserción social. En consecuencia, al no demostrarse la existencia de los actos impugnados, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, respecto del acto precisado en el inciso a) del considerando segundo. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 284 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otra parte, es cierto el acto que se les reclama a la directora general, a la directora técnica y a la directora de Seguridad, todas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Rio, Morelos (fojas 20 y 21), consistente en la reubicación de celda al módulo de 2, pabellón 4, procedente del módulo 10, pabellón 3. Ello, ya que si bien al rendir su informe justificado negaron dicho acto, lo cierto es que del contenido de ese informe de ley se advierte que realizaron manifestaciones que tienden a evidenciar la existencia de tal acto, por lo que su negativa debe desvirtuarse. Apoya lo expuesto, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito , de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la existencia del acto reclamado se encuentra corroborada con las constancias que se allegaron al presente sumario constitucional, consistentes en copia certificada del expediente administrativo de la quejosa, en específico, de la nota informativa número CRM-0643/2017 de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, a través de la cual la Oficina de Criminología del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Rio, Morelos informó a la encargada del Departamento de Observación y Clasificación, que es improcedente que a la quejosa se le reubique al módulo 10, pabellón 3 (foja 55). En mérito de lo expuesto, es que resulta infundado lo aseverado por la directora general, la directora técnica y la directora de Seguridad, todas del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS Femenil Morelos", en Coatlán del Rio, Morelos, en el sentido de que debe sobreseerse en el juicio por inexistencia de los actos reclamados de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser de análisis preferente, se examina en primer lugar la procedencia del juicio constitucional, pues conforme a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales previstas en el precepto 61 podrán analizarse aun de oficio. En ese sentido, este órgano de control constitucional, considera que en este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, pues se estima que el acto reclamado no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 18. (.) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. (.) Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad." "Artículo 21. (.) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial." Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J.17/2012 (10a.) , de rubro y texto siguientes: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas." Ahora bien, como resultado de la citada reforma constitucional, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018." De las reglas contenidas en los artículos citados -transitorios primero y segundo-, se desprende lo siguiente: Primero, la Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Segundo, únicamente la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, depende, de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Esto en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado, los artículos señalados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley a más tardar el diecisiete de junio de diecisiete, o previa Declaratoria el treinta de noviembre de diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entrarán en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa Declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dieciocho. Por ello, la emisión de la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida Ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido, no debe perderse de vista que el Artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, se considera que dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional; por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley establece en sus artículos 1º y 2º, que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por:  Prisión preventiva,  Ejecución de penas y  Medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en lo que aquí importa, que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la Ley en cita establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación (.)". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito (.)". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente (.)". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente:  Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento.  Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación.  Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución.  Si la petición formulada no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución.  En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva.  Que los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas.  Que para la procedencia de la controversia ante el Juez de Ejecución constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa, con excepción de los casos urgentes. Ahora bien, como puede advertirse, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la quejosa acudió al juicio de amparo reclamando la reubicación de celda al módulo de 2, pabellón 4, procedente del módulo 10, pabellón 3. Por lo que debe entenderse que la solicitud de que se le regrese al módulo 10, pabellón 3, se realizó el ocho de noviembre de dos mil diecisiete (al ser la fecha en que suscribió la demanda), pues de los antecedentes no se advierte una fecha anterior, y en consecuencia, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Por tanto, conforme a lo antes citado, la quejosa debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución, pues aunque se trate de una disposición tendiente a revisar las condiciones de internamiento de la parte quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. Es por lo expuesto, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en con los numerales 18 y 21 de la Constitución federal, ya que el acto reclamado en este juicio de amparo indirecto, no es susceptible de combatirse en sede constitucional. Al caso es aplicable, la tesis aislada III.2o.P.135 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Independientemente del sentido de la presente resolución, tomando en consideración que la quejosa afirma que fue objeto de tratos inhumanos, crueles y demás de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, por parte de diversas autoridades, procede dar vista de forma personal al agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado auxiliado, para que en virtud de la naturaleza de los actos referidos, se proceda a la investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito. Sustenta lo anterior, la tesis P.XXI/2015 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." Así como la tesis 1a. CXCII/2009 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación." SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Faviola Infante Delgado, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables que especificados quedaron en el considerando segundo de este fallo, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto. SEGUNDO. Dese vista de manera personal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que autoriza, hasta el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el telegrama que remite la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS, LA DIRECTORA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS Y LA DIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS, mediante el cual informa el cumplimiento a la suspensión definitiva, toda vez que la quejosa no se encuentra aislada y el pabellón donde se encuentran otras personas privadas de su libertad, agréguense únicamente a los autos para que obren como legalmente corresponda, toda vez que mediante auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete se tuvo por recibido y se proveyó lo conducente. Ahora bien, vista la constancia de notificación realizada por la parte quejosa respecto del auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, se advierte que manifestó: ".Solicito copias del expediente clínico ya ke hago constar ke lo requiero para cuestiones personales." (Sic) Por lo tanto, en atención a las manifestaciones vertidas por la quejosa, indíquese que se esté a lo acordado mediante auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma el licenciado MANUEL ALEXANDER VÁZQUEZ FALCÓN, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CR./CJD./007/6406/2017 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario Geovanni Ramírez Chabelas, quien autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio que remite la DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS, LA DIRECTORA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS Y LA DIRECTORA TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 16 CPS FEMENIL MORELOS, mediante el cual informa el cumplimiento a la suspensión definitiva, toda vez que la quejosa no se encuentra aislada y el pabellón donde se encuentran otras personas privadas de su libertad, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la quejosa, para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora bien, vista la constancia de notificación realizada por la parte quejosa respecto del auto de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se advierte que manifestó: Por lo tanto, en atención a las manifestaciones vertidas por la quejosa, no ha lugar acordar toda vez que este juzgado de distrito no cuenta con su expediente clínico, haciéndose le saber a la parte quejosa que lo debe solicitar en su caso a la Directora General del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 Cps Femenil Morelos; no obstante lo anterior hágasele saber que por auto de quince de diciembre de la presente anualidad se le corrió traslado con el informe respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, se advierte que manifestó: Por lo tanto, en atención a las manifestaciones vertidas por la quejosa, se requiere a la autoridad responsable Directora General Del Centro Federal De Reinserción Social Número 16 CPS Morelos, para que en el término de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe sobre el cumplimiento a la suspensión definitiva, y remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior. En el entendido de que dicha medida suspensional se concedió para los efectos siguientes: "Para que no se ejecute y si está siendo ejecutada, cese el cumplimiento de la sanción impuesta a la quejosa Faviola Infante Delgado, consistente en el aislamiento del que aduce ser objeto, que de acuerdo a lo que refiere, tiene como consecuencia estar a puerta cerrada durante las veinticuatro horas, sin participar en las actividades ni reinserción social. En el entendido de que, en caso de cesar la sanción consistente en aislamiento o restricción de sus actividades, si la reglamentación vigente del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 lo permite y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 18 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá ser reubicada al módulo en que se le permita pleno desarrollo y reinserción, pudiendo ser el módulo diez, pabellón tres, que es en el que se encontraba. Sin embargo, ello no es posible si con ello se pone en riesgo la seguridad y el orden del penal. Tampoco surtirá efectos si tal medida implica acto de molestia a diversas internas." Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Finalmente, como lo solicita la quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase copia simple de su demanda, la que deberá entregársele personalmente en el lugar donde se encuentra recluida. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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